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Resolución de disputas, litigación y arbitraje

Inmobiliario y construcción: el coste de oportunidad de no pactar arbitraje: análisis para empresas

Por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitrajeActualizado:

En el sector inmobiliario y de la construcción, los contratos concentran años de trabajo, decenas de millones de euros en inversión y una cadena de subcontratas, financiadores y promotores cuyas expectativas rara vez están perfectamente alineadas. Cuando surge una disputa – un retraso de obra, una reclamación por defectos, un conflicto entre socios de una sociedad vehículo – la primera decisión no es quién tiene razón. Es dónde y cómo se dirime.

En breve: No incluir una cláusula de arbitraje en los contratos del sector inmobiliario y de la construcción expone a la empresa a disputas en los juzgados de lo mercantil cuya duración puede superar varios años, con los consecuentes costes financieros, daño reputacional y bloqueo de activos. La elección de la vía y el momento de pedir medidas cautelares condicionan el resultado más que el fondo del asunto. La normativa arbitral española, basada en la Ley de Arbitraje, ofrece un marco sólido y reconocido internacionalmente para proteger esa decisión.

El marco aplicable: qué exige la normativa al contrato de promoción y de obra

La legislación mercantil española aplica a la mayor parte de las relaciones contractuales entre empresas del sector. Promotores, constructoras, ingenierías, gestores de activos y fondos inmobiliarios son partes empresariales. Sus disputas no son controversias de consumo: son litigios entre empresas con capacidad para pactar el método de resolución antes de que el conflicto aparezca.

La Ley de Arbitraje reconoce la validez de la cláusula compromisoria cuando se incorpora al contrato por escrito. En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, este punto resulta determinante: la cláusula debe redactarse con precisión. Una cláusula mal formulada – demasiado amplia, demasiado restrictiva, o que mezcla arbitraje con jurisdicción ordinaria – genera más incertidumbre que la ausencia de pacto.

¿Qué materias son arbitrables en el sector? En términos generales, cualquier controversia de libre disposición entre las partes: reclamaciones de precio, penalizaciones por retraso, discrepancias en la liquidación final de obra, vicios constructivos en contratos entre empresas, conflictos entre socios de una joint venture promotora. La normativa societaria también permite que los estatutos de una sociedad anónima o limitada remitan las controversias entre socios o entre socios y administradores al arbitraje.

La competencia para conocer de los litigios mercantiles que no tienen cláusula arbitral corresponde a los juzgados de lo mercantil. Estos órganos tienen atribuidas también materias concursales, lo que genera agendas saturadas en las principales plazas. Esa saturación tiene un precio. No es teórico.

¿Por qué el sector inmobiliario y de la construcción es especialmente vulnerable a disputas sin resolver?

La naturaleza del ciclo inmobiliario genera disputas en momentos de máxima presión financiera. Un proyecto que se retrasa consume más financiación. Una obra paralizada por un conflicto entre contratista y promotor afecta a terceros: compradores, bancos, arrendatarios futuros. El activo pierde valor mientras la controversia avanza.

Hemos observado tres patrones recurrentes en nuestra práctica:

  • El promotor que firma un contrato de construcción estándar sin cláusula arbitral y, cuando el contratista reclama por modificaciones no escrituradas, se enfrenta a un litigio ante los juzgados de lo mercantil en el que el proceso puede durar años en primera instancia.
  • El fondo de inversión que adquiere una cartera de suelos a través de una sociedad vehicular y cuyo acuerdo de accionistas no prevé mecanismo de resolución de bloqueos societarios. Cuando los socios se dividen, el activo queda congelado.
  • La empresa constructora que ejecuta obra para un gran cliente corporativo y no puede pedir medidas cautelares con la misma agilidad en un proceso judicial ordinario que en un procedimiento arbitral con institución de confianza.

En todos los casos, el coste de oportunidad es doble. Primero, el dinero: honorarios procesales, tasas, dietas y el coste financiero de tener un crédito no cobrado durante años. Segundo, el tiempo del equipo directivo: la gestión de un litigio judicial drena horas de dirección financiera, jurídica y gerencial que no se recuperan.

¿Puede evitarse todo esto? No siempre. Pero puede gestionarse desde el contrato.

Las decisiones críticas de la dirección antes de que surja el conflicto

La dirección de una empresa inmobiliaria o constructora toma decisiones jurídicas todos los días sin percibirlas como tales. La negociación de los contratos de obra mayor, la estructura de las sociedades vehículo, la redacción de los acuerdos de accionistas en joint ventures: todos son momentos en los que se define el comportamiento futuro en caso de conflicto.

Identificamos tres decisiones críticas:

Primera: incluir o excluir la cláusula de arbitraje en el contrato

Esta es la decisión fundacional. Una vez ejecutado un contrato sin cláusula arbitral, la única vía para arbitrar es el acuerdo posterior de ambas partes – que en conflicto abierto rara vez se logra. La ventana para pactar es el momento de la negociación. Cerrada esa ventana, el litigio ante los juzgados de lo mercantil es la única opción.

La cláusula debe nombrar una institución arbitral reconocida. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) es la referencia institucional en España. Existen también otras cámaras arbitrales de reconocido funcionamiento. La cláusula debe especificar la sede, el idioma y el número de árbitros. Una cláusula escalada – negociación directa, luego mediación, luego arbitraje – añade flexibilidad sin renunciar a la firmeza del laudo.

Para operaciones transfronterizas, con fondos o promotores extranjeros, el laudo arbitral dictado en España tiene reconocimiento internacional por el Convenio de Nueva York de 1958, al que están adheridos más de 170 Estados. Una sentencia del juzgado de lo mercantil de Madrid, por brillante que sea, requiere un proceso de exequátur en cada jurisdicción extranjera en la que haya activos del deudor. Esa diferencia, en operaciones con componente internacional, es estratégicamente determinante.

Segunda: cuándo y cómo solicitar medidas cautelares

Las medidas cautelares son el instrumento que protege el crédito mientras el procedimiento avanza. En un proceso judicial ordinario, la empresa debe acreditar el fumus boni iuris y el periculum in mora conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. En un arbitraje institucional bien diseñado, el tribunal arbitral tiene también potestad para ordenar medidas provisionales, y algunas instituciones disponen de mecanismos de árbitro de emergencia para situaciones urgentes.

En nuestra práctica hemos observado que muchas empresas demoran la solicitud de cautelares por incertidumbre sobre el coste o el efecto estratégico. Ese retraso puede resultar irreversible si el deudor transfiere activos o se reorganiza societariamente durante ese período.

El momento óptimo para evaluar las cautelares no es cuando la empresa ya está en el conflicto abierto. Es cuando aparecen los primeros signos de incumplimiento: un pago aplazado sin causa, una comunicación que anticipa controversia, un cambio inesperado en la dirección de la contraparte. Actuar antes de que el conflicto se cristalice reduce significativamente el riesgo de pérdida patrimonial.

Tercera: estructura del acuerdo de accionistas en la sociedad vehículo

Las joint ventures inmobiliarias – dos o más promotores que constituyen una sociedad limitada o anónima para desarrollar un suelo – son frecuentes y, con demasiada regularidad, carecen de un acuerdo de accionistas que prevea mecanismos de resolución de bloqueo. Cuando los socios se dividen sobre si vender el activo, refinanciar o salir, el conflicto paraliza la sociedad.

La legislación societaria española permite incluir en los estatutos sociales una cláusula de arbitraje para controversias entre socios o entre socios y administradores. Esa previsión estatutaria, unida a un acuerdo de accionistas con cláusulas de deadlock (mecanismo de desbloqueo), es el seguro más eficiente contra el escenario de bloqueo. En nuestra experiencia, los proyectos que no la tienen suelen terminar con procedimientos judiciales de disolución que destruyen valor para todos.

El coste real de acudir a los juzgados de lo mercantil sin haber pactado arbitraje

Existe una creencia extendida entre directivos del sector: que los tribunales ordinarios son siempre más baratos que el arbitraje. Es, en gran medida, un mito.

El arbitraje institucional tiene costes arancelarios que dependen de la cuantía. En disputas de cuantía elevada, esos costes son significativos. Pero el análisis correcto no es comparar el arancel del árbitro con la tasa judicial. Es comparar el coste total del conflicto: duración del procedimiento, coste financiero de un crédito no cobrado durante ese período, horas de dirección interna dedicadas al litigio, riesgo de que el deudor haya deteriorado su solvencia cuando llegue la sentencia, y probabilidad de tener que ejecutar en múltiples jurisdicciones si hay activos en el extranjero.

Con ese análisis completo, el arbitraje resulta frecuentemente más eficiente para disputas de cuantía relevante en el sector inmobiliario y de la construcción. No para todas: para conflictos de pequeña cuantía o cuando la parte contraria no tiene presencia internacional, el procedimiento monitorio o la vía judicial ordinaria puede ser la elección correcta. La clave es decidir esa elección antes del contrato, no cuando el conflicto ya ha surgido.

La ejecución de sentencia es otro elemento que el análisis optimista de "ir a tribunales" suele ignorar. Obtener una sentencia favorable en primera instancia es solo el primer paso. Si la contraparte recurre y el pleito asciende a la Audiencia Provincial, el calendario se extiende. Si hay activos en otra comunidad autónoma o en el extranjero, la ejecución requiere trámites adicionales. El laudo arbitral firme, en cambio, abre directamente la vía de la ejecución forzosa – con las mismas herramientas procesales que una sentencia – y tiene el respaldo del Convenio de Nueva York para la ejecución en el exterior.

¿Cómo afecta la duración del procedimiento al negocio inmobiliario?

En el sector inmobiliario, el tiempo no es neutral. Un activo en litigio tiene restricciones en su transmisibilidad, dificulta la financiación bancaria y genera incertidumbre contable. Un promotor que mantiene durante años una reclamación activa contra su contratista lleva ese litigio en su balance, en sus conversaciones con bancos y en la due diligence de cualquier posible comprador del activo o del proyecto.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de primera instancia e instrucción y los mercantiles registran una carga de asuntos que hace que la duración media de los procedimientos civiles y mercantiles se prolongue de forma significativa en las principales ciudades españolas. Los datos de la Memoria del CGPJ reflejan esta tendencia de forma consistente en los últimos ejercicios.

El arbitraje institucional, cuando está bien diseñado, permite fijar en el convenio arbitral un plazo máximo para dictar el laudo. Es una garantía procesal que el proceso judicial ordinario no puede ofrecer. Para un director financiero que necesita saber cuándo va a resolverse la disputa – porque hay un presupuesto, una refinanciación o una salida del accionariado condicionada a ese resultado – ese plazo es un dato de gestión, no solo un detalle jurídico.

El asesoramiento temprano como herramienta de reducción del coste y del riesgo

El tercer eje del análisis es el más práctico: cuándo debe intervenir el asesor jurídico. La respuesta que damos en Velarde & Vidal es sistemáticamente la misma – antes de que la empresa lo considere necesario.

En nuestra práctica asesorando a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, el patrón más frecuente no es el de la empresa que acude con un contrato mal redactado. Es el de la empresa que acude con un contrato razonablemente bien redactado pero sin cláusula arbitral, sin medidas cautelares solicitadas a tiempo, y con una contraparte que lleva meses preparando su defensa. En ese momento, las opciones se han reducido. El coste de oportunidad se ha materializado.

La intervención temprana permite:

  • Auditar la cartera contractual activa para identificar contratos sin cobertura arbitral.
  • Redactar cláusulas de arbitraje adaptadas al tipo de operación, cuantía y jurisdicción de las partes.
  • Diseñar acuerdos de accionistas que integren mecanismos de resolución de conflictos y de deadlock.
  • Identificar el momento óptimo para solicitar medidas cautelares cuando los primeros signos de conflicto ya son visibles.
  • Evaluar, cuando el conflicto ya ha surgido, si existe posibilidad de acordar el arbitraje a posteriori o si la vía judicial es la única disponible.

Este trabajo preventivo tiene un coste que, en términos relativos, es significativamente menor que el de gestionar un litigio ya iniciado. No es solo una afirmación teórica. Hemos acompañado a grupos promotores que, tras revisar su modelo de contratación, han evitado conflictos que en ejercicios anteriores les habían generado años de litigación y paralización de activos.

Checklist de decisiones antes de firmar un contrato en el sector inmobiliario y de construcción

Antes de ejecutar un contrato de obra mayor, una compraventa de suelo o un acuerdo de accionistas en una sociedad vehículo, la dirección y el asesor jurídico deben verificar:

  1. Cláusula de arbitraje: ¿está incluida? ¿nombra institución reconocida, sede, idioma y número de árbitros?
  2. Escalada de conflicto: ¿prevé el contrato una fase de negociación directa antes del arbitraje? ¿y una de mediación?
  3. Medidas cautelares: ¿tiene el convenio arbitral previsión expresa para solicitar cautelares urgentes?
  4. Ley aplicable y sede: ¿es coherente con la localización del activo y la nacionalidad de las partes?
  5. Acuerdo de accionistas: ¿incluye cláusula de arbitraje para controversias societarias y mecanismo de deadlock?
  6. Estatutos de la sociedad vehículo: ¿remiten las controversias al arbitraje?
  7. Operaciones transfronterizas: ¿necesita el laudo ser ejecutable en una jurisdicción extranjera bajo el Convenio de Nueva York?

Ninguno de estos puntos es un formalismo. Cada uno de ellos, si se omite, abre una brecha en la posición de la empresa cuando el conflicto surge. Y en el sector inmobiliario y de la construcción, los conflictos surgen. La pregunta no es si habrá disputas, sino cuán preparada está la empresa para resolverlas al menor coste posible.

Servicios relacionados

El análisis de la vía de resolución de conflictos en el sector inmobiliario y de la construcción está directamente vinculado a nuestra práctica de resolución de disputas, litigación y arbitraje, donde asistimos a empresas en procedimientos tanto judiciales como arbitrales de cuantía relevante. Para empresas que deseen anticipar estas decisiones, nuestra guía sobre cómo redactar una cláusula de arbitraje ofrece un marco operativo detallado. Cuando el conflicto ya ha surgido y hay activos afectados, el análisis de las opciones de ejecución –incluidas las tercerías– resulta esencial; puede ver un ejemplo en nuestro caso práctico sobre tercería de dominio.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica el coste de oportunidad de no pactar arbitraje para una empresa?
No incluir una cláusula de arbitraje en un contrato del sector inmobiliario o de construcción significa que cualquier disputa futura deberá resolverse ante los juzgados de lo mercantil, salvo que ambas partes acuerden entonces acudir al arbitraje – lo que en conflicto abierto rara vez ocurre. El coste de oportunidad no es solo el gasto procesal directo: incluye el coste financiero del crédito no cobrado durante la duración del procedimiento, el tiempo de dirección interna dedicado al litigio, el bloqueo del activo mientras el proceso está vivo y la dificultad de ejecutar en jurisdicciones extranjeras si la contraparte tiene activos fuera de España. La decisión de pactar o no el arbitraje es, en realidad, una decisión de gestión de riesgo empresarial.
¿Qué plazos y costes conlleva el coste de oportunidad de no pactar arbitraje?
Los plazos de un procedimiento judicial ordinario ante los juzgados de lo mercantil dependen de la plaza, la complejidad del asunto y la carga del órgano. En las principales ciudades, la duración puede extenderse de forma significativa en primera instancia, con posibilidad de recurso posterior. El arbitraje institucional permite pactar en el convenio arbitral un plazo máximo para dictar el laudo, lo que introduce certidumbre en la planificación financiera y operativa de la empresa. En cuanto a costes, el análisis debe ser total: no solo aranceles y tasas, sino también el coste financiero de la espera y el coste de una ejecución forzosa prolongada.
¿Qué riesgos hay que evitar en el coste de oportunidad de no pactar arbitraje?
Los riesgos principales son tres. Primero, no solicitar medidas cautelares a tiempo: el deterioro patrimonial de la contraparte durante el procedimiento puede dejar sin valor el crédito reclamado. Segundo, una cláusula de arbitraje mal redactada que mezcla jurisdicción ordinaria y arbitral, lo que genera incertidumbre procesal. Tercero, no prever mecanismos de resolución de bloqueo en acuerdos de accionistas de sociedades vehículo, dejando activos congelados cuando los socios se dividen. Los tres riesgos son evitables con asesoramiento previo al cierre del contrato o la constitución de la sociedad.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en el coste de oportunidad de no pactar arbitraje?
La respuesta es inequívoca: antes de firmar el contrato, no después de que surja el conflicto. Una vez ejecutado un contrato sin cláusula arbitral, la posibilidad de acudir al arbitraje depende del acuerdo de la contraparte, que en situación de conflicto abierto es improbable. El momento óptimo de intervención del asesor jurídico es la negociación contractual, la estructuración de la sociedad vehículo y la redacción del acuerdo de accionistas. Si el conflicto ya ha surgido, el asesoramiento urgente debe centrarse en evaluar si caben medidas cautelares, si existe base para un acuerdo arbitral sobrevenido y cuál es la estrategia procesal más eficiente.

Análisis elaborado por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitraje, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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