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Inmobiliario, urbanismo e inversión extranjera

Inmobiliario y construcción: la SOCIMI como vehículo de inversión: análisis para empresas

Por Andrés Vergara, Colaborador · Inmobiliario, societario e inversión (FDI)Actualizado:

La consolidación del mercado inmobiliario español en los últimos ejercicios ha intensificado el interés de grupos industriales, family offices y fondos de capital extranjero por estructuras que combinen eficiencia fiscal, liquidez y gestión profesional de activos. La Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) ocupa hoy un lugar central en esa conversación. No obstante, la oportunidad que representa este vehículo es, con demasiada frecuencia, subestimada o, en el extremo opuesto, idealizada sin comprender sus exigencias operativas y regulatorias.

En breve: La SOCIMI como vehículo de inversión en el sector inmobiliario y de construcción permite acceder a un régimen fiscal especialmente favorable a cambio de cumplir requisitos estrictos de cotización, distribución de dividendos, diversificación de activos y horizonte de tenencia. La normativa tributaria y societaria aplicable exige una planificación previa rigurosa: sin ella, los beneficios del régimen pueden quedar neutralizados por sanciones, exclusiones o ineficiencias en la estructura.

Qué es una SOCIMI y por qué el sector inmobiliario la considera un vehículo estratégico

La SOCIMI es una forma societaria regulada en la legislación tributaria española, diseñada para canalizar inversión colectiva hacia el mercado inmobiliario en arrendamiento. Su régimen es análogo, en estructura, a los Real Estate Investment Trusts (REIT) presentes en mercados como el anglosajón o el alemán, aunque con particularidades propias del ordenamiento español.

El atractivo principal reside en su régimen de tributación en el Impuesto sobre Sociedades. Bajo determinadas condiciones, la SOCIMI tributa a un tipo del cero por ciento sobre la base imponible general, trasladando la carga fiscal al inversor final en sede del reparto de dividendos. Este diferimiento y redistribución del coste fiscal es el elemento que justifica, en términos financieros, la complejidad operativa que el vehículo lleva asociada.

Dicho esto, la SOCIMI no es un instrumento para cualquier inversor inmobiliario. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, observamos que la estructura resulta especialmente adecuada para portfolios de activos en arrendamiento con cierto volumen y estabilidad de rentas. La empresa que plantea una sola adquisición puntual o un desarrollo residencial para venta directa probablemente encontrará en otras estructuras societarias una solución más eficiente y menos gravosa en términos de cumplimiento.

¿Cuándo, entonces, merece la pena evaluar seriamente la SOCIMI? La respuesta depende de tres variables: el volumen del portfolio, la vocación de permanencia en el arrendamiento y la capacidad de la dirección para asumir las obligaciones de cotización y gobierno corporativo que el régimen impone.

Marco normativo aplicable: lo que la empresa debe conocer antes de constituir la sociedad

El régimen de la SOCIMI se articula en torno a la legislación tributaria específica que regula este tipo de entidades en España, complementada por la normativa societaria general de la Ley de Sociedades de Capital y las exigencias de la normativa del mercado de valores para la admisión a cotización.

Los requisitos estructurales fundamentales son los siguientes:

  • Objeto social: la sociedad debe tener como actividad principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. También puede participar en otras SOCIMI u organismos de inversión colectiva similares.
  • Cotización obligatoria: las acciones deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación (SMN) español o europeo. En España, el mercado BME Growth (antes MARF/MAB) ha sido el destino habitual de las SOCIMI de menor tamaño.
  • Capital social mínimo: la normativa exige un capital social mínimo de cinco millones de euros, lo que ya de partida distingue a la SOCIMI de estructuras societarias más accesibles.
  • Diversificación de activos: el número mínimo de inmuebles y la composición del portfolio están regulados. No es posible constituir una SOCIMI sobre un único activo sin riesgo de incumplimiento.
  • Periodo de tenencia mínima: los inmuebles arrendados deben mantenerse en el portfolio durante un plazo mínimo que fija la legislación. Para los inmuebles adquiridos para arrendamiento, el plazo general es de tres años. Para los promovidos directamente, el plazo se amplía a siete años. El incumplimiento activa la pérdida del régimen especial para ese activo.
  • Distribución obligatoria de dividendos: la SOCIMI está obligada a distribuir a sus accionistas un porcentaje mínimo de las rentas obtenidas. La legislación exige distribuir al menos el ochenta por ciento de los beneficios procedentes del arrendamiento, el cincuenta por ciento de los derivados de la transmisión de inmuebles y participaciones, y el cien por ciento de los dividendos procedentes de las participadas SOCIMI o entidades análogas.

Estas obligaciones de distribución son quizá el elemento más significativo para la dirección financiera de la empresa promotora. Implican que la SOCIMI no puede retener libremente sus resultados para reinvertirlos: el flujo de caja debe planificarse con esta obligación de reparto como variable central.

¿Qué ventajas fiscales ofrece realmente el régimen SOCIMI?

La ventaja principal, ya mencionada, es el tipo del cero por ciento en el Impuesto sobre Sociedades para la base imponible general. Sin embargo, existen matices relevantes que la empresa debe conocer antes de asumir que el régimen es, sin más, un escudo fiscal.

En primer lugar, existe un gravamen especial del diecinueve por ciento sobre los dividendos distribuidos a accionistas que, en sede propia, tributen a un tipo inferior al diez por ciento. Esta regla, introducida para evitar el uso de la SOCIMI como estructura de planificación fiscal agresiva por parte de inversores en jurisdicciones de baja tributación, puede afectar significativamente a determinadas estructuras de capital extranjero. La composición del accionariado, por tanto, no es un detalle secundario: es una variable fiscal de primer orden.

En segundo lugar, el régimen especial coexiste con la tributación ordinaria para las actividades que no encajan en el objeto propio de la SOCIMI. Si la sociedad desarrolla actividades accesorias que superen los límites permitidos por la norma, la parte proporcional de ingresos tributa al tipo general del Impuesto sobre Sociedades, que es el veinticinco por ciento con carácter general.

En nuestra práctica, hemos observado que la separación contable y operativa de las actividades propias y ajenas al objeto SOCIMI es uno de los puntos de mayor fricción en la gestión cotidiana. Las empresas que no la implementan desde el inicio generan contingencias fiscales difíciles de corregir a posteriori.

La legislación también contempla la posibilidad de que la SOCIMI actúe como entidad dominante de un grupo. En ese caso, el régimen fiscal puede extenderse a las entidades participadas que cumplan determinados requisitos. Esta estructura en cascada es especialmente utilizada por grupos empresariales que desean aislar distintos portfolios o geografías dentro de una misma estructura consolidada.

Due diligence y planificación previa: las decisiones que no admiten demora

Una de las creencias más extendidas entre los promotores e inversores que se acercan a la SOCIMI por primera vez es que la inscripción registral de los inmuebles garantiza la seguridad de la operación. Esta creencia es incorrecta y, en ocasiones, costosa.

La inscripción en el Registro de la Propiedad acredita la titularidad y las cargas formales del activo, pero no garantiza la regularidad urbanística, la ausencia de contaminación del suelo, la vigencia de las licencias de actividad, la corrección de las superficies declaradas ni la ausencia de arrendatarios con derechos de adquisición preferente. En operaciones de activos en explotación, cualquiera de estos elementos puede reducir significativamente el valor del activo o, en el peor caso, impedir su integración en el portfolio de la SOCIMI sin un saneamiento previo.

La diligencia debida (due diligence) inmobiliaria completa para una operación de esta naturaleza abarca al menos cuatro dimensiones:

  1. Dimensión registral y notarial: verificación de titularidades, cargas, hipotecas, servidumbres, afecciones fiscales y anotaciones de embargo.
  2. Dimensión urbanística: comprobación de la calificación del suelo, la licencia de primera ocupación o equivalente, el estado de los expedientes de disciplina urbanística y la compatibilidad del uso actual con el planeamiento vigente.
  3. Dimensión arrendaticia: análisis de los contratos de arrendamiento en vigor, sus condiciones, plazos de vencimiento, opciones de prórroga, rentas actualizables y posibles derechos de tanteo o retracto de los arrendatarios actuales.
  4. Dimensión técnica y medioambiental: estado estructural del inmueble, instalaciones, certificación energética, posible presencia de materiales contaminantes o suelos con pasivos ambientales, especialmente en activos industriales o logísticos.

Para una SOCIMI en fase de constitución, la due diligence no se limita a los activos ya adquiridos: debe extenderse a los activos que se prevé incorporar en los primeros meses de actividad, puesto que el cumplimiento de los requisitos de diversificación y de periodo de tenencia empieza a computarse desde la fecha de incorporación efectiva al portfolio.

Hemos estructurado operaciones inmobiliarias y de inversión extranjera en oficinas, suelo y activos hoteleros en las que la detección temprana de irregularidades urbanísticas o arrendaticias ha permitido renegociar el precio o exigir garantías de saneamiento al transmitente, evitando que el problema se trasladara a la estructura SOCIMI ya constituida.

¿Cómo afecta el urbanismo y las licencias de actividad a la SOCIMI?

El régimen urbanístico es, junto con la fiscalidad, el área de mayor riesgo en la gestión de un portfolio SOCIMI. La razón es estructural: la SOCIMI debe mantener sus activos en arrendamiento durante plazos prolongados, lo que la expone a cambios en el planeamiento urbanístico, a procedimientos de restablecimiento de la legalidad y a la evolución de la normativa de actividades.

Un activo cuya licencia de actividad no está correctamente otorgada o cuya situación urbanística es irregular puede generar obligaciones de legalización costosas, órdenes de cese de actividad o, en casos extremos, obligaciones de demolición o restitución. Ninguno de estos escenarios es compatible con la estabilidad de rentas que la SOCIMI necesita para cumplir sus obligaciones de distribución.

La gestión de licencias urbanísticas de actividad en el contexto de un portfolio SOCIMI exige un seguimiento continuo, no solo en el momento de la adquisición. Los cambios de uso de los arrendatarios, las obras de adaptación o mejora del inmueble, la caducidad de licencias existentes o las modificaciones del planeamiento municipal pueden afectar a activos que, en el momento de la adquisición, estaban en situación regular. Puede ampliar este análisis en nuestra guía sobre gestión de licencias urbanísticas de actividad.

En el ámbito de la construcción, la SOCIMI que decide promover directamente activos en lugar de adquirirlos en el mercado secundario asume riesgos adicionales. El plazo de tenencia mínima se amplía significativamente, como se indicó antes, y el proceso de promoción incorpora riesgos propios del sector: desviaciones de costes, retrasos en la entrega, litigios con contratistas y subcontratistas, y dificultades en la obtención de la licencia de primera ocupación.

¿Cuándo conviene la SOCIMI frente a otras estructuras de inversión inmobiliaria?

La decisión de optar por la SOCIMI frente a estructuras alternativas como la sociedad patrimonial, el fondo de inversión inmobiliaria (FII) o la sociedad anónima convencional depende de varios factores que la dirección debe ponderar cuidadosamente.

La sociedad patrimonial es la alternativa más simple y flexible para la gestión de activos inmobiliarios en arrendamiento. No exige cotización ni distribución obligatoria de dividendos. Sin embargo, tributa al tipo general del Impuesto sobre Sociedades sin las ventajas del régimen especial SOCIMI. Para portfolios de menor tamaño o estructuras familiares con baja necesidad de liquidez externa, puede ser la opción más adecuada.

El fondo de inversión inmobiliaria (FII) ofrece ventajas en términos de régimen fiscal y de protección del inversor, pero su estructura es más rígida en cuanto a gestión y requiere la intervención de una sociedad gestora autorizada. La SOCIMI, en cambio, permite a la dirección de la empresa promotora retener el control operativo del vehículo.

La siguiente tabla resume los criterios principales de decisión entre los tres vehículos más habituales:

Criterio SOCIMI Sociedad patrimonial FII (Fondo de inversión inmobiliaria)
Tipo IS sobre rentas de arrendamiento 0 % (régimen especial) 25 % (tipo general) 1 % (régimen especial de IIC)
Cotización obligatoria Sí (mercado regulado o SMN) No No (participaciones no cotizadas en bolsa)
Distribución mínima de resultados Sí (porcentajes legalmente fijados) No Sí (normativa de IIC)
Capital mínimo 5.000.000 euros Sin mínimo específico (SA: 60.000 €; SL: 1 €) 9.000.000 euros
Gestión operativa La propia empresa La propia empresa Sociedad gestora autorizada
Periodo mínimo de tenencia de activos 3 años (arrendamiento) / 7 años (promoción) Sin restricción Variable según política del fondo
Complejidad regulatoria Alta Baja Muy alta
Idoneidad para inversión extranjera Alta (cotización facilita la entrada/salida) Media Media-alta

La cotización en un mercado organizado es, simultáneamente, la mayor ventaja y el mayor condicionante de la SOCIMI. Facilita la entrada y salida de inversores, aporta transparencia y puede ser un atractivo diferencial para la inversión extranjera en España. Pero impone obligaciones de información periódica, gobierno corporativo y cumplimiento de normativa de mercado de valores que muchas empresas de tamaño medio no están preparadas para asumir sin apoyo especializado.

Inversión extranjera y SOCIMI: oportunidades y controles regulatorios

España ha sido, en los últimos años, un destino relevante para la inversión inmobiliaria de capital extranjero. Fondos institucionales, family offices internacionales y vehículos de inversión de origen europeo, norteamericano y del Golfo Pérsico han encontrado en el mercado español una combinación atractiva de rentabilidad, profundidad de mercado y seguridad jurídica relativa.

La SOCIMI, por su estructura cotizada, es uno de los vehículos preferidos por estos inversores para acceder al mercado español de manera ordenada y con visibilidad sobre la fiscalidad aplicable. Sin embargo, la inversión extranjera directa en España está sujeta a un régimen de control y autorización previa para determinados sectores estratégicos, cuya aplicación ha sido ampliada en los últimos años.

El control de inversiones extranjeras directas puede afectar a las adquisiciones de activos inmobiliarios cuando el inversor procede de fuera de la Unión Europea o cuando la operación supera determinados umbrales. La empresa que pretende constituir o participar en una SOCIMI con capital extranjero debe verificar, antes de formalizar cualquier compromiso, si la operación está sujeta a autorización previa. El incumplimiento de esta obligación puede generar consecuencias graves, incluyendo la nulidad de la operación.

Coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente cuando la estructura de inversión implica partícipes de fuera del espacio europeo o cuando los activos del portfolio están distribuidos en varias jurisdicciones. La dimensión transfronteriza no es un añadido: es parte del análisis desde el primer momento. Puede consultar nuestra área de práctica en inmobiliario e inversión extranjera para una visión completa del servicio.

En materia de fiscalidad internacional, el inversor extranjero que participa en una SOCIMI española debe analizar el tratamiento en su jurisdicción de residencia de los dividendos distribuidos por la sociedad. Los convenios de doble imposición suscritos por España pueden reducir la retención en origen aplicable a esos dividendos, pero la aplicación del convenio requiere cumplir los requisitos de acreditación de residencia fiscal y, en algunos casos, superar los umbrales de participación exigidos para acceder al tipo reducido.

El arrendamiento comercial como núcleo del portfolio: gestión y riesgos

El arrendamiento comercial constituye la columna vertebral de la mayoría de los portfolios SOCIMI en España. Oficinas, locales en centros comerciales, naves logísticas, activos hoteleros en régimen de arrendamiento de explotación y residencias especializadas (estudiantes, mayores, sanitarias) son las tipologías más frecuentes.

La gestión de un portfolio de arrendamiento comercial presenta riesgos específicos que la dirección de la SOCIMI debe controlar de forma sistemática:

  • Concentración de inquilinos: un portfolio con pocos arrendatarios de gran tamaño reduce la diversificación de ingresos. La pérdida de un arrendatario principal puede generar una caída de rentas que comprometa el cumplimiento de las obligaciones de distribución.
  • Vencimiento y renovación de contratos: la gestión proactiva de los vencimientos contractuales es esencial. Un escalonamiento inadecuado de los vencimientos puede crear picos de vacancia difíciles de absorber.
  • Actualización de rentas: los contratos de arrendamiento comercial suelen incluir cláusulas de revisión vinculadas a índices de precios. La empresa debe comprobar que las cláusulas de actualización son ejecutables conforme a la legislación vigente y que no han sido desplazadas por normativa sobrevenida.
  • Garantías del arrendatario: depósitos, avales bancarios y garantías personales protegen a la SOCIMI frente al impago. Su adecuación al perfil de riesgo del arrendatario debe revisarse en cada renovación.
  • Cláusulas de uso y cesión: los contratos de arrendamiento comercial a largo plazo suelen incluir restricciones de uso y limitaciones a la cesión o subarrendamiento. Su correcta redacción desde el inicio evita conflictos futuros que pueden paralizar la gestión del activo.

En nuestra experiencia, los conflictos arrendaticios más frecuentes en portfolios de empresa no derivan del impago puntual, que suele estar cubierto por garantías, sino de discrepancias sobre el alcance de las obras de adaptación, la responsabilidad por reparaciones y el estado del activo a la devolución. Un contrato bien redactado y una due diligence del estado del activo en el momento de la firma son las herramientas más eficaces para prevenir esta litigiosidad.

Cumplimiento continuo: las obligaciones que la SOCIMI no puede olvidar

El régimen SOCIMI no es de aplicación automática e indefinida. La sociedad debe cumplir los requisitos del régimen de forma continuada. El incumplimiento sobrevenido puede activar la exclusión del régimen especial, con efectos retroactivos en determinados supuestos.

Las obligaciones de cumplimiento continuo más relevantes son:

  • Mantenimiento de la admisión a cotización en todo momento.
  • Cumplimiento de los porcentajes mínimos de distribución en cada ejercicio en que se obtengan beneficios distribuibles.
  • Control del nivel de endeudamiento: la normativa establece límites a la financiación ajena en relación con el activo total.
  • Verificación periódica del cumplimiento de los periodos mínimos de tenencia de cada activo del portfolio.
  • Presentación de las comunicaciones e información periódica exigida por la normativa del mercado de valores.
  • Mantenimiento de la composición del objeto social dentro de los límites permitidos.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) presta especial atención al cumplimiento de los requisitos de distribución y a la correcta separación de rentas propias e impropias del régimen. En los procedimientos de comprobación de SOCIMI, los aspectos que con mayor frecuencia generan regularizaciones son la calificación de determinados ingresos como ajenos al objeto propio y el tratamiento fiscal de las transmisiones de inmuebles que no han completado el periodo mínimo de tenencia.

¿Es posible recuperar el régimen especial una vez excluido? La legislación establece condiciones para la rehabilitación del régimen, pero el proceso no es automático y puede implicar un período de tributación ordinaria con un coste significativo. La prevención es, en este ámbito, incomparablemente más eficiente que el remedio.

Asesoramiento jurídico y fiscal temprano: por qué el coste de la prevención es menor que el del error

La estructura de una SOCIMI requiere decisiones que se toman, en gran parte, antes de la constitución de la sociedad. La elección del mercado de cotización, la composición del accionariado inicial, la selección y valoración de los activos a aportar, la estructura de financiación y el diseño de los contratos de arrendamiento son todas variables que determinan, a largo plazo, la eficiencia del vehículo y la exposición al riesgo regulatorio.

El asesoramiento jurídico y fiscal temprano no es un gasto: es la diferencia entre un vehículo que funciona como se diseñó y uno que genera fricción constante entre sus obligaciones legales y su operativa real. Asesoramos con frecuencia a empresas que han llegado a nosotros después de constituir una SOCIMI sin el apoyo adecuado, enfrentando problemas de cumplimiento que habrían sido evitables con una planificación de pocas semanas.

Los tres momentos críticos en los que el asesoramiento tiene mayor impacto son: la fase de diseño de la estructura (antes de la constitución), la fase de incorporación de activos al portfolio (especialmente en los primeros dos ejercicios, cuando la composición del activo se está consolidando) y la fase de primera comprobación tributaria, en la que una documentación rigurosa y un cumplimiento trazable son los mejores argumentos frente a la AEAT.

En el contexto de la inversión extranjera en España, la coordinación entre el asesoramiento local y el análisis de la estructura de capital en la jurisdicción del inversor es, además, un requisito de eficiencia que no puede improvisarse. Los aspectos relacionados con la financiación de startups y la estructuración de vehículos de inversión presentan dinámicas similares en cuanto a la necesidad de planificación temprana, tal como se analiza en nuestro análisis sobre startups y venture capital.

Checklist ejecutivo: lo que la dirección debe verificar antes de apostar por la SOCIMI

A modo de síntesis operativa, presentamos los puntos que la dirección debe revisar antes de comprometerse con la estructura SOCIMI:

  • ¿El portfolio actual o proyectado supera el umbral de activos necesario para cumplir el requisito de diversificación?
  • ¿La vocación de la empresa es el arrendamiento a largo plazo, o hay planes de venta de activos en el corto-medio plazo que puedan comprometer los periodos mínimos de tenencia?
  • ¿La estructura de accionariado es compatible con el gravamen especial sobre dividendos distribuidos a accionistas de baja tributación?
  • ¿Existe capacidad operativa para asumir las obligaciones de cotización, información periódica y gobierno corporativo que el mercado de valores exige?
  • ¿Se ha realizado una due diligence completa (registral, urbanística, arrendaticia y técnica) sobre cada activo previsto para el portfolio inicial?
  • ¿Las licencias de actividad de los activos en explotación están en situación regular y son compatibles con el uso previsto en el contrato de arrendamiento?
  • ¿Se ha analizado el impacto del régimen de control de inversiones extranjeras directas si el accionariado incluye inversores no comunitarios?
  • ¿Existe un plan de cumplimiento continuo que cubra los requisitos de distribución, composición del activo y periodos de tenencia durante toda la vida del vehículo?

Si la respuesta a alguno de estos puntos es negativa o incierta, el paso previo a cualquier decisión es obtener un análisis jurídico y fiscal específico de la situación concreta. La complejidad del régimen SOCIMI no es un obstáculo insalvable, pero sí exige rigor en la preparación.

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La estructuración de una SOCIMI conecta de forma directa con otras áreas de la práctica de la empresa inversora. La dimensión fiscal del vehículo exige una coordinación estrecha con el área de Fiscal y tributario, especialmente en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, los precios de transferencia en estructuras de grupo y la fiscalidad de la inversión extranjera. Por otro lado, la dimensión societaria de la constitución, la gestión del accionariado y la política de distribución de dividendos requiere el soporte de la práctica de Derecho societario y operaciones, que también interviene en las operaciones de incorporación o desinversión de activos mediante compraventa de sociedades o fusiones.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica la SOCIMI como vehículo de inversión para una empresa?
La SOCIMI permite a una empresa canalizar su inversión inmobiliaria hacia un régimen fiscal favorecido, con tributación a tipo cero en el Impuesto sobre Sociedades sobre las rentas de arrendamiento, a cambio de cumplir requisitos de cotización, capital mínimo de cinco millones de euros, diversificación de activos, periodos mínimos de tenencia y distribución obligatoria de dividendos. Implica asumir un nivel de complejidad regulatoria y de gobierno corporativo significativamente superior al de una sociedad patrimonial convencional.
¿Qué plazos y costes conlleva la SOCIMI como vehículo de inversión?
Los plazos más relevantes son los periodos mínimos de tenencia de activos: tres años para inmuebles adquiridos en arrendamiento y siete años para los promovidos directamente. La obligación de distribución de dividendos opera en cada ejercicio con beneficios. El proceso de constitución y admisión a cotización lleva varios meses de trabajo preparatorio. Los costes incluyen los de constitución societaria, los de admisión al mercado, los de due diligence de los activos y los de cumplimiento normativo continuo. Conviene verificar cada partida con la normativa vigente y con el asesor específico del proyecto.
¿Qué riesgos hay que evitar en la SOCIMI como vehículo de inversión?
Los riesgos principales son: la exclusión del régimen especial por incumplimiento de los requisitos de distribución o tenencia; la aplicación del gravamen especial del diecinueve por ciento si hay accionistas con tributación reducida; las contingencias derivadas de activos con irregularidades urbanísticas o arrendaticias no detectadas en la due diligence; la concentración excesiva de inquilinos; y la falta de capacidad para asumir las obligaciones de información y gobierno corporativo del mercado de valores.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en la SOCIMI como vehículo de inversión?
El asesoramiento es más valioso antes de comprometerse con la estructura, durante el diseño del vehículo y la selección de activos. La incorporación tardía de asesoramiento jurídico y fiscal genera mayores costes de corrección. Los momentos críticos son: el diseño inicial de la estructura, la incorporación de activos en los primeros ejercicios y el primer procedimiento de comprobación tributaria. En operaciones con inversión extranjera directa, el análisis debe iniciarse antes de cualquier compromiso formal.

Análisis elaborado por Andrés Vergara, Colaborador · Inmobiliario, societario e inversión (FDI), Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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