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Derecho societario y operaciones (M&A)

Salud y farmacéutico: cómo realizar una due diligence legal

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

En el sector salud y farmacéutico, las oportunidades de consolidación se abren y se cierran con una velocidad que pocos compradores anticipan. Quien no ha preparado su proceso de diligencia debida (due diligence) antes de recibir una oferta vinculante llega tarde, y llegar tarde en este sector cuesta más que en casi cualquier otro: las autorizaciones sanitarias, los contratos de distribución farmacéutica y las patentes de producto no se transfieren de forma automática, y descubrirlo en la última semana de negociación puede hacer caer una operación o, lo que es peor, hacer que se cierre con contingencias no valoradas. La oportunidad perdida no es solo la empresa que no se compra: es el precio que se paga por no haber mirado a tiempo.

En breve: Realizar una diligencia debida legal en el sector salud y farmacéutico exige revisar el perímetro regulatorio sanitario, la cadena de licencias y autorizaciones de comercialización, la titularidad de propiedad industrial, los contratos con distribuidores y clientes del sistema público, y el pasivo laboral y fiscal oculto. En nuestra práctica de Derecho societario y operaciones de M&A, esta revisión condiciona el precio, la estructura de la operación y las garantías que el comprador debe exigir antes del cierre.

Por qué el sector salud y farmacéutico exige una diligencia diferente

El mercado farmacéutico y de salud en España opera bajo una doble capa regulatoria: la normativa mercantil y societaria de aplicación general, y un conjunto específico de autorizaciones sanitarias, registros de productos y condiciones de acceso al Sistema Nacional de Salud que no existe en casi ningún otro sector. Esta superposición hace que una compraventa de empresa (share deal o asset deal) en salud tenga una anatomía propia.

Una clínica, un laboratorio farmacéutico, una empresa de dispositivos médicos o una distribuidora de medicamentos no solo tiene socios, activos y contratos. Tiene también autorizaciones de funcionamiento, inscripciones en registros sanitarios autonómicos y nacionales, contratos con la Administración pública y, en muchos casos, patentes o datos de ensayos clínicos que constituyen el verdadero valor del negocio. Si esas autorizaciones no se pueden transmitir o si están condicionadas a la persona física del titular, el comprador puede encontrarse con un activo que sobre el papel vale mucho y en la práctica no funciona.

En nuestra experiencia asesorando operaciones en este sector, la causa más frecuente de renegociación del precio no es la deuda financiera: es la aparición de contingencias regulatorias que nadie había puesto sobre la mesa. Un certificado de buenas prácticas de fabricación que ha sido objeto de una inspección con deficiencias, un contrato con el Servicio de Salud de una Comunidad Autónoma que incluye cláusulas de resolución en caso de cambio de control, o una patente cuyo plazo de vigencia está más cerca del vencimiento de lo que parecía: todos ellos son hallazgos propios de este sector que una diligencia debida estándar, no adaptada, puede pasar por alto.

La autorización sanitaria no se transfiere automáticamente con las participaciones sociales.

¿Qué áreas cubre una due diligence legal en salud y farmacéutico?

Una diligencia debida legal bien estructurada en este sector se articula en torno a seis grandes áreas de revisión. Ninguna de ellas es prescindible; la profundidad de cada una depende del tipo de target y del modelo de negocio.

1. Estructura societaria y titularidad

El punto de partida es siempre el mismo: saber con exactitud qué se está comprando. La revisión de la estructura societaria implica verificar el libro registro de socios, los estatutos sociales, cualquier pacto de socios (shareholders' agreement) y las capitulaciones o acuerdos de sindicación de voto que puedan existir. En grupos farmacéuticos con varias sociedades filiales o con una sociedad holding de cabecera, el perímetro puede ser complejo y la cadena de titularidad puede ocultar compromisos cruzados no reflejados en los estatutos.

Si existen socios minoritarios, hay que revisar los derechos de arrastre (drag-along), acompañamiento (tag-along) y adquisición preferente que puedan convertirse en obstáculos o en costes adicionales para el comprador. Un pacto de socios mal redactado que otorgue un derecho de veto al minoritario sobre decisiones estratégicas puede desbloquear la operación o, al contrario, encarecer la compra de ese porcentaje.

2. Autorizaciones, licencias y registros sanitarios

Este es, sin duda, el núcleo diferencial de la diligencia en salud y farmacéutico. La revisión debe abarcar la totalidad de las autorizaciones de funcionamiento emitidas por las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales, los registros de medicamentos o productos sanitarios ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y, en su caso, ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y los certificados de buenas prácticas de fabricación, distribución o laboratorio vigentes.

La pregunta clave que el comprador debe hacerse es: ¿estas autorizaciones sobrevivirán al cambio de titularidad o de control? La respuesta no siempre es la misma. Algunas autorizaciones se otorgan a la sociedad como persona jurídica y no se ven afectadas por un cambio de socios; otras están vinculadas al director técnico o al responsable de calidad, y su continuidad depende de que esa persona permanezca en la empresa tras el cierre.

Hemos observado que en operaciones sobre laboratorios farmacéuticos con actividad de fabricación, la revisión de las condiciones de los certificados de buenas prácticas es tan o más relevante que la revisión de los contratos mercantiles.

3. Propiedad industrial e intelectual

En el sector farmacéutico, el valor del negocio suele residir en sus activos intangibles: patentes de molécula o de formulación, marcas de producto, datos de ensayos clínicos y know-how regulatorio. La diligencia debe verificar la titularidad real de esos activos, su vigencia, y si existen licencias concedidas a terceros o si la sociedad opera bajo licencias de terceros que podrían resolverse ante un cambio de control.

Las patentes farmacéuticas tienen una duración de veinte años no renovables. Comprar un laboratorio cuya posición competitiva depende de una patente que expira en dos años sin haber valorado ese riesgo es uno de los errores más costosos que hemos visto en operaciones de este tipo.

También deben revisarse las solicitudes de patente en tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y, en su caso, ante la Oficina Europea de Patentes, así como las marcas registradas en la OEPM y las marcas de la Unión Europea gestionadas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.

4. Contratos con la Administración pública y con la distribución privada

Las empresas de salud y farmacéutico suelen tener una parte relevante de su facturación vinculada a contratos con el Sistema Nacional de Salud o con los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas: contratos de suministro de medicamentos, conciertos para la prestación de servicios sanitarios, o acuerdos de precio con la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Estos contratos tienen reglas específicas sobre transmisibilidad y cambio de control que deben revisarse antes del cierre.

En el canal privado, hay que identificar los contratos con distribuidoras, mayoristas, cadenas de farmacia y hospitales privados, prestando especial atención a las cláusulas de exclusividad, penalización por incumplimiento de objetivos y, de nuevo, las cláusulas de cambio de control que puedan convertir al comprador en un incumplidor el mismo día que cierra la operación.

5. Pasivo laboral y cumplimiento normativo

La diligencia laboral en salud tiene sus propias especificidades. La empresa puede tener personal estatutario en régimen diferente al Estatuto de los Trabajadores si opera en el ámbito público, o puede haber formalizado contratos de actividad clínica con médicos o profesionales sanitarios cuya naturaleza jurídica (laboral vs. mercantil) sea discutible y pueda originar contingencias con la Seguridad Social. El plazo para impugnar un despido es de veinte días hábiles, pero las contingencias derivadas de una clasificación incorrecta de la relación laboral pueden aflorar años después de la operación si no se han identificado y cuantificado en el proceso de diligencia.

Igualmente, la revisión de cumplimiento normativo debe incluir el marco de transparencia en las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios, las políticas de lucha contra la corrupción, y el sistema de gestión de protección de datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD), especialmente relevante cuando la empresa trata datos de salud, que son datos de categoría especial.

6. Fiscal y contingencias tributarias

La prescripción tributaria en España es de cuatro años. El comprador de una sociedad adquiere junto con las participaciones las contingencias fiscales no prescritas. En el sector farmacéutico, los aspectos que con mayor frecuencia generan contingencias son: la fiscalidad de las operaciones de licencia de patentes (deducción por activos intangibles, conocido como patent box), los precios de transferencia en grupos multinacionales, y la correcta calificación del gasto en investigación y desarrollo a efectos del Impuesto sobre Sociedades. El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del veinticinco por ciento, pero el aprovechamiento de las deducciones específicas del sector puede reducir la carga efectiva de forma significativa; si esa reducción no está bien documentada, se convierte en un pasivo potencial.

¿Cómo se estructura el proceso de diligencia debida paso a paso?

El proceso de diligencia debida en una operación de M&A en salud sigue una secuencia lógica que conviene respetar. La improvisación en el orden de las fases tiene un coste directo en tiempo y en calidad de la información obtenida.

Fase 1 – Firma del acuerdo de confidencialidad y delimitación del perímetro

Antes de que el vendedor comparta cualquier información, las partes deben suscribir un acuerdo de confidencialidad (NDA) preciso, que delimite el uso de la información, los destinatarios autorizados y las consecuencias del incumplimiento. En paralelo, comprador y vendedor acuerdan el perímetro de la operación: ¿se adquieren participaciones (share deal) o activos (asset deal)? Esta decisión condiciona toda la arquitectura de la diligencia.

En operaciones sobre grupos farmacéuticos con actividad en varias Comunidades Autónomas o con presencia internacional, el perímetro puede incluir filiales, establecimientos secundarios o contratos de distribución en mercados extranjeros. En esos casos, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para cubrir los aspectos regulatorios locales.

Fase 2 – Solicitud de información y apertura del cuarto de datos

El equipo jurídico del comprador elabora una lista de documentación (request list) adaptada al sector. En salud y farmacéutico, esa lista incluye elementos que no aparecen en una diligencia estándar: expedientes de autorización de comercialización, informes de inspección de la AEMPS, registros de ensayos clínicos y documentación de farmacovigilancia.

El cuarto de datos virtual debe organizarse por áreas (corporativa, regulatoria, propiedad industrial, contratos, laboral, fiscal) para facilitar la revisión simultánea por los distintos equipos especializados.

Fase 3 – Análisis y sesiones de preguntas al vendedor

La revisión documental genera inevitablemente preguntas que no pueden responderse solo con documentos. Las sesiones de preguntas y respuestas con el equipo directivo del vendedor son una parte crítica del proceso. En el sector salud, es habitual que el director técnico, el responsable de asuntos regulatorios y el director médico deban participar en alguna de esas sesiones.

En nuestra práctica, hemos observado que las preguntas más reveladoras son las que abordan la historia regulatoria reciente: inspecciones, advertencias de la autoridad sanitaria, cambios de director técnico o de responsable de calidad en los últimos años.

Fase 4 – Informe de diligencia y semáforo de riesgos

El resultado del proceso se recoge en un informe de diligencia que debe ser operativo, no enciclopédico. El formato más útil para la dirección del comprador es el semáforo de riesgos: riesgos bloqueantes (que impiden el cierre o exigen condición previa), riesgos relevantes (que deben reflejarse en el precio o en las garantías del contrato) y riesgos menores (que se gestionan con representaciones y garantías estándar).

El informe alimenta directamente la negociación del contrato de compraventa: las contingencias identificadas se convierten en garantías específicas (specific indemnities), ajustes de precio o condiciones precedentes al cierre.

Fase 5 – Negociación del contrato de compraventa y cierre

La hoja de términos (term sheet) acordada al inicio de la operación debe revisarse a la luz de los hallazgos de la diligencia. Es habitual que el precio o la estructura de pago (precio fijo, ajuste post-cierre, precio contingente o earn-out) se modifiquen como consecuencia de lo descubierto. El pacto de socios, cuando el comprador entra como socio y no adquiere el cien por cien, debe negociarse de forma coordinada con el contrato de compraventa para asegurar la coherencia entre ambos instrumentos.

Si desea explorar en mayor detalle las cláusulas de salida y los mecanismos de protección del inversor, puede consultar nuestra guía sobre cómo diseñar cláusulas de salida drag-along y tag-along, donde desarrollamos esos instrumentos con perspectiva práctica.

¿Qué errores más frecuentes cometen las empresas en este proceso?

La experiencia en operaciones de M&A en el sector salud muestra un patrón recurrente de errores que resultan, todos ellos, evitables con asesoramiento temprano.

El primer error es iniciar la diligencia demasiado tarde. El comprador que recibe una carta de intenciones y solo entonces empieza a organizar su equipo de revisión llega al cuarto de datos con presión de calendario y sin el mapa de riesgos sectoriales en la cabeza. La consecuencia es una revisión superficial que pasa por alto los aspectos regulatorios específicos.

El segundo error es tratar la diligencia jurídica como una revisión de contratos y estatutos, sin incorporar la dimensión regulatoria sanitaria. Una empresa farmacéutica no es una empresa de servicios genérica: sus activos más valiosos están bajo el control de la autoridad sanitaria, y ese control no desaparece cuando cambian los socios.

El tercer error, y quizás el más costoso, es no traducir los hallazgos de la diligencia en instrumentos contractuales concretos. Identificar un riesgo y no protegerlo en el contrato equivale a no haberlo identificado: el comprador lo asume sin compensación.

Un cuarto error frecuente es subestimar la diligencia laboral. En empresas con plantillas mixtas (personal sanitario propio, colaboradores externos, personal en régimen de arrendamiento de servicios) las contingencias de Seguridad Social pueden ser relevantes y no siempre están reflejadas en la contabilidad de la empresa.

Decisiones críticas que la dirección debe gestionar antes del cierre

¿Quién toma las decisiones que importan en una operación de M&A en salud? La respuesta no es siempre el consejero delegado. Hay al menos tres decisiones críticas que deben tomarse con criterio jurídico y que tienen plazos que no pueden perderse.

La primera es la estructura de la operación: share deal frente a asset deal. Esta decisión tiene consecuencias directas sobre qué autorizaciones sanitarias se conservan, qué responsabilidades se asumen y cuál es el tratamiento fiscal de la operación. El tipo del Impuesto sobre Sociedades para entidades de nueva creación es del quince por ciento durante los dos primeros períodos con base imponible positiva, lo que en algunas estructuras puede ser relevante para el comprador que constituye una sociedad vehículo de adquisición.

La segunda decisión es la de los mecanismos de ajuste de precio y garantías: ¿precio fijo con escrow, precio con earn-out, o ajuste en función de cuentas de cierre? En el sector farmacéutico, donde el valor depende de contratos de distribución vigentes y de la renovación de autorizaciones, los mecanismos contingentes son habituales y deben estar bien diseñados para evitar litigios post-cierre.

La tercera decisión es la de las condiciones precedentes al cierre. Si la operación requiere la obtención de nuevas autorizaciones sanitarias o la aprobación de la autoridad de competencia (cuando se alcancen los umbrales de cuota de mercado relevantes), el calendario del cierre depende de esas condiciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede ser competente para revisar la operación si se alcanzan los umbrales de notificación previstos en la normativa de competencia; conviene verificarlo con la normativa vigente antes de estructurar el calendario.

Para operaciones de M&A en las que el perímetro incluye activos o sociedades en la Región de Murcia o en el Levante español, nuestro equipo de Derecho societario y M&A en Murcia conoce las particularidades del tejido empresarial local, donde el sector agroalimentario y el industrial coexisten con un número creciente de operaciones en el ámbito de la salud y los servicios.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo de la operación

El coste de una diligencia debida bien ejecutada es siempre menor que el coste de una contingencia no detectada. Esta afirmación, que puede sonar a tópico, tiene un fundamento concreto en el sector salud.

Cuando el asesoramiento jurídico se incorpora en la fase de preparación de la operación – antes de que el comprador reciba la carta de intenciones o antes de que el vendedor ponga la empresa en el mercado – hay tiempo para ordenar la documentación, regularizar situaciones menores y construir el cuarto de datos de forma que facilite la revisión del comprador. Un vendedor bien preparado obtiene mejores condiciones: menos ajustes de precio, menos garantías exigidas, y un cierre más rápido.

Para el comprador, el asesoramiento temprano permite diseñar el proceso de diligencia con la profundidad adecuada al riesgo de cada área, en lugar de destinar el mismo esfuerzo a revisar contratos irrelevantes que a analizar el estado de las autorizaciones sanitarias. La asignación eficiente del tiempo de revisión solo es posible cuando el equipo jurídico conoce el sector y sabe dónde suelen estar los problemas.

Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y el patrón es consistente: las operaciones que se cierran sin incidencias materiales post-cierre son aquellas en las que la diligencia fue rigurosa, el contrato de compraventa fue preciso y el equipo jurídico del comprador tenía experiencia en el sector del target.

El AUDIENCE_MYTH que más frecuentemente encontramos es la creencia de que con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios y que la diligencia es un trámite que se puede abreviar sin consecuencias. La realidad es que el pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación: son los dos instrumentos que más directamente protegen la inversión.

Para ampliar el contexto de las operaciones de M&A en España y acceder al conjunto de recursos de nuestra práctica, puede visitar nuestra área de Derecho societario y operaciones (M&A), donde encontrará guías, análisis y casos sobre el proceso de adquisición de empresas en distintos sectores.

Servicios relacionados

La diligencia debida legal es el primer escalón de un proceso de adquisición que incluye también la negociación y redacción del contrato de compraventa, el diseño del pacto de socios y, en muchos casos, la revisión de la estructura fiscal de la operación. Nuestros equipos de Derecho societario y M&A y de Fiscal y tributario trabajan de forma coordinada en operaciones de este tipo, de modo que los hallazgos de la diligencia se traducen directamente en la arquitectura contractual y fiscal de la transacción.

En operaciones con componente transfronterizo – laboratorios con actividad en varios países, grupos con filiales europeas o con licenciatarios internacionales – coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, asegurando que la revisión de los aspectos regulatorios locales sea coherente con el análisis español.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica cómo realizar una due diligence legal para una empresa?
Realizar una diligencia debida legal en el sector salud y farmacéutico implica revisar de forma sistemática la estructura societaria, las autorizaciones sanitarias y registros de productos, la titularidad y vigencia de la propiedad industrial, los contratos relevantes con la Administración y con distribuidores privados, el pasivo laboral y las contingencias fiscales. El resultado es un mapa de riesgos que permite al comprador negociar el precio y las garantías del contrato con información completa, y al vendedor anticipar objeciones y preparar la documentación de forma que facilite el cierre.
¿Qué plazos y costes conlleva cómo realizar una due diligence legal?
El plazo de una diligencia debida en salud y farmacéutico depende del tamaño y complejidad del target, pero es habitual que oscile entre tres y ocho semanas. Una empresa con múltiples autorizaciones sanitarias, actividad de fabricación y contratos con el Sistema Nacional de Salud requiere más tiempo que una clínica de tamaño medio. En cuanto a los costes, varían según el alcance acordado; lo que sí puede afirmarse es que el coste de la diligencia es significativamente menor que el de una contingencia no detectada que aflora tras el cierre. Conviene verificar el alcance y los plazos concretos con el equipo asesor antes del inicio del proceso.
¿Qué riesgos hay que evitar en cómo realizar una due diligence legal?
Los riesgos más relevantes son: (1) no revisar la transmisibilidad de las autorizaciones sanitarias en caso de cambio de control; (2) no verificar la vigencia de las patentes y marcas del target; (3) identificar contingencias laborales o fiscales sin traducirlas en garantías contractuales; (4) omitir la revisión de los contratos con la Administración pública, que frecuentemente incluyen cláusulas de resolución por cambio de titularidad; y (5) no analizar el estado de los expedientes de inspección sanitaria recientes. Una diligencia que no cubra estos aspectos de forma específica no es adecuada para el sector.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en cómo realizar una due diligence legal?
El asesoramiento jurídico debe incorporarse antes de que se firme la carta de intenciones, no después. El vendedor debe contar con asesoramiento desde que decide poner la empresa en el mercado o recibe las primeras expresiones de interés. El comprador debe incorporar a su equipo jurídico antes de negociar la hoja de términos, para que los plazos, las condiciones precedentes y los mecanismos de precio queden bien diseñados desde el principio. La incorporación tardía del asesoramiento es la causa más frecuente de los cierres problemáticos y de las reclamaciones post-cierre.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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