El sector energético y de renovables en España afronta una litigiosidad creciente. Los conflictos entre promotores, instaladores, financiadores y distribuidoras llegan con frecuencia a los juzgados de lo mercantil, y la prueba testifical se convierte en el eje sobre el que pivota la decisión del juez. Una empresa que llega a esa fase sin haber preparado con rigor su interrogatorio no solo pierde ventaja procesal: puede perder el caso.
Los litigios en el sector energético transitan por los juzgados de lo mercantil cuando la controversia nace de relaciones entre empresarios o de contratos de carácter mercantil. Eso incluye disputas sobre contratos de compraventa de energía, acuerdos de acceso a la red, contratos de construcción de instalaciones fotovoltaicas o eólicas, y reclamaciones derivadas de financiación de proyectos renovables.
La Ley de Enjuiciamiento Civil regula el juicio ordinario mercantil, que es el cauce habitual para estas reclamaciones cuando la cuantía es relevante. En ese procedimiento, la prueba testifical se propone en los escritos de demanda y contestación, se admite en la audiencia previa y se practica en el acto del juicio. Esos tres momentos están separados por semanas o meses. La empresa que no planifica desde el inicio acaba improvisando en la vista.
Hemos observado, en nuestra práctica con empresas del sector, que la mayor debilidad procesal no surge de los argumentos jurídicos sino de una prueba testifical mal estructurada. Un testigo que contradice en sala lo que declaró en un acta notarial previa, o que no recuerda los detalles técnicos de la instalación, puede invalidar meses de preparación.
La primera decisión estratégica es quién testifica. En el sector de las renovables, los perfiles más habituales son tres.
Junto a los testigos propios, la empresa debe anticipar los testigos de la parte contraria. En nuestra experiencia, las empresas demandadas en litigios de energía suelen aportar como testigos a representantes de la Administración, a técnicos de la distribuidora o a responsables de proyectos que ya no forman parte de su plantilla. Identificar esos perfiles antes de la audiencia previa permite preparar un contrainterrogatorio eficaz.
¿Ha identificado ya su empresa a todas las personas que tienen conocimiento directo de los hechos? En muchos proyectos renovables, los interlocutores cambian durante la ejecución. Cuando llega la disputa, algunos ya no trabajan en la empresa. Localizarlos requiere tiempo.
La preparación de un interrogatorio no es un acto puntual previo al juicio. Es un proceso que abarca todo el procedimiento.
Antes de proponer ningún testigo, el equipo jurídico revisa el expediente completo. En un litigio de renovables ese expediente puede incluir contratos de ingeniería, de procura y de construcción (EPC), autorizaciones administrativas, informes de auditoría técnica, correos electrónicos entre las partes y actas de recepción.
Cada testigo debe asociarse a un documento. Si el testigo no puede vincular su declaración a hechos que estén documentados, su utilidad decrece. Y si declara sobre hechos que contradicen la documentación aportada, el riesgo de que el juez reste credibilidad a su testimonio es elevado.
La preparación del testigo no es adiestramiento. Es una sesión de trabajo en la que el abogado y el testigo repasan juntos los documentos relevantes, identifican qué preguntas les formularán y ensayan la claridad y precisión de las respuestas. El testigo debe conocer los límites de su conocimiento directo. Declarar sobre lo que otros le contaron – el testimonio de referencia – tiene un valor procesal diferente al del conocimiento propio.
En nuestra práctica hemos observado que los testigos técnicos del sector energético tienden a usar terminología muy especializada. Eso puede ser una ventaja o un problema. Es una ventaja cuando acredita su pericia. Es un problema cuando el juez – que no es ingeniero – no comprende el significado de los términos. El trabajo de preparación incluye traducir esa tecnología al lenguaje de los hechos jurídicamente relevantes.
El interrogatorio directo de los testigos propios se estructura para construir un relato coherente. Las preguntas deben ser abiertas, no sugestivas, y deben seguir una secuencia cronológica o temática que el juez pueda seguir. Cada bloque de preguntas cubre un hecho controvertido concreto del pleito.
El contrainterrogatorio de los testigos de la parte contraria tiene una lógica diferente: el objetivo no es obtener información nueva sino poner de relieve contradicciones, lagunas o sesgos. En litigios de energía, las contradicciones más frecuentes surgen entre lo que el testigo declara en sala y lo que consta en los correos electrónicos intercambiados durante la ejecución del proyecto.
Esto conecta con una de las decisiones más importantes del litigio: la preparación del interrogatorio de testigos en términos generales sigue una metodología que la práctica mercantil ha consolidado y que conviene conocer antes de abordar el componente sectorial.
La dirección de la empresa energética no puede delegar completamente en el equipo jurídico externo. Hay decisiones que afectan a la prueba testifical y que solo puede tomar quien conoce la organización desde dentro.
La prescripción de cuatro años que establece la normativa tributaria no aplica aquí directamente, pero la legislación mercantil fija plazos propios para distintos tipos de acciones. En contratos de obra, en reclamaciones de cantidad entre empresas, en disputas sobre incumplimiento de contratos de suministro energético, los plazos de prescripción condicionan cuándo debe presentarse la demanda y, por tanto, cuándo debe empezar la preparación de la prueba.
Cuando una empresa del sector energético identifica una disputa, el primer paso no es contratar abogados y demandar. Es evaluar si existe una vía de resolución extrajudicial y, si no la hay, diseñar la estrategia procesal completa antes de presentar la demanda. La prueba testifical forma parte de esa estrategia desde el primer día.
En litigios de energía, las medidas cautelares son con frecuencia tan importantes como la sentencia. Si una empresa reclama el pago de la producción de una instalación fotovoltaica o el cumplimiento de un contrato de compra de energía, puede necesitar una cautelar que paralice actos de disposición del deudor o que asegure la disponibilidad de activos mientras dura el procedimiento.
La solicitud de medidas cautelares exige acreditar el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (riesgo de que la demora haga ineficaz la sentencia). Ambos extremos se apoyan frecuentemente en prueba documental y, en algunos casos, en declaraciones previas o en informes periciales que el equipo jurídico debe construir junto con los testigos clave.
Una vez obtenida la sentencia, la empresa debe valorar además entre la ejecución provisional y la definitiva. Las implicaciones de esa elección son distintas según el patrimonio ejecutable del deudor y el riesgo de insolvencia. Para un análisis detallado de esa disyuntiva, puede consultar nuestra comparativa sobre ejecución provisional frente a ejecución definitiva de sentencia.
La audiencia previa es la fase que fija el objeto del litigio. En ella se admite o inadmite la prueba propuesta, incluidos los testigos. Si el juez inadmite a un testigo clave por falta de pertinencia – porque la propuesta estaba mal justificada – la empresa pierde esa prueba para el juicio. No hay segunda oportunidad.
Justificar la pertinencia de cada testigo requiere explicar, en el escrito de proposición de prueba, qué hechos concretos acredita ese testigo y por qué esos hechos son controvertidos. En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector energético en litigios mercantiles, la insuficiencia en la justificación de la prueba testifical es una de las causas más frecuentes de inadmisión.
Los litigios de energía y renovables tienen una característica que los distingue de otros litigios mercantiles: el marco regulatorio sectorial es complejo, cambiante y determinante para el fondo del asunto. Los cambios en los regímenes retributivos de las instalaciones renovables, las modificaciones en las condiciones de acceso a la red o las decisiones administrativas sobre permisos han generado una oleada de litigios entre operadores privados y, en algunos casos, entre operadores privados y la Administración.
Esa complejidad regulatoria tiene consecuencias directas para la prueba testifical. El testigo que debe explicar si una instalación cumplía o no con los requisitos del régimen retributivo vigente en el momento de la ejecución del contrato necesita no solo conocimiento técnico sino también conocimiento normativo. Si ese testigo es un empleado de la empresa, puede necesitar formación previa a la declaración. Si es un experto externo, su declaración puede solaparse con la de un perito.
La distinción entre testigo y perito es relevante en el proceso mercantil. El testigo declara sobre hechos. El perito emite una opinión técnica sobre hechos que el juez no puede valorar por sí mismo. En los litigios energéticos, la línea entre ambas figuras se difumina con frecuencia, y el equipo jurídico debe gestionar ese solapamiento para que la prueba sea admitida y valorada correctamente.
Una parte significativa de los contratos en el sector energético – especialmente los contratos EPC, los acuerdos de financiación de proyectos y los contratos de compraventa de energía entre grandes operadores – incorporan cláusulas de arbitraje. Esa cláusula cambia radicalmente las reglas del interrogatorio de testigos.
En el arbitraje institucional ante el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), las reglas de práctica de la prueba son más flexibles que en el proceso civil ordinario. Los árbitros pueden admitir declaraciones escritas previas al acto oral, interrogatorios cruzados y, en algunos procedimientos, declaraciones por videoconferencia. El tribunal arbitral tiene también mayor capacidad para valorar la prueba con criterios de equidad y conforme a los usos del sector.
Esa flexibilidad es una ventaja, pero también una trampa. Las empresas que no tienen experiencia en arbitraje tienden a preparar el interrogatorio con los esquemas del proceso civil ordinario. El resultado es una prueba rígida que no aprovecha las posibilidades del procedimiento arbitral.
La elección entre arbitraje y juzgado mercantil no siempre está en manos de la empresa demandante: si el contrato tiene cláusula arbitral válida, el arbitraje es obligatorio. Pero cuando no existe esa cláusula y la empresa está evaluando si pactar un convenio arbitral para resolver la disputa existente, conviene analizar en detalle las implicaciones probatorias de cada opción.
Para un análisis completo de las opciones de resolución de disputas en el ámbito mercantil, puede consultar nuestra área de práctica de litigación y arbitraje, donde detallamos los instrumentos disponibles y el enfoque que aplicamos en cada tipo de controversia.
Hemos identificado, en nuestra práctica con grupos industriales y empresas del sector renovable, cinco patrones de error que se repiten con independencia del tamaño del litigio.
El mito más persistente entre los directores financieros del sector energético es que acudir a los tribunales es siempre la vía más rápida y barata para cobrar o resolver una disputa. La realidad es diferente.
Un litigio mercantil ordinario de cuantía relevante puede extenderse durante años, desde la demanda hasta la sentencia firme. Durante ese tiempo, la empresa soporta el coste del procedimiento, el coste de oportunidad de los recursos dedicados a gestionar el litigio internamente y el riesgo de que la sentencia no sea ejecutable si el deudor ha deteriorado su patrimonio.
La elección entre arbitraje y juzgado, el momento de solicitar medidas cautelares y la calidad de la prueba testifical condicionan el resultado más que el texto de la demanda en sí. Esa es la razón por la que el asesoramiento debe comenzar antes de que la disputa llegue al procedimiento, no cuando el juicio está fijado.
En nuestra práctica hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante. La experiencia nos indica que las empresas que obtienen mejores resultados no son las que tienen los mejores argumentos jurídicos en abstracto, sino las que han construido una estrategia de prueba coherente desde el primer momento. La prueba testifical es, en el sector energético, el eslabón más débil de esa cadena cuando se descuida.
¿Está su empresa ante una disputa de contrato energético que puede llegar a sede mercantil? El momento de actuar es ahora, no cuando se fije la vista oral.
A modo de referencia operativa, los pasos que debe haber completado la empresa antes del acto del juicio son los siguientes.
Este checklist no sustituye al asesoramiento jurídico específico para cada caso. La complejidad técnica y regulatoria del sector energético hace que cada litigio tenga características propias que requieren una adaptación de la estrategia de prueba.
Los litigios en el sector energético presentan con frecuencia conexiones con otras áreas de la práctica. Las disputas sobre contratos de construcción de instalaciones renovables pueden derivar en procedimientos concursales si el contratista incumplidor entra en insolvencia, lo que exige coordinar la estrategia procesal con la actuación en el concurso. Del mismo modo, los contratos de compraventa de energía entre grandes operadores generan con frecuencia reclamaciones de cantidad que se tramitan en paralelo a disputas regulatorias ante la Administración.
En Velarde & Vidal abordamos estas situaciones con un enfoque integrado, coordinando la prueba del litigio mercantil con la estrategia fiscal y societaria cuando el asunto lo requiere.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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