El sector inmobiliario y de la construcción afronta un momento decisivo en materia de cumplimiento normativo. Las promotoras, constructoras, agencias inmobiliarias y fondos de inversión con cartera de activos en España operan en un entorno donde la exigencia regulatoria escala con rapidez. Quien espera a que la obligación sea incuestionable asume riesgos que, en la práctica de los juzgados de lo mercantil y de los órganos sancionadores, ya se están materializando.
La pregunta parece sencilla. En realidad, la línea entre lo voluntario y lo obligado se ha ido desplazando de forma sostenida en los últimos años. Entender dónde está esa línea hoy es la primera decisión que debe tomar la dirección.
El compliance penal obligado arranca de la reforma del Código Penal que extendió la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Toda empresa – sin excepción de tamaño ni forma social – puede ser condenada si en su nombre o por su cuenta se cometen determinados delitos. Esto no es teoría. Los juzgados de lo mercantil y los penales han tramitado ya procedimientos en los que promotoras y constructoras figuraron como investigadas.
El compliance voluntario, por su parte, es el conjunto de medidas que va más allá de lo estrictamente exigible. Aquí se incluyen los programas de integridad corporativa, los códigos de conducta reforzados, los sistemas de gestión de conflictos de interés en contrataciones y licitaciones, y las auditorías internas periódicas. Nadie obliga a una sociedad limitada de construcción a tenerlos. Pero su ausencia agrava la posición defensiva.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la confusión más frecuente consiste en creer que porque no existe una norma que diga expresamente «debes tener un programa de compliance», la empresa está dispensada. El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que la ausencia de un modelo de organización y gestión eficaz es un elemento que los tribunales valorarán negativamente al examinar la responsabilidad de la persona jurídica.
Para que la dirección pueda priorizar, conviene desagregar las obligaciones que el marco regulatorio impone con independencia de la voluntad de la empresa.
Las agencias inmobiliarias y las promotoras que intervienen en operaciones de compraventa de inmuebles están sujetas a la normativa española de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta condición de «sujetos obligados» impone deberes de identificación del cliente, diligencia debida (due diligence) reforzada en operaciones de riesgo y comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). No tenerlos implica sanciones administrativas de calado, independientemente de si se ha cometido delito alguno.
La legislación penal vigente exige que la empresa disponga de un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Este modelo no tiene un formato legal obligatorio. Pero su existencia – y su aplicación efectiva – es la principal palanca de exoneración o atenuación de responsabilidad si el procedimiento penal llega a abrirse.
En la construcción, los delitos de mayor relevancia son los relativos a la corrupción en el sector privado y público, el fraude en licitaciones, los delitos contra los derechos de los trabajadores y los delitos medioambientales. Todos ellos figuran en el catálogo de delitos que generan responsabilidad de la persona jurídica.
La transposición de la Directiva europea sobre protección de denunciantes ha introducido en España la obligación de disponer de un canal de denuncias para empresas que superan determinado umbral de plantilla, así como para el sector público y determinadas entidades sujetas a regulación financiera. Las empresas de construcción de cierto tamaño están afectadas. El plazo de implementación para las empresas del sector privado con más de cincuenta trabajadores ya transcurrió, lo que significa que operar sin canal de denuncias activo es, hoy, una infracción sancionable.
Una promotora, una agencia o un fondo inmobiliario tratan datos personales en cada fase del ciclo: captación de clientes, gestión de arrendatarios, videovigilancia de inmuebles, relaciones con proveedores y empleados. El RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) son aplicables con toda su extensión. La AEPD ha sancionado a empresas del sector por ausencia de registro de actividades de tratamiento, por videovigilancia sin cartelería adecuada y por transferencias de datos a terceros sin base jurídica habilitante.
Un dato que conviene retener: el plazo para notificar una brecha de seguridad a la AEPD es de 72 horas desde que la organización tiene conocimiento de ella. Ninguna empresa del sector que no tenga un protocolo de brechas activo puede cumplir ese plazo de forma realista.
| Criterio | Compliance penal obligado | Compliance voluntario ampliado |
|---|---|---|
| Fundamento normativo | Legislación penal, normativa antiblanqueo, canal de denuncias, RGPD/LOPDGDD | Buenas prácticas de gobierno corporativo, normas ISO, estándares ESG |
| Consecuencia de la omisión | Responsabilidad penal corporativa, sanciones administrativas, inhabilitación para contratar con la Administración | Sin consecuencia directa, pero agrava la posición defensiva ante un procedimiento |
| Plazo de implantación | Canal de denuncias: plazo vencido para empresas de más de cincuenta trabajadores. Resto: inmediato | Sin plazo legal; la empresa fija su hoja de ruta |
| Coste relativo de implantación | Moderado si se actúa antes de un incidente; muy elevado si se actúa tras él | Variable; amortizable como activo reputacional y en procesos de due diligence y financiación |
| Reversibilidad | La omisión genera hechos consumados (sanciones, precedentes procesales) | Alta; se implementa de forma progresiva |
| Exposición ante inversores y financiadores | Exigida en procesos de diligencia debida (due diligence) para financiación y M&A | Valorada positivamente; puede ser determinante en operaciones con fondos ESG |
| Idoneidad según perfil de empresa | Toda empresa del sector, sin excepción de tamaño | Empresas en procesos de crecimiento, salida a mercados exteriores o captación de inversión institucional |
La respuesta directa: toda empresa inmobiliaria o constructora necesita cubrir primero el compliance obligado. Es el suelo, no el techo. El compliance voluntario ampliado tiene sentido en una segunda fase, especialmente cuando la empresa anticipa procesos de adquisición, refinanciación con entidades exigentes o expansión internacional. En nuestra práctica, las empresas que han combinado ambos niveles de forma ordenada han salido de procesos de diligencia debida (due diligence) sin contingencias que comprometieran la valoración.
El error más frecuente que observamos en empresas del sector es delegar el compliance en un responsable técnico sin que el órgano de administración haya tomado decisiones explícitas. La responsabilidad penal de la persona jurídica solo se puede gestionar eficazmente si el consejo o la dirección general asume el mandato de manera formal.
Las decisiones que no pueden postergarse son las siguientes.
Las agencias inmobiliarias que intermedian en operaciones de compraventa son sujetos obligados por la normativa antiblanqueo. Las promotoras que venden directamente también pueden serlo dependiendo de la estructura de la operación. Esta calificación tiene consecuencias inmediatas sobre el manual de procedimientos internos, las políticas de aceptación de clientes y el sistema de reporte al SEPBLAC.
Un modelo de organización y gestión para la prevención penal no es un documento de cien páginas que nadie lee. Es un sistema que incluye una matriz de riesgos penales calibrada para la actividad de la empresa, un protocolo de investigación interna, un canal de denuncias operativo y una formación periódica del personal. Su eficacia depende de que sea real, no de que exista en papel.
Un programa de adaptación al RGPD para el sector inmobiliario incluye, como mínimo: el registro de actividades de tratamiento, la revisión de las bases jurídicas de cada tratamiento, los contratos con encargados del tratamiento (gestoras de fincas, empresas de videovigilancia, plataformas de CRM), y el protocolo de respuesta ante brechas de seguridad. La creencia de que con una cláusula de privacidad en la web ya se cumple el RGPD es un mito que la AEPD ha desmontado de forma reiterada en su actividad sancionadora. El registro de tratamientos, el protocolo de brechas y el modelo de compliance reducen la sanción y la exposición de forma demostrable.
El canal de denuncias es ya una obligación legal para las empresas del sector que superan el umbral legal de trabajadores. Debe garantizar la confidencialidad del denunciante, disponer de un responsable de gestión de comunicaciones y tener establecido un procedimiento de investigación interna con plazos definidos. Su ausencia es una infracción activa, no una mera insuficiencia organizativa.
Hemos implantado programas de protección de datos y compliance en empresas de distintos sectores. En todas ellas, el coste de implantar el programa antes de un incidente fue muy inferior al coste de gestionarlo después. Esta es la lógica que debe guiar la decisión de la dirección.
El momento en el que una empresa del sector inmobiliario o de la construcción suele recibir la primera presión real de compliance es cuando un fondo de inversión o una entidad financiadora solicita la documentación de due diligence. En ese momento, la ausencia de un programa estructurado puede paralizar la operación o reducir la valoración. El asesoramiento previo convierte esa contingencia en una fortaleza.
¿Por qué el asesoramiento temprano tiene un efecto multiplicador? Porque los programas de compliance bien diseñados se integran en los procesos de la empresa sin generar fricción operativa. Los que se diseñan a la carrera, bajo presión de un procedimiento o de una operación corporativa inminente, tienden a ser más costosos, menos eficaces y más difíciles de interiorizar por la organización.
La legislación penal prevé que el modelo de organización y gestión cuente con un órgano de supervisión y control – habitualmente denominado «compliance officer» o comité de cumplimiento – con poderes autónomos de iniciativa y control. En empresas de tamaño pequeño o mediano, esta función puede ser asumida por un consejero o por un asesor externo especializado. Lo relevante es que exista, que tenga acceso directo al órgano de administración y que quede documentada su actuación.
En nuestra experiencia, la externalización de la función de compliance a un equipo jurídico especializado ofrece tres ventajas prácticas: evita el conflicto de interés interno, garantiza la actualización normativa continua y reduce el coste fijo para empresas que no tienen masa crítica para sostener una función interna.
La Ley de Contratos del Sector Público contempla la prohibición de contratar con la Administración para aquellas empresas que hayan sido condenadas por determinados delitos. La existencia de un programa de compliance eficaz puede ser determinante para evitar esa condena, y también para acreditar la rectificación de la empresa en procesos de rehabilitación. Para las constructoras que trabajan con obra pública, este es un riesgo existencial que justifica por sí solo la inversión en compliance.
Identificar los errores más comunes ayuda a la dirección a priorizar sin perderse en la teoría. Estos son los que encontramos con más frecuencia al auditar empresas inmobiliarias y constructoras.
Las operaciones de adquisición de empresas o de carteras de activos inmobiliarios incluyen, de forma sistemática, una revisión de compliance en la fase de due diligence. Los compradores institucionales y los fondos de inversión exigen que la empresa target cuente con un programa de prevención del blanqueo activo, con un modelo de compliance penal documentado y con un programa de protección de datos adaptado al RGPD.
La ausencia de estos elementos no suele bloquear la operación. Pero sí genera ajustes de precio, retenciones en el depósito en garantía (escrow) o condiciones previas al cierre que alargan el calendario. En nuestra práctica, hemos acompañado a vendedores que, al iniciar el proceso de venta, identificaron estas carencias y las subsanaron en tiempo razonable, eliminando contingencias que de otro modo habrían reducido su valoración.
¿Es posible implantar un programa de compliance en paralelo a un proceso de M&A activo? Sí, pero la presión operativa lo encarece y lo hace menos robusto. La anticipación tiene un valor económico directo y medible en este contexto.
Para profundizar en el análisis de los programas de cumplimiento normativo aplicables a distintos sectores, puede consultar nuestra comparativa general sobre compliance penal voluntario y obligado por sector, donde abordamos los criterios de decisión con independencia de la actividad empresarial.
La gestión de activos inmobiliarios genera tratamientos de datos que habitualmente no están en el radar de la dirección. Conviene concretarlos.
La gestión de contratos de arrendamiento implica el tratamiento de datos de arrendatarios, garantes y fiadores. Las plataformas de gestión de alquileres reciben estos datos como encargados del tratamiento. Sin base jurídica adecuada y sin contrato de encargo, la empresa incumple el RGPD de forma activa.
Las cámaras de seguridad en obras y en inmuebles en explotación son uno de los focos de inspección habitual de la AEPD. La cartelería informativa, la retención limitada de imágenes y la legitimación del tratamiento son requisitos que con frecuencia se omiten. La AEPD ha iniciado procedimientos sancionadores en el sector precisamente por este motivo.
Las bases de datos de potenciales compradores o arrendatarios que las agencias inmobiliarias construyen a lo largo de años contienen, en muchos casos, datos obtenidos sin consentimiento expreso o con finalidades distintas a las actuales. Una revisión del registro de actividades de tratamiento permite identificar y corregir estas situaciones antes de que se conviertan en contingencias.
Si su empresa opera en el sector y desea conocer los pasos concretos para implantar un programa de cumplimiento, nuestra guía práctica sobre cómo implantar un programa de compliance en el sector inmobiliario y de la construcción desarrolla el proceso fase a fase.
Este resumen operativo permite a la dirección hacer una primera evaluación rápida del estado de cumplimiento de la empresa.
El compliance inmobiliario se entrecruza con otras áreas de práctica de la firma. Las operaciones de adquisición de inmuebles o de empresas del sector requieren una revisión integral que incluye el análisis societario y la estructuración fiscal de la inversión. Por ello, nuestro trabajo en esta materia habitualmente se coordina con el equipo de Derecho societario y operaciones y con el de Fiscal y tributario, asegurando que el programa de cumplimiento se integra en la estructura corporativa de forma coherente.
Para un análisis completo del marco de cumplimiento normativo de su empresa, puede consultar nuestra área de práctica de protección de datos y compliance, donde detallamos los servicios disponibles y el enfoque de trabajo de la firma.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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