En el sector de la energía y las renovables, la convivencia de negocios con perfiles de riesgo radicalmente distintos dentro de una misma sociedad es una situación más frecuente de lo que parece. Un activo de generación fotovoltaica en operación, un proyecto eólico en fase de permiso y una línea de comercialización regulada pueden coexistir bajo el mismo NIF, compartiendo balance, responsabilidades y, sobre todo, riesgos. Cuando esa estructura deja de ser eficiente, la escisión societaria se convierte en la herramienta que permite separar lo que el mercado ya valora de forma diferente. La cuestión no es si la separación es conveniente, sino cuándo y cómo ejecutarla para no destruir valor en el proceso.
El sector energético español combina activos regulados, activos en mercado libre y proyectos en desarrollo. Cada categoría responde a una lógica de riesgo diferente. Un parque solar en operación genera flujos predecibles vinculados a un contrato de precio a largo plazo o a la retribución regulada. Un proyecto eólico en tramitación administrativa acumula riesgo de permiso, riesgo de plazo y riesgo de financiación. Una actividad de comercialización implica riesgo de balance y exposición al mercado mayorista.
Cuando estos tres negocios conviven en una sola entidad, el inversor financiero que quiere entrar en el activo en operación debe asumir contaminación del riesgo de los otros dos. El comprador estratégico que busca el proyecto en desarrollo puede verse obligado a valorar lo que no le interesa. Y el balance consolidado puede impedir acceder a la financiación de proyecto (project finance) que las entidades de crédito exigen para estructuras limpias.
La escisión societaria permite asignar cada negocio a una entidad con un perfil de riesgo homogéneo. El resultado: la empresa es más financiable, más vendible y más gobernada. Esta lógica es la que, en nuestra práctica, explica la mayoría de las operaciones de reorganización que asesoramos en el sector.
El caso que describimos corresponde a un grupo industrial del sur de España con presencia en el sector energético desde hace más de una década. La sociedad cabecera concentraba tres líneas de actividad: la explotación de dos parques fotovoltaicos con retribución regulada, el desarrollo de un proyecto eólico con capacidad para superar los cincuenta megavatios y una actividad de comercialización eléctrica orientada a clientes industriales.
Los socios fundadores habían mantenido la estructura unitaria durante años. Funcionaba. Pero la llegada de un fondo de infraestructuras interesado en los activos fotovoltaicos obligó a replantearlo todo. El fondo no quería adquirir el proyecto eólico en tramitación ni la actividad comercializadora. Quería comprar exclusivamente los parques en operación, con una valoración basada en múltiplos de flujo de caja estabilizado.
La estructura no lo permitía sin una reorganización previa. La sociedad holding que el grupo controlaba era al mismo tiempo la titular de los parques, la promotora del proyecto eólico y la comercializadora. La venta parcial sin una separación previa habría obligado a una compraventa de activos singulares, con el tratamiento fiscal correspondiente y la necesidad de obtener nuevas autorizaciones administrativas para cada instalación.
La dirección del grupo planteó la escisión como paso previo a la desinversión. Era la decisión correcta. Pero llegó con más retraso del deseable: el fondo ya había fijado un calendario de cierre que comprimía los plazos disponibles para ejecutar la operación.
Antes de diseñar la operación, analizamos las alternativas disponibles. La compraventa de activos singulares – cada instalación de forma independiente – generaba una tributación inmediata sobre las plusvalías y requería la retransmisión de todas las autorizaciones administrativas, incluidas las de acceso y conexión a la red. En el contexto de los parques fotovoltaicos, esas autorizaciones tienen valor propio y su retransmisión puede demorar la operación varios meses.
La aportación de rama de actividad a una nueva sociedad presentaba ventajas fiscales, pero exigía acreditar que cada negocio constituía una unidad económica autónoma con organización propia. Los parques fotovoltaicos cumplían ese requisito con claridad. El proyecto eólico, en fase de tramitación, planteaba más dudas sobre si disponía de una organización diferenciada. La actividad comercializadora requería análisis específico sobre la titularidad de los contratos con los clientes industriales.
La escisión parcial se presentó como la solución más ordenada. Permitía segregar el bloque de activos fotovoltaicos hacia una nueva sociedad, mantener el proyecto eólico y la comercialización en la sociedad original, y articular la operación con neutralidad fiscal si se cumplían los requisitos que exige la normativa del Impuesto sobre Sociedades para el régimen de reestructuraciones. La decisión de optar por esta vía requirió una diligencia debida (due diligence) interna sobre las condiciones de cada negocio y una confirmación del régimen fiscal antes de iniciar el proceso formal.
La normativa societaria – concretamente la Ley de Sociedades de Capital – regula el proceso de escisión con una secuencia de actos formales que la dirección debe gestionar con rigor. El diseño implica la redacción de un proyecto de escisión, su depósito en el Registro Mercantil, la convocatoria y celebración de la junta general de cada sociedad interviniente, la inscripción de la operación y la transmisión de los activos y pasivos de forma universal.
En el sector energético, la complejidad añadida proviene de la normativa sectorial. Las instalaciones de generación están sujetas a un régimen de autorizaciones administrativas que, en principio, no se transmiten automáticamente con la universalidad de la escisión. La práctica de los órganos reguladores y de la administración competente en materia de energía – en España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a nivel estatal y las consejerías autonómicas según la potencia de las instalaciones – exige una comunicación o un procedimiento de subrogación que puede tener plazos propios.
Este punto es crítico. La transmisión universal de la escisión no exime de la comunicación a la administración energética y, en algunos supuestos, de la obtención de una nueva resolución que reconozca a la sociedad beneficiaria como titular de la autorización. Ignorarlo puede generar una situación en la que los parques operan bajo la titularidad de la nueva sociedad pero las autorizaciones siguen a nombre de la escindida, con el riesgo regulatorio que ello comporta.
La diligencia debida sobre el estado de cada autorización – acceso y conexión, autorización de instalación, autorización de explotación, inscripción en el registro de instalaciones – es, por tanto, un paso previo indispensable antes de diseñar cualquier estructura de escisión en este sector. Lo comprobamos en este caso: una de las dos instalaciones fotovoltaicas tenía pendiente de regularizar la inscripción actualizada en el registro de producción. Fue necesario resolver ese aspecto antes de iniciar el proceso formal de escisión.
Dividimos el proceso en cuatro fases. Cada una exigía decisiones de la dirección que condicionaban las siguientes. Este encadenamiento es uno de los aspectos que, con más frecuencia, los grupos no anticipan cuando afrontan una reorganización societaria bajo presión de tiempo.
Primera fase: diagnóstico y diseño. Analizamos la estructura societaria existente, las autorizaciones administrativas, los contratos de financiación vigentes – había un préstamo con garantía hipotecaria sobre los parques – y los contratos de operación y mantenimiento. Identificamos tres puntos de atención: la cláusula de cambio de control en el contrato de mantenimiento, la cláusula de consentimiento del acreedor en el préstamo hipotecario y el estado registral de las autorizaciones. Cada uno de estos puntos requería negociación o trámite previo a la escisión.
Segunda fase: regularización previa. La inscripción pendiente en el registro de producción se regularizó ante la administración autonómica competente. El acreedor hipotecario fue contactado para obtener su confirmación de que la escisión no activaba el supuesto de vencimiento anticipado. La empresa de operación y mantenimiento aceptó una novación del contrato que reconocía a la sociedad beneficiaria como parte.
Tercera fase: ejecución de la escisión. El proyecto de escisión fue redactado, depositado e inscrito conforme a los plazos que establece la legislación societaria. La junta general de la sociedad escindida aprobó la operación por unanimidad, lo que permitió renunciar al plazo de oposición de acreedores. La inscripción de la escisión en el Registro Mercantil se produjo dentro del calendario previsto, lo que permitió mantener el plazo de cierre acordado con el fondo.
Cuarta fase: transmisión al adquirente. Una vez constituida la sociedad beneficiaria con los activos fotovoltaicos aislados, la compraventa con el fondo de infraestructuras se ejecutó como una compraventa de participaciones. El pacto de socios acordado para el período entre el cierre y la liquidación del fondo incluía mecanismos de representación del vendedor en el consejo, derechos de información y una cláusula de salida coordinada a largo plazo.
La presión de calendario impuesta por el fondo comprimió el margen de maniobra en dos áreas. La primera fue la negociación con el acreedor hipotecario. La entidad financiera aceptó subrogarse, pero introdujo condiciones adicionales de información y un covenants de cobertura de deuda más exigente para la nueva sociedad. Con más tiempo, esa negociación habría sido posible en términos más favorables para el grupo.
La segunda fue el análisis de la retribución regulada. Los parques fotovoltaicos percibían su retribución conforme al régimen específico vigente en España para las instalaciones de energía renovable con acceso al mercado. La transmisión de la titularidad de la instalación en ese régimen requiere una comunicación a la administración con acreditación de la subrogación. El plazo de respuesta administrativa es el que es, y no estaba en manos del grupo acelerarlo.
En nuestra experiencia, este tipo de riesgos – cláusulas de cambio de control, consentimientos de acreedores, trámites administrativos con plazos propios – son los que con más frecuencia determinan que una reorganización societaria se extienda más de lo previsto o genere contingencias en la fase de cierre. No son imprevisibles. Son identificables en una fase de diagnóstico temprano. La diferencia entre detectarlos seis meses antes del cierre o tres semanas antes es la diferencia entre gestionarlos o soportarlos.
¿Qué habrían perdido los socios fundadores si no hubieran ejecutado la escisión? La respuesta es clara: habrían vendido el 100 % de una sociedad con tres negocios a una valoración penalizada por la contaminación de riesgos. O habrían renunciado a la operación con el fondo y pospuesto indefinidamente la liquidez de sus activos en operación. La escisión fue el instrumento que permitió separar el valor maduro del valor en construcción.
Para asesoramiento especializado en este tipo de operaciones, puede consultarnos directamente en nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A).
Un error frecuente que observamos en operaciones del sector energético es confiar en que los estatutos de la sociedad son suficientes para regular la relación entre socios una vez completada la operación. No lo son. Los estatutos son un documento público, inscrito en el Registro Mercantil, diseñado para regular la estructura orgánica de la sociedad. No están pensados para gestionar los intereses contrapuestos de un vendedor que permanece como socio minoritario junto a un fondo de infraestructuras con horizonte de inversión definido.
El pacto de socios acordado en este caso incorporó varios elementos esenciales. En primer lugar, un mecanismo de representación del vendedor en el consejo de administración de la nueva sociedad, con derechos de veto sobre decisiones estratégicas – endeudamiento adicional por encima de un umbral, cambio de actividad, distribución de dividendos por debajo de un nivel mínimo. En segundo lugar, derechos de información periódica con acceso a la contabilidad de gestión. En tercer lugar, una cláusula de arrastre (drag-along) coordinada con los intereses del fondo y una cláusula de acompañamiento (tag-along) que protegía al vendedor en caso de salida anticipada del fondo.
La diligencia debida (due diligence) realizada por el fondo sobre los activos fue exhaustiva. Cubrió el estado de las autorizaciones, la situación registral de las instalaciones, los contratos de compraventa de energía, el estado de los permisos de acceso a la red y el historial de producción de cada parque. Una due diligence vendedora previa – un ejercicio que la empresa del grupo podría haber completado antes de iniciar las negociaciones – habría permitido identificar y resolver anticipadamente los puntos que luego generaron discusión en el proceso de negociación.
El pacto de socios y la due diligence no son instrumentos para desconfiar del socio entrante. Son instrumentos para que cada parte sepa exactamente qué está comprando y en qué condiciones. Esa claridad reduce los conflictos posteriores y, sobre todo, reduce el tiempo de negociación, que en operaciones con fondos tiene un coste financiero real.
Si está evaluando una operación de reorganización o entrada de inversor en su empresa, puede encontrar más información sobre cómo estructuramos este tipo de operaciones en nuestro caso práctico sobre escisión de negocios.
Este caso permite extraer un conjunto de conclusiones directamente aplicables a grupos del sector que afrontan situaciones similares. Las ordenamos por el momento en que cada decisión resulta más relevante.
Antes de recibir una oferta de compra: revisar la estructura societaria en busca de activos con perfiles de riesgo incompatibles. Si hay financiación con garantía real sobre activos que podrían ser objeto de desinversión, analizar las cláusulas de cambio de control y de subrogación. Regularizar el estado administrativo de todas las instalaciones: autorizaciones, inscripciones en registros sectoriales, contratos de acceso a la red.
Cuando llega el inversor: no negociar bajo la presión de un calendario impuesto sin antes completar un diagnóstico de la estructura. El fondo que llega con un plazo de cierre fijo está protegiendo su propio calendario de inversión. El vendedor necesita un margen suficiente para ejecutar la reorganización previa sin que los plazos le hagan aceptar condiciones que no habría aceptado con más tiempo.
En el proceso de escisión: tratar la dimensión administrativa como una ruta crítica independiente de la societaria. Los plazos administrativos – subrogación en autorizaciones, comunicaciones al regulador, inscripciones en registros sectoriales – no se comprimen aunque el proceso societario avance con rapidez. Planificarlos con antelación es la única forma de que no determinen el calendario de cierre.
En la fase de cierre: el pacto de socios define la gobernanza futura. Es el documento que regula quién controla qué y a qué precio se puede salir. Dedicar el tiempo necesario a su negociación antes de firmar el contrato de compraventa es una inversión que protege la posición del vendedor durante años.
Para grupos que operan como sociedad holding con filiales en distintas fases del ciclo energético, la planificación de la estructura también determina el acceso a los beneficios del régimen de consolidación fiscal y la posibilidad de aplicar el régimen de participación en beneficios entre entidades del grupo. Aspectos que conviene revisar de forma integrada antes de cualquier reorganización. Puede ampliar estos aspectos en nuestra guía sobre organización jurídica en el sector energético.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios. El denominador común que explica las que se cierran en plazo y en las condiciones inicialmente previstas no es la simplicidad de la operación. Es la anticipación del asesoramiento.
En el sector energético, la anticipación tiene un significado concreto. Significa que la revisión de la estructura societaria y administrativa se produce antes de que el inversor aparezca, no después. Significa que el diagnóstico de contingencias – autorizaciones, contratos, financiación – se hace cuando aún hay tiempo para resolverlas, no cuando la negociación ya está en marcha. Significa que el pacto de socios se negocia con calma, no bajo la presión de un cierre inminente.
¿Puede una reorganización societaria ejecutarse correctamente bajo presión de tiempo? Sí. Este caso lo demuestra. Pero el coste de esa presión – en condiciones negociadas, en concesiones al acreedor, en tiempo de los equipos directivos – es real y cuantificable. La alternativa es sencilla: iniciar el análisis antes de que la operación esté sobre la mesa.
En nuestra práctica de Derecho societario y M&A, asesoramos con regularidad a grupos del sector energético que se plantean una reorganización antes de un proceso de inversión o desinversión. El trabajo no empieza cuando el inversor llega. Empieza cuando la dirección decide que la estructura actual ya no es la óptima para los objetivos que tiene el grupo.
Las operaciones de reorganización societaria en el sector energético tienen implicaciones fiscales que deben analizarse de forma integrada con el diseño de la escisión. En Velarde & Vidal coordinamos el análisis societario, fiscal y regulatorio para que la estructura resultante sea eficiente en todas las dimensiones relevantes. Si el proceso de desinversión implica la entrada de un inversor extranjero, la dimensión de inversión extranjera directa y el cumplimiento de los requisitos de control de concentraciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también forman parte del análisis que realizamos.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.