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Tecnología y software: gobernanza del dato en empresas que escalan: análisis para empresas

Por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y complianceActualizado:

Las empresas tecnológicas y de software crecen deprisa. Con ese crecimiento llegan nuevas fuentes de datos, nuevas integraciones de sistemas, nuevos mercados y, en consecuencia, nuevas obligaciones regulatorias. El marco aplicable en España no distingue entre startups y grandes corporaciones: la exposición regulatoria es proporcional al volumen y la sensibilidad del tratamiento, no al tamaño de la plantilla.

En breve: La gobernanza del dato en empresas tecnológicas que escalan exige un programa estructurado que combine el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) con un modelo de compliance penal, un protocolo de gestión de brechas de seguridad notificable en 72 horas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y un registro de actividades de tratamiento actualizado. La dirección debe asumir esa gobernanza como una decisión estratégica, no como una tarea del equipo técnico.

¿Qué entiende el marco regulatorio por gobernanza del dato y por qué afecta especialmente a las empresas que escalan?

La expresión "gobernanza del dato" no aparece en el RGPD como tal. Sin embargo, el conjunto de obligaciones que impone ese reglamento europeo – completado en España por la LOPDGDD – configura un sistema de gobierno del dato que exige a cualquier empresa responsable del tratamiento: identificar qué datos trata, con qué base jurídica, durante cuánto tiempo y con qué salvaguardas.

En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas, el problema no suele ser la falta de voluntad de cumplir. El problema es que el crecimiento acelerado genera deuda regulatoria. Cada nueva funcionalidad de un producto SaaS, cada integración de una API de terceros, cada expansión a un nuevo mercado europeo añade nuevos tratamientos que deben documentarse, analizarse y, en su caso, someter a una evaluación de impacto.

¿Cuándo se convierte esa deuda regulatoria en un riesgo real? En el momento en que ocurre un incidente: una brecha de seguridad, una reclamación de un interesado, o una inspección de la AEPD. En ese instante, la empresa que no tiene un programa estructurado se enfrenta a la doble carga de gestionar el incidente y reconstruir la documentación que debería haber existido desde el inicio.

El RGPD establece el principio de responsabilidad proactiva ("accountability"): la empresa no solo debe cumplir, sino poder demostrarlo. Ese principio tiene una implicación directa para las empresas que escalan: los sistemas de registro y control deben crecer al mismo ritmo que el negocio. Un registro de actividades de tratamiento diseñado para cincuenta empleados y tres tratamientos no sirve cuando la empresa alcanza trescientas personas y treinta flujos de datos diferenciados.

¿Qué exige el marco aplicable a una empresa tecnológica: obligaciones concretas que la dirección debe conocer?

El RGPD y la LOPDGDD imponen un conjunto de obligaciones que la dirección debe gestionar como parte del gobierno corporativo. No son obligaciones del departamento técnico ni del departamento jurídico en exclusiva: son obligaciones del responsable del tratamiento, que en una sociedad de capital es el propio órgano de administración.

El registro de actividades de tratamiento es el documento central de la gobernanza. Debe recoger cada tratamiento de datos que realiza la empresa: la finalidad, la base jurídica, las categorías de datos, los plazos de conservación, los destinatarios y las transferencias internacionales. Una empresa SaaS que procesa datos de sus clientes corporativos tiene, como mínimo, dos posiciones: como responsable del tratamiento de los datos de sus propios empleados y como encargada del tratamiento de los datos de los clientes de sus clientes.

Esa distinción entre responsable y encargado tiene consecuencias prácticas inmediatas. Como encargado del tratamiento, la empresa tecnológica debe formalizar un contrato de encargo con cada cliente que le confíe datos personales. Sin ese contrato, el cliente incumple el RGPD y la empresa tecnológica asume un riesgo de responsabilidad solidaria.

Hemos observado que muchas empresas tecnológicas en fase de escala tienen contratos de servicio bien redactados desde la perspectiva comercial, pero carecen de las cláusulas de encargo del tratamiento que exige la normativa de protección de datos. Esa omisión es, precisamente, uno de los primeros focos de riesgo que abordamos en un programa de gobernanza.

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) es obligatoria cuando un tratamiento presenta un riesgo elevado para los derechos y libertades de los interesados. Las empresas tecnológicas que utilizan técnicas de elaboración de perfiles, que tratan datos de forma sistemática y a gran escala, o que despliegan tecnologías de vigilancia o monitorización están sujetas a este requisito. La EIPD no es un trámite: es un análisis estructurado de riesgo que debe actualizarse cuando cambia el tratamiento.

El protocolo de brechas de seguridad: la obligación que no admite improvisación

La notificación de una brecha de seguridad a la AEPD en 72 horas desde que la empresa tiene conocimiento de ella es uno de los plazos más exigentes de todo el marco regulatorio europeo. Setenta y dos horas no es mucho tiempo cuando el equipo técnico todavía está conteniendo el incidente, el departamento jurídico no tiene un protocolo definido y la dirección no sabe si el incidente es notificable o no.

La experiencia con empresas del sector tecnológico muestra una pauta recurrente: el incidente se detecta, se escala internamente, se pasa varios días en un bucle de análisis técnico sin que nadie active el protocolo jurídico, y cuando por fin se decide notificar, el plazo ya ha vencido. La notificación extemporánea no exime de responsabilidad; al contrario, puede agravar la valoración de la AEPD sobre la gestión del incidente.

Un protocolo de gestión de brechas bien diseñado tiene tres componentes: un árbol de decisión para calificar el incidente (¿es una brecha en el sentido del RGPD? ¿afecta a derechos y libertades? ¿es notificable a la AEPD? ¿requiere comunicación a los interesados?), un modelo de notificación a la AEPD con los campos que exige la normativa, y un registro interno de incidentes que documente todos los incidentes, incluso los no notificables.

¿Qué ocurre si la empresa no notifica en plazo? La AEPD puede imponer sanciones que en los supuestos más graves alcanzan importes muy relevantes para cualquier empresa. Pero el coste real de la falta de protocolo no es solo la multa: es la pérdida de confianza de los clientes corporativos, la exposición frente a reclamaciones de los afectados y el daño reputacional en un mercado donde la seguridad del dato es un factor de diferenciación competitiva.

¿Cómo integra la gobernanza del dato con el compliance penal en una empresa tecnológica?

El compliance penal y la protección de datos son dos disciplinas que en las empresas tecnológicas convergen con más frecuencia de lo que los directivos perciben. La legislación vigente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas obliga a las empresas a adoptar modelos de prevención de delitos. Entre los delitos que pueden cometerse a través de los sistemas de información de una empresa tecnológica se encuentran el descubrimiento y revelación de secretos, los daños informáticos y los delitos contra la propiedad intelectual.

Un programa de compliance eficaz para una empresa tecnológica debe incluir, por tanto, controles específicos para los flujos de datos: quién accede a qué datos, con qué autorización, con qué trazabilidad. Esos controles son, a la vez, medidas técnicas y organizativas requeridas por el RGPD y controles de compliance penal.

En nuestra práctica hemos comprobado que las empresas que diseñan sus programas de compliance de forma integrada – unificando la capa de protección de datos y la capa penal en un único sistema de controles – obtienen un doble beneficio: reducen la duplicación de esfuerzos y construyen un argumento más sólido frente a cualquier autoridad o tribunal. Un programa integrado es más creíble que dos programas paralelos que se ignoran mutuamente.

El canal de denuncias (whistleblowing) es un elemento que en muchos casos resulta obligatorio para las empresas que superan determinados umbrales de plantilla, conforme a la normativa de protección de los informantes. Para una empresa tecnológica, la implementación del canal plantea una cuestión específica: el propio canal es un tratamiento de datos personales que debe estar cubierto por el registro de tratamientos y por una base jurídica apropiada.

¿Qué decisiones de gestión debe tomar la dirección cuando una empresa tecnológica escala?

La gobernanza del dato no se delega íntegramente. Hay decisiones que competen al órgano de administración y que no pueden trasladarse al responsable técnico ni al delegado de protección de datos. La dirección debe decidir: qué datos son estratégicos para el negocio y cuáles representan un riesgo desproporcionado; qué terceros acceden a los datos de la empresa y de sus clientes; y cuándo el crecimiento de un tratamiento requiere una evaluación de impacto actualizada.

Cuando una empresa tecnológica se prepara para una ronda de financiación o para una operación de M&A, la diligencia debida (due diligence) que realiza el potencial inversor o adquirente incluye invariablemente una revisión del cumplimiento en materia de protección de datos. Una empresa que no puede presentar su registro de tratamientos, sus contratos de encargo actualizados y su protocolo de brechas genera una señal de alerta inmediata.

Hemos acompañado a empresas tecnológicas en procesos de inversión en los que la ausencia de un programa de gobernanza del dato fue un factor que retrasó el cierre de la operación y, en algunos casos, condicionó la valoración. El asesoramiento temprano en esta materia no es un coste: es una inversión que preserva valor en el momento en que más importa.

La adaptación al RGPD no es un proyecto que se cierra. Es un proceso continuo que requiere revisiones periódicas: cuando cambia el producto, cuando cambia el modelo de negocio, cuando se contrata a nuevos encargados del tratamiento o cuando la empresa accede a nuevos mercados con legislaciones específicas. La dirección debe establecer un ciclo de revisión anual, como mínimo, y un procedimiento de validación cada vez que se lanza una nueva funcionalidad que implique tratamiento de datos.

Conviene verificar con la normativa vigente los umbrales y supuestos que obligan a designar un Delegado de Protección de Datos (DPD). En determinados casos, las empresas tecnológicas que realizan tratamientos a gran escala o que procesan categorías especiales de datos están obligadas a nombrarlo. En los demás casos, el nombramiento voluntario de un DPD o de un asesor externo especializado refuerza la posición de la empresa frente a la AEPD y ante los propios clientes corporativos.

La creencia más extendida y más cara: con una cláusula de privacidad en la web ya se cumple el RGPD

Esta es, probablemente, la percepción errónea más costosa que encontramos en las empresas tecnológicas que acuden a nosotros después de haber recibido una reclamación o una inspección. La política de privacidad publicada en el sitio web es un requisito de transparencia. Es el mínimo legal, no el cumplimiento completo.

Una empresa puede tener la política de privacidad más detallada del sector y, al mismo tiempo, carecer de contratos de encargo con sus proveedores de nube, de un registro de tratamientos actualizado, de un protocolo de brechas operativo y de medidas técnicas adecuadas a los riesgos del tratamiento. En ese supuesto, la política de privacidad no sirve de escudo frente a la AEPD.

El registro de actividades de tratamiento, el protocolo de brechas y el modelo de compliance integrado son los tres pilares que efectivamente reducen la responsabilidad de la empresa y, en su caso, la cuantía de la sanción. La AEPD valora expresamente la existencia de medidas organizativas y técnicas previas al incidente. Una empresa que puede acreditar que tenía un programa estructurado – aunque no haya podido evitar el incidente – parte de una posición jurídica sustancialmente mejor que una empresa que improvisa la respuesta.

La diferencia entre ambas posiciones no es solo económica. Una empresa con un programa de gobernanza sólido puede resolver una investigación de la AEPD con medidas correctoras y un apercibimiento. Una empresa sin ese programa puede enfrentarse al procedimiento sancionador completo, con los plazos y la publicidad que ello implica.

¿Cómo reduce el asesoramiento temprano el coste y el riesgo en la gobernanza del dato?

La pregunta que con más frecuencia formula la dirección de una empresa tecnológica en crecimiento es: ¿cuándo es el momento de implantar un programa de gobernanza del dato? La respuesta correcta es siempre: antes del siguiente hito relevante. Antes de la siguiente ronda de financiación, antes del lanzamiento del siguiente producto que implique nuevos tratamientos, antes de la primera integración con un cliente corporativo de gran tamaño que vaya a auditar el cumplimiento.

El coste de implantar un programa de gobernanza desde cero es considerablemente inferior al coste de gestionarlo en modo reactivo. La diferencia no es solo de recursos: es de tiempo, de reputación y de posición negociadora. Una empresa que llega a una negociación con un cliente empresarial con un programa de compliance acreditado puede ofrecer garantías que su competidor sin ese programa no puede dar.

En nuestra experiencia implantando programas de protección de datos y compliance en empresas tecnológicas, industriales y de salud, hemos comprobado que las empresas que abordan la gobernanza como una inversión estratégica – en lugar de como una obligación reactiva – consiguen tres resultados concretos: aceleran los procesos de due diligence en operaciones corporativas, reducen su exposición en auditorías de clientes y construyen una ventaja competitiva real en mercados regulados.

Según datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el número de reclamaciones y procedimientos sancionadores en el sector tecnológico ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Ese dato no es una amenaza abstracta: es una señal de que la AEPD está incrementando su actividad supervisora precisamente en el sector donde se concentra el mayor volumen de tratamiento de datos.

El asesoramiento temprano permite, además, diseñar la arquitectura de gobernanza de forma proporcional a la realidad de cada empresa. Un programa adecuado para una empresa de veinte personas con un único producto SaaS es diferente del que necesita una empresa de doscientas personas con múltiples líneas de producto, clientes en varios países europeos y encargados del tratamiento en tres jurisdicciones distintas. La proporcionalidad no es una excusa para no cumplir; es el principio que permite construir un programa sostenible que crezca con el negocio.

Para aquellas empresas que necesiten profundizar en el marco de la adaptación al RGPD en el contexto español, nuestra práctica de protección de datos y compliance ofrece un análisis completo de las obligaciones aplicables y los instrumentos de mitigación disponibles.

Checklist de gobernanza del dato para empresas tecnológicas: puntos de control para la dirección

La dirección de una empresa tecnológica puede usar los siguientes puntos de control para evaluar el estado de su programa de gobernanza del dato. No se trata de un análisis exhaustivo, sino de un diagnóstico de primer nivel:

  • Registro de actividades de tratamiento: ¿Existe y está actualizado con todos los tratamientos actuales, incluidos los realizados por encargados del tratamiento?
  • Contratos de encargo: ¿Todos los proveedores que acceden a datos personales tienen formalizado el contrato de encargo del tratamiento con las cláusulas que exige el RGPD?
  • Bases jurídicas: ¿Cada tratamiento tiene identificada y documentada su base jurídica, incluyendo las bases distintas al consentimiento cuando procedan?
  • Protocolo de brechas: ¿Existe un procedimiento documentado para calificar, notificar y registrar brechas de seguridad, con responsables nominados y plazos internos por debajo de las 72 horas?
  • Evaluaciones de impacto: ¿Se han realizado evaluaciones de impacto para los tratamientos de alto riesgo y se actualizan cuando cambia el tratamiento?
  • Canal de denuncias: ¿La empresa dispone de un canal de denuncias operativo y correctamente configurado como tratamiento de datos?
  • Modelo de compliance penal: ¿El modelo de prevención de delitos incluye controles específicos para los flujos de datos y los accesos a los sistemas de información?
  • Ciclo de revisión: ¿La dirección ha establecido una revisión periódica del programa, con un ciclo mínimo anual y un procedimiento de validación para nuevas funcionalidades?
  • Transferencias internacionales: ¿Las transferencias de datos fuera del Espacio Económico Europeo están amparadas por una garantía adecuada conforme a la normativa vigente?
  • Derechos de los interesados: ¿La empresa tiene un procedimiento para atender las solicitudes de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dentro del plazo de un mes que fija la normativa?

Si la respuesta a alguno de estos puntos es negativa o incierta, la empresa tiene una brecha de gobernanza que conviene cerrar antes del próximo hito relevante del negocio.

Si su empresa está en proceso de escala y necesita entender en detalle las obligaciones que le aplican, puede consultar nuestro análisis sobre gobernanza del dato en empresas para una perspectiva más amplia del marco de cumplimiento.

Servicios relacionados

La gobernanza del dato en empresas tecnológicas se articula de forma natural con la práctica de compliance penal y con la gestión de incidentes de seguridad. En operaciones de M&A o de inversión, la revisión del cumplimiento en materia de datos forma parte del proceso de diligencia debida societaria. Si su empresa está evaluando una operación corporativa o una integración tecnológica, coordinamos el análisis de protección de datos con la práctica de Derecho societario y operaciones para ofrecer una visión unificada del riesgo.

Para empresas con movilidad internacional y equipos distribuidos en varios países, la gobernanza del dato se combina con las obligaciones derivadas de la legislación laboral y de los regímenes de movilidad de trabajadores. Si necesita una valoración específica de su situación, puede obtener más información sobre nuestros enfoques sectoriales en nuestra guía de cumplimiento para el sector tecnológico.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica gobernanza del dato en empresas que escalan para una empresa?
Implica construir un sistema continuo de identificación, documentación y control de todos los tratamientos de datos personales que realiza la empresa, tanto como responsable como encargada del tratamiento. En la práctica, eso significa mantener un registro de actividades actualizado, formalizar los contratos de encargo con proveedores, definir bases jurídicas para cada tratamiento y establecer un protocolo de respuesta ante brechas de seguridad. A medida que la empresa escala, cada nueva funcionalidad o integración añade tratamientos que deben incorporarse al programa de gobernanza sin dilación.
¿Qué plazos y costes conlleva gobernanza del dato en empresas que escalan?
El plazo más crítico es el de 72 horas para notificar una brecha de seguridad a la AEPD desde que la empresa tiene conocimiento de ella. Las solicitudes de derechos de los interesados deben atenderse en el plazo de un mes, prorrogable en supuestos complejos. En cuanto al coste, no existe un importe fijo: depende del volumen y la complejidad de los tratamientos. Lo que sí está acreditado es que el coste de implantar un programa preventivo es considerablemente inferior al coste de gestionarlo de forma reactiva tras un incidente o una inspección de la AEPD.
¿Qué riesgos hay que evitar en gobernanza del dato en empresas que escalan?
Los riesgos más frecuentes son: la ausencia de contratos de encargo del tratamiento con proveedores de nube y servicios tecnológicos; la falta de un protocolo de brechas operativo que permita notificar en plazo; el registro de tratamientos desactualizado que no refleja la realidad del negocio; y la confusión entre la posición de responsable y encargada del tratamiento. Estos riesgos pueden generar sanciones económicas relevantes, reclamaciones de clientes corporativos y un impacto reputacional que dificulta futuras operaciones de inversión o adquisición.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en gobernanza del dato en empresas que escalan?
La respuesta más habitual, y la correcta, es: antes del siguiente hito relevante. Antes de una ronda de financiación, de un proceso de M&A, del lanzamiento de un nuevo producto con tratamientos sensibles o de la firma de un contrato con un cliente corporativo que exija acreditar el cumplimiento. El asesoramiento temprano permite diseñar un programa proporcional y sostenible, en lugar de reconstruir el cumplimiento bajo la presión de un incidente o una inspección. Conviene verificar con la normativa vigente si la empresa está sujeta a la designación obligatoria de un Delegado de Protección de Datos.

Análisis elaborado por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y compliance, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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