El valor de una startup de inteligencia artificial (IA) no reside en sus oficinas ni en su plantilla inicial. Reside en el código, los modelos entrenados, los datos y la marca que la diferencian. Sin embargo, en nuestra experiencia asesorando a compañías tecnológicas en España, la propiedad sobre ese activo raramente está clara en el momento en que un inversor de venture capital (VC) entra en el accionariado. Ese momento de ambigüedad es, con frecuencia, el más costoso.
La propiedad intelectual en España se regula por una legislación que distingue, con claridad, entre la obra protegida por derechos de autor y la invención patentable. Ambas categorías fueron diseñadas pensando en el creador humano. La irrupción de la IA generativa obliga a replantear esa distinción desde la base.
Cuando un modelo de lenguaje o una red neuronal produce un texto, un fragmento de código o una imagen, la pregunta jurídica es inmediata: ¿quién es el titular? La legislación vigente en España no reconoce personalidad jurídica a la IA. Por tanto, el titular solo puede ser la persona física o jurídica que realizó la aportación creativa humana sustancial. Si esa aportación es mínima o inexistente, el resultado puede carecer de protección por derechos de autor.
Para la startup, esto tiene dos consecuencias prácticas. Primera: el código que el equipo fundador ha escrito con asistencia de herramientas de IA puede no estar protegido de forma íntegra si no se documenta la contribución humana a cada módulo relevante. Segunda: si el modelo de IA en sí mismo es el producto principal de la compañía, la vía del secreto empresarial – protección del conocimiento no divulgado – puede resultar más eficaz que la vía de la patente o del derecho de autor, al menos en la fase inicial.
La Ley de Patentes permite proteger invenciones técnicas que sean nuevas, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Un modelo de IA puede, en ciertos casos, ser patentable si resuelve un problema técnico de forma técnica y no se limita a implementar un método matemático puro. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tramita las solicitudes nacionales; para protección en la Unión Europea, la vía del sistema de patente unitaria o de la Oficina Europea de Patentes (EPO) resulta generalmente más eficiente.
En cuanto a la marca, el error más extendido entre los fundadores de startups es creer que con tener la marca registrada en España ya está todo protegido. La realidad es más compleja. Un registro nacional ante la OEPM protege el signo en el territorio español, pero no en los mercados donde la compañía pretende escalar. Para una startup con vocación europea o global, el registro de marca de la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, es el instrumento estándar. Cubre los veintisiete Estados miembros con una sola solicitud y un único expediente. Conviene iniciar ese proceso antes de captar la ronda de financiación, porque el inversor lo exigirá y los plazos de registro no se pueden comprimir.
La duración de la protección varía según el instrumento: la marca se protege por diez años renovables, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, mientras que la patente otorga protección por veinte años no renovables desde la fecha de solicitud. Estos plazos condicionan la estrategia de activos de la empresa desde el primer día.
Esta es la pregunta que con mayor frecuencia paraliza las negociaciones de inversión en compañías de IA. Y es también la que se habría podido resolver con una documentación contractual básica, firmada antes de que el problema emergiera.
La normativa laboral española establece que las creaciones de los empleados realizadas en el ejercicio de sus funciones pertenecen, en principio, al empleador, siempre que así se haya pactado o resulte de la naturaleza del trabajo. Pero ese marco opera bien cuando el empleado crea algo claramente identificable. Cuando el trabajo implica entrenar modelos, afinar parámetros o supervisar la generación automática de contenido, la cadena de titularidad se vuelve difusa si los contratos no son específicos.
El problema se agrava con los colaboradores externos. Un desarrollador contratado como autónomo que construye el núcleo de un modelo de IA para una startup retiene, por defecto, los derechos sobre su creación si el contrato no transfiere expresamente esos derechos a la empresa. En nuestra práctica, hemos observado que muchas startups tecnológicas descubren esta laguna durante la fase de diligencia previa a una ronda de financiación, cuando ya no es sencillo localizar a los colaboradores originales ni negociar en condiciones de igualdad.
La solución no es compleja, pero debe ser temprana. Cada contrato con un empleado, colaborador, consultor o proveedor tecnológico debe incluir una cláusula explícita de cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial. Esa cesión debe ser específica, no genérica, e identificar el tipo de creaciones que se transfieren. El contrato de licencia, en su caso, debe delimitar el alcance territorial, la exclusividad y la duración.
¿Qué ocurre cuando el proveedor externo es, a su vez, un sistema de IA de tercero? Aquí aparece una capa adicional de riesgo. Las condiciones de uso de los modelos de IA más utilizados en el mercado suelen restringir el uso comercial de los outputs, reservar ciertos derechos al proveedor o limitar el entrenamiento de modelos derivados. Una startup que construye su producto sobre un modelo de IA cuyas condiciones de licencia no ha analizado con detenimiento puede estar levantando un intangible que no le pertenece del todo.
El calendario de una startup tecnológica en fase de captación de inversión está dominado por las exigencias del inversor. La due diligence de PI es hoy una parte estándar de cualquier proceso de inversión VC en España. El inversor examina si la empresa es titular efectiva de los activos que sustentan su valoración. Si encuentra lagunas, negocia a la baja o condiciona el cierre a la regularización previa.
Hay tres momentos en los que la titularidad de la PI se vuelve crítica:
Más allá de estos tres momentos, existe una decisión de fondo que la dirección debe tomar de forma consciente: ¿qué proteger con registro y qué proteger como secreto empresarial? No todo activo intangible de una empresa de IA es registrable ni conviene registrarlo. La publicación que conlleva la solicitud de patente revela el contenido técnico al mercado. Para ciertos tipos de modelos o arquitecturas, mantener el conocimiento como secreto empresarial – con los controles de acceso y las obligaciones de confidencialidad adecuados – puede ser estratégicamente más valioso.
El secreto empresarial, reconocido en la normativa española de transposición de la Directiva europea sobre secretos comerciales, protege información que sea secreta, que tenga valor comercial precisamente por serlo y que la empresa haya adoptado medidas razonables para mantenerla reservada. Esta última condición es la que con mayor frecuencia se incumple: no basta con que la información no se haya divulgado; hace falta documentar activamente los controles implementados.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales que llegaron a nosotros en momentos de tensión – justo antes de una ronda o ante la presión de un competidor que había lanzado un producto similar. En todos los casos, la intervención temprana habría reducido de forma significativa el coste y la incertidumbre del proceso.
La OEPM y la Oficina Europea de Patentes han desarrollado criterios específicos para evaluar la patentabilidad de invenciones implementadas por ordenador. El principio general es que el software como tal no es patentable, pero una invención técnica que utiliza software para resolver un problema técnico sí puede serlo.
Cuando el producto de la startup es un modelo de IA que optimiza un proceso industrial, mejora un diagnóstico médico o reduce el consumo energético de una instalación, la argumentación técnica ante la OEPM puede ser sólida. La clave está en formular la solicitud centrándose en el efecto técnico, no en el algoritmo abstracto.
El diseño de esa estrategia de solicitud requiere criterio jurídico y técnico combinado. Una solicitud mal formulada puede dar lugar a una patente de alcance tan estrecho que no proteja realmente el núcleo del negocio, o puede ser rechazada por la oficina por falta de carácter técnico. En ambos casos, la empresa habrá invertido tiempo y recursos en un proceso que no le aporta valor real.
Para el inversor de VC, una patente – aunque sea de alcance limitado – tiene un valor en el proceso de negociación que va más allá de su efecto jurídico estricto. Señala que la empresa ha cristalizado su innovación en un derecho registrado y que ha sometido su tecnología al escrutinio de una autoridad pública. Ese efecto de señalización es relevante, pero no sustituye a una estrategia coherente de PI.
Cabe también considerar el diseño industrial, que puede ser relevante cuando el producto de la startup tiene una interfaz de usuario diferenciada o una apariencia visual protegible. La duración de la protección del diseño industrial puede extenderse hasta veinticinco años, mediante renovaciones por quinquenios, lo que lo convierte en un activo de largo recorrido para marcas de software con identidad visual fuerte.
Los fondos de venture capital que invierten en España exigen, con carácter habitual, que la empresa presente un mapa de activos de PI antes del cierre de la operación. Ese mapa incluye los registros en vigor, las solicitudes en trámite, los contratos de licencia activos, los acuerdos de confidencialidad suscritos con empleados y proveedores, y los litigios o reclamaciones pendientes.
¿Qué sucede cuando ese mapa no existe o está incompleto? El inversor dispone de varias alternativas: puede exigir la regularización como condición precedente al cierre, puede reducir la valoración para reflejar el riesgo, puede exigir representaciones y garantías de los fundadores con responsabilidad personal, o puede abandonar la operación. Ninguna de estas alternativas es favorable para la startup.
En los procesos de inversión más estructurados, el inversor puede también exigir que la empresa suscriba un seguro de riesgo de PI, o que deposite parte de la inversión en un escrow hasta que se acredite la regularización de los activos. Estas condiciones son cada vez más frecuentes en operaciones de tamaño mediano.
Desde la perspectiva del fundador, el momento óptimo para construir el mapa de PI no es cuando el inversor lo exige, sino antes de iniciar el proceso de captación. Un análisis previo permite identificar lagunas con tiempo suficiente para subsanarlas, negociar desde una posición de fortaleza y evitar las sorpresas que obligan a paralizar negociaciones avanzadas.
La práctica de propiedad intelectual y tecnología de Velarde & Vidal trabaja con regularidad en este tipo de auditorías previas a la inversión, estructurando el mapa de activos y diseñando la estrategia de protección en función del estadio de la compañía y del mercado al que se dirige.
El contrato de licencia es el instrumento mediante el cual una empresa permite a un tercero utilizar sus activos de PI sin ceder la titularidad. En el ecosistema de startups de IA, los contratos de licencia aparecen en múltiples relaciones: entre la startup y sus clientes, entre la startup y sus socios tecnológicos, entre la startup y los titulares de modelos o datos de terceros que utiliza en su producto.
Las cláusulas que determinan quién controla el intangible son, en nuestra experiencia, las siguientes:
Para la startup que licencia su tecnología a clientes empresariales, la negociación de estas cláusulas es parte del modelo de negocio. Pero a menudo se aborda sin criterio jurídico suficiente, lo que genera contratos que erosionan la titularidad de la empresa sobre su propio activo principal.
Si quiere entender cómo estructurar los contratos de licencia de su tecnología y qué cláusulas son irrenunciables, escríbanos a info@velardevidal.com. Le orientamos sin compromiso sobre las opciones disponibles en su caso.
La experiencia práctica permite identificar un conjunto de errores recurrentes que, sin excepción, resultan más costosos de corregir a posteriori que de prevenir desde el origen.
El primero es la ausencia de una estrategia de PI en el plan de negocio. Muchos fundadores conciben la propiedad intelectual como un trámite administrativo, no como parte de la arquitectura del negocio. El resultado es que los activos de mayor valor – el modelo entrenado, los datos propietarios, el pipeline de procesamiento – quedan sin protección formal hasta que un tercero reclama derechos sobre ellos o un inversor los exige.
El segundo es el uso no controlado de datos de entrenamiento. Los modelos de IA se entrenan con datos. Si esos datos incluyen información protegida por derechos de autor de terceros, la empresa puede enfrentarse a reclamaciones de infracción. La normativa de propiedad intelectual en la Unión Europea ha empezado a abordar este problema, pero los criterios aplicables siguen siendo objeto de debate regulatorio y judicial en varios Estados miembros.
El tercero es la confusión entre registro de software y protección del software. El registro voluntario de programas de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual tiene un valor probatorio, pero no otorga una protección equiparable a la de una patente ni impide la creación de software funcionalmente similar. La protección jurídica del software requiere una estrategia específica que combine distintos instrumentos según la naturaleza del activo.
El cuarto error es la dilación en el registro de la marca. Cada día que pasa sin registrar la marca es un día en que un tercero puede solicitar el mismo signo y adquirir prioridad. El sistema de propiedad industrial opera, en general, bajo el principio de primera solicitud, no de primer uso. Una startup que lleva meses operando con una denominación comercial sin registro puede descubrir que esa denominación ya ha sido solicitada por un tercero.
El quinto, y quizás el más difícil de detectar, es la falta de alineación entre los derechos de PI y la estructura societaria. Cuando los fundadores operan a través de distintas personas jurídicas, cuando existe una empresa holding y varias filiales operativas, o cuando la tecnología fue desarrollada antes de la constitución de la startup, los activos de PI pueden estar registrados en la entidad jurídica equivocada. Esa falta de alineación puede invalidar declaraciones efectuadas en los documentos de la ronda de inversión.
La intervención de un abogado especializado en propiedad intelectual en el momento fundacional de una startup tecnológica tiene un coste invariablemente inferior al de la regularización posterior. La lógica es simple: los contratos retroactivos son más difíciles de negociar, los registros posteriores no recuperan la prioridad perdida, y la litigación en materia de PI es uno de los procesos judiciales de mayor duración y coste en el sistema español.
El momento ideal para establecer la estrategia de PI de una startup de IA es antes de la primera contratación de un colaborador externo, antes de presentar la empresa en un evento público y antes de iniciar conversaciones con potenciales inversores. En la práctica, muchas compañías llegan con un retraso de meses o incluso años respecto a ese momento ideal. Aun así, la intervención temprana – incluso si no es la primera hora – sigue siendo preferible a la reacción ante un problema ya materializado.
¿Qué incluye ese asesoramiento temprano? En términos generales, comprende la auditoría de los activos existentes, la identificación de las lagunas de protección, el diseño de una estrategia de registro adaptada al estadio y los mercados de la compañía, la revisión o redacción de los contratos clave con empleados y proveedores, y el acompañamiento durante el proceso de due diligence del inversor.
Para una startup en fase seed o serie A, este proceso no requiere una burocracia pesada. Requiere criterio y ejecución rápida. El objetivo es que cuando el inversor pregunte por la titularidad de los activos de PI, la respuesta sea clara, documentada y sin sorpresas.
La regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, con el Reglamento de IA ya aprobado, añade una capa adicional de cumplimiento que afecta directamente a las startups que desarrollan sistemas de IA de alto riesgo. Este marco regulatorio tendrá implicaciones sobre la documentación técnica, los requisitos de transparencia y la responsabilidad por el funcionamiento de los sistemas. Una estrategia de PI bien diseñada es también la base sobre la que se construye el cumplimiento regulatorio: si la empresa sabe exactamente qué ha creado, quién lo creó y cómo funciona, está en condiciones de documentarlo y de demostrar su conformidad ante las autoridades competentes.
Los inversores de VC más sofisticados ya están incorporando el cumplimiento del Reglamento de IA en sus checklists de due diligence. La brecha entre las startups que han anticipado este cumplimiento y las que no lo han hecho se ampliará a medida que avancen los plazos de aplicación de la normativa europea.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los litigios en materia de propiedad intelectual e industrial han mantenido una tendencia ascendente en los últimos años en España. Para una startup, verse involucrada en un procedimiento judicial de este tipo – ya sea como demandante o como demandada – supone una distracción de recursos y tiempo que puede ser letal en una fase de crecimiento acelerado.
A modo de síntesis operativa, recogemos los puntos de control que toda empresa de IA debería verificar con periodicidad al menos anual, y en todo caso antes de cualquier operación corporativa o captación de inversión:
Este checklist no sustituye a un análisis jurídico específico, pero permite a la dirección identificar las áreas de mayor exposición antes de someterlas al criterio de un especialista.
Si su empresa genera valor en intangibles y quiere entender cómo está realmente protegida, escríbanos a info@velardevidal.com. Analizamos el estado de su cartera de PI y le proponemos un plan de acción adaptado a su estadio de crecimiento.
La titularidad de la PI en entornos de IA no es una cuestión aislada. Se conecta de forma directa con la estructura societaria de la startup, con la planificación fiscal de los activos intangibles y con los acuerdos de distribución internacional. En Velarde & Vidal, coordinamos el análisis de PI con nuestra práctica de Derecho societario y operaciones, de modo que la estrategia de intangibles sea coherente con la arquitectura jurídica de la compañía. Para empresas que operan en mercados distintos del español, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, sin perjuicio de que la estrategia de conjunto se diseñe y dirija desde España.
Puede consultar también nuestro análisis sobre protección de la propiedad intelectual en retail y distribución, donde abordamos las particularidades de la PI en el contexto de acuerdos comerciales y de distribución.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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