En el sector inmobiliario y de construcción, las disputas entre socios no suelen surgir en los buenos tiempos. Aparecen cuando el proyecto se demora, cuando los márgenes se comprimen y cuando un socio quiere salir mientras el otro quiere aguantar. En ese momento, los estatutos estándar casi nunca son suficientes. El coste de no haber formalizado un pacto de socios puede superar con creces el de haberlo negociado desde el inicio de la relación.
El negocio inmobiliario combina capital intensivo, plazos largos y socios con perfiles muy distintos: el promotor con experiencia en terreno, el inversor financiero con horizonte de salida definido y, con frecuencia, el socio industrial que aporta capacidad constructora. Cada uno tiene incentivos diferentes. El promotor busca maximizar el margen del proyecto. El inversor quiere liquidez en un plazo conocido. El socio industrial necesita que la obra genere flujo para su empresa.
Estos intereses, perfectamente legítimos, generan fricciones estructurales. Un pacto de socios bien diseñado no pretende eliminar esas fricciones. Pretende encauzarlas.
La normativa societaria aplicable – en particular, la Ley de Sociedades de Capital – establece el régimen legal supletorio de las sociedades de capital. Pero ese régimen supletorio no ha sido diseñado pensando en una promotora con tres socios con visiones de salida distintas. Está pensado para la norma general. El pacto llena ese vacío.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, los conflictos más costosos se producen cuando no existe ningún mecanismo de desempate acordado de antemano. La junta queda bloqueada. Ningún socio puede adoptar decisiones. El proyecto se paraliza. Y esa parálisis tiene un coste mensurable en obra detenida, financiación encarecida y confianza erosionada.
No todos los pactos de socios sirven para todos los proyectos. Los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria presentan una serie de cuestiones que, si no se abordan expresamente, se convierten en focos de conflicto.
El primer eje es la distribución del poder. ¿Quién nombra al administrador? ¿Cuántos votos se necesitan para endeudarse por encima de un umbral relevante? ¿Qué decisiones requieren unanimidad? En proyectos con varios socios, la unanimidad para decisiones estratégicas puede ser un bloqueo en sí mismo. El pacto debe prever mayorías reforzadas para decisiones sensibles y mayorías simples para la gestión ordinaria.
La sociedad holding – estructura habitual en el sector para articular participaciones en varios proyectos – añade una capa de complejidad adicional. Las reglas de gobierno de la holding deben ser coherentes con las de cada sociedad vehículo. Un pacto que funciona a nivel de holding pero que no desciende a las SPV (sociedades de propósito específico por proyecto) genera vacíos que los tribunales rellenan con criterios que quizá ningún socio habría elegido.
Este es, posiblemente, el aspecto más litigioso en el sector. Un socio quiere vender su participación. Los demás no quieren un tercero desconocido entrando en la sociedad. O quieren entrar ellos al mismo precio. O quieren poder vetar la entrada del comprador.
El pacto puede articular derechos de preferencia, derechos de tanteo y retracto, cláusulas de acompañamiento (tag-along) y cláusulas de arrastre (drag-along). Cada una de estas figuras responde a una lógica distinta. El tag-along protege al socio minoritario: si el mayoritario vende, el minoritario puede vender en las mismas condiciones. El drag-along protege al mayoritario: si llega una oferta de compra de la totalidad, el mayoritario puede arrastrar al minoritario a vender.
En proyectos inmobiliarios con inversores institucionales, el drag-along es casi siempre exigencia del inversor. Negociarlo sin asesoramiento jurídico adecuado puede suponer aceptar condiciones que obligan al promotor a salir del proyecto antes de haber recuperado su inversión.
¿A qué precio sale un socio que quiere liquidar su posición? Esta pregunta, que parece sencilla, genera disputas complejas. Si el pacto no fija un método de valoración – o no designa quién realiza esa valoración y en qué plazo –, la salida de un socio puede convertirse en un litigio de varios años.
Las fórmulas más habituales en el sector inmobiliario combinan el valor del activo subyacente (tasado por un tasador independiente inscrito en la lista del Banco de España) con multiplicadores de resultado. El pacto debe concretar el método, el árbitro de valoración y el plazo de ejecución. Dejar esta cuestión "para cuando llegue el momento" es, en nuestra práctica, la causa más frecuente de conflictos que escalan a arbitraje.
La construcción es intensiva en capital circulante. Los proyectos se financian con deuda promotora, con fondos propios y, con frecuencia, con aportaciones adicionales de los socios cuando la financiación bancaria no cubre la totalidad de las necesidades. ¿Qué ocurre si un socio no puede o no quiere hacer una llamada de capital? ¿Se diluye su participación? ¿Se le otorga un plazo? ¿Se convierte su falta de aportación en deuda subordinada?
El pacto debe responder a estas preguntas antes de que la situación se produzca. La dilución automática es un mecanismo eficaz, pero su fórmula de cálculo debe estar pactada con detalle. Una cláusula ambigua en este punto no protege a nadie: crea litigio.
Un pacto de socios se negocia entre partes que, en el momento de firmar, tienen incentivos para presentar su mejor imagen. La diligencia debida (due diligence) societaria y jurídica permite verificar que la realidad coincide con lo declarado.
En el sector inmobiliario, la diligencia debida previa al pacto o a la entrada de un inversor debe abarcar, como mínimo, cuatro ámbitos: el estado registral y urbanístico de los activos; la situación financiera y fiscal de la sociedad vehículo; la existencia de litigios, reclamaciones o cargas ocultas; y la regularidad de la relación laboral y de los subcontratos.
Hemos observado, en nuestra práctica, que la diligencia debida en proyectos de construcción frecuentemente revela pasivos ocultos en la cadena de subcontratación. Deudas con subcontratistas, retenciones de garantía no documentadas o litigios laborales en curso. Estos pasivos, si no se identifican antes de la firma, pueden convertirse en obligaciones del comprador o del nuevo socio.
La diligencia debida no es un trámite burocrático. Es el instrumento que permite negociar el precio con información real, incluir en el pacto las representaciones y garantías adecuadas, y establecer mecanismos de ajuste o escrow si se detectan contingencias.
¿Puede prescindirse de la diligencia debida en operaciones pequeñas? Técnicamente, sí. En términos de riesgo, es una decisión que conviene adoptar de forma consciente y documentada, no por omisión.
El pacto de socios no es un documento que se firma y se archiva. Es un contrato vivo que se activa en momentos concretos. La dirección debe conocer cuándo y cómo.
Cada vez que entra un nuevo socio – sea un fondo de inversión inmobiliaria, un family office o un socio industrial –, el pacto existente debe revisarse. Si no existe pacto, este es el momento de negociarlo. Si existe, es el momento de verificar que las cláusulas de preferencia y de transmisión se han respetado. La entrada de un socio sin seguir el procedimiento pactado puede ser impugnable.
El plazo para ejercitar la acción de impugnación de acuerdos sociales caduca, con carácter general, en el plazo de un año. Pero los efectos de una entrada irregular pueden perdurar mucho más tiempo en la estructura de gobierno de la sociedad.
En las operaciones de compraventa de empresa (M&A) en el sector, el pacto de socios existente determina quién puede negociar, quién puede firmar y a qué precio. Un pacto mal redactado puede obligar a la sociedad a ofrecer a los socios actuales el derecho a igualar la oferta del comprador externo, dilatando el proceso y, en algunos casos, frustrando la operación.
Las operaciones de M&A en el sector inmobiliario tienen calendarios propios. La financiación, la preaprobación urbanística y la due diligence determinan ventanas de cierre que no siempre coinciden con los plazos procesales. El asesoramiento jurídico debe integrar ambas dimensiones: la sustantiva (qué dice el pacto) y la procesal (cuándo hay que actuar).
El bloqueo de la junta general es la patología más común en sociedades con dos socios al cincuenta por ciento. En el sector inmobiliario, con frecuencia estructurado en joint ventures paritarias entre un promotor y un inversor, este escenario es más habitual de lo que parece.
El pacto puede prever mecanismos de desempate: el nombramiento de un tercero con voto de calidad, la mediación obligatoria previa al litigio o al arbitraje, o las cláusulas de shotgun (o buy-sell), por las cuales uno de los socios ofrece al otro comprar o vender al mismo precio, obligando así a que alguien decida. La cláusula de shotgun es un mecanismo eficaz, pero solo funciona si ambas partes tienen capacidad financiera real para comprar. En proyectos con deuda elevada, puede ser inoperante.
La creencia de que con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios es uno de los errores más costosos que vemos repetirse en el sector. Los estatutos sociales son un documento público, inscrito en el Registro Mercantil, que establece el régimen básico de la sociedad. El pacto de socios es un contrato privado, confidencial, que regula las relaciones entre los socios con el detalle que los estatutos no pueden ni deben contener.
Ambos instrumentos son complementarios. Pero el pacto es el que previene los conflictos. Y prevenirlos tiene un coste muy inferior al de resolverlos.
El coste del conflicto en el sector inmobiliario y de construcción tiene una dimensión que no existe en otros sectores: el tiempo. Un proyecto paralizado pierde valor a un ritmo que cualquier director financiero puede calcular. El coste financiero de la deuda promotora se acumula mientras los socios litigan. Los plazos de licencia corren. Los clientes esperan.
En nuestra experiencia, el asesoramiento temprano – idealmente, antes de la constitución de la sociedad vehículo del proyecto o antes de la entrada de un nuevo inversor – permite articular el pacto cuando todos los socios tienen incentivos alineados para llegar a un acuerdo razonable. Ese momento de alineación no dura indefinidamente.
No existe un momento en el que sea "demasiado tarde" para pactar. Pero el coste de negociación se incrementa a medida que los intereses divergen. Un pacto negociado cuando ya existe un conflicto latente es, en gran medida, un intento de resolución del conflicto, no de prevención. Los socios llegan a la mesa con posiciones más rígidas y con menor disposición a conceder en puntos que, en el momento fundacional, habrían aceptado sin mayor debate.
La ventana óptima es la constitución de la sociedad o la entrada de un nuevo socio. La segunda mejor opción es el inicio de un nuevo proyecto significativo dentro de una sociedad ya existente. Cualquier momento posterior implica un mayor coste de negociación.
En el sector inmobiliario, es habitual articular la inversión a través de una sociedad holding que participa en varias sociedades vehículo de proyecto. Esta estructura tiene ventajas fiscales y de gestión, pero también implica que el pacto de socios debe operar en dos niveles: el de la holding y el de cada vehículo.
El diseño del pacto debe ser coherente con la estructura fiscal del grupo. La normativa tributaria española, en particular la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el régimen de consolidación fiscal, ofrece mecanismos que pueden optimizar la tributación de los dividendos y de las plusvalías entre sociedades del mismo grupo. Pero esos mecanismos tienen requisitos de participación y de plazo que deben respetarse. Un pacto que permite la salida de un socio sin considerar el impacto fiscal de esa salida puede generar una tributación no prevista que erosione el precio de venta.
La coordinación entre el asesoramiento jurídico societario y el fiscal es, en este tipo de operaciones, una condición necesaria. No optativa.
Puede profundizar en cómo articulamos el asesoramiento societario integrado con el fiscal en nuestra página de práctica de Derecho societario y operaciones.
La desinversión es el momento de la verdad de cualquier pacto de socios. Es cuando se comprueba si las cláusulas negociadas años antes son ejecutables en las condiciones de mercado del momento de la salida.
Hemos acompañado operaciones de desinversión en las que el pacto facilitó el proceso: los mecanismos de valoración estaban definidos, el árbitro designado era reconocido por ambas partes y los plazos de ejercicio de los derechos de preferencia estaban claros. La operación se cerró en el plazo previsto.
Y hemos visto el escenario opuesto: un pacto redactado con ambigüedades deliberadas para evitar el conflicto en el momento de la negociación, que se convierte en fuente de litigio en el momento de la ejecución. Cuando las partes no se ponen de acuerdo en la interpretación de una cláusula de valoración, la disputa puede durar años y consumir una parte relevante del valor del activo.
La lección es sencilla: la ambigüedad en un pacto de socios no es neutralidad. Es un coste diferido. Y en el sector inmobiliario, con activos de larga duración y ciclos de mercado que pueden girar radicalmente, ese coste diferido puede ser muy elevado.
Si su empresa está evaluando la entrada de un nuevo inversor o la desinversión de un proyecto, el análisis sobre el pacto de socios en el sector agroalimentario que hemos publicado en nuestra web contiene reflexiones sobre mecanismos de salida que son igualmente aplicables al sector inmobiliario: puede consultarlo en nuestro análisis sobre el pacto de socios en el sector agroalimentario.
Un pacto de socios en una promotora, constructora o sociedad vehículo de proyecto debería, como mínimo, abordar los siguientes aspectos. No todos los proyectos requieren la misma complejidad, pero todos deben haber valorado conscientemente cada punto.
La elección entre arbitraje y litigación ordinaria merece un comentario propio. El arbitraje ofrece confidencialidad, que en el sector inmobiliario tiene un valor particular: los conflictos entre socios de una promotora pueden afectar a la confianza de compradores, financiadores y administraciones. La litigación ante los juzgados de lo mercantil es pública. El arbitraje, no. Además, el arbitraje permite designar árbitros con conocimiento específico del sector, algo difícil de garantizar en la jurisdicción ordinaria.
La Ley de Arbitraje y la práctica del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) ofrecen un marco sólido para resolver estas disputas. Pero el arbitraje solo funciona si se ha pactado expresamente y de forma suficientemente detallada. Una cláusula arbitral genérica puede ser inoperante si no especifica la institución, las reglas y el número de árbitros.
Para las empresas que operan en el eje del corredor del Ebro o en el mercado logístico e industrial aragonés, puede ser relevante conocer el enfoque que aplicamos en operaciones societarias con componente inmobiliario en esa geografía; encontrará información adicional en nuestra página de práctica societaria en Zaragoza.
El asesoramiento en materia de pactos de socios para el sector inmobiliario y constructor se integra de forma natural con otras prácticas de la firma. Las operaciones de compraventa de empresa y los procesos de diligencia debida (due diligence) requieren una perspectiva societaria, fiscal y, en algunos casos, laboral que debe coordinarse desde el inicio. Asimismo, la reestructuración de una sociedad promotora con tensiones de liquidez puede plantear cuestiones que conectan con el ámbito concursal y con la normativa de protección de datos si la sociedad gestiona bases de clientes o sistemas de información sensibles.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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