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Derecho societario y operaciones (M&A)

Cómo estructurar una financiación con deuda y capital

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

Toda empresa que crece necesita financiación. La pregunta real no es si recurrir a deuda o a capital, sino cómo combinar ambos instrumentos de manera que el coste sea asumible, el control societario quede preservado y la estructura resista el escrutinio de cualquier inversor o entidad financiera. En nuestra experiencia, las operaciones que fracasan no lo hacen por falta de dinero, sino por una arquitectura mal diseñada desde el principio.

En breve: Estructurar una financiación con deuda y capital exige definir la proporción entre ambas fuentes, elegir los instrumentos jurídicos adecuados – préstamos participativos, ampliaciones de capital, deuda convertible – y plasmar los derechos de cada parte en un pacto de socios sólido. La normativa societaria y la legislación mercantil fijan los marcos obligatorios; el margen de configuración privada es amplio, pero los errores en el diseño inicial tienen un coste elevado y, en ocasiones, irreversible.

Qué marco legal rige la estructura de financiación de una empresa

La Ley de Sociedades de Capital es el primer referente. Regula la emisión de nuevas participaciones o acciones, los derechos de suscripción preferente, los requisitos de convocatoria y aprobación de la junta general y las condiciones para la emisión de obligaciones convertibles. Nada de esto es opcional: el incumplimiento de los procedimientos formales puede invalidar una ampliación de capital o exponer a los administradores a responsabilidad.

El Código de Comercio y la legislación mercantil general disciplinan los contratos de préstamo entre la sociedad y sus socios o terceros. Aquí reside una zona de riesgo frecuente: los préstamos de socios a la sociedad, o de la sociedad a los socios, pueden quedar sometidos a restricciones especiales en situaciones de insolvencia, lo que la Ley Concursal regula con detalle.

La normativa tributaria, por su parte, introduce el concepto de subcapitalización y el régimen de limitación de la deducibilidad de intereses. El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 25 %, pero la estructura financiera incide directamente en la base imponible: los intereses pagados son gasto deducible dentro de los límites legales, mientras que los dividendos retribuyen el capital con cargo a beneficio neto. Esta asimetría fiscal es uno de los motores que explica la preferencia por la deuda en determinadas fases del ciclo empresarial.

La normativa de inversión extranjera añade una capa adicional cuando el capital proviene de fuera de la Unión Europea. El régimen de autorización previa para determinados sectores estratégicos exige un análisis previo que, si se omite, puede bloquear toda la operación.

¿Qué instrumentos jurídicos combina una estructura típica de financiación?

No existe una combinación única. La elección depende del perfil de riesgo del proyecto, del horizonte temporal, del apetito de control del fundador o accionista mayoritario y de las exigencias del inversor o entidad financiera. Lo que sí es cierto es que cada instrumento tiene una naturaleza jurídica propia que condiciona los derechos y las obligaciones de cada parte.

Los instrumentos más habituales en operaciones de empresa son los siguientes:

  • Ampliación de capital ordinaria: el inversor entra como socio, asume riesgo empresarial y obtiene derechos políticos y económicos proporcionales a su participación. La valoración de la empresa – la premoney – determina el precio de cada participación o acción. Es el instrumento de referencia en rondas de inversión de capital riesgo.
  • Préstamo participativo: instrumento híbrido reconocido por la legislación mercantil española. El tipo de interés variable se vincula a la evolución del negocio. A efectos de la legislación concursal, computa como patrimonio neto en el análisis de solvencia, lo que resulta especialmente útil en fases de arranque o reestructuración.
  • Deuda convertible (obligaciones convertibles en participaciones o acciones): el prestamista financia la sociedad con la opción de convertir su crédito en capital cuando se produzca un hito determinado – una ronda posterior, un plazo, una valoración acordada. El inversor retrasa la fijación del precio; la empresa obtiene liquidez inmediata. La hoja de términos (term sheet) debe precisar el mecanismo de conversión con exactitud para evitar litigios.
  • Deuda senior garantizada: financiación bancaria o de fondos de deuda, habitualmente con garantías reales (hipoteca, prenda sobre participaciones) y covenants financieros. Es la fuente más barata en coste nominal pero la más exigente en términos de restricciones operativas para la dirección.
  • Financiación mezzanine o subordinada: deuda que ocupa una posición intermedia en el orden de prelación. Su coste es superior al de la deuda senior, pero no diluye a los accionistas existentes. Se utiliza con frecuencia en operaciones de adquisición apalancada (leveraged buyout).

¿Cómo elegir entre ellos? La respuesta depende de tres factores: la capacidad de generación de caja del negocio para servir la deuda, el grado de dilución que los fundadores están dispuestos a aceptar y el calendario de salida que el inversor tiene previsto.

El papel del pacto de socios y la sociedad holding en la arquitectura financiera

Uno de los errores más costosos que hemos observado en nuestra práctica es creer que los estatutos sociales bastan para regular la relación entre socios inversores y fundadores. Los estatutos son un documento público, inscribible en el Registro Mercantil, que no puede recoger cláusulas de confidencialidad ni mecanismos de salida complejos sin exponerlos al conocimiento de cualquier tercero.

El pacto de socios resuelve ese problema. Es el instrumento que fija quién controla la sociedad, en qué condiciones puede un socio vender su participación, qué derechos de arrastre o de acompañamiento se reconocen y cómo se gobiernan las decisiones reservadas que requieren mayorías reforzadas. En operaciones con más de un inversor institucional, el pacto de socios es tan relevante como el propio contrato de inversión: determina la distribución real del poder.

La sociedad holding es otro instrumento que aparece con regularidad en estructuras de financiación de cierta complejidad. El inversor o el fundador interpone una sociedad entre él y la sociedad operativa. Las ventajas son fiscales – la participación en dividendos puede beneficiarse del régimen de exención previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades – y operativas: la holding sirve como vehículo para concentrar la deuda de adquisición, separar riesgos y facilitar futuras desinversiones.

La constitución y el diseño de la holding deben hacerse antes de cerrar la operación, no después. El coste de reorganizar una estructura societaria ya creada es siempre superior al de diseñarla correctamente desde el inicio.

¿Qué decisiones críticas debe gestionar la dirección antes de cerrar una financiación?

La dirección de la empresa no puede delegar enteramente en sus asesores las decisiones de fondo. Hay cuatro cuestiones que el consejo de administración o los socios deben resolver con claridad antes de sentarse a negociar con cualquier financiador o inversor.

  1. La valoración de la empresa: toda ampliación de capital supone fijar un precio para las participaciones o acciones nuevas. Ese precio implica una valoración de la empresa. Una valoración demasiado baja diluye innecesariamente al fundador; una demasiado alta puede bloquear rondas futuras o generar tensiones si el negocio no cumple las proyecciones. La diligencia debida (due diligence) previa al cierre es el mecanismo que permite contrastar esa valoración con la realidad de los activos, los pasivos y los contratos vigentes.
  2. El nivel de apalancamiento sostenible: endeudarse más allá de la capacidad de generación de caja conduce al incumplimiento de los covenants bancarios. El deber de solicitar el concurso de acreedores nace dentro de los dos meses desde que se conoció o debió conocer la insolvencia, conforme a la legislación concursal vigente. Un exceso de deuda mal dimensionado puede obligar a la dirección a activar ese mecanismo en un plazo muy breve.
  3. La gobernanza tras la entrada del inversor: ¿quién nombra administradores? ¿Qué decisiones requieren el voto del inversor? ¿Existe un derecho de veto sobre determinadas materias reservadas? Estas preguntas deben responderse en el pacto de socios antes del cierre, no en el consejo de administración posterior.
  4. La estrategia de salida: todo inversor institucional entra con una ventana de desinversión. El diseño de la estructura de financiación debe tener en cuenta ese horizonte. Las cláusulas de liquidez preferente, de arrastre (drag-along) y de acompañamiento (tag-along) regulan cómo se distribuye el valor en el momento de la salida. Negociarlas tarde, bajo presión, es el escenario menos favorable para el fundador.

La diligencia debida como condición previa a cualquier estructura de financiación

Ninguna entidad financiera ni inversor institucional cierra una operación sin haber realizado antes una diligencia debida (due diligence) sobre la empresa receptora de los fondos. Este análisis abarca, como mínimo, los aspectos jurídicos, fiscales, financieros y laborales del negocio.

Desde el lado de la empresa que recibe la inversión, la diligencia tiene una función preventiva. Permite identificar con antelación los pasivos ocultos, los contratos que incluyen cláusulas de cambio de control, las contingencias fiscales no provisionadas y los problemas de propiedad intelectual que podrían deprimirse el precio o bloquear el cierre.

Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios; en todas ellas, la anticipación de los hallazgos de la due diligence ha permitido renegociar condiciones o estructurar garantías de precio – retenciones, escrow, mecanismos de precio diferido – que protegieron a la empresa vendedora o captadora de capital frente a reclamaciones posteriores.

¿Cuándo conviene iniciar la preparación de la due diligence? La respuesta es siempre la misma: antes de que el inversor o el banco la solicite. Una empresa que ordena su documentación – contratos, títulos de propiedad, obligaciones laborales, situación registral – antes de comenzar el proceso traslada una señal de profesionalidad que, en sí misma, genera confianza y reduce el tiempo de negociación.

Cómo reducir el coste y el riesgo con asesoramiento jurídico temprano

El argumento más frecuente contra el asesoramiento jurídico en fases tempranas de una operación de financiación es el coste. Es un argumento comprensible, pero estadísticamente incorrecto si se analiza el coste total del proceso.

En nuestra práctica, el asesoramiento que llega cuando la negociación está avanzada – o, peor, cuando el conflicto ya ha surgido – tiene un coste sistemáticamente superior al asesoramiento preventivo. Las razones son estructurales. Un abogado societario que interviene en el diseño de la estructura puede configurar el pacto de socios de manera que los litigios futuros queden resueltos contractualmente. El mismo abogado que interviene cuando el conflicto ya existe tiene opciones más limitadas y costes más elevados.

El punto de entrada óptimo para el asesoramiento es el momento en que la dirección identifica la necesidad de financiación y antes de que se firme ningún documento vinculante – ni siquiera una carta de intenciones o una hoja de términos. Estos documentos, aunque con frecuencia se redactan como «no vinculantes», contienen cláusulas de exclusividad, de confidencialidad y de derechos de negociación preferente que pueden limitar seriamente las opciones de la empresa en las semanas siguientes.

El asesoramiento temprano también permite estructurar la operación de manera fiscalmente eficiente. La normativa tributaria ofrece instrumentos legítimos – regímenes de neutralidad fiscal en reestructuraciones, exenciones en la participación en beneficios, deducibilidad de intereses dentro de los límites legales – que solo pueden aprovecharse si la estructura se diseña antes del cierre, no una vez consumada la operación.

Para empresas que plantean operaciones de M&A o entrada de inversores, el análisis de la práctica de Derecho societario y de operaciones de nuestra firma está disponible en nuestra área de Derecho societario y operaciones (M&A), donde se describen los servicios específicos que prestamos en cada fase del proceso.

Errores frecuentes que comprometen una estructura de financiación

La práctica muestra un conjunto de errores recurrentes que conviene conocer antes de iniciar cualquier proceso de financiación estructurada.

  • Confiar en los estatutos estándar: los modelos de estatutos que se utilizan en las constituciones de urgencia no están diseñados para regular relaciones entre socios con intereses divergentes. Un inversor profesional rechazará sistemáticamente una estructura que no cuente con un pacto de socios negociado.
  • Mezclar deuda de socios y deuda bancaria sin un acuerdo de subordinación: en un escenario de insolvencia, la ausencia de un acuerdo formal de prelación entre acreedores puede generar conflictos que la legislación concursal resuelve de manera que no siempre favorece al socio prestamista.
  • Suscribir una hoja de términos sin revisión jurídica: como se señaló anteriormente, estos documentos contienen con frecuencia compromisos vinculantes disfrazados de declaraciones de intención. La cláusula de exclusividad, en particular, puede impedir a la empresa explorar otras fuentes de financiación durante semanas.
  • Ignorar las implicaciones laborales de la entrada de un nuevo accionista de control: determinados cambios en la estructura accionarial pueden activar obligaciones de información a la representación de los trabajadores o, en operaciones de mayor escala, obligaciones de consulta con el comité de empresa. La legislación laboral y el Estatuto de los Trabajadores fijan estos umbrales con precisión.
  • No planificar la salida desde el inicio: la falta de cláusulas de liquidez en el pacto de socios genera los conflictos más costosos de resolver una vez que el inversor quiere desinvertir y el fundador no tiene los recursos para recomprar su participación al precio de mercado.

Para comprender mejor los mecanismos de inversión desde la perspectiva de un inversor que entra en una empresa del sector agroalimentario, resulta útil revisar las preguntas frecuentes sobre acuerdos de inversión en el sector agroalimentario, donde se abordan estructuras de pacto aplicables a múltiples sectores.

¿Qué checklist debe revisar la dirección antes de cerrar la operación?

A modo de síntesis operativa, la dirección de la empresa debería verificar los siguientes puntos antes de firmar cualquier documento de cierre:

  1. La valoración de la empresa ha sido contrastada con datos reales del negocio y documentada.
  2. El pacto de socios recoge con precisión los derechos de voto, las mayorías reforzadas, los derechos de arrastre y acompañamiento, y los mecanismos de resolución de conflictos.
  3. La estructura de holding ha sido analizada desde el punto de vista fiscal y societario antes de constituirla.
  4. La diligencia debida ha identificado los pasivos contingentes y se han negociado las garantías de precio correspondientes (retención, escrow o precio diferido).
  5. La deuda tiene un calendario de amortización compatible con la generación de caja proyectada, con margen para escenarios adversos.
  6. Los contratos clave de la sociedad han sido revisados para identificar cláusulas de cambio de control que puedan activarse con la operación.
  7. Las obligaciones laborales de información o consulta, si proceden, han sido cumplidas antes del cierre.
  8. La operación ha sido analizada desde el punto de vista de la normativa de inversión extranjera, si alguno de los inversores procede de fuera de la Unión Europea.

Este checklist no es exhaustivo, pero cubre los puntos que, en nuestra experiencia asesorando operaciones societarias y de M&A, generan el mayor número de contingencias en las fases posteriores al cierre.

Para quienes deseen ver cómo se aborda en la práctica la entrada de un inversor en una compañía, el caso de operación corporativa en el sector agroalimentario recogido en este caso de referencia ilustra la secuencia real de decisiones y los puntos críticos del proceso.

Servicios relacionados

La estructuración de una financiación con deuda y capital conecta directamente con otras áreas de nuestra práctica. Una operación bien diseñada requiere, con frecuencia, análisis fiscal para optimizar la estructura de la deuda y de los instrumentos de retribución, análisis de protección de datos cuando el inversor realiza su due diligence sobre activos digitales o bases de datos de clientes, y asesoramiento laboral cuando la transacción afecta a la plantilla o a los planes de incentivos de los directivos. Asesoramos estas dimensiones de manera coordinada para que la operación no genere contingencias cruzadas entre prácticas.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica cómo estructurar una financiación con deuda y capital para una empresa?
Estructurar una financiación con deuda y capital implica decidir qué proporción de los fondos necesarios proviene de préstamos – bancarios, participativos, convertibles – y qué proporción entra como capital propio mediante ampliación de capital o instrumentos híbridos. La estructura condiciona el control societario, la carga financiera y la eficiencia fiscal de la operación. Cada combinación exige instrumentos jurídicos específicos – pacto de socios, contrato de inversión, estatutos actualizados – que deben negociarse y formalizarse correctamente para que la operación sea sólida frente a cualquier contingencia futura.
¿Qué plazos y costes conlleva cómo estructurar una financiación con deuda y capital?
Los plazos varían según la complejidad de la operación y el número de partes implicadas. Una ronda de financiación con un solo inversor y una due diligence estándar puede resolverse en pocas semanas. Una operación con múltiples fondos, garantías reales y reestructuración societaria previa requiere meses. En cuanto a los costes, los honorarios de asesoramiento jurídico y fiscal, los gastos de notaría y registro y los honorarios de la due diligence constituyen las partidas principales. El coste de no estructurar correctamente – litigios, contingencias fiscales, conflictos entre socios – supera sistemáticamente el coste del asesoramiento preventivo.
¿Qué riesgos hay que evitar en cómo estructurar una financiación con deuda y capital?
Los riesgos más relevantes son: un nivel de apalancamiento que supere la capacidad de repago del negocio; la ausencia de un pacto de socios que regule el control y la salida; la firma de documentos «no vinculantes» sin revisión jurídica; la omisión de cláusulas de cambio de control en contratos clave; y la falta de planificación fiscal de la estructura. En operaciones con inversores extranjeros, el incumplimiento de la normativa de inversión extranjera puede bloquear toda la operación incluso después del cierre formal.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en cómo estructurar una financiación con deuda y capital?
El momento óptimo es antes de que se firme ningún documento, incluida la hoja de términos o la carta de intenciones. Estos documentos contienen con frecuencia compromisos de exclusividad que limitan las opciones de la empresa. El asesoramiento temprano permite diseñar la estructura de manera fiscalmente eficiente, identificar los pasivos que deprimirían el precio en una due diligence y negociar el pacto de socios desde una posición informada, sin la presión del cierre inminente.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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