En el ecosistema de startups y venture capital, los intangibles concentran el valor real de la compañía. Cuando un directivo abandona la organización llevando consigo conocimientos estratégicos, relaciones comerciales y acceso a tecnología propia, el daño puede ser irreversible si la empresa no ha adoptado medidas de protección previas. La ventana para actuar se cierra con rapidez.
La empresa era una startup de software con sede en España, respaldada por inversores de venture capital y en fase de expansión hacia mercados europeos. Su activo diferencial era un sistema de procesamiento de datos con características propietarias no registradas como patente. El directivo de producto, uno de los arquitectos principales del sistema, comunicó su baja voluntaria y, semanas después, se incorporó a una empresa competidora.
El cuadro directivo detectó tres señales de alarma en paralelo. Primera: varios clientes estratégicos recibieron propuestas comerciales del nuevo empleador del exdirectivo que replicaban la arquitectura de precios y la terminología técnica interna. Segunda: el exdirectivo había descargado documentación técnica extensa en los días previos a la comunicación de su baja. Tercera: el contrato de trabajo original no contenía cláusula de no competencia postcontractual ni acuerdo de confidencialidad específico sobre el know-how tecnológico.
¿Podía la empresa actuar a pesar de esas carencias contractuales? La respuesta no era sencilla, pero el análisis fue posible.
La normativa española sobre secretos empresariales, transpuesta de la Directiva comunitaria correspondiente, protege la información que reúne tres condiciones: que sea secreta, que tenga valor económico precisamente por serlo, y que su titular haya adoptado medidas razonables para mantener su carácter reservado. Este último requisito es el que más frecuentemente falla en el entorno startup.
Una compañía que no ha documentado qué considera secreto empresarial, que no ha clasificado su información, que no ha impuesto restricciones de acceso diferenciadas ni ha recabado compromisos explícitos de confidencialidad, encuentra mayores dificultades para acreditar ante los tribunales que la información gozaba de protección. No es que carezca de derechos; es que la carga de la prueba recae sobre ella.
En nuestra práctica hemos observado que las startups en fase semilla o serie A destinan recursos a desarrollo de producto y captación de inversión, pero posponen sistemáticamente la gobernanza de sus intangibles. La diligencia debida (due diligence) exigida por los fondos de venture capital en las rondas posteriores expone esas carencias con crudeza. Un activo tecnológico cuya titularidad o protección no está acreditada documenta mal ante el inversor y reduce el valor percibido de la compañía.
El marco jurídico también delimita las conductas prohibidas. La obtención, utilización o divulgación del secreto empresarial de forma ilícita genera responsabilidad. La clave está en el calificativo «ilícito»: la ley presupone que el trabajador puede usar su experiencia y conocimientos generales adquiridos en el ejercicio de su actividad profesional. La línea entre el conocimiento personal del directivo y el secreto empresarial de la empresa es la que el litigio pone a prueba.
Un aspecto que habitualmente se subestima es la responsabilidad potencial del nuevo empleador. Si este conocía o debía conocer el origen ilícito de la información que su nuevo empleado le aporta, la legislación aplicable le alcanza como partícipe. Esta doble frente amplía las opciones estratégicas de la empresa afectada.
La detección tardía no implica necesariamente la renuncia a la acción. Pero sí impone una disciplina de urgencia. En los primeros días tras la confirmación de los indicios, la dirección debe tomar un conjunto de decisiones en paralelo, no en secuencia.
La primera decisión es preservar las evidencias digitales. Los registros de actividad en los sistemas, los metadatos de los archivos descargados, los correos electrónicos institucionales y los accesos a repositorios de código son prueba potencial. Intervenir sobre esos sistemas sin protocolo adecuado puede comprometer la cadena de custodia. La asistencia técnica forense coordinada con asesoramiento jurídico evita errores que invalidan la prueba.
La segunda decisión es evaluar la posición contractual real. ¿Existían compromisos de confidencialidad en el contrato original o en un pacto posterior? ¿Se firmó algún documento específico al incorporar al directivo a proyectos sensibles? ¿Hay cláusulas de no competencia postcontractual válidas? La respuesta a estas preguntas condiciona el repertorio de acciones disponibles. Conviene no asumir la existencia de cobertura sin revisar los documentos originales, algo que en nuestra experiencia genera sorpresas en ambas direcciones.
La tercera decisión es definir el alcance de la información comprometida. No toda la información a la que tuvo acceso el directivo tiene el mismo nivel de sensibilidad ni el mismo grado de protección acreditable. Concentrar las acciones en los activos más valiosos y más documentados aumenta las posibilidades de éxito y reduce la exposición procesal.
La cuarta decisión, frecuentemente subestimada, es la comunicación al nuevo empleador. Una carta formal de requerimiento, bien articulada, tiene un efecto disuasorio real y puede detener conductas en curso sin necesidad de procedimiento judicial. Muchos casos se resuelven en esta fase. El momento adecuado para enviarla, su contenido y su tono son decisiones jurídicas que no deben dejarse a la improvisación.
¿Cuánto tiempo hay para actuar? La prescripción de las acciones está sujeta a los plazos que establece la legislación aplicable, y empieza a contar desde que la empresa conoce o puede conocer el ilícito. Postergar la decisión no detiene ese cómputo.
Al analizar la documentación contractual existente, se identificaron dos elementos relevantes que la empresa no había valorado. El directivo había firmado, en el momento de su incorporación, un documento genérico de bienvenida que incluía una cláusula de confidencialidad sobre «información técnica y comercial». Además, su acceso al repositorio de código estaba regulado por los términos de uso interno de la herramienta, que incorporaban restricciones explícitas de uso externo.
Esos dos elementos, combinados con el análisis forense de los registros de actividad, construyeron una base suficiente para sostener una posición negociadora sólida. No era la posición más cómoda, pero era accionable.
La estrategia adoptada se desarrolló en tres fases. En la primera, se preservaron y documentaron las evidencias digitales con apoyo técnico especializado. En la segunda, se remitió una comunicación formal al exdirectivo y a su nuevo empleador, describiendo con precisión los activos comprometidos y las conductas cuya cesación se exigía. En la tercera, se inició una revisión completa del sistema de protección de intangibles de la empresa, con prioridad en los contratos de trabajo del equipo técnico y en la clasificación formal de la información sensible.
El resultado fue la firma de un acuerdo extrajudicial que imponía restricciones concretas al uso de la información identificada, con un mecanismo de supervisión y una cláusula penal para el caso de incumplimiento. El procedimiento judicial quedó en reserva como opción no ejercida. El calendario total desde la detección del riesgo hasta el cierre del acuerdo se mantuvo dentro de los márgenes que la normativa vigente otorga para preservar la eficacia de la acción.
Acompañamos a este grupo tecnológico durante todo el proceso, desde la evaluación inicial de la posición jurídica hasta la negociación del acuerdo y la implantación del nuevo modelo de protección de intangibles. La experiencia reforzó una conclusión que observamos con regularidad: el momento de mayor fragilidad no es la salida del directivo, sino los meses anteriores en los que la empresa no ha formalizado su sistema de protección.
Este caso ilustra con claridad el coste de la dilación. No el coste del procedimiento jurídico – que fue limitado y resuelto sin litigio – sino el coste organizativo, reputacional y temporal de gestionar una crisis que podría haberse prevenido.
¿Qué habría aportado una estrategia preventiva? La respuesta tiene varios niveles.
A nivel contractual, un acuerdo de confidencialidad (NDA) específico firmado al inicio de la relación laboral y actualizado en el momento de dar acceso a proyectos sensibles habría establecido con precisión el perímetro del secreto empresarial protegido. Una cláusula de no competencia postcontractual válida – que cumpliera los requisitos de la legislación laboral en cuanto a justificación, duración y compensación – habría limitado directamente la posibilidad de incorporarse a un competidor. La validez y el alcance de estas cláusulas dependen de su redacción; las genéricas no funcionan.
A nivel técnico y organizativo, una política de gestión de accesos diferenciada, con registros de actividad sobre los activos más sensibles, habría simplificado la acreditación del ilícito y reducido el margen de discusión sobre qué información tenía carácter secreto.
A nivel de gobernanza de intangibles, el registro formal de los activos protegidos como secreto empresarial – mediante un inventario interno con fecha cierta, accesible a la dirección y al área jurídica – construye una capa de protección que complementa el Derecho de contratos. No sustituye al registro de patentes o marcas donde esos instrumentos son adecuados, pero protege la tecnología que no se quiere o no se puede registrar públicamente.
En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas, el debate entre registrar la tecnología como patente o mantenerla como secreto empresarial es estratégico y debe resolverse caso a caso. La patente confiere un derecho exclusivo oponible a terceros durante veinte años no renovables, pero exige divulgación y está gestionada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o ante la oficina europea. El secreto empresarial no tiene plazo de extinción, pero requiere que la empresa demuestre que ha tomado medidas razonables de protección. Cada modelo tiene ventajas y limitaciones que dependen del tipo de tecnología, del sector y de la velocidad de obsolescencia del activo.
El mito que con más frecuencia encontramos en el ecosistema startup es que con tener la marca registrada en España ya está todo protegido. El registro de marca – sea ante la OEPM para el ámbito nacional, sea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para la marca de la Unión Europea, con una duración de diez años renovables – protege el signo distintivo. No protege la tecnología, el código, los algoritmos, los datos de entrenamiento, los métodos de negocio ni el conocimiento operativo. Son activos distintos que requieren instrumentos distintos.
El alcance del registro, los contratos de licencia y la protección del secreto definen quién controla el intangible. Esa es la tesis que los fondos de venture capital comparten con sus participadas en las rondas avanzadas, cuando la diligencia debida sobre la propiedad intelectual determina el valor de la operación.
Cuando una empresa acude a nosotros tras la salida de un directivo, el trabajo es distinto – y más costoso – que cuando acude antes. No porque la situación sea siempre irreparable, sino porque el margen de maniobra se reduce conforme el tiempo pasa y las conductas del exdirectivo se consolidan.
El asesoramiento temprano tiene un valor doble. Primero, preventivo: diseñar los instrumentos contractuales, técnicos y organizativos adecuados antes de que el riesgo se materialice. Segundo, reactivo inmediato: en el momento en que se detectan las señales de alarma, contar con un equipo que conoce el historial de la empresa permite actuar con rapidez y precisión.
Las startups con inversión de venture capital tienen, además, un incentivo específico para abordar la protección de intangibles de forma sistemática. La revisión de la propiedad intelectual e industrial en las rondas de financiación – serie A en adelante – es un proceso habitual. Los inversores exigen certeza sobre la titularidad de los activos, la solidez de los contratos de licencia, la ausencia de litigios pendientes y la existencia de medidas razonables de protección. Una posición sólida en esta revisión no solo evita sorpresas en la negociación; puede mejorar la valoración de la compañía.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales que atravesaban precisamente esa fase de crecimiento. La combinación de asesoramiento en propiedad intelectual e industrial, contratos de trabajo y acuerdos de confidencialidad, y gestión de conflictos cuando se producen, define un perímetro de protección coherente y adaptado al estadio de la empresa.
Un abogado de propiedad intelectual que conoce el entorno startup aporta algo más que el conocimiento técnico del registro de marca o de la protección del secreto empresarial. Aporta la capacidad de integrar esos instrumentos en la estrategia de negocio y en los procesos internos de la empresa, de forma que la protección sea real y no solo formal.
¿Tiene su empresa un inventario actualizado de sus secretos empresariales? ¿Sus contratos de trabajo con el equipo técnico reflejan con precisión el perímetro de lo que se considera confidencial? Si la respuesta es negativa o incierta, el momento de abordarlo es ahora, no cuando llegue la próxima salida no planificada.
El siguiente checklist sintetiza los puntos críticos que debe revisar cualquier empresa tecnológica con activos intangibles relevantes. No sustituye al análisis jurídico específico de cada situación, pero permite identificar las áreas de mayor exposición.
Una empresa que crea valor en intangibles pero no ha registrado ni protegido su marca, su tecnología o su know-how asume un riesgo que puede materializarse en cualquier momento. La salida de un directivo es uno de los desencadenantes más comunes. No es el único.
La gestión del secreto empresarial se integra en una estrategia más amplia de protección de intangibles que incluye el registro y la defensa de marcas, patentes y diseños industriales, así como la estructuración de contratos de licencia y de transferencia de tecnología. Puede consultar nuestra práctica completa en propiedad intelectual y tecnología, donde se describen todos los servicios de esta área.
Para empresas que evalúan la conveniencia de un acuerdo de confidencialidad antes de una negociación sensible, nuestra comparativa sobre NDA unilateral frente a otras modalidades de acuerdo de confidencialidad ofrece un análisis de los criterios de decisión más relevantes. Si desea profundizar en la metodología de protección del secreto empresarial con un enfoque de caso más amplio, puede consultar nuestro caso práctico sobre protección del secreto empresarial, que desarrolla escenarios complementarios al presente material.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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