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Protección de datos y compliance

Transferencias internacionales tras los últimos marcos: análisis para empresas

Por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y complianceActualizado:

Las transferencias internacionales de datos personales se han convertido en uno de los flancos de mayor exposición regulatoria para las empresas que operan en España y en el mercado europeo. Cada vez que un dato de un empleado, un cliente o un proveedor cruza la frontera de la Unión Europea hacia un tercer país, se activa un régimen jurídico que exige documentación activa, evaluación de garantías y, en muchos casos, decisiones de la dirección que no pueden dejarse al criterio del equipo informático. El coste de ignorarlo ha dejado de ser teórico.

En breve: Las transferencias internacionales de datos requieren una base jurídica específica distinta del consentimiento ordinario: una decisión de adecuación de la Comisión Europea, cláusulas contractuales tipo actualizadas o un instrumento equivalente. Conforme al marco del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD), la empresa exportadora asume la responsabilidad de verificar que el nivel de protección en el país de destino es equiparable al europeo. Sin esa verificación documentada, la transferencia es ilícita, con independencia de que el tratamiento local sea perfectamente correcto.

El marco aplicable y lo que exige concretamente a la empresa

El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) forman el núcleo normativo. Pero la práctica de los últimos años ha añadido capas que transforman ese núcleo en un sistema dinámico. Tres hitos han marcado la evolución reciente.

El primero fue la anulación del marco de Escudo de Privacidad UE-EE. UU. por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El segundo, la adopción en 2021 de nuevas cláusulas contractuales tipo (CCT) por parte de la Comisión Europea, que sustituyeron las versiones anteriores y exigen una arquitectura documental más rigurosa. El tercero, la aprobación del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. en julio de 2023, que restableció un mecanismo de adecuación para las transferencias a empresas estadounidenses certificadas bajo ese programa.

¿Qué implica esto para el departamento jurídico o financiero de una empresa española? Tres obligaciones concretas que no son opcionales.

La primera obligación es identificar y mapear todos los flujos de datos hacia terceros países. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el punto de partida habitual es un mapa de flujos incompleto: se conocen los proveedores de nube principales, pero se ignoran los subencargados, las herramientas de analítica web, los sistemas de gestión de recursos humanos con servidores fuera de la UE o las plataformas de comunicación corporativa que almacenan datos en jurisdicciones no adecuadas. El registro de actividades de tratamiento es el instrumento que permite hacer ese inventario de forma sistemática y verificable.

La segunda obligación es documentar la base de legitimación de cada transferencia. Las opciones son jerarquizadas: en primer lugar, una decisión de adecuación de la Comisión Europea para el país de destino; en segundo lugar, garantías adecuadas como las CCT actualizadas de 2021; en tercer lugar, normas corporativas vinculantes (BCR, por sus siglas en inglés) para grupos multinacionales; y, de forma residual y restringida, las excepciones previstas en la normativa. No todas las bases son intercambiables ni igualmente sólidas ante una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La tercera obligación es realizar una evaluación de impacto de la transferencia (Transfer Impact Assessment o TIA). Este instrumento, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha consolidado como ineludible cuando la base son las CCT, exige valorar el ordenamiento jurídico del país de destino, la posibilidad de acceso de las autoridades públicas de ese país a los datos transferidos y las salvaguardas adicionales que pueden compensar déficits de protección. No es un formulario estándar: requiere análisis jurídico país por país y tratamiento por tratamiento.

¿Por qué las CCT de 2021 cambian la carga de trabajo para la empresa exportadora?

Las cláusulas contractuales tipo adoptadas en 2021 introdujeron una arquitectura modular que cubre cuatro escenarios de transferencia según la naturaleza jurídica de las partes: responsable a responsable, responsable a encargado, encargado a encargado y encargado a responsable. Esta estructura es más precisa que la anterior, pero añade una exigencia que en la práctica muchas empresas subestiman.

Las CCT ya no son un documento que se firma y archiva. Incorporan obligaciones de conducta activa: el exportador debe llevar a cabo la evaluación de impacto de la transferencia antes de firmar, documentarla y ponerla a disposición de la autoridad de control si se la solicita. Además, si durante la vigencia del contrato el ordenamiento jurídico del país importador cambia de forma que afecte a las garantías, las partes deben revisarlo y, si procede, adoptar medidas adicionales o suspender la transferencia.

En nuestra práctica hemos observado que muchas empresas han firmado las nuevas CCT sin completar la TIA correspondiente, asumiendo que la existencia del contrato es suficiente. No lo es. La Agencia Española de Protección de Datos y sus homólogas europeas coordinadas en el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) han dejado claro que la transferencia solo es lícita cuando el instrumento contractual va acompañado de la evaluación y, si es necesario, de medidas técnicas y organizativas suplementarias.

El mito más extendido que encontramos en las empresas cliente es que con una cláusula de privacidad en la web ya se cumple el RGPD. Una política de privacidad publicada en el sitio corporativo responde a la obligación de información al interesado, pero no regula las relaciones contractuales con los encargados del tratamiento, no documenta la base de la transferencia internacional y no sustituye en ningún caso a las CCT ni a la TIA. Son instrumentos jurídicos distintos con funciones distintas.

Decisiones y plazos críticos que debe gestionar la dirección

La gestión de las transferencias internacionales no es exclusivamente una cuestión técnica o del departamento de tecnología. Involucra decisiones estratégicas que corresponden a la dirección y que tienen efectos en los contratos con proveedores, en la arquitectura de sistemas y en la selección de herramientas corporativas.

La primera decisión crítica es la elección del encargado del tratamiento. Cuando una empresa contrata un servicio de software como servicio (SaaS), un sistema de gestión de recursos humanos o una plataforma de analítica, está eligiendo implícitamente una jurisdicción de tratamiento de datos. Si el proveedor aloja datos en servidores de terceros países, la empresa contratante se convierte en exportadora de datos y asume las obligaciones descritas. Esta elección no puede delegarse sin análisis jurídico previo.

La segunda decisión es la revisión periódica del mapa de transferencias. El panorama regulatorio cambia: los marcos de adecuación pueden ser anulados (como ocurrió con el Escudo de Privacidad) o pueden incorporarse nuevos países a la lista de países adecuados. La dirección debe establecer un ciclo de revisión – idealmente anual – en el que se valide que las bases de transferencia siguen siendo válidas y que las TIA reflejan el estado actual del ordenamiento del país de destino.

La tercera decisión es el protocolo de respuesta ante una brecha de seguridad que afecte a datos transferidos internacionalmente. La normativa exige notificar a la AEPD en un plazo de 72 horas desde que la empresa tiene conocimiento de una brecha que suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas. En un escenario de transferencia internacional, esa brecha puede ocurrir en las instalaciones del importador extranjero. Sin un protocolo previo que establezca las obligaciones de información del importador hacia el exportador, ese plazo de 72 horas resulta prácticamente imposible de cumplir.

¿Cómo gestiona su empresa ese tiempo de reacción hoy? En nuestra experiencia, las empresas que han sufrido incidentes de seguridad con datos en terceros países han llegado a la notificación a la autoridad de control con información parcial e inconsistente precisamente porque el contrato con el importador no contemplaba un plazo de comunicación interna equivalente al que exige la normativa europea al exportador.

¿Qué papel juega el programa de compliance en la gestión de transferencias?

El compliance de protección de datos no es un área autónoma e impermeable. Se superpone y se complementa con el compliance penal, el compliance laboral y el canal de denuncias, formando un sistema integrado que la dirección debe gestionar de forma coherente.

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales establece un marco que va más allá de la mera adaptación documental. Incluye obligaciones en materia de delegado de protección de datos (DPD) para determinadas organizaciones, requisitos de evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) para tratamientos de alto riesgo y, específicamente en el contexto de las transferencias, la exigencia de que el responsable del tratamiento pueda demostrar en todo momento el cumplimiento activo de la normativa.

Esta lógica de accountability – rendición de cuentas activa y demostrable – conecta directamente con el compliance penal. La Ley Orgánica de Protección de Datos tipifica ciertas infracciones que, cuando se cometen en el seno de una persona jurídica, pueden dar lugar a responsabilidad penal de la empresa si no se ha implantado un modelo de prevención adecuado. Un programa de compliance que integre la gestión de datos, el canal de denuncias y los controles internos reduce esa exposición de forma documentada y verificable.

El canal de denuncias, en este contexto, tiene una doble función. De un lado, permite que los empleados comuniquen internamente posibles incumplimientos en materia de protección de datos antes de que deriven en una brecha notificable o en una denuncia ante la AEPD. De otro lado, si la empresa lo diseña correctamente, actúa como elemento de prueba ante la autoridad de control de que la organización disponía de mecanismos de detección temprana.

Hemos implantado programas de protección de datos y compliance en empresas tecnológicas, industriales y de salud, y en todos los casos la integración del canal de denuncias con el protocolo de brechas ha reducido el tiempo de reacción ante incidentes y ha mejorado la calidad de la documentación disponible en caso de inspección.

El riesgo de la adaptación superficial: qué revisa realmente la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos no se limita a comprobar si existe una política de privacidad en el sitio web. En los procedimientos sancionadores publicados en los últimos años, la AEPD ha analizado con detalle la existencia y el contenido del registro de actividades de tratamiento, la adecuación de las medidas de seguridad implementadas, la formalización de los contratos de encargo del tratamiento y, específicamente en casos con transferencias internacionales, la documentación de la base jurídica y la existencia de una evaluación de impacto de la transferencia.

La empresa que opera sin un programa de cumplimiento estructurado y que trata datos de forma habitual – especialmente si emplea tecnología con componentes en terceros países – asume un riesgo que va más allá de la sanción económica. Una resolución sancionadora de la AEPD es pública. Puede afectar a la reputación comercial de la empresa frente a sus clientes, especialmente si opera en sectores donde la gestión de datos es un elemento de la propuesta de valor o de la relación de confianza con el cliente.

El argumento de que la empresa es pequeña o que no trata datos especialmente sensibles no es una defensa jurídica sólida. La AEPD ha sancionado a pymes y a empresas de tamaño medio por incumplimientos que no guardaban relación con la magnitud del volumen de datos tratados, sino con la ausencia de documentación básica: un registro de tratamientos inexistente, contratos de encargo sin las cláusulas requeridas o una brecha de seguridad comunicada fuera del plazo de las 72 horas.

La adaptación al RGPD – entendida como la implantación de un programa de compliance de protección de datos efectivo – es el instrumento que convierte la exposición regulatoria en un riesgo gestionado. El registro de actividades de tratamiento, el protocolo de brechas y el modelo de compliance reducen tanto la probabilidad de una sanción como la cuantía en caso de que se produzca, porque demuestran ante la autoridad de control que la empresa ha actuado diligentemente.

¿Cómo proteger la empresa en operaciones transfronterizas con proveedores de tecnología?

La contratación con proveedores tecnológicos es, en la mayoría de las empresas medianas españolas, el principal generador de transferencias internacionales no identificadas. Los servicios de computación en la nube, las plataformas de videoconferencia, los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y las herramientas de colaboración suelen implicar el tratamiento de datos en servidores ubicados fuera de la UE o accesibles por parte de entidades del grupo del proveedor establecidas en terceros países.

La negociación del contrato de encargo del tratamiento con estos proveedores es un momento jurídico decisivo. En nuestra práctica asesoramos con regularidad a empresas que, al revisar sus contratos con proveedores tecnológicos, descubren que las cláusulas de protección de datos incorporadas por el proveedor por defecto no cumplen los requisitos del RGPD y la LOPDGDD: no identifican correctamente los subencargados, no establecen plazos de notificación de brechas coherentes con las 72 horas exigidas o no incluyen la TIA como anexo.

La negociación de estas condiciones es posible, pero requiere un análisis jurídico previo que permita identificar qué cláusulas son negociables y cuáles son condiciones generales impuestas por el proveedor que deben compensarse con medidas técnicas adicionales en la empresa cliente. La encriptación de datos en tránsito y en reposo, la seudonimización o la adopción de arquitecturas de acceso restringido son ejemplos de medidas técnicas que pueden complementar un instrumento contractual cuando este no alcanza el nivel óptimo de garantía.

Para las empresas que operan con proveedores establecidos en países sin decisión de adecuación, la alternativa a las CCT puede ser la adopción de normas corporativas vinculantes, aunque este instrumento está diseñado para grupos empresariales y no para relaciones con terceros independientes. En el caso de grupos multinacionales con transferencias intragrupo, las BCR pueden ser el instrumento más eficiente a largo plazo, aunque su aprobación por la autoridad de control competente es un proceso que requiere tiempo y asesoramiento especializado.

Cuando las operaciones implican jurisdicciones para las que no existe ningún instrumento adecuado, la normativa contempla excepciones de carácter residual para supuestos muy específicos, entre ellos la ejecución de un contrato a petición del interesado o la existencia de interés público. Estas excepciones son de interpretación estricta y no pueden emplearse como base general para transferencias habituales o masivas. Su uso inadecuado es, precisamente, uno de los errores más frecuentes que detectamos en empresas que han gestionado sus transferencias sin asesoramiento jurídico.

El asesoramiento temprano como factor de reducción de coste y riesgo

El momento en que se contrata el asesoramiento jurídico en materia de transferencias internacionales determina en gran medida el coste total del proceso. Cuando la empresa acude al asesor después de que la AEPD haya iniciado un procedimiento de inspección, el margen de actuación se reduce considerablemente: la documentación que no se generó en su momento no puede reconstruirse de forma retroactiva con la misma eficacia, y las medidas correctoras adoptadas durante el procedimiento tienen un peso menor que las que estaban en vigor antes del incidente.

Por el contrario, cuando la empresa implanta su programa de compliance de protección de datos antes de que se produzca un incidente, puede demostrar ante la AEPD que actuó diligentemente. La normativa contempla expresamente que la adopción de medidas de cumplimiento previas, la cooperación con la autoridad y la mitigación de los efectos del incidente son factores que la autoridad debe tener en cuenta al determinar la sanción. Un programa de compliance documentado y funcionante es la mejor defensa en un procedimiento sancionador.

El asesoramiento temprano también permite optimizar la arquitectura de tratamiento de datos desde el diseño de los sistemas, antes de que las decisiones tecnológicas estén consolidadas y sean costosas de revertir. La privacidad desde el diseño y por defecto – principios consagrados en el RGPD – son más fáciles de implementar cuando el asesor jurídico forma parte del proceso de selección de herramientas y proveedores, no cuando la empresa ya ha desplegado una infraestructura tecnológica que genera transferencias internacionales no conformes.

La integración del compliance de datos con el compliance penal añade una capa adicional de protección. Las empresas que ya disponen de un modelo de organización y gestión en el ámbito penal pueden extender ese marco a la protección de datos de forma relativamente eficiente, porque muchos de los elementos estructurales – órgano de supervisión, protocolos de respuesta ante incidentes, registros de cumplimiento – son comunes a ambas áreas.

En nuestra experiencia, las empresas que integran ambas disciplinas en un programa único de compliance obtienen un doble beneficio: la eficiencia de una gestión centralizada y la coherencia de los mensajes internos hacia los empleados, que perciben el compliance como un sistema integrado de conducta corporativa y no como una sucesión de obligaciones dispersas e inconexas.

Checklist ejecutivo: lo que la dirección debe verificar hoy

A modo de síntesis operativa, identificamos los elementos que cualquier empresa que trate datos y opere con proveedores o filiales en terceros países debe tener en orden. Este checklist no sustituye al análisis jurídico individualizado, pero permite a la dirección identificar los déficits más relevantes antes de una revisión formal.

  • Mapa de transferencias actualizado: ¿sabe la empresa a qué países se transfieren datos y bajo qué instrumento jurídico en cada caso?
  • Registro de actividades de tratamiento: ¿existe, está actualizado y recoge todos los flujos internacionales?
  • CCT firmadas con los encargados en terceros países: ¿son las versiones de 2021 de la Comisión Europea, con el módulo correcto para cada relación?
  • TIA realizada y documentada: ¿se ha analizado el ordenamiento jurídico del país de destino para cada transferencia basada en CCT?
  • Protocolo de brechas de seguridad con plazo de notificación interna: ¿los contratos con los importadores extranjeros obligan a estos a notificar incidentes con tiempo suficiente para cumplir las 72 horas ante la AEPD?
  • Canal de denuncias operativo: ¿existe un canal interno para que los empleados comuniquen posibles incumplimientos en materia de datos?
  • Revisión periódica de los marcos de adecuación: ¿hay un calendario establecido para verificar que los países de destino siguen disponiendo de una base jurídica válida?
  • Delegado de protección de datos (DPD): si la empresa está obligada a designar uno, ¿ha sido designado, cuenta con recursos suficientes y tiene acceso directo a la dirección?

Ninguno de estos elementos por sí solo garantiza la conformidad plena. Su valor reside en la coherencia del conjunto: un sistema de compliance que funciona como una arquitectura integrada, no como piezas aisladas adoptadas para responder a requerimientos puntuales.

Las empresas que operan en el ámbito de la protección de datos y el compliance deben considerar que la gestión de las transferencias internacionales no es un proyecto cerrado, sino un proceso continuo que requiere revisión periódica, actualización documental y formación interna. El panorama regulatorio continuará evolucionando: nuevos marcos de adecuación, nuevas guías del Comité Europeo de Protección de Datos y nuevas resoluciones de la AEPD irán perfilando los contornos de lo exigible. La empresa que mantenga un programa de compliance activo estará en mejor posición para adaptarse a esos cambios sin coste extraordinario.

Para las empresas que deseen evaluar su situación actual en relación con las transferencias internacionales y el programa de cumplimiento en materia de datos, en nuestra práctica territorial trabajamos con equipos jurídicos y de dirección para diagnosticar los déficits, diseñar las medidas correctoras prioritarias y documentar el programa de forma que sea verificable ante la autoridad de control.

Servicios relacionados

La gestión de las transferencias internacionales de datos se articula con frecuencia junto a operaciones de inversión extranjera y a la estructuración de grupos societarios con presencia en múltiples jurisdicciones. En estos contextos, el asesoramiento en Derecho societario y operaciones corporativas es complementario al compliance de datos, especialmente cuando la empresa está evaluando una adquisición o una reorganización estructural que implica flujos de datos entre entidades del grupo.

Asimismo, cuando las transferencias internacionales generan riesgos de cumplimiento con impacto en la responsabilidad penal de la persona jurídica, la integración del compliance de datos con un programa de compliance penal estructurado es el enfoque más eficiente. Velarde & Vidal trabaja estas dos disciplinas de forma coordinada para proporcionar a la dirección una visión unificada del riesgo y un programa de cumplimiento coherente.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica transferencias internacionales tras los últimos marcos para una empresa?
Implica que cualquier envío de datos personales a un país fuera del Espacio Económico Europeo requiere una base jurídica específica: una decisión de adecuación de la Comisión Europea, cláusulas contractuales tipo actualizadas o un instrumento equivalente. Además, cuando la base son las CCT, la empresa debe realizar y documentar una evaluación de impacto de la transferencia que analice el ordenamiento jurídico del país de destino. La ausencia de esta documentación constituye una infracción de la normativa de protección de datos, con independencia de que los datos transferidos no hayan sufrido ningún incidente.
¿Qué plazos y costes conlleva transferencias internacionales tras los últimos marcos?
El plazo más crítico en este ámbito es el de 72 horas para notificar a la Agencia Española de Protección de Datos una brecha de seguridad que suponga riesgo para los derechos de los afectados. Este plazo comienza desde que la empresa tiene conocimiento del incidente, lo que exige que los contratos con los importadores extranjeros contemplen obligaciones de notificación interna compatibles. En cuanto a los costes de implantación del programa de compliance, varían según el volumen y la complejidad de los tratamientos, y conviene valorarlos en relación con la exposición sancionadora que generan los incumplimientos.
¿Qué riesgos hay que evitar en transferencias internacionales tras los últimos marcos?
Los principales riesgos son tres. Primero, transferir datos sin haber identificado y documentado la base jurídica aplicable. Segundo, firmar las CCT de 2021 sin completar la evaluación de impacto de la transferencia que las acompaña obligatoriamente. Tercero, no contemplar en los contratos con los importadores extranjeros un protocolo de notificación de brechas que permita cumplir el plazo de 72 horas ante la AEPD. A estos riesgos normativos se añade el riesgo reputacional: una resolución sancionadora de la AEPD es pública y puede afectar a la relación comercial con clientes que valoran la gestión responsable de sus datos.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en transferencias internacionales tras los últimos marcos?
Conviene contar con asesoramiento antes de que se produzca cualquier incidente o inspección. Los momentos de mayor valor del asesoramiento son: la selección y contratación de proveedores tecnológicos con servidores en terceros países, la revisión del mapa de transferencias existente, la implantación o actualización del programa de compliance de datos y la negociación de contratos de encargo del tratamiento. El asesoramiento temprano permite diseñar la arquitectura de cumplimiento de forma integrada y proporcional, reduciendo tanto el coste de implantación como la exposición regulatoria a largo plazo.

Análisis elaborado por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y compliance, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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