El sector de la energía y las energías renovables concentra hoy algunos de los litigios más complejos y de mayor cuantía en la jurisdicción mercantil española. Proyectos fotovoltaicos paralizados por socios discrepantes, contratos de suministro incumplidos, disputas por derechos de acceso a la red o conflictos en joint ventures de promoción eólica: todos estos escenarios comparten una característica decisiva. En muchos casos, el resultado final del pleito no lo determina la sentencia, sino lo que ocurre en los primeros días o semanas del procedimiento, cuando se solicita – o se deja de solicitar – la medida cautelar.
La industria de la energía y las renovables presenta una combinación de factores que la hacen especialmente vulnerable al paso del tiempo en un litigio. Los proyectos de generación renovable tienen ventanas regulatorias estrechas: los permisos de acceso y conexión caducan, las autorizaciones administrativas están sujetas a plazos de puesta en servicio y los contratos con los compradores de energía (los llamados acuerdos de compraventa de energía, o PPA por sus siglas en inglés) contienen cláusulas de resolución automática si el proyecto no alcanza determinados hitos.
Cuando una disputa surge en este contexto – por ejemplo, entre los socios de un proyecto que discrepan sobre el ejercicio de derechos de adquisición preferente, o entre un promotor y un contratista que incumple los plazos de construcción – cada semana de litigio ordinario puede traducirse en pérdidas que ninguna sentencia posterior podrá compensar íntegramente.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector energético, hemos observado que los conflictos que derivan en daños irreparables son, casi siempre, aquellos en los que la dirección tarda en activar la vía cautelar porque confía en que la negociación resolverá el problema. La negociación es valiosa. Pero debe correr en paralelo con la preparación procesal, no en lugar de ella.
¿Qué tiene de particular la litigación en energía frente a otros sectores mercantiles? La respuesta está en la estructura de los proyectos. Un parque eólico o fotovoltaico es, en términos jurídicos, una constelación de contratos interdependientes: la escritura de constitución del vehículo especial (SPV), los contratos de financiación con las entidades prestamistas, los acuerdos de acceso a la red, los contratos de construcción llave en mano (EPC), los contratos de operación y mantenimiento (O&M) y el PPA. Un litigio que afecta a uno solo de estos contratos puede desestabilizar toda la cadena.
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece los presupuestos que debe acreditar quien solicita una medida cautelar. Son tres, y la empresa debe poder demostrar los tres ante el juzgado de lo mercantil de forma simultánea y creíble.
El primero es el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho. No es necesario probar el derecho de forma plena – eso es para el juicio –, pero sí acreditar que la pretensión tiene una base jurídica sólida y razonada. En disputas energéticas, esto suele traducirse en presentar el contrato incumplido, la cláusula vulnerada y los documentos que acreditan la relación causal entre el incumplimiento y el daño que se teme.
El segundo presupuesto es el periculum in mora, esto es, el peligro de que la demora del proceso haga ineficaz la tutela que se pretende. Este es, en el sector renovable, el argumento más potente. Un proyecto que pierde su autorización de puesta en servicio por la actuación de un socio que paraliza la toma de decisiones en la junta de la SPV no puede recuperar esa autorización una vez extinguida.
El tercero es la prestación de caución o garantía. El solicitante debe ofrecer garantía suficiente para responder de los daños que la medida cautelar pudiera causar al afectado si la demanda acaba siendo desestimada. El importe y la forma de la garantía los fija el juzgado, y su correcta dimensión es un elemento estratégico: una caución excesiva puede hacer inviable económicamente la medida; una caución insuficiente puede llevar al juzgado a denegar la solicitud o condicionarla.
Además de estos tres presupuestos, la empresa debe conocer las modalidades cautelares disponibles. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla, entre otras, la anotación preventiva de demanda, la intervención o administración judicial de bienes, el embargo preventivo de activos, la prohibición de disponer o enajenar, y la orden de cesación provisional de una conducta. En el sector energético, las más frecuentes son la prohibición de disposición sobre la participación en la SPV, el embargo preventivo de las cuentas del proyecto y la anotación de demanda sobre los activos registrales del parque.
La solicitud de medidas cautelares puede formularse antes de presentar la demanda, de forma simultánea con ella o con posterioridad. Cada momento tiene consecuencias estratégicas distintas.
La solicitud inaudita parte – sin audiencia previa de la contraparte – es la opción más expedita. El juzgado puede adoptarla si el solicitante acredita que darle traslado a la otra parte comprometería la eficacia de la medida. En disputas energéticas, esta opción es relevante cuando se teme que el socio o la contraparte tome acciones irreversibles en cuanto tenga conocimiento de la inminencia del litigio: transferir participaciones, ejecutar garantías, o comprometer activos del proyecto. Si el juzgado la adopta sin oír a la contraparte, debe celebrarse una vista en el plazo que fija la normativa procesal para que la parte afectada pueda oponerse.
La solicitud con audiencia previa es la regla general. El juzgado convoca a ambas partes a una vista, donde se debaten los presupuestos cautelares. Este proceso lleva más tiempo, pero aporta mayor solidez a la medida si se obtiene, puesto que el contradictorio refuerza su legitimidad y reduce el riesgo de que sea levantada en la fase de oposición.
Hay dos momentos críticos que la dirección de una empresa del sector energético debe tener presentes. El primero es el momento en que surge el conflicto. No es el momento del incumplimiento formal del contrato, sino el momento en que los indicios de conflicto se vuelven inequívocos: cuando el socio bloquea una junta, cuando el contratista EPC comunica que no puede cumplir el calendario o cuando el comprador del PPA deja de realizar los pagos. Desde ese instante, el reloj procesal empieza a correr aunque nadie haya presentado aún ningún escrito ante el juzgado.
El segundo momento crítico es el de la obtención de la medida. Una vez adoptada por el juzgado, la medida cautelar queda vinculada al procedimiento principal. Si la empresa que la solicitó no interpone la demanda dentro del plazo que establece la normativa procesal, la medida se levanta y la empresa puede ser condenada a indemnizar a la contraparte por los daños sufridos durante su vigencia. Este plazo es corto y no admite prórroga sin causa justificada.
Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, y uno de los errores más costosos que hemos observado es obtener una medida cautelar sin tener lista la demanda. La medida gana tiempo, pero ese tiempo tiene un horizonte muy definido.
La elección entre arbitraje y jurisdicción ordinaria condiciona el resultado de una disputa energética tanto o más que los argumentos de fondo. No porque una vía sea mejor que la otra en abstracto, sino porque cada disputa tiene unas características que la hacen más adecuada para un foro u otro.
Los contratos de proyectos renovables de cierta envergadura – especialmente cuando hay inversores extranjeros o financiación internacional – suelen contener cláusulas de arbitraje. Cuando el contrato remite a arbitraje, la competencia de los juzgados ordinarios queda excluida salvo para medidas cautelares urgentes y para la acción de anulación del laudo. El arbitraje, en manos de árbitros especializados en el sector energético, ofrece varias ventajas: confidencialidad, flexibilidad procesal, posibilidad de designar árbitros con conocimiento técnico específico y, en operaciones transfronterizas, la ejecutabilidad internacional del laudo al amparo del Convenio de Nueva York de 1958.
Sin embargo, el arbitraje también tiene limitaciones en materia cautelar. El tribunal arbitral puede adoptar medidas cautelares si el reglamento de la institución arbitral así lo prevé, pero la eficacia coercitiva de esas medidas depende de que los tribunales estatales las reconozcan y ejecuten cuando la parte afectada no las cumple voluntariamente. En España, los juzgados de lo mercantil son competentes para la ejecución de las medidas cautelares acordadas por tribunales arbitrales, pero este proceso añade un nivel de complejidad y tiempo que conviene prever.
Cuando el contrato no contiene cláusula arbitral, la vía natural es el juzgado de lo mercantil. En las disputas entre empresas del sector energético – entre socios de una SPV, entre promotores y contratistas, entre vendedores y compradores de energía en virtud de un PPA – la competencia recae en los juzgados de lo mercantil. La reforma del sistema de tutela cautelar que incorpora la Ley de Enjuiciamiento Civil permite, en determinadas circunstancias, que el juez del proceso principal adopte medidas con notable celeridad cuando la urgencia está debidamente acreditada.
¿Significa esto que el arbitraje es siempre preferible para disputas energéticas de gran cuantía? No necesariamente. La confidencialidad del arbitraje puede ser relevante cuando las partes tienen relaciones comerciales a largo plazo que desean preservar. Pero la lentitud y el coste del arbitraje institucional – incluso en instituciones de reconocido prestigio como el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) – pueden resultar desproporcionados en disputas donde la celeridad de la tutela cautelar es la prioridad absoluta.
Para más detalle sobre el análisis de la elección entre mediación y litigio en disputas tecnológicas y de contratos complejos, puede consultarse nuestro análisis comparativo en tecnología y software: mediación frente a litigio, que desarrolla criterios de decisión aplicables también al sector energético.
Nuestra práctica muestra un patrón recurrente. La empresa identifica el conflicto, pero dilata la activación de la vía procesal con la expectativa de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Esta expectativa es comprensible: los promotores de proyectos renovables construyen relaciones de largo plazo con socios, financiadores y contratistas, y la sombra de un litigio puede tensar esas relaciones.
Sin embargo, el mito más peligroso en este ámbito es el de que acudir a los tribunales es siempre la vía más lenta y costosa. La realidad es la contraria cuando se actúa con estrategia. La solicitud de una medida cautelar bien fundamentada tiene un efecto inmediato: cambia radicalmente la posición negociadora de quien la solicita. La contraparte que hasta entonces ignoraba las comunicaciones o dilataba las negociaciones recibe un mensaje inequívoco: hay una estrategia procesal detrás, hay seriedad, y hay riesgo real de inmovilización de activos o bloqueo de decisiones.
El segundo error frecuente es confiar en que la sentencia lo arreglará todo. Una empresa que obtiene una sentencia favorable cinco años después de iniciado el pleito, en un proyecto renovable que entretanto perdió sus autorizaciones, no ha ganado realmente. Ha obtenido un título ejecutivo que puede resultar incobrable si la contraparte ha disipado sus activos. La ejecución de sentencia – el procedimiento por el que el ganador hace efectivo el derecho reconocido judicialmente – puede ser tan compleja como el litigio principal si no se adoptaron medidas cautelares a tiempo.
El tercer error es subestimar la dimensión técnica de la prueba. En un litigio sobre incumplimiento de un contrato EPC, el juzgado de lo mercantil debe pronunciarse sobre cuestiones que requieren conocimiento técnico especializado: qué es una desviación en el calendario de obra relevante a efectos contractuales, cómo se cuantifica el perjuicio económico de un retraso en la puesta en servicio, o si la actuación del contratista constituye un incumplimiento esencial que justifica la resolución del contrato. La prueba pericial técnica es, en estos casos, determinante. Prepararla desde el inicio del conflicto – y no cuando el procedimiento ya está en marcha – marca la diferencia entre un dictamen sólido y uno que la contraparte puede erosionar con facilidad.
Existe una correlación directa entre el momento en que una empresa del sector energético incorpora asesoramiento jurídico especializado y el coste total del litigio. Cuanto más tardío es el asesoramiento, más caro resulta el proceso: los errores procesales son difíciles de subsanar, la prueba preconstituida que no se recabó a tiempo ya no es recuperable, y la posición negociadora se ha debilitado.
El asesoramiento temprano cumple cuatro funciones estratégicas. La primera es la preservación de la prueba: identificar y asegurar los documentos, comunicaciones y evidencias técnicas que serán determinantes en el litigio antes de que desaparezcan o sean alteradas. En proyectos energéticos, esto incluye los registros de producción, los informes de inspección de obra, las actas de reuniones de socios y las comunicaciones entre las partes sobre el cumplimiento de hitos contractuales.
La segunda función es la evaluación de la viabilidad cautelar. No toda disputa justifica una medida cautelar, y no toda medida cautelar es ejecutable con la misma facilidad. El análisis previo de los tres presupuestos – apariencia de buen derecho, peligro de mora y caución – permite a la empresa decidir con conocimiento de causa si la vía cautelar es el instrumento adecuado o si existen alternativas procesales o extraprocesales más eficientes.
La tercera función es la coordinación multidisciplinar. En proyectos renovables con financiación sindicada, la activación de un litigio entre socios puede tener consecuencias sobre los covenants del contrato de financiación y sobre las obligaciones de información frente a los prestamistas. El asesoramiento jurídico debe coordinarse con el asesoramiento fiscal y financiero para que la estrategia procesal no genere efectos colaterales inesperados en la estructura del proyecto.
La cuarta función es la gestión de las alternativas. Un litigio cautelar bien planteado no excluye la negociación: la refuerza. En nuestra práctica hemos observado que algunas de las disputas energéticas más complejas se resuelven mediante acuerdo precisamente después de que una de las partes adopta una posición cautelar sólida que hace evidente a la otra parte el coste real de continuar en conflicto.
Si su empresa se encuentra ante un conflicto en el sector energético o renovable, le invitamos a evaluar su posición procesal antes de que el tiempo corra en su contra: contacte con nosotros en nuestra práctica de litigación y arbitraje para una primera valoración.
El sector de las energías renovables en España atrae con regularidad inversión extranjera directa. Fondos de infraestructuras europeos, family offices de origen anglosajón o nórdico, y grupos industriales asiáticos participan en proyectos fotovoltaicos y eólicos mediante estructuras de tenencia multinivel. Esta internacionalización del accionariado añade complejidad a los litigios cautelares.
Cuando una de las partes en disputa tiene su sede o sus activos en otra jurisdicción, la eficacia de las medidas cautelares adoptadas por un juzgado español puede depender del reconocimiento y la ejecución en el país extranjero. En el ámbito de la Unión Europea, los instrumentos de cooperación judicial facilitan este reconocimiento, aunque los plazos y procedimientos varían entre Estados miembros. En operaciones con partes no europeas, la cuestión del reconocimiento se vuelve más compleja y la correcta redacción de la cláusula de jurisdicción o arbitraje en el contrato original adquiere una importancia decisiva.
Cuando la operación tiene este componente transfronterizo, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para asegurar que la estrategia cautelar diseñada en España sea coherente con las posibilidades de ejecución en el país de residencia de la contraparte o de localización de sus activos. Esta coordinación debe planificarse desde el inicio del conflicto, no cuando el juzgado ya ha adoptado la medida y llega el momento de ejecutarla.
El régimen de inversión extranjera directa en España también puede ser relevante en estos contextos. Determinadas adquisiciones o transacciones en el sector energético están sujetas al control previo del Estado en materia de inversión extranjera directa, especialmente cuando afectan a infraestructuras consideradas estratégicas. Un litigio entre socios que implica la transferencia forzosa de participaciones en una SPV titulara de activos de generación puede activar este régimen, con consecuencias que deben evaluarse con antelación.
Antes de activar cualquier medida procesal, la dirección de la empresa debe completar un análisis estructurado. Estas son las verificaciones esenciales.
Este checklist no es exhaustivo, pero sí representa las preguntas que, en nuestra práctica, marcan la diferencia entre una estrategia cautelar eficaz y un procedimiento que llega tarde o que se adopta sin las bases necesarias para sostenerse frente a la oposición de la contraparte.
Las disputas en el sector energético intersectan con frecuencia con cuestiones de Derecho societario, especialmente cuando el conflicto se produce entre los socios de la sociedad titular del proyecto. En esos casos, la estrategia procesal cautelar debe coordinarse con el análisis de los derechos de los socios minoritarios y las posibilidades de impugnación de acuerdos sociales.
Para empresas del sector turístico y hostelero que afrontan litigios con características similares en materia de tutela cautelar urgente, puede ser de interés nuestro análisis sobre medidas cautelares en turismo y hostelería, que aborda la misma problemática desde la perspectiva de ese sector.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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