Las decisiones sobre software de código abierto se toman a diario en equipos de desarrollo, pero rara vez llegan al consejo de administración antes de que generen un problema. Cuando un inversor de venture capital inicia su proceso de diligencia debida (due diligence) sobre una startup, la auditoría de la cartera de propiedad intelectual es sistemática. En ese momento, una política de licencias mal diseñada puede bloquear o encarecer significativamente el cierre de una ronda de financiación.
El código abierto no es sinónimo de ausencia de derechos de autor. Cada biblioteca, módulo o componente de código abierto está sujeto a una licencia que impone condiciones precisas sobre su uso, modificación y distribución. El Derecho de propiedad intelectual vigente en España protege el software como obra original desde el momento de su creación, sin necesidad de registro formal. Sin embargo, esa protección automática no sustituye a la gestión activa de las licencias de terceros incorporadas al producto.
Las licencias de código abierto se agrupan, en términos generales, en dos grandes familias. Las licencias permisivas – como la MIT o la Apache – permiten integrar el componente en software propietario con obligaciones mínimas, habitualmente la conservación de los avisos de autoría. Las licencias copyleft – cuyo ejemplo más conocido es la GPL y sus variantes – imponen que el trabajo derivado se distribuya bajo las mismas condiciones, lo que puede afectar a la confidencialidad del código propietario de la startup.
En nuestra práctica hemos observado que muchos equipos técnicos no distinguen entre estas familias de forma sistemática. El resultado es una acumulación de dependencias copyleft en el núcleo del producto sin que la dirección lo sepa. Cuando el inversor lo detecta, la corrección urgente tiene un coste muy superior al de la prevención.
El marco aplicable en España combina la legislación de propiedad intelectual con la normativa contractual general y, cuando el software se distribuye en el mercado europeo, con las directrices emanadas del Derecho de la Unión. La gestión del secreto empresarial añade una capa adicional: el código fuente propietario que convive con componentes de código abierto puede acogerse a la protección del secreto empresarial siempre que se adopten medidas razonables de confidencialidad. Si esas medidas no existen, la protección decae.
La respuesta corta: todas las que estén presentes en cualquier capa del código base, incluidas las dependencias transitivas. En la práctica, distinguimos cuatro escenarios que abordamos con frecuencia al asesorar a empresas tecnológicas.
Primer escenario: uso interno sin distribución. Si el software se usa exclusivamente dentro de la empresa y no se distribuye a terceros, las obligaciones copyleft clásicas generalmente no se activan. No obstante, cuando la startup ofrece el software como servicio (SaaS), algunas licencias – como la AGPL – extienden las obligaciones de distribución a este modelo. Ignorar este matiz puede comprometer toda la arquitectura de negocio.
Segundo escenario: distribución de binarios. Cuando el producto se entrega como binario a un cliente, las licencias copyleft exigen, en términos generales, poner a disposición el código fuente correspondiente. El incumplimiento puede derivar en una acción por infracción de los derechos de autor del titular original del componente.
Tercer escenario: integración en productos de hardware. Las startups de hardware, muy presentes en sectores como la movilidad, la energía o la robótica, combinan firmware propietario con componentes de código abierto. La trazabilidad de licencias en estos entornos es más compleja y debe documentarse antes de cualquier proceso de certificación o de venta de la compañía.
Cuarto escenario: venta de la empresa o ronda de financiación. Este es el punto crítico. En una due diligence, el comprador o el inversor exige un inventario completo de los componentes de código abierto, las licencias asociadas y la evidencia de cumplimiento. Las herramientas de análisis de composición de software (SCA) son el estándar de la industria, pero su uso no sustituye al análisis jurídico de las obligaciones de cada licencia.
Una política operativa debe responder a cuatro preguntas fundamentales antes de que el código entre en el repositorio: ¿qué licencia tiene el componente? ¿Cómo se usa en el producto? ¿Qué obligaciones activa ese uso? ¿Están documentadas y cumplidas esas obligaciones?
El proceso puede articularse en las siguientes fases:
Hemos asesorado a compañías tecnológicas que llegaron a una due diligence sin un inventario mínimo. El tiempo necesario para remediar la situación – en paralelo a la negociación con el inversor – genera una presión que a menudo se traduce en condiciones económicas menos favorables para el fundador.
El código fuente desarrollado por la startup es, en la mayoría de los casos, su activo más valioso. Su protección descansa sobre tres pilares que deben funcionar de forma coordinada.
El primero es la titularidad clara. El Derecho de propiedad intelectual reconoce como titular originaria a la persona física que crea la obra. Cuando los desarrolladores son empleados, la normativa laboral española atribuye los derechos de explotación al empleador, siempre que el desarrollo se realice dentro del ámbito de sus funciones. Cuando los desarrolladores son contratistas o colaboradores externos, la cesión de derechos debe pactarse expresamente en el contrato. Un contrato de servicios sin cláusula de cesión no trasfiere la propiedad intelectual a la startup.
El segundo pilar es la protección como secreto empresarial. El código fuente que no se divulga y sobre el que se adoptan medidas razonables de confidencialidad – acuerdos de confidencialidad (NDA), controles de acceso, políticas internas – puede acogerse a la protección específica que la legislación española otorga al secreto empresarial. Esta protección no sustituye al Derecho de autor, sino que lo complementa, especialmente frente a la apropiación indebida por parte de competidores o ex empleados.
El tercer pilar es el contrato de licencia. Cuando la startup licencia su software a clientes, la estructura del contrato determina qué puede hacer el licenciatario con el código, durante cuánto tiempo y en qué condiciones puede resolver o transferir la licencia. Un contrato de licencia bien redactado protege tanto los ingresos recurrentes como la posición negociadora en una eventual venta de la compañía. La práctica de los juzgados españoles confirma que la ausencia de contratos escritos genera litigios sobre el alcance de la autorización concedida, con consecuencias económicas relevantes para la empresa.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el error más habitual no es la ausencia total de contratos, sino el uso de plantillas genéricas que no reflejan el modelo de negocio real de la startup. Una licencia SaaS no es equivalente a una licencia de software instalado, y las condiciones de uso, actualización y soporte deben estar definidas con precisión para evitar ambigüedades.
La due diligence de un fondo de venture capital sobre una startup de software tiene una vertiente jurídico-técnica que va más allá del análisis financiero. Los inversores sofisticados – y sus asesores legales – revisan sistemáticamente los siguientes elementos antes de autorizar el desembolso.
El primero es la cadena de titularidad del código base. El inversor necesita confirmar que la startup es titular de todos los derechos necesarios para explotar, modificar y transferir el software. Contratos de desarrollo mal redactados, colaboraciones informales con terceros o código procedente de proyectos anteriores de los fundadores pueden fracturar esta cadena.
El segundo es el inventario de componentes de código abierto. Como se ha indicado, el incumplimiento de obligaciones copyleft puede contaminar el código propietario y obligar a su publicación. Esto no es un riesgo teórico: es una de las contingencias que los fondos valorarán al determinar las condiciones de la inversión y, eventualmente, las garantías exigidas en el contrato de inversión.
El tercero es la protección de la marca. Una startup puede haber construido una base de usuarios sobre una marca que no está registrada, o que está registrada solo en España. Cuando el fondo tiene una tesis de expansión internacional, la cobertura territorial de la marca es un factor relevante. La marca nacional registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) protege en España. Para la cobertura en la Unión Europea, la vía adecuada es la marca de la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante. La duración de la marca – nacional o de la UE – es de diez años renovables.
El cuarto elemento es la existencia de reclamaciones pendientes o amenazas de infracción. Una notificación de un titular de software de código abierto que alega incumplimiento de la licencia, o una oposición a la marca por parte de un competidor, son contingencias que el inversor descuenta del valor de la startup.
¿Cuánto tiempo lleva ordenar este perímetro antes de una ronda? La respuesta depende del estado de partida. En compañías que han operado sin un sistema de gestión de licencias, la remediación puede extenderse varios meses. Iniciar el proceso con suficiente antelación al inicio de la due diligence es la decisión estratégica correcta.
Las startups que desarrollan software innovador tienen, en algunos casos, la posibilidad de solicitar protección adicional mediante la legislación de patentes. En España, la solicitud se tramita ante la OEPM, y la protección, si se concede, tiene una duración de veinte años no renovables. La patentabilidad del software puro está sujeta a restricciones en el Derecho europeo, pero las invenciones implementadas por ordenador – aquellas con efecto técnico más allá de la mera programación – pueden ser elegibles.
La interacción entre patentes y código abierto es un campo de alta complejidad. Algunas licencias de código abierto incluyen concesiones de licencia de patente a los usuarios, pero también cláusulas de revocación si el licenciatario ejerce acciones por infracción de patentes contra otros usuarios del mismo proyecto. Ignorar estas cláusulas puede privar a la startup de la capacidad de defender su cartera de patentes en determinados contextos.
Respecto al registro de marcas, la convivencia con el código abierto presenta otra dimensión relevante. Si la startup usa un nombre de proyecto de código abierto como marca comercial, debe verificar que ese nombre no está reservado por la comunidad o por otro titular. La Audiencia Provincial española ha conocido disputas en las que el uso de denominaciones asociadas a proyectos de código abierto generó conflictos de titularidad que afectaron a la actividad comercial de la empresa.
El asesoramiento de un abogado de propiedad intelectual especializado en tecnología permite mapear estos riesgos antes de que se materialicen. La corrección posterior a un litigio o a una due diligence fallida tiene un coste muy superior al de la planificación previa.
La creencia de que la protección jurídica de los intangibles es un gasto diferible hasta que la empresa alcanza cierta escala es uno de los errores más costosos que observamos en el ecosistema startup español. El alcance del registro, los contratos de licencia y la protección del secreto empresarial definen quién controla el intangible. No es el volumen de facturación lo que determina la relevancia de este riesgo, sino el momento en que la empresa necesita demostrar su cadena de titularidad.
Esa necesidad puede llegar antes de lo previsto. Una negociación con un cliente corporativo grande, una solicitud de subvención de I+D, un proceso de aceleración internacional o la entrada de un business angel sofisticado son todos eventos que activan la revisión de los activos de propiedad intelectual. En nuestra experiencia, las startups que han establecido una higiene mínima de licencias y contratos desde las fases tempranas negocian desde una posición significativamente más sólida.
El asesoramiento temprano tiene también una dimensión de coste de oportunidad. Una licencia copyleft que contamina el código propietario en la fase semilla puede remediarse con intervención técnica y jurídica coordinada. La misma situación detectada en una serie B, con un inversor institucional revisando el código base, puede suponer la pérdida de la ronda o la imposición de garantías y retenciones que reducen el retorno para los fundadores.
Hemos protegido marcas, software y secretos empresariales de compañías tecnológicas e industriales que han pasado por este proceso de ordenación antes de sus rondas de financiación. La diferencia entre llegar a una due diligence con la documentación en orden y llegar sin ella es, en muchos casos, la diferencia entre cerrar la operación en los plazos previstos o negociar bajo presión.
Si quiere entender cómo le afecta la gestión de licencias de código abierto en su empresa, escríbanos a info@velardevidal.com.
Como síntesis operativa, recogemos los elementos mínimos que toda startup debe tener documentados antes de un evento de liquidez o de una due diligence de venture capital:
Este checklist no sustituye a un análisis jurídico individualizado. Cada empresa tiene una arquitectura de código, un modelo de negocio y una cartera de intangibles diferente que requieren una evaluación específica. Puede ampliar el análisis en nuestra área de propiedad intelectual y tecnología.
La gestión de licencias de código abierto se entrecruza con otras disciplinas jurídicas que abordamos de forma integrada. La protección de datos personales tratados por el software – especialmente en entornos SaaS con clientes europeos – exige una revisión bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD), que complementa el análisis de propiedad intelectual. Del mismo modo, las operaciones de inversión y M&A en el sector tecnológico requieren una coordinación entre la auditoría de código y el análisis de la estructura societaria y fiscal de la target; puede consultar cómo abordamos estos procesos en nuestro análisis sobre due diligence en operaciones corporativas. Para operaciones que combinan propiedad intelectual con cadenas logísticas y distribución, puede consultar también nuestro dosier sobre propiedad intelectual y tecnología en el sector logístico.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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