El activo más valioso de una empresa tecnológica o industrial no es el hardware ni el equipo humano por sí solos: es el intangible que ambos generan. En el entorno actual, donde los sistemas de inteligencia artificial producen código, diseños, contenidos y datos entrenados a una velocidad antes impensable, la pregunta que el consejo de administración debería hacerse no es si tiene activos de propiedad intelectual, sino cuántos de esos activos están efectivamente protegidos y bajo el control legal de la empresa. La oportunidad de consolidar esa ventaja competitiva se pierde, con frecuencia, por inacción temprana.
El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea – el llamado AI Act – ha entrado en vigor en 2024 y su plena aplicación se despliega de forma progresiva. Sin embargo, no es la única norma que importa. La propiedad intelectual aplicada a la IA se construye sobre capas normativas distintas, cada una con una función diferente.
La primera capa es la del Derecho de autor. La legislación española de propiedad intelectual exige que el autor sea una persona natural para que la obra goce de protección automática. Este principio, no modificado todavía de forma expresa en España, provoca una tensión evidente cuando el contenido – un texto, una imagen, un código – lo genera autónomamente un sistema de IA sin intervención creativa humana suficiente. La consecuencia práctica es que muchas empresas dan por protegidas creaciones que, en rigor, podrían no tener titular jurídico claro.
La segunda capa es la de la propiedad industrial. Los sistemas de IA son, en su núcleo técnico, software. La patentabilidad del software en Europa sigue siendo limitada y condicionada a que la invención produzca un efecto técnico. Pero la frontera se está desplazando: determinadas arquitecturas de IA, métodos de procesamiento o aplicaciones industriales concretas pueden protegerse por la vía de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o ante la Oficina Europea de Patentes, si se articulan correctamente en la solicitud.
La tercera capa, que en nuestra experiencia resulta la más infravalorada, es la del secreto empresarial. La Ley de Secretos Empresariales, transposición de la Directiva europea, ofrece protección a los modelos entrenados, los datos de entrenamiento, los hiperparámetros y el proceso metodológico, siempre que la empresa adopte medidas razonables para mantenerlos confidenciales. Sin esas medidas documentadas, la protección no existe. Ese es el punto crítico que muchas compañías desatienden.
Cuando una empresa contrata a un proveedor de IA, integra una herramienta de tercero en su proceso productivo o encarga el desarrollo de un modelo a medida, surge inmediatamente la pregunta: ¿quién es titular del resultado?
La respuesta depende casi por completo de lo que diga el contrato. Y en nuestra práctica, los contratos de desarrollo o de uso de IA que revisamos con frecuencia contienen cláusulas que atribuyen al proveedor la propiedad de los modelos entrenados con los datos del cliente, la licencia sobre las mejoras derivadas o incluso el derecho a incorporar los outputs al corpus de entrenamiento del proveedor. Estas cláusulas son válidas. Y son una cesión patrimonial encubierta que pocas empresas detectan en la firma.
La primera decisión que debe tomar la dirección no es elegir la plataforma: es revisar el régimen de titularidad antes de que el desarrollo comience. Una vez el modelo está entrenado y en producción, renegociar la titularidad tiene un coste – económico y de tiempo – significativamente mayor.
¿Tiene su empresa un registro de las creaciones internas generadas con apoyo de IA y de los contratos que regulan su titularidad? Si la respuesta es negativa, el riesgo es real y presente.
No existe un único instrumento de protección válido para todos los activos de IA. La decisión sobre qué proteger y cómo debe responder a un análisis estratégico de cada activo.
Para los elementos identificadores de la empresa – nombre comercial, logotipos, denominaciones de producto – el punto de partida es el registro de marca. En España, el registro nacional se tramita ante la OEPM con una duración de diez años renovables. Para empresas con proyección internacional, la marca de la Unión Europea se gestiona ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, y ofrece cobertura en todos los Estados miembros con un único expediente. La creencia de que "con tener la marca registrada en España ya está todo protegido" es uno de los errores más habituales que encontramos: una empresa que opera en mercados europeos con solo el registro nacional carece de protección en el resto de la UE y puede encontrarse con que un tercero ha registrado su marca en esos territorios.
Para las invenciones técnicas susceptibles de patentabilidad, la solicitud ante la OEPM abre un período de protección de veinte años no renovables. En el ámbito de la IA, la clave está en cómo se redactan las reivindicaciones: el equipo técnico-jurídico que elabora la solicitud debe articular el efecto técnico de forma que supere el filtro de patentabilidad europeo. Una solicitud mal redactada es, en la práctica, una solicitud denegada y una ventana de confidencialidad perdida.
El secreto empresarial, en cambio, no requiere registro. Pero sí exige un sistema de medidas de confidencialidad activo y documentado: cláusulas contractuales con empleados y colaboradores, control de accesos, clasificación de la información y un protocolo de respuesta ante filtraciones. Sin esa infraestructura de seguridad jurídica, la empresa no podrá invocar la protección legal en caso de apropiación ilícita.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales, y en todos los casos el factor diferencial ha sido la anticipación: actuar antes de que el activo quede expuesto, no después de que el daño se haya materializado.
El contrato de licencia es el instrumento mediante el que una empresa autoriza a terceros el uso de sus activos de IP sin ceder la titularidad. En el contexto de la IA, los contratos de licencia adquieren una complejidad especial por varias razones.
En primer lugar, el objeto de la licencia puede ser difuso. Licenciar "el modelo de IA" sin delimitar si eso incluye el modelo base, los datos de ajuste fino, los pesos del modelo o solo el acceso a la interfaz genera disputas cuando el licenciatario intenta reutilizar o mejorar el activo. La precisión técnica en la definición del objeto es tan importante como la precisión jurídica.
En segundo lugar, las cláusulas de uso aceptable y de restricción de finalidad son especialmente relevantes cuando el activo de IA tiene capacidad generativa. Un modelo licenciado para un uso determinado puede ser reorientado con facilidad hacia finalidades no autorizadas. La estructura de control – auditorías periódicas, registros de uso, cláusulas de reversión – debe estar en el contrato desde el inicio.
En tercer lugar, la gestión de las mejoras y versiones derivadas. ¿Quién es titular de la versión mejorada del modelo que el licenciatario ha afinado con sus propios datos? Si el contrato no lo dice, la respuesta dependerá de la interpretación judicial. Y la interpretación judicial en este ámbito es todavía escasa y variable.
Asesoramos con frecuencia a empresas que llegan a la negociación de un contrato de licencia sin haber resuelto previamente la cadena de titularidad de su propio activo. El resultado habitual es que la negociación se alarga, el cierre se demora y el socio comercial pierde confianza. La diligencia debida (due diligence) de IP previa a cualquier operación de licencia o adquisición no es un lujo: es el presupuesto mínimo para negociar con autoridad.
El Reglamento de Inteligencia Artificial introduce un régimen de obligaciones graduado según el nivel de riesgo del sistema. Para los sistemas de alto riesgo – aplicaciones en sectores críticos como salud, infraestructuras, empleo o acceso a servicios esenciales – las exigencias son sustanciales: documentación técnica detallada, sistemas de gestión de riesgos, registros de logs, supervisión humana y, en algunos casos, evaluación de conformidad previa al despliegue.
Para las empresas que desarrollan modelos de propósito general (GPAI, en la terminología del Reglamento), las obligaciones específicas incluyen la transparencia sobre los datos de entrenamiento y, para los modelos más potentes, evaluaciones de riesgo sistémico. Esto tiene implicaciones directas de IP: la transparencia exigida sobre los datos puede entrar en tensión con la protección del secreto empresarial sobre el corpus de entrenamiento.
Esta tensión – cumplimiento regulatorio frente a confidencialidad del activo – es uno de los vectores de asesoramiento más complejos que gestionamos actualmente. No existe una solución única: la estructura de cumplimiento debe diseñarse de forma que satisfaga las exigencias del Reglamento sin exponer innecesariamente los activos de IP de la empresa.
La no conformidad con el AI Act puede dar lugar a sanciones de importancia relevante, calculadas en función del volumen de negocio global de la empresa. Conviene verificar con la normativa vigente los umbrales exactos, dado que el desarrollo de los actos delegados está todavía en curso.
La propiedad intelectual e industrial opera con plazos rígidos que, una vez vencidos, no admiten recuperación. Este es el terreno donde la inacción tiene un coste más directo y medible.
El plazo de oposición a una solicitud de marca ante la EUIPO o la OEPM es de dos meses desde su publicación. Transcurrido ese plazo sin oposición, el tercero consolida su derecho registral. Si la marca que se publica es confundible con la suya y no actúa, perderá la oportunidad de impugnarla en sede administrativa a un coste razonable. La alternativa – el litigio posterior – es más lenta, más cara y de resultado incierto.
En materia de patentes, la publicación de la invención antes de presentar la solicitud elimina la novedad y, con ella, la patentabilidad. El orden es invariable: primero la solicitud, después la divulgación. Las empresas que presentan resultados en conferencias, publican artículos técnicos o comparten documentación con potenciales clientes sin haber presentado previamente una solicitud provisional están cediendo gratuitamente su capacidad de protección.
En el ámbito del secreto empresarial, no hay un plazo de registro, pero sí un plazo implícito: el momento en que la información se divulga sin las medidas de protección adecuadas es el momento en que la protección se pierde. No hay procedimiento correctivo posterior.
En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas e industriales, los problemas de IP más costosos que hemos gestionado tienen un denominador común: la dirección conocía la existencia del activo pero pospuso la decisión de protegerlo. El coste de la protección temprana es siempre menor que el de la recuperación tardía.
Nuestro punto de partida es siempre el inventario: qué activos de IP tiene la empresa, cuál es su estado de protección y qué contratos regulan su titularidad y uso. Sin ese diagnóstico, cualquier estrategia de protección es incompleta.
A partir del inventario, definimos con la dirección un plan de acción que incluye, según el caso: la solicitud de registros ante la OEPM o la EUIPO para marcas o diseños, la preparación y presentación de solicitudes de patente cuando el activo técnico lo justifica, la redacción o revisión de los contratos de desarrollo, licencia o cesión, y la implementación de las medidas de confidencialidad que activan la protección del secreto empresarial.
Para operaciones transfronterizas – empresas que despliegan sistemas de IA en múltiples jurisdicciones o que adquieren activos de IP fuera de España – coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, asegurando coherencia entre el marco español y el aplicable en el territorio de destino.
Cuando el asunto implica litigación – usurpación de marca, apropiación de secreto empresarial, conflictos sobre titularidad de software – colaboramos con abogados colegiados y procuradores en los procedimientos que lo requieren. La estrategia procesal se diseña en coherencia con la posición de IP de la empresa, no de forma aislada.
¿Su empresa tiene activos de IA o de propiedad intelectual sin protección formal? Plantéenos su caso en info@velardevidal.com y le ofrecemos una primera valoración de su situación.
La práctica de asesorar a empresas en este ámbito revela patrones de error que se repiten con independencia del tamaño o el sector de la compañía.
El primero es la confusión entre el registro de dominio y el registro de marca. Disponer de un dominio en internet no otorga ningún derecho de marca. Un tercero puede registrar la misma denominación como marca con posterioridad y reclamar, con fundamento legal, que la empresa deje de usarla en el tráfico económico.
El segundo es firmar contratos de desarrollo de software o de IA sin cláusula de asignación de derechos. La legislación laboral española atribuye al empleador los derechos sobre las obras creadas por un trabajador en el ejercicio de sus funciones. Pero esa regla no se extiende automáticamente a los colaboradores externos, los freelancers ni a los contratistas. Sin una cláusula expresa de cesión, el desarrollador externo conserva los derechos sobre el código que ha producido.
El tercero es no documentar las medidas de confidencialidad sobre el know-how. Un acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado con un interlocutor concreto no es suficiente si la empresa no puede demostrar que la información estaba sujeta a un régimen interno de protección consistente. La coherencia entre el NDA externo y las políticas internas es lo que construye el argumento jurídico en caso de litigio.
El cuarto, específico del entorno de la IA, es asumir que los datos de entrenamiento propios están protegidos por defecto. La protección de los datos como activo de IP requiere un análisis específico: si son datos personales, la normativa de protección de datos limita su uso y cesión; si son datos no personales de origen externo, la licencia bajo la que se obtuvieron puede restringir el uso comercial; si son datos propios generados en el proceso productivo, su valor como secreto empresarial depende de las medidas de protección adoptadas.
La protección de los activos de inteligencia artificial raramente se gestiona de forma aislada. En nuestra práctica, los asuntos de IP se conectan con frecuencia con otras áreas que conviene atender de forma coordinada.
La práctica de propiedad intelectual y tecnología de Velarde & Vidal abarca el conjunto del ciclo de vida del intangible: desde el registro y la protección inicial hasta la valoración, la licencia y la defensa en caso de conflicto. El asesoramiento en IA forma parte de ese continuo.
Para empresas industriales que gestionan activos de IP junto con activos físicos y procesos productivos complejos, la guía sobre cómo estructurar la protección de activos en industria y manufactura ofrece un marco operativo que complementa el asesoramiento jurídico específico.
Asimismo, para empresas del sector retail o distribución que gestionan marcas y derechos de propiedad intelectual en canales de distribución, el centro de preguntas sobre registro y protección de marcas en retail y distribución recoge las consultas más habituales con respuestas desarrolladas.
La protección de datos personales, el compliance con el AI Act y la negociación de contratos tecnológicos son, en nuestra experiencia, las áreas adyacentes que con mayor frecuencia requieren atención simultánea cuando se trabaja la IP de un sistema de IA.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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