El mercado de componentes para energía solar, eólica y almacenamiento energético se ha convertido en uno de los sectores con mayor presencia de productos falsificados en plataformas de comercio electrónico. La entrada de equipos no conformes con la marca original no solo erosiona la cuota de mercado del titular: compromete la seguridad de instalaciones, genera responsabilidad de producto y destruye valor de marca en uno de los momentos de mayor expansión sectorial de las últimas décadas. Actuar tarde en este escenario no es una opción neutral; es una pérdida de intangible que rara vez se recupera.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector industrial y tecnológico, el segmento de energías renovables presenta una combinación de factores que lo hace especialmente vulnerable a la falsificación organizada. La fuerte demanda institucional y particular de paneles fotovoltaicos, inversores, baterías de almacenamiento y accesorios de instalación ha creado un mercado de reposición de enorme volumen. Los compradores, presionados por plazos de proyecto y costes de instalación, adquieren con frecuencia en marketplaces generalistas sin verificar la autenticidad del vendedor.
El resultado es predecible. Un componente falsificado que aparece bajo el nombre comercial o la marca registrada de un fabricante legítimo produce tres daños simultáneos: pérdida directa de venta, deterioro de la reputación asociada al producto genuino cuando el componente falla, y exposición del titular a reclamaciones de terceros que han instalado el producto creyendo que era auténtico.
Según datos publicados por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), los sectores de electrónica, componentes de maquinaria y equipos de energía figuran entre los más afectados por el comercio de falsificaciones en plataformas digitales en Europa. El dato confirma lo que observamos con regularidad en nuestra práctica: el problema no es excepcional, es estructural en este mercado.
El supuesto que desarrollamos en este análisis corresponde a una empresa del sector de energía solar con sede en España, con una gama de inversores fotovoltaicos comercializados bajo marca registrada tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La compañía detectó que en al menos dos marketplaces de alcance europeo se comercializaban productos visualmente idénticos a los suyos, con su marca, sus logotipos y una descripción técnica copiada del catálogo oficial, a un precio sensiblemente inferior al del canal autorizado.
La primera reacción de la dirección fue solicitar directamente la retirada a través de los formularios de denuncia habilitados por los propios marketplaces, sin documentación estructurada. El resultado fue previsible: los vendedores terceros presentaron contra-notificaciones, los productos volvieron a estar disponibles en cuestión de días, y la empresa se encontró sin una estrategia clara para el siguiente paso.
Fue en ese momento cuando llegó a Velarde & Vidal. El problema había dejado de ser una incidencia puntual y se había convertido en un proceso de erosión de marca con réplica organizada al otro lado.
Este es, quizá, el mito más arraigado entre empresas industriales que dan sus primeros pasos en la protección de intangibles: con tener el registro de marca en España ya está todo cubierto. No lo está.
El registro nacional ante la OEPM otorga protección en el territorio español. Pero las plataformas de comercio electrónico operan en múltiples jurisdicciones simultáneamente. Un vendedor radicado en otro Estado miembro de la UE, o fuera de ella, que utilice la marca en una plataforma con sede en Luxemburgo o Irlanda no está necesariamente vulnerando la marca española: puede estar infringiendo la marca de la Unión Europea, o puede quedar fuera del alcance del registro nacional.
En el caso de esta empresa, el registro ante la EUIPO existía, pero estaba vigente solo para algunas de las clases del Nomenclátor de Niza relevantes. Determinados productos de la gama no quedaban cubiertos. Eso daba margen a los falsificadores para sostener que el registro no alcanzaba a esos artículos concretos. La primera decisión estratégica fue clara: ampliar el registro a las clases afectadas antes de escalar la acción, y hacerlo con urgencia para no perder posiciones mientras se litigaba la retirada.
En un caso de falsificación en marketplaces, la acción nunca es lineal. Tres frentes deben avanzar en paralelo para que la estrategia sea eficaz.
Las grandes plataformas disponen de programas de protección de marca que, una vez activados correctamente, permiten una retirada más ágil que el formulario genérico. El Reglamento sobre mercados en línea vigente en la Unión Europea impone a los operadores de plataformas obligaciones de respuesta y de diligencia frente a contenidos ilícitos, incluyendo los que infringen derechos de propiedad industrial.
La clave está en la documentación. Una notificación eficaz al marketplace no es una queja: es un escrito técnico-jurídico que identifica con precisión el producto infractor, aporta el número de registro de marca, señala las clases afectadas, acredita la titularidad con la documentación del registro y especifica el daño. Cuando la notificación cumple ese estándar, el operador de la plataforma tiene poco margen para no actuar; si actúa con dilación o de forma insuficiente, esa dilación tiene consecuencias jurídicas para él bajo la normativa aplicable.
En el caso que analizamos, preparamos la documentación completa para ambas plataformas, con los registros de la EUIPO actualizados. Las retiradas iniciales se produjeron en el plazo que establecen los procedimientos internos de cada operador. La contra-notificación de los vendedores fue respondida con la documentación del registro ampliado, lo que frustró el mecanismo de reactivación.
Retirar un listado no resuelve el problema de fondo si el falsificador puede abrir un nuevo perfil de vendedor al día siguiente. Esto ocurre con frecuencia cuando la empresa actúa solo en la capa visible del marketplace sin identificar al operador real detrás de los listados.
En paralelo a las notificaciones, trabajamos en la identificación de los vendedores implicados: datos de registro de empresa, ubicación del almacén desde el que se enviaban los productos, historial de listados bajo otros nombres. Esta investigación no tiene como único objetivo una acción judicial inmediata; sirve también para construir el expediente de antecedentes que incrementa significativamente la eficacia de las notificaciones sucesivas y, si el caso llegara a sede judicial o arbitral, reforzaría la posición del cliente.
La protección del secreto empresarial también fue relevante en este caso. Los falsificadores habían reproducido fichas técnicas y manuales de instalación que el fabricante legítimo consideraba documentación interna no publicada. Esa reproducción constituía una vulneración adicional, independiente del uso indebido de la marca, y abría una línea de reclamación complementaria bajo la normativa de secretos empresariales.
Un elemento que con frecuencia se descuida en estos casos es que la falsificación prolifera, en parte, porque la red de distribución autorizada tiene fisuras. En ocasiones son distribuidores descontentos o fuera de contrato los que abastecen a los falsificadores; en otras, son canales paralelos que operan en el límite de los acuerdos de distribución.
El análisis de los contratos de licencia y distribución existentes reveló que algunos acuerdos no incluían cláusulas expresas de prohibición de reventa en plataformas digitales no autorizadas. Esa laguna era explotable. La revisión y actualización de los contratos de distribución para incluir restricciones de canal digital, cláusulas de no competencia adaptadas al entorno de marketplace y obligaciones de notificación de infractores detectados por el distribuidor pasó a formar parte del plan de acción preventivo de la empresa.
Un contrato de licencia bien estructurado no solo regula el uso de la marca en el canal autorizado: es también una herramienta de control que permite identificar con mayor rapidez cuándo un producto está llegando al mercado por una vía no autorizada.
La dimensión de gestión empresarial de este tipo de caso es tan relevante como la jurídica. En nuestra práctica hemos observado que los errores más costosos no se producen en la acción legal sino en la toma de decisión previa: cuándo actuar, con qué intensidad y qué recursos comprometer.
La primera decisión es la de la priorización. No todos los listados de productos falsificados merecen la misma respuesta con la misma urgencia. Los criterios que deben guiar esa priorización son: volumen de ventas del infractor estimado, posicionamiento del listado en la plataforma, mercados geográficos afectados y nivel de daño reputacional potencial. Un listado con pocas ventas en un mercado secundario puede gestionarse con una notificación estándar; un listado en posición destacada de una plataforma con millones de usuarios en España y Alemania requiere respuesta inmediata y documentación reforzada.
La segunda decisión es la de la escalada. Cuando la retirada vía notificación fracasa o el infractor tiene capacidad de respuesta organizada, la empresa debe decidir si eleva el asunto a sede judicial. Esa decisión implica evaluar la solidez del registro de marca, la documentación de la infracción y la localización del infractor. Los juzgados de lo mercantil son competentes en España para las acciones de infracción de marca y propiedad industrial, y la normativa aplicable contempla medidas cautelares de cese inmediato cuando se acreditan los presupuestos legales.
La tercera decisión es la de la comunicación. La empresa debe decidir si y cómo comunica a su red de clientes y distribuidores la existencia de productos falsificados en el mercado. Una comunicación mal gestionada puede amplificar el daño reputacional; una comunicación bien diseñada refuerza la percepción del fabricante como actor que protege activamente la calidad y la seguridad de sus productos.
Acompañamos a esta empresa del sector solar a lo largo de un proceso que se extendió durante varios meses. La retirada de los listados en ambas plataformas se consolidó una vez completada la documentación del registro ampliado. Los vendedores infractores no lograron reinstaurar los listados tras las contra-notificaciones. La investigación de la cadena de falsificación no derivó en acción judicial en este caso; los operadores cesaron la actividad al recibir la comunicación formal con el expediente completo.
Las lecciones que extraemos de este caso son aplicables a cualquier empresa del sector industrial o tecnológico con activos de marca y tecnología en plataformas digitales:
¿Podría la empresa haber evitado este problema por completo? Probablemente no: el sector está bajo presión constante de falsificadores bien organizados. Pero podría haber actuado con mayor rapidez y menor coste si el sistema de protección de intangibles hubiera estado correctamente dimensionado desde el inicio.
La lógica del asesoramiento preventivo en propiedad industrial sigue una regla sencilla: el coste de proteger correctamente el intangible antes de que aparezca el problema es una fracción del coste de recuperarlo una vez que el daño está hecho.
En el caso que analizamos, el tiempo transcurrido entre la primera detección de los productos falsificados y el momento en que la empresa llegó a Velarde & Vidal fue de varias semanas. En ese período, los vendedores infractores habían acumulado valoraciones positivas en los marketplaces, habían abastecido a instaladores en varios países europeos y habían reproducido los materiales técnicos en canales adicionales. Revertir esa situación requirió más esfuerzo del que habría sido necesario con una respuesta inmediata.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales que acudieron a nosotros antes de que el problema escalara. En esos casos, el sistema de protección estaba correctamente configurado: registros actualizados, contratos con cláusulas de control de canal, procedimientos internos de vigilancia de marca. Cuando apareció la infracción, la respuesta fue ejecutable de inmediato.
Para una empresa del sector energético y renovables, donde los activos intangibles incluyen marcas, patentes sobre tecnología de conversión y eficiencia, software de gestión y know-how de fabricación, el mapa de protección de intangibles debe actualizarse con la misma regularidad con que se revisan los estados financieros. No es un coste accesorio: es parte de la gestión del riesgo de empresa.
Si su empresa opera en este sector y tiene presencia en plataformas de comercio electrónico, la pregunta no es si va a encontrar productos falsificados bajo su marca, sino cuándo. La diferencia entre una respuesta eficaz y una costosa está en si el sistema de protección está preparado con anterioridad.
Para profundizar en las distintas dimensiones de la protección de intangibles en el entorno digital y en los procedimientos de registro ante la OEPM y la EUIPO, puede consultar nuestra área de práctica especializada en propiedad intelectual y tecnología. Si quiere entender en detalle las opciones en materia de patentes y los plazos del sistema nacional y europeo, nuestras preguntas frecuentes sobre patentes ofrecen una guía práctica orientada a la empresa.
La gestión de un caso de falsificación en marketplace activa con frecuencia necesidades paralelas en otros ámbitos jurídicos. Si la falsificación afecta a tecnología patentada o a software propietario, el análisis de la titularidad y del alcance del registro de patente es previo a cualquier acción. Si el caso implica distribuidores en otros países de la Unión Europea, puede ser necesaria la coordinación con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, sin perjuicio de que la estrategia global se dirija desde España.
Asimismo, cuando la investigación del caso revela que la filtración tiene origen en la red de distribución propia, el análisis de los contratos de distribución y la revisión de las cláusulas de no competencia conecta directamente con la práctica de Derecho societario y operaciones, en particular en lo relativo a la estructura contractual de los acuerdos comerciales de la empresa. Para empresas con presencia en la Comunitat Valenciana o que operen desde esa región, puede encontrar información sobre nuestro servicio local en la página de propiedad intelectual en Valencia.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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