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Inmobiliario, urbanismo e inversión extranjera

Salud y farmacéutico: cómo estructurar una operación inmobiliaria

Por Andrés Vergara, Colaborador · Inmobiliario, societario e inversión (FDI)Actualizado:

El sector salud y farmacéutico concentra en España algunas de las operaciones inmobiliarias más complejas que gestionamos en nuestra práctica cotidiana. Clínicas, centros hospitalarios, laboratorios, plantas de fabricación de medicamentos y oficinas de farmacia comparten una característica que los distingue del inmobiliario convencional: la actividad regulada que se desarrolla dentro del inmueble condiciona, de forma determinante, la estructura jurídica, fiscal y urbanística de la operación. Quien aborda esta clase de activos sin tener en cuenta esa dimensión sectorial suele descubrir, demasiado tarde, que ha comprometido valor o ha asumido riesgos que eran perfectamente evitables.

En breve: Estructurar correctamente una operación inmobiliaria en el sector salud y farmacéutico exige articular, de forma simultánea, la diligencia debida (due diligence) sobre el activo, el análisis del régimen urbanístico y de licencias, la elección del vehículo societario adecuado y la planificación fiscal desde el inicio. La normativa urbanística, la legislación sanitaria y las normas de inversión extranjera interactúan en estas transacciones de un modo que raramente se da en otros sectores, lo que hace del asesoramiento temprano la diferencia entre capturar la oportunidad y perderla.

Por qué el sector salud y farmacéutico exige un enfoque inmobiliario propio

En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la primera dificultad que aparece es conceptual. El inmueble no es un activo neutral: su valor depende directamente del uso autorizado que lleva aparejado. Un edificio calificado como uso sanitario en el planeamiento urbanístico municipal no puede reconvertirse libremente a uso residencial o terciario sin un procedimiento de modificación que consume tiempo y genera incertidumbre.

La Organización Mundial de la Salud estima que el gasto sanitario mundial continúa creciendo a tasas superiores al crecimiento económico general. En España, el envejecimiento demográfico impulsa una demanda sostenida de nuevos activos: centros de atención primaria, residencias, centros de día, laboratorios de diagnóstico y, especialmente, plantas farmacéuticas de última generación. Esa demanda atrae inversión nacional e internacional, pero también genera presión sobre el planeamiento y sobre los procesos de obtención de licencias.

¿Por qué fracasan tantas operaciones en fase de cierre? La respuesta que encontramos con más frecuencia es simple: la diligencia debida comenzó demasiado tarde o se realizó de forma incompleta.

El sector salud añade, además, una capa regulatoria específica. La instalación de una clínica, un hospital o una farmacia requiere autorización sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente. Esa autorización está vinculada al inmueble, no solo al operador. Si el activo cambia de manos sin transferir correctamente la autorización, o si la autorización no es apta para la actividad proyectada, el inversor adquiere un inmueble que, en la práctica, no puede operar.

La diligencia debida inmobiliaria: fases y contenidos específicos del sector

La diligencia debida (due diligence) en una operación inmobiliaria del sector salud presenta una estructura de cuatro capas que conviene abordar de forma secuencial y, en la medida de lo posible, simultánea:

Primera capa: situación registral y cargas

La inscripción en el Registro de la Propiedad ofrece publicidad y protección, pero no garantiza la ausencia de riesgos. El mito más extendido que observamos entre inversores es que el inmueble inscrito es un inmueble libre de problemas. En la realidad, una nota simple puede no recoger cargas de naturaleza urbanística, compromisos con la Administración derivados de convenios, servidumbres no inscritas o situaciones de fuera de ordenación que condicionan el uso.

La revisión del historial registral, la consulta al Catastro y la verificación de la concordancia entre la descripción registral y la realidad física son pasos imprescindibles. En plantas farmacéuticas o laboratorios, la descripción de instalaciones puede divergir sustancialmente de la realidad construida.

Segunda capa: régimen urbanístico y licencias

Esta es, en nuestra opinión, la capa más crítica y la que con mayor frecuencia concentra los riesgos ocultos. El análisis urbanístico abarca cuatro vectores:

  • Calificación del suelo en el plan general de ordenación urbana vigente y, si existe, en el plan especial o plan parcial aplicable.
  • Usos admitidos y compatibles. La calificación «sanitario» o «dotacional sanitario» no es universal: cada municipio y comunidad autónoma aplica criterios propios.
  • Estado de las licencias de construcción y de actividad. En activos existentes, conviene verificar que la licencia de actividad vigente es conforme con la actividad que desarrolla o desarrollará el operador.
  • Posibles situaciones de fuera de ordenación o asimiladas, que limitan las obras admisibles y pueden afectar al valor residual del activo.

En el caso de suelo destinado al desarrollo de nuevas instalaciones farmacéuticas o sanitarias de gran escala, el análisis se extiende a los compromisos de urbanización pendientes, las cargas de cesión y los plazos de ejecución previstos en el planeamiento. Un retraso en la obtención de la licencia de obras puede comprometer la viabilidad de la operación si el inversor ha asumido compromisos de apertura con el operador sanitario.

Tercera capa: autorizaciones sanitarias y sectoriales

Cada comunidad autónoma dispone de su propio régimen de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La autorización tiene naturaleza personal y real al mismo tiempo: se otorga al titular para una actividad concreta en un inmueble específico. En una transmisión, es habitual que la Administración sanitaria exija la solicitud de una nueva autorización o, al menos, la comunicación del cambio de titularidad.

Las plantas de fabricación de medicamentos presentan una complejidad adicional: están sujetas a la normativa de Buenas Prácticas de Fabricación y requieren autorización específica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Esa autorización está íntimamente ligada a las instalaciones y a su configuración técnica. Cualquier modificación del inmueble que afecte a las áreas de producción, almacenamiento o control de calidad puede requerir la validación previa de la AEMPS.

Cuarta capa: situación arrendaticia y contractual

En operaciones de compra de activos en funcionamiento – la modalidad más frecuente en el sector salud –, el inmueble suele estar sujeto a un arrendamiento comercial con el operador sanitario. El análisis del contrato de arrendamiento es determinante para valorar el activo: duración, opciones de prórroga, renta, cláusulas de actualización, obligaciones de mantenimiento y, especialmente, las cláusulas de resolución anticipada y las garantías prestadas por el arrendatario.

Hemos observado que, en este sector, los contratos de arrendamiento suelen incorporar cláusulas de reversión de instalaciones y equipos al arrendador al vencimiento, lo que genera debates sobre si ciertos elementos son parte del inmueble o son bienes muebles del operador. Clarificar esa frontera desde el inicio evita conflictos costosos al cierre.

¿Qué vehículo societario es el adecuado para esta inversión?

La elección del vehículo jurídico no es una decisión que deba diferirse al momento del otorgamiento de escritura. Es una decisión estratégica que debe tomarse en la fase de estructuración, porque condiciona la fiscalidad de la adquisición, la gestión ordinaria del activo y la desinversión futura.

En el sector salud e inmobiliario, las principales opciones son cuatro:

  1. Adquisición directa del activo por una sociedad operativa o patrimonial existente. Es la opción más sencilla, pero puede generar ineficiencias si la sociedad adquirente mezcla activos inmobiliarios con la actividad principal de negocio.
  2. Constitución de una sociedad patrimonial específica para el activo. Permite aislar el riesgo patrimonial, facilita la entrada de coinversores o financiadores y simplifica la eventual desinversión mediante la transmisión de participaciones en lugar de la transmisión del inmueble. La tributación de la transmisión de participaciones difiere de la transmisión del inmueble en aspectos relevantes que conviene analizar en cada caso.
  3. Adquisición de la sociedad que ya es titular del inmueble (compraventa de empresa, o asset deal vs. share deal). En el sector salud, esta modalidad es frecuente cuando el operador y el propietario del activo son la misma entidad. La adquisición de la sociedad permite, en algunos casos, preservar las autorizaciones sanitarias y los contratos con la Administración, pero traslada al adquirente todos los pasivos históricos de la sociedad, lo que exige una diligencia debida de mayor profundidad.
  4. Estructuras de inversión colectiva. Para carteras de mayor dimensión, los vehículos de inversión inmobiliaria regulados ofrecen ventajas en términos de fiscalidad y de acceso a financiación. La comparación entre distintos vehículos de inversión para activos inmobiliarios empresariales puede consultarse en nuestra comparativa de vehículos de inversión inmobiliaria.

La decisión entre compra de activo y compra de sociedad (asset deal frente a share deal) tiene implicaciones fiscales directas. En la compra del activo, el impuesto que grava la transmisión varía según se trate de primera o segunda transmisión y según la comunidad autónoma en la que radique el inmueble. En la compra de participaciones sociales, el tratamiento fiscal es distinto. Ninguno de los dos esquemas es universalmente superior: la elección óptima depende de las circunstancias concretas del activo, del vendedor y del comprador.

Inversión extranjera en inmobiliario sanitario: el régimen de control previo

España dispone de un régimen de control de inversiones extranjeras directas que, desde su endurecimiento en 2020 y las sucesivas actualizaciones posteriores, abarca sectores que antes quedaban fuera de todo escrutinio. El sector salud figura expresamente entre los sectores estratégicos sujetos a autorización previa cuando el inversor es extranjero y supera los umbrales de participación que fija la normativa de inversión extranjera.

Esto significa que un fondo de capital riesgo no europeo, o un inversor de un tercer país que pretenda adquirir una participación de control en una empresa propietaria de activos sanitarios en España, puede estar sujeto a la obligación de solicitar autorización previa al Consejo de Ministros antes de cerrar la operación. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la nulidad de la operación.

En nuestra práctica, hemos estructurado operaciones de inversión extranjera en España que, sin el análisis previo de este régimen, habrían incurrido en incumplimientos de consecuencias graves. La verificación del umbral de control y la tipología de inversor debe realizarse en las primeras fases de la operación, no cuando el cierre es inminente.

Para una visión completa del marco de inversión extranjera en España y los sectores afectados, nuestra práctica especializada en inmobiliario e inversión extranjera ofrece el análisis de referencia.

Fiscalidad de la operación: los puntos de mayor impacto

La fiscalidad de una operación inmobiliaria en el sector salud no es una cuestión que pueda resolverse al final del proceso de estructuración. Al contrario: algunas de las decisiones que más valor generan o destruyen se toman en los primeros momentos.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuyo tipo general es del 21 %, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), con tipos cedidos a las comunidades autónomas, interactúan de forma compleja en las transmisiones inmobiliarias empresariales. La posibilidad de renunciar a la exención del IVA en determinadas transmisiones, o la calificación de la operación como sujeta a IVA por tratarse de una primera transmisión, tienen un impacto económico directo que debe calcularse antes de fijar el precio.

En el Impuesto sobre Sociedades, el tipo general aplicable es del 25 %. Las amortizaciones del activo inmobiliario, la deducibilidad de los gastos financieros de la financiación adquirida para la compra y la posible aplicación de regímenes especiales de inversión son variables que el asesoramiento fiscal integra en la estructura desde el inicio.

Cuando el inversor es una persona jurídica no residente, la tributación de las rentas obtenidas por el activo en España y la tributación de la eventual plusvalía en la desinversión están condicionadas por el convenio de doble imposición aplicable y por la estructura del vehículo de tenencia. Una sociedad patrimonial española interpuesta entre el inversor extranjero y el activo puede, en determinadas circunstancias, optimizar la carga fiscal de la renta ordinaria y de la plusvalía.

¿Cómo afecta el planeamiento urbanístico a la viabilidad del proyecto sanitario?

El urbanismo es, en la práctica, el factor que más frecuentemente retrasa o bloquea proyectos del sector salud. Las clínicas de mayor tamaño y los hospitales de nueva construcción requieren, en muchos municipios, que el suelo esté calificado como dotacional sanitario. Esa calificación no puede imponerse unilateralmente por el promotor: debe existir en el planeamiento vigente o debe obtenerse mediante una modificación puntual del plan general, un proceso que puede extenderse durante años.

En las ciudades de mayor tamaño, la reconversión de edificios de oficinas o industriales en centros sanitarios es una tendencia creciente. Esa reconversión exige, como mínimo, un cambio de uso en la licencia de actividad y, con frecuencia, una modificación del planeamiento o la obtención de una licencia de obras mayor que acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas específicas de los centros sanitarios: accesibilidad, instalaciones especiales, gestión de residuos sanitarios y, en el caso de las plantas farmacéuticas, requisitos de ventilación, control de contaminación y trazabilidad de procesos.

¿Cuánto tiempo consume un procedimiento de modificación del planeamiento? El plazo varía por municipio y comunidad autónoma. Lo que sí podemos afirmar, con base en nuestra experiencia, es que subestimar ese plazo es uno de los errores más costosos que comete la dirección de un proyecto sanitario. La planificación financiera del proyecto debe incorporar escenarios de retraso urbanístico desde el inicio.

Financiación del activo sanitario: garantías y estructura

La financiación bancaria de activos sanitarios presenta características propias que la distinguen del préstamo hipotecario estándar. Las entidades financiadoras analizan el activo en su doble dimensión: como garantía real y como activo generador de flujos de caja procedentes del arrendamiento o de la operación directa.

En las operaciones de compra con financiación bancaria, la constitución de la hipoteca sobre el inmueble es el instrumento habitual de garantía. Sin embargo, cuando el activo está sujeto a autorizaciones sanitarias cuya transmisión no es automática, el banco financiador puede exigir confirmación de que la autorización es transferible o que el operador mantendrá su actividad con independencia del cambio de propietario del inmueble.

Las estructuras de sale and leaseback – en las que un operador sanitario vende el inmueble a un inversor y simultáneamente firma un contrato de arrendamiento de larga duración – son habituales en este sector. El atractivo para el operador es liberar capital inmovilizado. El atractivo para el inversor es obtener un activo con renta garantizada y un inquilino de calidad. La correcta articulación contractual de esa operación – precio de venta, renta inicial, indexación, duración, opciones de recompra y cláusulas de resolución – es determinante para que ambas partes obtengan el resultado esperado.

Para una guía detallada sobre la gestión de carteras de activos inmobiliarios empresariales, incluyendo la administración ordinaria y la estrategia de desinversión, puede consultar nuestra guía sobre cómo gestionar una cartera de activos inmobiliarios.

Hoja de ruta práctica: cómo estructurar la operación paso a paso

Con base en nuestra experiencia, la estructura óptima de una operación inmobiliaria en el sector salud y farmacéutico sigue ocho fases secuenciales que conviene respetar:

  1. Definición del perímetro y del vehículo. Antes de firmar ningún documento de intenciones, decidir si la operación es un asset deal o un share deal, qué vehículo societario adquirirá el activo y si concurre algún supuesto de control de inversiones extranjeras que requiera autorización previa.
  2. Carta de intenciones o hoja de términos (term sheet). Documento no vinculante que fija precio orientativo, condiciones esenciales, plazo de exclusividad para la diligencia debida y condiciones precedentes. Su correcta redacción evita disputas sobre el alcance del acuerdo preliminar.
  3. Diligencia debida registral y catastral. Nota simple actualizada, historial de titulares, verificación de cargas y gravámenes, comprobación de la concordancia con el Catastro.
  4. Diligencia debida urbanística. Consulta al planeamiento municipal vigente, verificación de licencias de construcción y actividad, análisis de posibles situaciones de fuera de ordenación o expedientes sancionadores urbanísticos pendientes.
  5. Diligencia debida sanitaria y sectorial. Verificación de autorizaciones sanitarias vigentes, análisis de su transmisibilidad, revisión de inspecciones y expedientes administrativos de la AEMPS u otros organismos reguladores.
  6. Diligencia debida contractual. Revisión de los contratos de arrendamiento, suministro, mantenimiento y prestación de servicios vinculados al activo. Identificación de contratos que se resolverían o que requieren consentimiento del tercero en caso de transmisión.
  7. Estructuración fiscal y financiera definitiva. Con los resultados de la diligencia debida, el equipo fiscal determina el esquema óptimo de transmisión, la planificación del IVA/ITP y la estructura de la financiación.
  8. Negociación y cierre. Redacción del contrato de compraventa con las declaraciones y garantías del vendedor, las indemnizaciones por incumplimiento de esas garantías y los mecanismos de ajuste de precio. Otorgamiento de escritura pública e inscripción registral.

Cada una de estas fases tiene su propio mapa de riesgos. La secuencia importa: comprimir o solapar fases para acelerar el cierre es la causa más frecuente de los problemas que se manifiestan después de la firma.

Checklist de cumplimiento para operaciones inmobiliarias en el sector salud

Antes del cierre, la dirección debe poder responder afirmativamente a cada uno de los siguientes puntos:

  • La calificación urbanística del suelo o del edificio admite el uso sanitario proyectado sin modificación del planeamiento.
  • Las licencias de construcción y de actividad vigentes son conformes con el uso actual y con el uso proyectado por el adquirente.
  • No existen expedientes de disciplina urbanística ni sancionadores administrativos en tramitación que afecten al activo.
  • Las autorizaciones sanitarias de la comunidad autónoma son transmisibles o se ha iniciado el procedimiento de transferencia.
  • Si el activo alberga una actividad farmacéutica, la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está vigente y cubre las instalaciones en su configuración actual.
  • El contrato de arrendamiento comercial en vigor no contiene cláusulas de resolución anticipada por cambio de control del arrendador que puedan activarse con la transmisión.
  • Se ha analizado el régimen de control de inversiones extranjeras y, si procede, se ha obtenido la autorización del Consejo de Ministros antes del cierre.
  • La estructura de la operación – asset deal o share deal, vehículo de tenencia, financiación – ha sido validada desde el punto de vista fiscal por el equipo especializado.
  • El contrato de compraventa incorpora declaraciones y garantías del vendedor sobre los extremos objeto de diligencia debida, con mecanismos de indemnización adecuados.
  • Depósito de cuentas en el Registro Mercantil verificado para la sociedad vendedora (o para la sociedad objeto del share deal), con el fin de comprobar su situación financiera en los últimos ejercicios.

Servicios relacionados

Las operaciones inmobiliarias del sector salud y farmacéutico intersectan con frecuencia con la práctica de Derecho societario y operaciones (M&A), especialmente cuando la adquisición se articula como share deal o cuando requiere la reorganización previa del grupo titular del activo. Del mismo modo, las implicaciones fiscales de estas operaciones conectan directamente con nuestra práctica de asesoramiento fiscal y tributario, en particular en lo relativo a la planificación del IVA en transmisiones inmobiliarias y a la tributación de vehículos de inversión no residentes.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica cómo estructurar una operación inmobiliaria para una empresa?
Estructurar una operación inmobiliaria implica tomar decisiones simultáneas sobre el vehículo jurídico de adquisición, la diligencia debida sobre el activo, el régimen urbanístico aplicable y la planificación fiscal. En el sector salud y farmacéutico, esta complejidad se incrementa por la necesidad de verificar y transferir autorizaciones sanitarias y sectoriales vinculadas al inmueble. Una estructura incorrecta puede generar contingencias fiscales, litigios con el vendedor o la imposibilidad de operar el activo una vez adquirido.
¿Qué plazos y costes conlleva cómo estructurar una operación inmobiliaria?
Los plazos varían en función de la complejidad del activo y de la modalidad de transmisión. La diligencia debida completa en un activo sanitario de tamaño mediano puede demandar entre cuatro y doce semanas. Si la operación requiere autorización de inversiones extranjeras, el plazo se extiende al que fija la legislación aplicable. Los costes incluyen los honorarios profesionales de asesoramiento jurídico y fiscal, los gastos notariales y registrales, y los tributos aplicables a la transmisión, cuya cuantía depende de la comunidad autónoma y de la estructura de la operación.
¿Qué riesgos hay que evitar en cómo estructurar una operación inmobiliaria?
Los riesgos más frecuentes son: adquirir un activo con situaciones urbanísticas no regularizadas; no verificar la transmisibilidad de las autorizaciones sanitarias; omitir el análisis del régimen de control de inversiones extranjeras cuando el inversor es de fuera de la Unión Europea; y elegir una estructura de transmisión sin optimizar la carga fiscal. También es frecuente subestimar el impacto de cláusulas de resolución anticipada en los contratos de arrendamiento sobre el valor del activo.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en cómo estructurar una operación inmobiliaria?
El asesoramiento debe incorporarse en el momento en que la dirección identifica el activo o la oportunidad de inversión, antes de comprometerse en ningún documento preliminar. Las decisiones tomadas sin asesoramiento en las fases iniciales – sobre el vehículo, sobre la estructura de la oferta o sobre la exclusividad pactada – condicionan, y a veces limitan, las opciones disponibles en fases posteriores. El coste de corregir una estructura mal diseñada es sistemáticamente superior al de diseñarla bien desde el principio.

Análisis elaborado por Andrés Vergara, Colaborador · Inmobiliario, societario e inversión (FDI), Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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