En el sector inmobiliario y de la construcción, los contratos concentran años de trabajo, decenas de millones de euros en inversión y una cadena de subcontratas, financiadores y promotores cuyas expectativas rara vez están perfectamente alineadas. Cuando surge una disputa – un retraso de obra, una reclamación por defectos, un conflicto entre socios de una sociedad vehículo – la primera decisión no es quién tiene razón. Es dónde y cómo se dirime.
La legislación mercantil española aplica a la mayor parte de las relaciones contractuales entre empresas del sector. Promotores, constructoras, ingenierías, gestores de activos y fondos inmobiliarios son partes empresariales. Sus disputas no son controversias de consumo: son litigios entre empresas con capacidad para pactar el método de resolución antes de que el conflicto aparezca.
La Ley de Arbitraje reconoce la validez de la cláusula compromisoria cuando se incorpora al contrato por escrito. En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, este punto resulta determinante: la cláusula debe redactarse con precisión. Una cláusula mal formulada – demasiado amplia, demasiado restrictiva, o que mezcla arbitraje con jurisdicción ordinaria – genera más incertidumbre que la ausencia de pacto.
¿Qué materias son arbitrables en el sector? En términos generales, cualquier controversia de libre disposición entre las partes: reclamaciones de precio, penalizaciones por retraso, discrepancias en la liquidación final de obra, vicios constructivos en contratos entre empresas, conflictos entre socios de una joint venture promotora. La normativa societaria también permite que los estatutos de una sociedad anónima o limitada remitan las controversias entre socios o entre socios y administradores al arbitraje.
La competencia para conocer de los litigios mercantiles que no tienen cláusula arbitral corresponde a los juzgados de lo mercantil. Estos órganos tienen atribuidas también materias concursales, lo que genera agendas saturadas en las principales plazas. Esa saturación tiene un precio. No es teórico.
La naturaleza del ciclo inmobiliario genera disputas en momentos de máxima presión financiera. Un proyecto que se retrasa consume más financiación. Una obra paralizada por un conflicto entre contratista y promotor afecta a terceros: compradores, bancos, arrendatarios futuros. El activo pierde valor mientras la controversia avanza.
Hemos observado tres patrones recurrentes en nuestra práctica:
En todos los casos, el coste de oportunidad es doble. Primero, el dinero: honorarios procesales, tasas, dietas y el coste financiero de tener un crédito no cobrado durante años. Segundo, el tiempo del equipo directivo: la gestión de un litigio judicial drena horas de dirección financiera, jurídica y gerencial que no se recuperan.
¿Puede evitarse todo esto? No siempre. Pero puede gestionarse desde el contrato.
La dirección de una empresa inmobiliaria o constructora toma decisiones jurídicas todos los días sin percibirlas como tales. La negociación de los contratos de obra mayor, la estructura de las sociedades vehículo, la redacción de los acuerdos de accionistas en joint ventures: todos son momentos en los que se define el comportamiento futuro en caso de conflicto.
Identificamos tres decisiones críticas:
Esta es la decisión fundacional. Una vez ejecutado un contrato sin cláusula arbitral, la única vía para arbitrar es el acuerdo posterior de ambas partes – que en conflicto abierto rara vez se logra. La ventana para pactar es el momento de la negociación. Cerrada esa ventana, el litigio ante los juzgados de lo mercantil es la única opción.
La cláusula debe nombrar una institución arbitral reconocida. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) es la referencia institucional en España. Existen también otras cámaras arbitrales de reconocido funcionamiento. La cláusula debe especificar la sede, el idioma y el número de árbitros. Una cláusula escalada – negociación directa, luego mediación, luego arbitraje – añade flexibilidad sin renunciar a la firmeza del laudo.
Para operaciones transfronterizas, con fondos o promotores extranjeros, el laudo arbitral dictado en España tiene reconocimiento internacional por el Convenio de Nueva York de 1958, al que están adheridos más de 170 Estados. Una sentencia del juzgado de lo mercantil de Madrid, por brillante que sea, requiere un proceso de exequátur en cada jurisdicción extranjera en la que haya activos del deudor. Esa diferencia, en operaciones con componente internacional, es estratégicamente determinante.
Las medidas cautelares son el instrumento que protege el crédito mientras el procedimiento avanza. En un proceso judicial ordinario, la empresa debe acreditar el fumus boni iuris y el periculum in mora conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. En un arbitraje institucional bien diseñado, el tribunal arbitral tiene también potestad para ordenar medidas provisionales, y algunas instituciones disponen de mecanismos de árbitro de emergencia para situaciones urgentes.
En nuestra práctica hemos observado que muchas empresas demoran la solicitud de cautelares por incertidumbre sobre el coste o el efecto estratégico. Ese retraso puede resultar irreversible si el deudor transfiere activos o se reorganiza societariamente durante ese período.
El momento óptimo para evaluar las cautelares no es cuando la empresa ya está en el conflicto abierto. Es cuando aparecen los primeros signos de incumplimiento: un pago aplazado sin causa, una comunicación que anticipa controversia, un cambio inesperado en la dirección de la contraparte. Actuar antes de que el conflicto se cristalice reduce significativamente el riesgo de pérdida patrimonial.
Las joint ventures inmobiliarias – dos o más promotores que constituyen una sociedad limitada o anónima para desarrollar un suelo – son frecuentes y, con demasiada regularidad, carecen de un acuerdo de accionistas que prevea mecanismos de resolución de bloqueo. Cuando los socios se dividen sobre si vender el activo, refinanciar o salir, el conflicto paraliza la sociedad.
La legislación societaria española permite incluir en los estatutos sociales una cláusula de arbitraje para controversias entre socios o entre socios y administradores. Esa previsión estatutaria, unida a un acuerdo de accionistas con cláusulas de deadlock (mecanismo de desbloqueo), es el seguro más eficiente contra el escenario de bloqueo. En nuestra experiencia, los proyectos que no la tienen suelen terminar con procedimientos judiciales de disolución que destruyen valor para todos.
Existe una creencia extendida entre directivos del sector: que los tribunales ordinarios son siempre más baratos que el arbitraje. Es, en gran medida, un mito.
El arbitraje institucional tiene costes arancelarios que dependen de la cuantía. En disputas de cuantía elevada, esos costes son significativos. Pero el análisis correcto no es comparar el arancel del árbitro con la tasa judicial. Es comparar el coste total del conflicto: duración del procedimiento, coste financiero de un crédito no cobrado durante ese período, horas de dirección interna dedicadas al litigio, riesgo de que el deudor haya deteriorado su solvencia cuando llegue la sentencia, y probabilidad de tener que ejecutar en múltiples jurisdicciones si hay activos en el extranjero.
Con ese análisis completo, el arbitraje resulta frecuentemente más eficiente para disputas de cuantía relevante en el sector inmobiliario y de la construcción. No para todas: para conflictos de pequeña cuantía o cuando la parte contraria no tiene presencia internacional, el procedimiento monitorio o la vía judicial ordinaria puede ser la elección correcta. La clave es decidir esa elección antes del contrato, no cuando el conflicto ya ha surgido.
La ejecución de sentencia es otro elemento que el análisis optimista de "ir a tribunales" suele ignorar. Obtener una sentencia favorable en primera instancia es solo el primer paso. Si la contraparte recurre y el pleito asciende a la Audiencia Provincial, el calendario se extiende. Si hay activos en otra comunidad autónoma o en el extranjero, la ejecución requiere trámites adicionales. El laudo arbitral firme, en cambio, abre directamente la vía de la ejecución forzosa – con las mismas herramientas procesales que una sentencia – y tiene el respaldo del Convenio de Nueva York para la ejecución en el exterior.
En el sector inmobiliario, el tiempo no es neutral. Un activo en litigio tiene restricciones en su transmisibilidad, dificulta la financiación bancaria y genera incertidumbre contable. Un promotor que mantiene durante años una reclamación activa contra su contratista lleva ese litigio en su balance, en sus conversaciones con bancos y en la due diligence de cualquier posible comprador del activo o del proyecto.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de primera instancia e instrucción y los mercantiles registran una carga de asuntos que hace que la duración media de los procedimientos civiles y mercantiles se prolongue de forma significativa en las principales ciudades españolas. Los datos de la Memoria del CGPJ reflejan esta tendencia de forma consistente en los últimos ejercicios.
El arbitraje institucional, cuando está bien diseñado, permite fijar en el convenio arbitral un plazo máximo para dictar el laudo. Es una garantía procesal que el proceso judicial ordinario no puede ofrecer. Para un director financiero que necesita saber cuándo va a resolverse la disputa – porque hay un presupuesto, una refinanciación o una salida del accionariado condicionada a ese resultado – ese plazo es un dato de gestión, no solo un detalle jurídico.
El tercer eje del análisis es el más práctico: cuándo debe intervenir el asesor jurídico. La respuesta que damos en Velarde & Vidal es sistemáticamente la misma – antes de que la empresa lo considere necesario.
En nuestra práctica asesorando a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, el patrón más frecuente no es el de la empresa que acude con un contrato mal redactado. Es el de la empresa que acude con un contrato razonablemente bien redactado pero sin cláusula arbitral, sin medidas cautelares solicitadas a tiempo, y con una contraparte que lleva meses preparando su defensa. En ese momento, las opciones se han reducido. El coste de oportunidad se ha materializado.
La intervención temprana permite:
Este trabajo preventivo tiene un coste que, en términos relativos, es significativamente menor que el de gestionar un litigio ya iniciado. No es solo una afirmación teórica. Hemos acompañado a grupos promotores que, tras revisar su modelo de contratación, han evitado conflictos que en ejercicios anteriores les habían generado años de litigación y paralización de activos.
Antes de ejecutar un contrato de obra mayor, una compraventa de suelo o un acuerdo de accionistas en una sociedad vehículo, la dirección y el asesor jurídico deben verificar:
Ninguno de estos puntos es un formalismo. Cada uno de ellos, si se omite, abre una brecha en la posición de la empresa cuando el conflicto surge. Y en el sector inmobiliario y de la construcción, los conflictos surgen. La pregunta no es si habrá disputas, sino cuán preparada está la empresa para resolverlas al menor coste posible.
El análisis de la vía de resolución de conflictos en el sector inmobiliario y de la construcción está directamente vinculado a nuestra práctica de resolución de disputas, litigación y arbitraje, donde asistimos a empresas en procedimientos tanto judiciales como arbitrales de cuantía relevante. Para empresas que deseen anticipar estas decisiones, nuestra guía sobre cómo redactar una cláusula de arbitraje ofrece un marco operativo detallado. Cuando el conflicto ya ha surgido y hay activos afectados, el análisis de las opciones de ejecución –incluidas las tercerías– resulta esencial; puede ver un ejemplo en nuestro caso práctico sobre tercería de dominio.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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