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Protección de datos y compliance

Protección de datos y compliance en el sector tecnología y software

Por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y complianceActualizado:

El sector tecnológico y de software es, hoy por hoy, el más intensamente vigilado por las autoridades europeas de protección de datos. Las empresas que desarrollan aplicaciones, plataformas SaaS, soluciones de inteligencia artificial o servicios en la nube tratan volúmenes de datos personales que superan con creces los de cualquier otro sector. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha intensificado su actividad inspectora precisamente en este ámbito, y las consecuencias de un programa de cumplimiento insuficiente van mucho más allá de la sanción económica.

En breve: Una empresa tecnológica que trate datos personales debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), disponer de un registro de actividades de tratamiento actualizado, implantar un protocolo de brechas de seguridad con notificación a la AEPD en 72 horas, y articular un modelo de compliance penal proporcional a su estructura. Sin esas bases, la exposición regulatoria es alta y el coste de remediarla a posteriori supera sistemáticamente el de haberla prevenido.

Marco regulatorio aplicable a la empresa tecnológica

La empresa tecnológica opera en el cruce de varias capas normativas. La primera y más visible es la del RGPD, aplicable de forma directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea desde 2018. La LOPDGDD la desarrolla y adapta al ordenamiento español, añadiendo obligaciones específicas en materia de delegados de protección de datos, derechos digitales en el ámbito laboral y régimen de infracciones.

Pero el marco no se agota ahí. Una empresa que desarrolla software para terceros asume con frecuencia la posición de encargado del tratamiento, lo que genera un catálogo propio de obligaciones contractuales y técnicas. Quien, además, procesa datos para sus propios fines de analítica o publicidad dirigida actúa como responsable. Muchas empresas tecnológicas son, simultáneamente, encargadas frente a sus clientes y responsables frente a sus propios usuarios.

A esta bicefalia se suma el marco de compliance empresarial. La normativa penal española reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas por determinados delitos. Una empresa tecnológica que descuide la integridad de sus sistemas, que no disponga de un canal de denuncias (whistleblowing) eficaz o que omita la supervisión de sus proveedores puede quedar expuesta a consecuencias penales que ninguna cláusula contractual mitiga.

En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la primera dificultad no es técnica: es organizativa. Los equipos de desarrollo y producto no suelen tener formación jurídica, y el departamento legal – cuando existe – no siempre controla el ciclo de vida del dato desde el diseño del producto. Esa brecha entre ingeniería y derecho es la fuente más frecuente de incumplimientos.

¿Qué exige el RGPD a una empresa de tecnología o software?

La pregunta que más frecuentemente nos plantean los directivos del sector es esta: ¿qué tenemos que tener realmente? La respuesta es más concreta de lo que parece.

Primero, un registro de actividades de tratamiento actualizado. Este documento mapea qué datos trata la empresa, con qué finalidad, qué base jurídica los ampara, durante cuánto tiempo se conservan y a qué terceros se ceden o transfieren. No es un trámite puntual: es un instrumento vivo que debe revisarse cada vez que se lanza un nuevo producto o se contrata a un proveedor de servicios en la nube.

Segundo, contratos de encargo del tratamiento con todos los proveedores que accedan a datos personales de la empresa o de sus clientes. Los contratos de servicios cloud, los servicios de analítica, las plataformas de soporte técnico y los integradores deben incluir las cláusulas que el RGPD exige. Un contrato SaaS sin ese clausulado convierte al proveedor en un encargado sin marco legal, y la responsabilidad recae sobre quien ha encargado el servicio.

Tercero, medidas técnicas y organizativas proporcionadas al riesgo. El RGPD no establece un catálogo cerrado de medidas: exige que sean adecuadas al riesgo del tratamiento. Para una empresa que maneja credenciales de acceso, datos de salud o información financiera, el estándar es alto. Para una empresa de gestión documental interna, puede ser más accesible. Lo que nunca es aceptable es no haber evaluado ese riesgo.

Cuarto, un procedimiento de respuesta ante brechas de seguridad. La notificación a la AEPD debe producirse en 72 horas desde que la empresa tiene constancia de la brecha. Sin un protocolo previo, ese plazo es prácticamente imposible de cumplir: hay que identificar la brecha, evaluarla, documentarla y decidir si procede notificar al afectado, todo ello en menos de tres días. Hemos observado que la mayoría de las sanciones por brechas no se deben al incidente en sí, sino a la gestión inadecuada posterior.

Quinto, la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD), obligatoria cuando el tratamiento supone un alto riesgo para los derechos de los interesados. En el sector tecnológico, esto incluye el perfilado de usuarios, la monitorización sistemática, el uso de datos de categorías especiales o el despliegue de sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones automatizadas con efectos sobre las personas.

Decisiones críticas de la dirección: plazos y puntos de no retorno

El cumplimiento normativo en protección de datos no es una tarea del departamento de IT. Es una decisión estratégica que afecta al diseño del producto, a la política comercial y a la cadena de contratos. La dirección necesita tener claro en qué momentos la inacción genera un riesgo que ya no puede corregirse a tiempo.

El primer punto crítico es el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. El principio de privacidad desde el diseño (privacy by design) obliga a integrar las medidas de protección de datos desde la fase de desarrollo, no como un parche posterior. Un producto que ya está en producción con una arquitectura inadecuada cuesta más de remediar que de haber diseñado correctamente desde el inicio.

El segundo punto es la contratación de proveedores de infraestructura o servicios digitales. Cada nuevo proveedor que accede a datos personales activa las obligaciones del RGPD: hay que clasificarlo, formalizar el contrato de encargo, verificar si transfiere datos fuera del Espacio Económico Europeo y evaluar si el tratamiento es compatible con la finalidad original. En nuestra práctica, hemos observado que las empresas tecnológicas acumulan decenas de proveedores sin un inventario actualizado, lo que hace imposible responder ante una auditoría de la AEPD.

El tercer punto es la incorporación de nuevos empleados con acceso a datos sensibles. La normativa laboral española, desarrollada por la LOPDGDD, exige que los trabajadores conozcan las condiciones en que la empresa puede monitorizar el uso de dispositivos corporativos. Esa comunicación debe ser previa y explícita. Omitirla puede invalidar las pruebas obtenidas en una investigación interna y exponer a la empresa en un litigio laboral.

El cuarto punto es la recepción de una reclamación de un interesado o de una comunicación de la AEPD. El plazo para responder a los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición es de un mes, prorrogable hasta dos meses adicionales en casos complejos. Una respuesta tardía o incompleta puede convertir una reclamación menor en un expediente sancionador.

¿Comprende su empresa en qué fase del ciclo de vida del dato se encuentra cada uno de estos riesgos? Si la respuesta es negativa, el programa de cumplimiento está incompleto.

Compliance penal en empresas tecnológicas: lo que va más allá del RGPD

El compliance empresarial en el sector tecnológico tiene una dimensión que muchas empresas subestiman: la responsabilidad penal de la persona jurídica. La normativa penal española establece que las empresas pueden ser responsables de determinados delitos cometidos por sus directivos, empleados o proveedores cuando la organización no ha implantado un modelo de prevención eficaz.

Para una empresa tecnológica, los tipos delictivos más relevantes incluyen el acceso ilícito a sistemas de información, el descubrimiento y revelación de secretos, los delitos contra la propiedad intelectual y, en determinados contextos, el blanqueo de capitales y la corrupción en transacciones internacionales. El compliance penal no es una exigencia reservada a las grandes multinacionales: cualquier empresa con actividad comercial relevante y empleados con acceso a sistemas críticos debe tenerlo en cuenta.

El canal de denuncias – también denominado canal de whistleblowing – es hoy una obligación legal para las empresas que superen los umbrales previstos en la normativa vigente, derivada de la transposición de la Directiva europea sobre la materia. Pero incluso para las empresas que no estén obligadas formalmente, su implantación es una medida de diligencia que refuerza el modelo de exención de responsabilidad penal.

Un modelo de compliance penal eficaz para una empresa tecnológica comprende, como mínimo: un mapa de riesgos penales actualizado, un código de conducta de cumplimiento obligatorio, un canal de denuncias con garantías de confidencialidad, un órgano de cumplimiento con autonomía funcional y un programa de formación periódica. Estos elementos no son cosméticos: son los que distinguen, ante un tribunal, a la empresa que ha actuado de buena fe de la que no lo ha hecho.

¿Cuáles son los riesgos más frecuentes en una empresa de software?

En nuestra experiencia con empresas del sector, identificamos recurrentemente los mismos patrones de incumplimiento. Describirlos ayuda a los directivos a priorizar dónde actuar primero.

El riesgo más extendido es la falta de un registro de actividades de tratamiento actualizado. Muchas empresas disponen de un documento que se elaboró en 2018 y no se ha revisado desde entonces. Entre tanto, han lanzado nuevos productos, incorporado nuevos proveedores y ampliado el uso de datos para analítica o inteligencia artificial. El registro obsoleto es, en la práctica, un documento que no sirve ni como instrumento de cumplimiento ni como defensa ante la AEPD.

El segundo riesgo es la ausencia de un protocolo de gestión de brechas. Una brecha de seguridad que se detecta y gestiona correctamente puede resolverse sin sanción. Una que se detecta tarde, se documenta mal o no se notifica en plazo puede derivar en un expediente sancionador grave. El RGPD penaliza la omisión con más severidad que el incidente en sí.

El tercer riesgo es la transferencia internacional de datos sin el marco adecuado. El uso de servicios cloud americanos, plataformas de analítica o herramientas de colaboración que procesan datos fuera del Espacio Económico Europeo exige un análisis específico. Tras las sucesivas decisiones de los tribunales europeos sobre las transferencias a Estados Unidos, la situación ha evolucionado y requiere atención continuada.

El cuarto riesgo es el uso de inteligencia artificial o aprendizaje automático para tomar decisiones que afecten a personas sin haber realizado la evaluación de impacto preceptiva. Este riesgo crecerá de forma significativa con la plena aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que establece un sistema de obligaciones proporcionales al nivel de riesgo del sistema desplegado.

Existe, además, un mito frecuente que conviene desmontar: la creencia de que con una cláusula de privacidad en la web o en la aplicación ya se cumple el RGPD. Esa cláusula – la política de privacidad – es solo el elemento visible. Detrás de ella debe haber un registro de tratamientos, contratos con encargados, medidas de seguridad implementadas y un protocolo de gestión de incidentes. Sin esa infraestructura, la política de privacidad es una declaración vacía que no protege a la empresa.

¿Cómo reduce el asesoramiento temprano el coste y el riesgo?

La pregunta que todo director financiero se formula al evaluar un programa de cumplimiento es legítima: ¿cuánto cuesta y qué evita? La respuesta honest es que el coste de la prevención es sistemáticamente inferior al coste de la reacción.

Una brecha de seguridad no gestionada o notificada fuera de plazo puede derivar en sanciones que la normativa gradúa en función de la gravedad de la infracción, el volumen de datos afectado, la intencionalidad y las medidas adoptadas por la empresa. Las infracciones más graves del RGPD alcanzan importes que pueden resultar materiales para una empresa mediana. Pero el coste económico directo es solo una parte: hay que sumar el coste reputacional, el impacto en las relaciones con clientes corporativos que exigen el cumplimiento de sus proveedores, y la posible responsabilidad contractual derivada de los contratos de encargo.

El asesoramiento temprano permite, en cambio, diseñar el programa de cumplimiento a medida de la estructura real de la empresa. No todas las empresas tecnológicas tienen el mismo perfil de riesgo: una plataforma SaaS que gestiona datos de salud tiene obligaciones distintas a un estudio de desarrollo de videojuegos. Un enfoque proporcional reduce el coste del programa y concentra los recursos donde el riesgo es efectivamente mayor.

Hemos implantado programas de protección de datos y compliance en empresas tecnológicas, industriales y de salud. En todos los casos, el trabajo previo de diagnóstico ha revelado brechas de cumplimiento que los propios equipos internos no habían identificado, no por falta de diligencia, sino por la ausencia de un marco metodológico que cubra simultáneamente el ciclo del dato, los contratos con terceros y el modelo de compliance penal.

El momento óptimo para iniciar un programa de cumplimiento es antes de que llegue la inspección, la brecha o la reclamación. Una vez que cualquiera de esas tres circunstancias se produce, las opciones estratégicas se reducen de forma drástica. El asesoramiento reactivo tiene un coste mayor y un margen de actuación más estrecho.

Cumplimiento en operaciones transfronterizas y con clientes internacionales

El sector tecnológico español opera con frecuencia en un entorno internacional. Una empresa con sede en Barcelona o Madrid que presta servicios a clientes en Francia, Alemania o el Reino Unido puede estar sujeta a las obligaciones de varios marcos nacionales simultáneamente, además del RGPD como denominador común en el Espacio Económico Europeo.

Cuando el cliente corporativo es una empresa no europea que exige el cumplimiento de sus propias políticas de privacidad – basadas, por ejemplo, en la normativa californiana o en estándares sectoriales americanos – la empresa española debe ser capaz de articular una respuesta coherente. Ese diálogo normativo requiere una comprensión simultánea del marco europeo y del marco del cliente.

En operaciones con punto de apoyo fuera de España, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, lo que permite a la empresa tecnológica española gestionar el cumplimiento transfronterizo de forma consistente sin necesidad de acudir a múltiples proveedores descoordinados.

La transferencia internacional de datos personales es, en este contexto, uno de los principales focos de atención. El uso de proveedores cloud fuera del Espacio Económico Europeo requiere una base de transferencia válida: ya sea una decisión de adecuación de la Comisión Europea, ya sean las cláusulas contractuales tipo vigentes, ya sea un instrumento equivalente. La validez de esas bases debe verificarse periódicamente, dada la evolución de la jurisprudencia europea en la materia.

¿Su empresa dispone de un mapa actualizado de todas las transferencias internacionales de datos que realiza, directamente o a través de sus proveedores? En nuestra práctica, ese mapa es uno de los elementos que con mayor frecuencia está incompleto o desactualizado cuando se inicia un proceso de diligencia debida (due diligence) previo a una operación corporativa.

Privacidad desde el diseño y nuevas tecnologías: el estándar que viene

El marco regulatorio europeo no está detenido. El Reglamento de Inteligencia Artificial, ya aprobado a nivel europeo, introduce un sistema de clasificación de riesgos que afecta directamente a las empresas que desarrollan o despliegan sistemas de IA. Los sistemas de alto riesgo – aquellos que toman decisiones automatizadas con efectos significativos sobre personas en ámbitos como el empleo, la educación o los servicios esenciales – están sujetos a obligaciones de transparencia, explicabilidad, supervisión humana y evaluación de conformidad.

Para una empresa de software que desarrolla herramientas de gestión de recursos humanos, sistemas de puntuación crediticia, herramientas de selección automatizada o plataformas de análisis predictivo, este marco es una realidad regulatoria que debe incorporarse al ciclo de desarrollo del producto.

La privacidad desde el diseño no es solo un principio del RGPD: es también el núcleo metodológico del nuevo marco de IA. Una empresa que haya implantado ya una cultura de cumplimiento orientada al ciclo del dato estará en una posición mucho más ventajosa para adaptarse a estos nuevos requerimientos que una que aún no ha completado su adaptación al RGPD.

El Reglamento eIDAS revisado, el Data Governance Act, el Data Act y el próximo marco de interoperabilidad de datos en el sector público son otras piezas del ecosistema regulatorio digital europeo que afectan, en mayor o menor medida, a las empresas tecnológicas españolas. El compliance digital ya no es una disciplina monolítica centrada en el RGPD: es un sistema de obligaciones en expansión que requiere una visión integral.

Checklist de cumplimiento para empresas de tecnología y software

Este checklist recoge los elementos mínimos que, en nuestra experiencia, debe verificar la dirección de una empresa tecnológica con carácter anual o en cada lanzamiento de producto significativo. No es un sustituto del análisis jurídico específico: es una herramienta de diagnóstico inicial.

  • Registro de actividades de tratamiento actualizado y revisado en los últimos doce meses.
  • Base jurídica identificada para cada actividad de tratamiento (consentimiento, interés legítimo, ejecución contractual, obligación legal).
  • Contratos de encargo del tratamiento formalizados con todos los proveedores que accedan a datos personales.
  • Análisis de transferencias internacionales: proveedores fuera del Espacio Económico Europeo identificados y base de transferencia válida documentada.
  • Protocolo de gestión de brechas de seguridad con notificación a la AEPD en 72 horas.
  • Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) realizada para los tratamientos de alto riesgo.
  • Política de privacidad actualizada y coherente con el registro de tratamientos.
  • Formación en protección de datos impartida al personal con acceso a datos en los últimos doce meses.
  • Delegado de Protección de Datos (DPO) designado cuando sea preceptivo o conveniente.
  • Canal de denuncias operativo con garantías de confidencialidad y procedimiento de investigación documentado.
  • Modelo de compliance penal con mapa de riesgos, código de conducta y órgano de cumplimiento.
  • Revisión de los sistemas de IA desplegados a la luz del Reglamento de Inteligencia Artificial.

La ausencia de varios de estos elementos en una empresa de tamaño mediano o en crecimiento no es infrecuente. Lo relevante es que la dirección sea consciente de esa ausencia y tenga un plan para remediarla antes de que se produzca un incidente o una inspección.

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El cumplimiento en protección de datos y compliance se articula con frecuencia junto a otras áreas de la práctica jurídica empresarial. Las empresas tecnológicas que atraviesan procesos de crecimiento o de entrada de inversores necesitan también un marco de cumplimiento normativo integral en protección de datos y compliance que cubra tanto el ciclo del dato como el modelo de governance corporativo. Asimismo, el compliance digital tiene implicaciones relevantes para la propiedad intelectual y la tecnología, especialmente en lo que respecta a la titularidad del software, los acuerdos de licencia y la gestión de activos intangibles. Si su empresa opera en el sector financiero, el dosier sobre protección de datos y compliance en el sector fintech ofrece un análisis específico de los marcos regulatorios aplicables a ese entorno.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica protección de datos y compliance en tecnología y software para una empresa?
Implica cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), mantener un registro de actividades de tratamiento actualizado, formalizar contratos con los proveedores que accedan a datos personales, implantar un protocolo de brechas de seguridad con notificación a la AEPD en 72 horas, y disponer de un modelo de compliance penal proporcional a la estructura y el riesgo de la empresa. Una empresa tecnológica también puede estar sujeta al Reglamento de Inteligencia Artificial europeo si despliega sistemas de alto riesgo.
¿Qué plazos y costes conlleva protección de datos y compliance en tecnología y software?
Los plazos más críticos son el de notificación de brechas a la AEPD – 72 horas desde la detección – y el de respuesta a los derechos de los interesados – un mes, prorrogable en casos complejos. El coste del programa de cumplimiento varía en función del tamaño de la empresa, el volumen de datos tratados y la complejidad de los sistemas. En nuestra experiencia, el coste de la prevención es sistemáticamente inferior al de la reacción ante una sanción, una brecha no gestionada o una reclamación ante la autoridad de control.
¿Qué riesgos hay que evitar en protección de datos y compliance en tecnología y software?
Los riesgos más frecuentes son: registro de tratamientos obsoleto, ausencia de protocolo de gestión de brechas, transferencias internacionales de datos sin base jurídica válida, uso de inteligencia artificial sin evaluación de impacto, y falta de contratos de encargo del tratamiento con proveedores cloud. El riesgo de compliance penal también es relevante: la ausencia de canal de denuncias o de modelo de exención puede comprometer la posición de la empresa ante un tribunal. La creencia de que una cláusula de privacidad en la web es suficiente es uno de los errores más extendidos y con mayor coste potencial.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en protección de datos y compliance en tecnología y software?
El momento óptimo es antes de que se produzca un incidente, una inspección o una reclamación. En particular, conviene contar con asesoramiento al lanzar un nuevo producto o servicio, al contratar nuevos proveedores de infraestructura digital, al abrir mercados en el extranjero, al incorporar sistemas de inteligencia artificial o al preparar la empresa para una operación corporativa. Una vez que se produce la brecha o se abre el expediente sancionador, las opciones estratégicas se reducen de forma drástica y el coste del asesoramiento aumenta.

Análisis elaborado por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y compliance, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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