El sector salud y farmacéutico concentra en España algunas de las operaciones inmobiliarias más complejas que gestionamos en nuestra práctica cotidiana. Clínicas, centros hospitalarios, laboratorios, plantas de fabricación de medicamentos y oficinas de farmacia comparten una característica que los distingue del inmobiliario convencional: la actividad regulada que se desarrolla dentro del inmueble condiciona, de forma determinante, la estructura jurídica, fiscal y urbanística de la operación. Quien aborda esta clase de activos sin tener en cuenta esa dimensión sectorial suele descubrir, demasiado tarde, que ha comprometido valor o ha asumido riesgos que eran perfectamente evitables.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la primera dificultad que aparece es conceptual. El inmueble no es un activo neutral: su valor depende directamente del uso autorizado que lleva aparejado. Un edificio calificado como uso sanitario en el planeamiento urbanístico municipal no puede reconvertirse libremente a uso residencial o terciario sin un procedimiento de modificación que consume tiempo y genera incertidumbre.
La Organización Mundial de la Salud estima que el gasto sanitario mundial continúa creciendo a tasas superiores al crecimiento económico general. En España, el envejecimiento demográfico impulsa una demanda sostenida de nuevos activos: centros de atención primaria, residencias, centros de día, laboratorios de diagnóstico y, especialmente, plantas farmacéuticas de última generación. Esa demanda atrae inversión nacional e internacional, pero también genera presión sobre el planeamiento y sobre los procesos de obtención de licencias.
¿Por qué fracasan tantas operaciones en fase de cierre? La respuesta que encontramos con más frecuencia es simple: la diligencia debida comenzó demasiado tarde o se realizó de forma incompleta.
El sector salud añade, además, una capa regulatoria específica. La instalación de una clínica, un hospital o una farmacia requiere autorización sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente. Esa autorización está vinculada al inmueble, no solo al operador. Si el activo cambia de manos sin transferir correctamente la autorización, o si la autorización no es apta para la actividad proyectada, el inversor adquiere un inmueble que, en la práctica, no puede operar.
La diligencia debida (due diligence) en una operación inmobiliaria del sector salud presenta una estructura de cuatro capas que conviene abordar de forma secuencial y, en la medida de lo posible, simultánea:
La inscripción en el Registro de la Propiedad ofrece publicidad y protección, pero no garantiza la ausencia de riesgos. El mito más extendido que observamos entre inversores es que el inmueble inscrito es un inmueble libre de problemas. En la realidad, una nota simple puede no recoger cargas de naturaleza urbanística, compromisos con la Administración derivados de convenios, servidumbres no inscritas o situaciones de fuera de ordenación que condicionan el uso.
La revisión del historial registral, la consulta al Catastro y la verificación de la concordancia entre la descripción registral y la realidad física son pasos imprescindibles. En plantas farmacéuticas o laboratorios, la descripción de instalaciones puede divergir sustancialmente de la realidad construida.
Esta es, en nuestra opinión, la capa más crítica y la que con mayor frecuencia concentra los riesgos ocultos. El análisis urbanístico abarca cuatro vectores:
En el caso de suelo destinado al desarrollo de nuevas instalaciones farmacéuticas o sanitarias de gran escala, el análisis se extiende a los compromisos de urbanización pendientes, las cargas de cesión y los plazos de ejecución previstos en el planeamiento. Un retraso en la obtención de la licencia de obras puede comprometer la viabilidad de la operación si el inversor ha asumido compromisos de apertura con el operador sanitario.
Cada comunidad autónoma dispone de su propio régimen de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La autorización tiene naturaleza personal y real al mismo tiempo: se otorga al titular para una actividad concreta en un inmueble específico. En una transmisión, es habitual que la Administración sanitaria exija la solicitud de una nueva autorización o, al menos, la comunicación del cambio de titularidad.
Las plantas de fabricación de medicamentos presentan una complejidad adicional: están sujetas a la normativa de Buenas Prácticas de Fabricación y requieren autorización específica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Esa autorización está íntimamente ligada a las instalaciones y a su configuración técnica. Cualquier modificación del inmueble que afecte a las áreas de producción, almacenamiento o control de calidad puede requerir la validación previa de la AEMPS.
En operaciones de compra de activos en funcionamiento – la modalidad más frecuente en el sector salud –, el inmueble suele estar sujeto a un arrendamiento comercial con el operador sanitario. El análisis del contrato de arrendamiento es determinante para valorar el activo: duración, opciones de prórroga, renta, cláusulas de actualización, obligaciones de mantenimiento y, especialmente, las cláusulas de resolución anticipada y las garantías prestadas por el arrendatario.
Hemos observado que, en este sector, los contratos de arrendamiento suelen incorporar cláusulas de reversión de instalaciones y equipos al arrendador al vencimiento, lo que genera debates sobre si ciertos elementos son parte del inmueble o son bienes muebles del operador. Clarificar esa frontera desde el inicio evita conflictos costosos al cierre.
La elección del vehículo jurídico no es una decisión que deba diferirse al momento del otorgamiento de escritura. Es una decisión estratégica que debe tomarse en la fase de estructuración, porque condiciona la fiscalidad de la adquisición, la gestión ordinaria del activo y la desinversión futura.
En el sector salud e inmobiliario, las principales opciones son cuatro:
La decisión entre compra de activo y compra de sociedad (asset deal frente a share deal) tiene implicaciones fiscales directas. En la compra del activo, el impuesto que grava la transmisión varía según se trate de primera o segunda transmisión y según la comunidad autónoma en la que radique el inmueble. En la compra de participaciones sociales, el tratamiento fiscal es distinto. Ninguno de los dos esquemas es universalmente superior: la elección óptima depende de las circunstancias concretas del activo, del vendedor y del comprador.
España dispone de un régimen de control de inversiones extranjeras directas que, desde su endurecimiento en 2020 y las sucesivas actualizaciones posteriores, abarca sectores que antes quedaban fuera de todo escrutinio. El sector salud figura expresamente entre los sectores estratégicos sujetos a autorización previa cuando el inversor es extranjero y supera los umbrales de participación que fija la normativa de inversión extranjera.
Esto significa que un fondo de capital riesgo no europeo, o un inversor de un tercer país que pretenda adquirir una participación de control en una empresa propietaria de activos sanitarios en España, puede estar sujeto a la obligación de solicitar autorización previa al Consejo de Ministros antes de cerrar la operación. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la nulidad de la operación.
En nuestra práctica, hemos estructurado operaciones de inversión extranjera en España que, sin el análisis previo de este régimen, habrían incurrido en incumplimientos de consecuencias graves. La verificación del umbral de control y la tipología de inversor debe realizarse en las primeras fases de la operación, no cuando el cierre es inminente.
Para una visión completa del marco de inversión extranjera en España y los sectores afectados, nuestra práctica especializada en inmobiliario e inversión extranjera ofrece el análisis de referencia.
La fiscalidad de una operación inmobiliaria en el sector salud no es una cuestión que pueda resolverse al final del proceso de estructuración. Al contrario: algunas de las decisiones que más valor generan o destruyen se toman en los primeros momentos.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuyo tipo general es del 21 %, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), con tipos cedidos a las comunidades autónomas, interactúan de forma compleja en las transmisiones inmobiliarias empresariales. La posibilidad de renunciar a la exención del IVA en determinadas transmisiones, o la calificación de la operación como sujeta a IVA por tratarse de una primera transmisión, tienen un impacto económico directo que debe calcularse antes de fijar el precio.
En el Impuesto sobre Sociedades, el tipo general aplicable es del 25 %. Las amortizaciones del activo inmobiliario, la deducibilidad de los gastos financieros de la financiación adquirida para la compra y la posible aplicación de regímenes especiales de inversión son variables que el asesoramiento fiscal integra en la estructura desde el inicio.
Cuando el inversor es una persona jurídica no residente, la tributación de las rentas obtenidas por el activo en España y la tributación de la eventual plusvalía en la desinversión están condicionadas por el convenio de doble imposición aplicable y por la estructura del vehículo de tenencia. Una sociedad patrimonial española interpuesta entre el inversor extranjero y el activo puede, en determinadas circunstancias, optimizar la carga fiscal de la renta ordinaria y de la plusvalía.
El urbanismo es, en la práctica, el factor que más frecuentemente retrasa o bloquea proyectos del sector salud. Las clínicas de mayor tamaño y los hospitales de nueva construcción requieren, en muchos municipios, que el suelo esté calificado como dotacional sanitario. Esa calificación no puede imponerse unilateralmente por el promotor: debe existir en el planeamiento vigente o debe obtenerse mediante una modificación puntual del plan general, un proceso que puede extenderse durante años.
En las ciudades de mayor tamaño, la reconversión de edificios de oficinas o industriales en centros sanitarios es una tendencia creciente. Esa reconversión exige, como mínimo, un cambio de uso en la licencia de actividad y, con frecuencia, una modificación del planeamiento o la obtención de una licencia de obras mayor que acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas específicas de los centros sanitarios: accesibilidad, instalaciones especiales, gestión de residuos sanitarios y, en el caso de las plantas farmacéuticas, requisitos de ventilación, control de contaminación y trazabilidad de procesos.
¿Cuánto tiempo consume un procedimiento de modificación del planeamiento? El plazo varía por municipio y comunidad autónoma. Lo que sí podemos afirmar, con base en nuestra experiencia, es que subestimar ese plazo es uno de los errores más costosos que comete la dirección de un proyecto sanitario. La planificación financiera del proyecto debe incorporar escenarios de retraso urbanístico desde el inicio.
La financiación bancaria de activos sanitarios presenta características propias que la distinguen del préstamo hipotecario estándar. Las entidades financiadoras analizan el activo en su doble dimensión: como garantía real y como activo generador de flujos de caja procedentes del arrendamiento o de la operación directa.
En las operaciones de compra con financiación bancaria, la constitución de la hipoteca sobre el inmueble es el instrumento habitual de garantía. Sin embargo, cuando el activo está sujeto a autorizaciones sanitarias cuya transmisión no es automática, el banco financiador puede exigir confirmación de que la autorización es transferible o que el operador mantendrá su actividad con independencia del cambio de propietario del inmueble.
Las estructuras de sale and leaseback – en las que un operador sanitario vende el inmueble a un inversor y simultáneamente firma un contrato de arrendamiento de larga duración – son habituales en este sector. El atractivo para el operador es liberar capital inmovilizado. El atractivo para el inversor es obtener un activo con renta garantizada y un inquilino de calidad. La correcta articulación contractual de esa operación – precio de venta, renta inicial, indexación, duración, opciones de recompra y cláusulas de resolución – es determinante para que ambas partes obtengan el resultado esperado.
Para una guía detallada sobre la gestión de carteras de activos inmobiliarios empresariales, incluyendo la administración ordinaria y la estrategia de desinversión, puede consultar nuestra guía sobre cómo gestionar una cartera de activos inmobiliarios.
Con base en nuestra experiencia, la estructura óptima de una operación inmobiliaria en el sector salud y farmacéutico sigue ocho fases secuenciales que conviene respetar:
Cada una de estas fases tiene su propio mapa de riesgos. La secuencia importa: comprimir o solapar fases para acelerar el cierre es la causa más frecuente de los problemas que se manifiestan después de la firma.
Antes del cierre, la dirección debe poder responder afirmativamente a cada uno de los siguientes puntos:
Las operaciones inmobiliarias del sector salud y farmacéutico intersectan con frecuencia con la práctica de Derecho societario y operaciones (M&A), especialmente cuando la adquisición se articula como share deal o cuando requiere la reorganización previa del grupo titular del activo. Del mismo modo, las implicaciones fiscales de estas operaciones conectan directamente con nuestra práctica de asesoramiento fiscal y tributario, en particular en lo relativo a la planificación del IVA en transmisiones inmobiliarias y a la tributación de vehículos de inversión no residentes.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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