Cerrar una operación de compraventa de empresa es el principio, no el final. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, la mayor parte de los conflictos postadquisición afloran entre seis meses y dos años después de la firma del contrato, cuando el comprador descubre que el activo adquirido no refleja lo que prometían las cuentas, las garantías o las declaraciones y garantías del vendedor. El coste de no actuar con rapidez puede ser decisivo: los plazos de caducidad corren, la prueba se deteriora y el vendedor puede haber reorganizado su patrimonio.
Una operación de M&A genera, al cerrarse, un conjunto denso de obligaciones que se extienden en el tiempo. El contrato de compraventa de acciones o participaciones – o el contrato de compraventa de activos, según la estructura elegida – incorpora habitualmente declaraciones y garantías (representations and warranties), mecanismos de ajuste del precio (purchase price adjustment), cláusulas de indemnización (indemnification), límites de responsabilidad del vendedor y períodos de supervivencia de las garantías.
Cuando el comprador detecta un incumplimiento – pasivos ocultos, contingencias fiscales o laborales no reveladas, inventarios sobrevalorados, litigios no declarados, clientes o contratos que desaparecen tras el cierre – nace el derecho a reclamar. El mismo mecanismo opera en sentido inverso: el vendedor puede reclamar al comprador el pago diferido (earn-out) si el comprador no ha gestionado el negocio de acuerdo con los compromisos asumidos.
En nuestra práctica hemos observado que las disputas postadquisición presentan tres focos principales. El primero es la discrepancia en el ajuste de precio, típicamente vinculada al capital circulante o a la deuda neta en la fecha de cierre. El segundo es la activación de la cláusula de indemnización por una contingencia no revelada en la diligencia debida (due diligence). El tercero es la disputa sobre el cumplimiento de obligaciones de no competencia (non-compete) por parte del vendedor o de los gestores retenidos tras la transacción.
La reclamación postadquisición nace, ante todo, del contrato. La cláusula de sometimiento a arbitraje o a los tribunales ordinarios, la ley aplicable y el foro son los tres ejes que el equipo legal debe revisar antes de dar un solo paso procesal. En España, la ley aplicable suele ser la española, aunque en operaciones internacionales es frecuente ver contratos bajo ley inglesa o neerlandesa, incluso cuando el activo adquirido es una sociedad española.
Cuando el contrato establece una cláusula de arbitraje, el procedimiento se sustancia conforme a la Ley de Arbitraje y, si es institucional, bajo los reglamentos de la institución elegida. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) es la institución de referencia en España para disputas mercantiles complejas. En operaciones transfronterizas, es habitual el arbitraje bajo reglas de la Cámara de Comercio Internacional u otras instituciones, con sede en Madrid u otras plazas europeas.
Cuando no existe cláusula arbitral o esta es inoperante, la competencia recae en los juzgados de lo mercantil. Estos órganos conocen las disputas societarias y los conflictos derivados de contratos mercantiles, incluida la compraventa de empresas. La legislación mercantil y la Ley de Enjuiciamiento Civil regulan el procedimiento, los medios de prueba y las medidas cautelares disponibles.
Un elemento crítico que con frecuencia se subestima es la prescripción o caducidad de la acción. El contrato de compraventa suele fijar períodos de supervivencia de las garantías que son más breves que los plazos legales generales. Una vez vencido el período de supervivencia pactado, la reclamación puede quedar extinguida, con independencia de que la contingencia no se haya manifestado aún en toda su magnitud. Actuar antes de que expire ese plazo es una obligación que el responsable jurídico no puede ignorar.
La dirección de la empresa compradora o vendedora debe activar el protocolo de reclamación en el momento en que detecta un hecho que potencialmente incumple el contrato de compraventa. No cuando tiene certeza absoluta. La razón es doble.
Por un lado, el contrato suele establecer un mecanismo formal de notificación previa (claim notice) con un plazo breve y con efectos de preservación de la acción. No respetar ese mecanismo puede equivaler a renunciar al derecho. Por otro lado, la prueba es frágil: los correos internos del vendedor, los informes de auditoría previos al cierre y los registros contables pueden desaparecer o degradarse con el tiempo. La obtención de prueba documental anticipada – posible en determinados supuestos ante los juzgados de lo mercantil – es un instrumento que conviene valorar pronto.
¿Qué señales deben alertar a la dirección? Principalmente cuatro. Primera, discrepancias significativas entre los estados financieros de cierre y los del período inmediatamente posterior. Segunda, aparición de pasivos tributarios, laborales o medioambientales no declarados en las manifestaciones y garantías. Tercera, pérdida relevante de clientes clave, contratos o personal vinculada a compromisos del vendedor. Cuarta, incumplimiento del vendedor de obligaciones postcierre, como la transferencia de contratos o licencias, o la violación de la cláusula de no competencia (non-compete).
La elección del foro no es una formalidad. Es la decisión estratégica central, y en muchas operaciones de M&A el contrato ya la habrá resuelto. Pero cuando la cláusula es ambigua, cuando el contrato guarda silencio o cuando concurren varios contratos con foros distintos, la empresa necesita un análisis jurídico riguroso antes de actuar.
El arbitraje institucional ofrece ventajas claras en disputas de M&A: confidencialidad, árbitros con formación en Derecho mercantil complejo, mayor flexibilidad procedimental y plazos más predecibles que los de la jurisdicción ordinaria. El laudo arbitral, una vez firme, es ejecutable en España y en más de 160 Estados bajo el Convenio de Nueva York de 1958. La acción de anulación del laudo debe ejercitarse en el plazo de dos meses desde su notificación.
La litigación ante los juzgados de lo mercantil puede ser la única vía si no existe cláusula arbitral válida, o puede ser preferible cuando se necesitan medidas cautelares urgentes sobre bienes en España – como el embargo preventivo de cuentas o participaciones – que los juzgados pueden decretar con mayor velocidad que un tribunal arbitral aún en fase de constitución.
Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, y nuestra experiencia indica que la combinación de ambas vías – cautelar judicial + fondo en arbitraje – puede ser la estrategia más eficaz cuando el vendedor tiene activos en España y la disputa es urgente. Esta coordinación exige precisión técnica: una medida cautelar mal ejecutada puede comprometer la posición negociadora o alertar al contrario antes de tiempo.
Las medidas cautelares son instrumentos de aseguramiento del resultado del proceso, no instrumentos de cobro anticipado. Esa distinción es esencial. Un comprador que solicita el embargo preventivo de las participaciones del vendedor en otra sociedad no está cobrando: está impidiendo que el vendedor vacíe su patrimonio antes de que exista sentencia o laudo ejecutable.
Ante los juzgados de lo mercantil, las medidas cautelares pueden solicitarse con carácter previo a la interposición de la demanda en situaciones de urgencia acreditada. El solicitante debe prestar caución – cuya cuantía fija el juez – para responder de los daños que la medida pudiera causar si la demanda principal resulta desestimada. La resolución sobre medidas cautelares puede obtenerse en días, aunque el plazo efectivo depende de la carga del juzgado y de la complejidad del asunto.
En arbitraje, el tribunal arbitral puede también decretar medidas cautelares una vez constituido, y algunos reglamentos institucionales prevén un árbitro de emergencia para los casos más urgentes. No obstante, la ejecución forzosa de la medida cautelar arbitral en España requiere el auxilio de los juzgados de lo mercantil.
¿Cuándo no pedir cautelares? Cuando la urgencia no está verdaderamente justificada, cuando la caución exigida es desproporcionada para la empresa o cuando la medida puede provocar una escalada que cierre la puerta a una negociación. El asesoramiento temprano permite valorar estas variables antes de comprometer recursos y posiciones.
El mecanismo de ajuste de precio postcierre es, estadísticamente, la fuente más frecuente de litigio en operaciones de M&A de tamaño medio. El proceso es técnico y suele involucrar a asesores financieros o auditores además de abogados.
El funcionamiento habitual es el siguiente: tras el cierre, el comprador elabora los estados financieros de cierre conforme a los criterios del contrato y calcula el precio definitivo según la fórmula acordada – generalmente basada en capital circulante (working capital), deuda neta y, a veces, caja libre. Si el cálculo del comprador difiere del estimado por el vendedor más allá de una cifra umbral, se activa el mecanismo de disputas. Normalmente, el contrato establece un plazo para que el vendedor formule objeciones y, si no hay acuerdo, para someter la discrepancia a un experto contable independiente (expert determination).
El experto independiente no actúa como árbitro: resuelve cuestiones contables y financieras, no jurídicas. Su decisión es vinculante en los términos del contrato, aunque pueden existir acciones legales si el proceso de designación o la actuación del experto presentan vicios. En nuestra práctica, los conflictos más comunes en esta fase son la interpretación de los principios contables aplicables, la clasificación de determinadas partidas como deuda o no, y la inclusión o exclusión de ajustes estacionales en el capital circulante de referencia.
Las declaraciones y garantías del contrato de compraventa cubren un espectro amplio: estado de los activos, exactitud de las cuentas, ausencia de litigios relevantes, cumplimiento de la normativa fiscal y laboral, validez de contratos clave, titularidad de propiedad industrial e intelectual y, en función del sector, licencias y autorizaciones administrativas.
Cuando el comprador detecta una contingencia cubierta por una garantía, debe seguir el procedimiento contractual de reclamación. Ese procedimiento suele incluir la notificación de la reclamación (claim notice) dentro del período de supervivencia, la descripción del hecho base, la estimación del daño y, a veces, la obligación de dar al vendedor la posibilidad de remediar el incumplimiento (remedy right) antes de que la reclamación prospere.
El incumplimiento de estos formalismos puede ser fatal para la reclamación, incluso cuando el fondo es sólido. Por eso insistimos: el equipo jurídico debe involucrarse desde el primer indicio del problema, no cuando la dirección ya ha tomado decisiones o ha mantenido conversaciones con el vendedor que pueden interpretarse como renuncia o confirmación del contrato.
Los contratos suelen establecer franquicias (basket), que son umbrales mínimos de reclamación individual o acumulada, y techos (cap) de responsabilidad del vendedor. Estos parámetros definen el espacio económico real de la reclamación y condicionan directamente la estrategia: una reclamación cuya cuantía no supera la franquicia pactada exige una revisión del conjunto de contingencias acumuladas antes de activar el proceso formal.
Obtener una sentencia favorable o un laudo arbitral estimatorio es el penúltimo paso, no el último. La ejecución de sentencia o laudo es el procedimiento mediante el cual el crédito reconocido se convierte en cobro efectivo, y puede ser tan compleja como el proceso principal.
En litigios internos, la ejecución de sentencia se tramita ante el mismo juzgado de lo mercantil o ante el juzgado de primera instancia competente. Si el vendedor tiene bienes identificados en España – participaciones, inmuebles, cuentas bancarias – la ejecución puede ser relativamente directa. Si los activos están dispersos o se han transmitido durante el proceso, la ejecución exige acciones adicionales como la rescisión de transmisiones fraudulentas o la reintegración concursal, si el vendedor ha entrado en situación de insolvencia.
Para laudos arbitrales dictados fuera de España, el reconocimiento y la ejecución se articulan a través del Convenio de Nueva York de 1958, al que España está adherida. El exequátur se tramita ante los tribunales españoles competentes y, salvo excepciones muy limitadas, el laudo extranjero es ejecutable en España.
La anticipación es la clave. Identificar y localizar los activos del vendedor antes de iniciar el proceso – mediante investigación patrimonial legal – permite diseñar la estrategia de ejecución de forma paralela a la reclamación principal, evitando las sorpresas que aparecen cuando, una vez obtenido el laudo, el patrimonio del vendedor ha desaparecido o se ha blindado.
La experiencia acumulada en reclamaciones postadquisición nos permite identificar un patrón recurrente de errores que elevan innecesariamente el coste y el riesgo del proceso.
El primero es la demora en activar la reclamación formal. Muchas empresas compradoreas intentan resolver la disputa de forma informal con el vendedor durante meses, sin preservar la acción conforme al mecanismo contractual. Cuando el plazo de supervivencia vence, la reclamación ha prescrito y el esfuerzo negociador previo carece de valor jurídico.
El segundo es la subestimación del riesgo de solvencia del vendedor. Una empresa que ha desinvertido puede haber distribuido el precio de venta entre sus socios o reinvertido en activos de difícil localización. La investigación patrimonial y, en su caso, la solicitud de medidas cautelares deben iniciarse pronto.
El tercer error es la confusión entre el experto independiente (expert determination) y el árbitro. Someter al experto cuestiones jurídicas, o intentar impugnar judicialmente su decisión por razones de fondo, suele ser un esfuerzo estéril y caro. El contrato delimita el ámbito del experto con precisión y esa delimitación es la que determina la estrategia.
El cuarto error es no valorar la vía negociada con suficiente rigor. Un acuerdo de mediación o una transacción directa pueden ser la solución más eficiente, especialmente cuando ambas partes tienen interés en mantener algún tipo de relación comercial tras la operación o cuando la cuantía en disputa no justifica el coste de un arbitraje complejo. En nuestra práctica, hemos observado que la apertura negociadora en un momento temprano – sostenida por una posición jurídica sólida – produce mejores resultados que la escalada inmediata al litigio.
Nuestro enfoque en reclamaciones postadquisición combina tres capacidades. La primera es el análisis contractual riguroso: revisamos el contrato de compraventa, el acuerdo de accionistas y todos los documentos de cierre para identificar las bases jurídicas de la reclamación, los plazos contractuales y legales aplicables, y los mecanismos de resolución previstos.
La segunda es la gestión procesal estratégica. Decidimos con el cliente si la vía adecuada es el arbitraje ante el CIAM u otra institución, la litigación ante los juzgados de lo mercantil, la solicitud previa de medidas cautelares o una combinación de las anteriores. Coordinamos la actuación ante los tribunales con abogados colegiados y procuradores en los procedimientos que lo requieren.
La tercera es la ejecución transfronteriza. Cuando el vendedor tiene activos o sede en otra jurisdicción, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para asegurar una estrategia coherente de reconocimiento y ejecución del laudo o la sentencia.
Puede consultar información adicional sobre nuestra práctica de resolución de disputas, litigación y arbitraje en nuestra área de práctica. Si su empresa enfrenta una situación específica relacionada con cláusulas abusivas en contratos mercantiles, puede también revisar nuestra guía sobre impugnación de cláusulas abusivas. Y para cuestiones relativas a la responsabilidad de administradores en el contexto de operaciones y disputas societarias, puede consultar nuestro análisis sobre responsabilidad del administrador.
Las reclamaciones postadquisición se conectan frecuentemente con otras áreas de práctica. Una contingencia fiscal no revelada puede requerir asistencia simultánea ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y en el proceso de reclamación frente al vendedor. Una disputa sobre la cláusula de no competencia puede solaparse con cuestiones de Derecho societario – acciones de impugnación de acuerdos, responsabilidad de administradores – o con litigios laborales relativos a directivos retenidos tras la adquisición. En Velarde & Vidal, el equipo de resolución de disputas trabaja en coordinación con los equipos fiscal y societario para ofrecer una respuesta integrada a estas situaciones.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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