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Tecnología y software: cómo reclamar tras una operación de compraventa de empresa

Por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitrajeActualizado:

Una compraventa de empresa tecnológica cierra. Semanas después, emergen incumplimientos: la plataforma no funciona según las especificaciones acordadas, la cartera de clientes está inflada, las licencias de software no son transferibles o el fundador incumple su pacto de permanencia. En ese momento, la dirección del comprador o del vendedor se enfrenta a una pregunta que no admite dilación: ¿cómo reclamar, por qué vía y en qué plazo? La respuesta equivocada puede costar más que el incumplimiento mismo.

En breve: Reclamar tras una operación de compraventa de empresa en el sector tecnológico exige identificar con precisión el contrato infringido, la rama jurídica aplicable – fundamentalmente legislación mercantil, societaria y de propiedad intelectual – y el foro adecuado, ya sea arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) o la vía judicial ante los juzgados de lo mercantil. La elección temprana de la estrategia procesal y la solicitud oportuna de medidas cautelares condicionan el resultado de forma determinante.

Qué incumplimientos son más frecuentes en operaciones de tecnología y software

En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector tecnológico, los conflictos postcierres de M&A presentan un patrón reconocible. Los compradores descubren que la realidad de la compañía adquirida no coincide con las declaraciones y garantías (representations and warranties) formalizadas en el contrato de compraventa.

Los incumplimientos más habituales que hemos observado son los siguientes:

  • Código fuente con derechos de terceros no revelados. La empresa vendida utiliza librerías de código abierto bajo licencias incompatibles con la explotación comercial, o ha incorporado código de desarrollo externo sin asegurar la cesión de derechos. El comprador hereda una contingencia de propiedad intelectual que no fue revelada en la diligencia debida (due diligence).
  • Cartera de clientes o ingresos recurrentes sobredimensionados. Los contratos de suscripción o los ingresos proyectados no se materializan porque la relación comercial descansaba en la persona del fundador o en condiciones no reproducibles.
  • Licencias de software intransferibles. El acuerdo de licenciamiento de la plataforma SaaS adquirida exige el consentimiento expreso del licenciante para la cesión, consentimiento que no se obtuvo antes del cierre.
  • Incumplimiento de la cláusula de no competencia (non-compete). El fundador vendedor capta clientes o constituye una empresa competidora dentro del período de restricción pactado.
  • Pasivos ocultos: deudas fiscales o laborales no provisionadas. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o la Inspección de Trabajo inicia actuaciones por ejercicios anteriores al cierre, y las garantías contractuales son insuficientes o el vendedor carece de solvencia para responder.
  • Mecanismo de precio variable (earn-out) manipulado. El cálculo de la contraprestación diferida se basa en métricas de EBITDA o de usuarios activos que el vendedor altera mediante políticas contables discutibles.

Cada uno de estos supuestos activa ramas jurídicas distintas y requiere estrategias procesales específicas. Acudir a los tribunales sin esta precisión previa es uno de los errores más costosos que cometen las empresas tecnológicas en litigios postoperación.

¿Qué marco jurídico rige las reclamaciones en operaciones de M&A tecnológico?

La legislación societaria y mercantil española establece el régimen general. Pero en operaciones de tecnología y software, el marco normativo es necesariamente multicapa.

La Ley de Sociedades de Capital regula las cuestiones ligadas a la transmisión de participaciones o acciones, la responsabilidad del órgano de administración y los mecanismos de impugnación de acuerdos sociales. La legislación de propiedad industrial e intelectual – incluyendo la Ley de Patentes y la normativa de derechos de autor – determina quién es titular del código, de las marcas y de los desarrollos realizados por empleados o contratistas externos.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) son especialmente relevantes cuando la empresa adquirida gestiona bases de datos de usuarios. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede iniciar investigaciones que deriven en sanciones imputables al comprador si no se han establecido adecuadamente las garantías en el contrato de compraventa.

La Ley de lucha contra la morosidad puede aplicarse en disputas sobre earn-outs o pagos diferidos de precio, aunque su interacción con la naturaleza societaria de la operación debe analizarse caso a caso. La legislación fiscal – fundamentalmente la Ley del Impuesto sobre Sociedades – determina el tratamiento de las indemnizaciones recibidas y su deducibilidad.

¿Y qué norma rige el procedimiento de la reclamación? La Ley de Enjuiciamiento Civil es la columna vertebral del proceso civil, mientras que la Ley de Arbitraje gobierna los procedimientos ante instituciones como el CIAM. La mayor parte de los contratos de compraventa de empresa en el sector tecnológico contienen cláusulas de sumisión a arbitraje. Verificar esa cláusula es el primer paso antes de cualquier otra decisión.

Fase 1 – Auditoría jurídica postcierre: qué revisar antes de reclamar

El error más frecuente que observamos en empresas que han cerrado una operación es activar la reclamación sin completar una auditoría jurídica interna. Este paso no es un trámite burocrático. Es la base que determinará si la reclamación tiene fundamento sólido y qué daños son cuantificables.

La auditoría postcierre debe cubrir, como mínimo, los siguientes elementos:

  1. Revisión del contrato de compraventa y sus anexos. Identificar las declaraciones y garantías (representations and warranties) que se consideran incumplidas, los umbrales de minimis y las franquicias pactadas, el límite máximo de responsabilidad del vendedor (cap) y los plazos de prescripción o caducidad de las reclamaciones. Estos plazos contractuales son a menudo más cortos que los legales: algunos contratos fijan ventanas de reclamación de doce a dieciocho meses desde el cierre.
  2. Examen del seguro de declaraciones y garantías (W&I insurance). Si la operación contó con este seguro, el procedimiento de reclamación ante el asegurador tiene requisitos formales y plazos propios que no deben confundirse con la reclamación frente al vendedor.
  3. Auditoría de la propiedad intelectual. Cartografiar todos los activos intangibles: código fuente, marcas, nombres de dominio, contratos de licenciamiento, desarrollos encargados a terceros. Comparar el inventario real con el declarado en el contrato.
  4. Revisión de contratos laborales y de prestación de servicios clave. Verificar si los desarrolladores de software que generaron los activos clave firmaron cesiones de derechos válidas a favor de la empresa. En España, la normativa laboral establece ciertas reglas sobre la titularidad de creaciones realizadas en el marco de una relación laboral, pero los contratos de prestación de servicios con terceros externos requieren cláusulas expresas.
  5. Análisis fiscal postcierre. Revisar las contingencias fiscales no provisionadas y determinar si las cláusulas de indemnización fiscal del contrato cubren las actuaciones de la AEAT en curso.

Esta auditoría debe realizarse con urgencia. Los plazos contractuales de reclamación corren desde el cierre, no desde el descubrimiento del incumplimiento.

Fase 2 – La elección estratégica: arbitraje ante el CIAM o juzgado de lo mercantil

Esta decisión es la más determinante de todo el proceso. Y, con frecuencia, ya está predeterminada por la cláusula de resolución de disputas del propio contrato de compraventa. Revisarla es obligatorio antes de dar cualquier otro paso.

Existen diferencias relevantes entre ambas vías que conviene entender:

Criterio Arbitraje (CIAM u otra institución) Juzgado de lo mercantil
Confidencialidad Alta: el procedimiento es privado Baja: los juicios son públicos salvo excepciones
Plazo estimado hasta resolución Generalmente más ágil en controversias complejas Variable; puede prolongarse en primera instancia y apelación
Especialización técnica Árbitro elegible con perfil tecnológico o mercantil Juez de lo mercantil generalista
Coste inicial Tasas institucionales y honorarios de árbitros Tasas judiciales variables según cuantía
Medidas cautelares Posibles en arbitraje; también ante el juzgado en apoyo al arbitraje Directamente ante el juez
Ejecutividad del laudo/sentencia Laudo ejecutivo; el Convenio de Nueva York de 1958 facilita la ejecución internacional Sentencia ejecutable en España
Posibilidad de apelar Muy limitada (acción de anulación del laudo, con plazo de dos meses desde la notificación) Apelación ante la Audiencia Provincial; casación posible

En nuestra experiencia, los conflictos derivados de operaciones de M&A tecnológico tienden a presentar mayor complejidad técnica y una necesidad relevante de confidencialidad. Esas características favorecen el arbitraje cuando el contrato lo permite o las partes pueden acordarlo. No obstante, cuando el vendedor carece de solvencia o ha ocultado activos, la rapidez para obtener medidas cautelares ante el juzgado puede ser decisiva.

Para profundizar en las opciones procesales disponibles en disputas entre empresas, puede consultar nuestra práctica de resolución de disputas, litigación y arbitraje.

Fase 3 – Medidas cautelares: cuándo solicitarlas y cómo justificarlas

Las medidas cautelares son el instrumento que preserva el objeto del litigio mientras se sustancia el procedimiento principal. En conflictos postoperación de tecnología y software, su importancia es capital. ¿Por qué? Porque el activo en disputa puede desaparecer o degradarse en cuestión de semanas.

Piense en estos escenarios: el fundador vendedor comienza a captar la cartera de clientes desde el primer día tras el cierre del período de lock-up; el código fuente en disputa se modifica o se transfiere a una entidad vinculada; los fondos del earn-out se extraen de la sociedad a través de distribuciones que reducen la solvencia del obligado al pago.

En cada uno de estos casos, una medida cautelar oportuna – el embargo preventivo de cuentas, la anotación preventiva de la demanda, la prohibición de disponer de determinados activos o la prohibición de desarrollar actividad competidora – puede marcar la diferencia entre una reclamación fundada y una sentencia o laudo que resulte de difícil ejecución.

Para obtener medidas cautelares en España, la Ley de Enjuiciamiento Civil exige acreditar dos requisitos fundamentales: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de mora procesal (periculum in mora). En materia de propiedad intelectual e industrial, la normativa específica facilita la adopción de medidas cautelares con menor carga de acreditación del periculum.

Solicitar medidas cautelares demasiado tarde es uno de los errores que más impactan en el resultado final de un litigio postoperación. La petición debe prepararse en paralelo a la demanda, no después de presentarla. Puede ampliar este punto en nuestra guía sobre cómo solicitar medidas cautelares en el ámbito industrial y de manufactura, cuyos principios procesales son directamente aplicables al sector tecnológico.

¿Cómo se cuantifican los daños en una disputa de M&A tecnológico?

La cuantificación es una de las fases más técnicas del litigio y, en la práctica, una de las que más influye en el resultado. Un daño real pero mal cuantificado se convierte en una reclamación débil.

En operaciones de tecnología y software, los daños pueden manifestarse en varias formas:

  • Diferencia de valor entre la empresa declarada y la empresa real. El método más habitual es la comparación entre el precio pagado y el valor que habría tenido la empresa de haberse conocido el incumplimiento en el momento de la firma.
  • Daño emergente directo. Coste de subsanación del activo tecnológico defectuoso: sustitución de licencias, auditoría del código, adaptaciones de cumplimiento del RGPD.
  • Lucro cesante. Ingresos dejados de obtener como consecuencia directa del incumplimiento. En disputas de earn-out, esto exige una pericia económica que reconstruya las métricas base bajo una hipótesis de comportamiento leal del vendedor.
  • Daño reputacional. Difícil de cuantificar, pero relevante cuando el incumplimiento de las licencias de software ha expuesto públicamente a la empresa compradora frente a terceros licenciantes.

La pericia económica elaborada por un perito independiente es habitualmente decisiva en estos procedimientos. Su preparación requiere tiempo y documentación contable y contractual. Iniciarla desde el momento en que se detecta el incumplimiento es una ventaja estratégica significativa frente a quien la encarga cuando ya está próxima la vista.

Fase 4 – Presentación de la demanda o de la solicitud de arbitraje

Una vez completada la auditoría jurídica, elegida la vía procesal y preparada la pericia económica, la empresa reclamante está en condiciones de formalizar la reclamación.

Si la vía elegida es el arbitraje ante el CIAM, el procedimiento comienza con la presentación de la solicitud de arbitraje conforme al reglamento de la institución. Esta solicitud debe identificar las partes, describir el conflicto, cuantificar la pretensión y designar o proponer al árbitro o árbitros. El nombramiento del tribunal arbitral y la fijación del calendario del procedimiento sigue a continuación.

Si la vía elegida es la judicial, la demanda ante el juzgado de lo mercantil debe cumplir los requisitos formales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En disputas de M&A tecnológico, la complejidad de los hechos y la documentación exige una estructura narrativa muy cuidada: el juez o la jueza que instruye el procedimiento no es necesariamente un especialista en tecnología, y la claridad expositiva de la demanda condiciona la comprensión de los hechos desde el inicio.

En ambas vías, la documentación que se aporte en el momento de la presentación es, en gran medida, la que determinará el resultado. Los escritos de ampliación o las pruebas tardías pueden ser inadmitidos o recibir menor peso probatorio.

Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, con resultados que en todos los casos habrían sido distintos sin una estrategia procesal definida desde el inicio del procedimiento.

Fase 5 – Negociación y acuerdo transaccional: cuándo tiene sentido

No todo litigio debe llegar al laudo o a la sentencia. En muchos conflictos postoperación de M&A tecnológico, la negociación de un acuerdo transaccional es la salida más eficiente para ambas partes. Pero negociar desde una posición procesal débil – sin demanda presentada, sin medidas cautelares solicitadas y sin pericia cuantificadora – es negociar en desventaja.

En nuestra práctica hemos observado que el momento de mayor apertura transaccional del vendedor suele coincidir con la presentación de la demanda o la solicitud de arbitraje, o inmediatamente después de que se concedan medidas cautelares. La presión procesal actúa como catalizador de la negociación.

Un acuerdo transaccional bien estructurado en un conflicto de M&A tecnológico incluye habitualmente: el importe de la compensación, el mecanismo y el calendario de pago, las garantías del pago (aval bancario, depósito en escrow), las declaraciones mutuas de no reclamación adicional y, en su caso, la terminación o modificación de los pactos parasociales o de los acuerdos de permanencia que pudieran estar vigentes.

La estrategia de negociación y la estrategia de litigio no son alternativas excluyentes. Son complementarias. La credibilidad de la amenaza procesal es el mejor acelerador de un acuerdo razonable.

Errores críticos que deben evitarse

La dirección de una empresa tecnológica que ha sufrido un incumplimiento postoperación tiende a cometer algunos errores que condicionan el resultado del procedimiento. Los más relevantes que hemos identificado en nuestra experiencia son:

  • No revisar la cláusula de resolución de disputas antes de actuar. Presentar una demanda judicial cuando el contrato exige arbitraje lleva a la declinación de jurisdicción y la pérdida de tiempo y coste procesal.
  • Ignorar los plazos contractuales de reclamación. La mayor parte de los contratos de compraventa de empresa fijan plazos de caducidad de las reclamaciones por declaraciones y garantías que son significativamente más cortos que los plazos legales de prescripción. Superado ese plazo, la reclamación puede resultar inadmisible.
  • Comunicar el incumplimiento sin asesoramiento jurídico previo. Los correos electrónicos o las conversaciones en las que la dirección reconoce conocer el incumplimiento desde una fecha determinada pueden activar los plazos contractuales de reclamación o comprometer la posición procesal.
  • Subestimar la complejidad de la prueba técnica. En disputas de software, la determinación de si el código fuente presenta los defectos alegados, o si las licencias son o no transferibles, exige peritaje técnico especializado. Iniciar el procedimiento sin ese peritaje preparado debilita la posición probatoria.
  • No considerar la solvencia del demandado antes de reclamar. Obtener una sentencia favorable o un laudo arbitral frente a un vendedor insolvente o que ha vaciado su patrimonio tiene un valor limitado. La viabilidad de la ejecución de sentencia debe analizarse antes, no después.

En conflictos societarios con implicaciones para la estructura de la empresa, puede ser útil revisar también nuestra perspectiva sobre conflictos entre socios en el sector salud, cuyo esquema de análisis de riesgos societarios es transversal a otros sectores, incluido el tecnológico.

Checklist de decisiones críticas para la dirección de la empresa

Antes de iniciar cualquier reclamación formal, la dirección de la empresa debe haber tomado posición sobre los siguientes puntos:

  1. ¿El contrato de compraventa contiene cláusula arbitral o de sumisión expresa a un tribunal?
  2. ¿Cuál es el plazo contractual de reclamación por declaraciones y garantías, y cuánto tiempo queda?
  3. ¿Se ha notificado al vendedor el incumplimiento en la forma y dentro del plazo previstos en el contrato?
  4. ¿Se ha revisado si existe un seguro de declaraciones y garantías (W&I insurance) y cuál es el procedimiento de reclamación al asegurador?
  5. ¿Se ha completado la auditoría de propiedad intelectual de los activos tecnológicos en disputa?
  6. ¿Se ha encargado la pericia económica de cuantificación del daño?
  7. ¿Se ha analizado la solvencia del vendedor y la ejecutabilidad de una eventual sentencia o laudo?
  8. ¿Se han identificado los activos que deben protegerse mediante medidas cautelares y se ha preparado la solicitud?
  9. ¿Se ha definido una estrategia de negociación paralela al procedimiento?
  10. ¿Se ha comunicado internamente el conflicto de forma que no comprometa la posición procesal?

Este checklist no agota el análisis. Cada operación presenta particularidades que pueden modificar el orden de prioridad de estas decisiones. Pero sirve como mapa de partida para evitar los errores más frecuentes y costosos.

Servicios relacionados

Las reclamaciones derivadas de operaciones de compraventa de empresa tecnológica suelen conectar con otras áreas de práctica. Los conflictos sobre propiedad intelectual del software tienen una dimensión directamente vinculada a la práctica de propiedad intelectual y tecnología, especialmente cuando la disputa afecta a licencias, marcas o datos personales de usuarios. Asimismo, cuando el incumplimiento afecta a la estructura societaria de la empresa adquirida – incluyendo acuerdos de accionistas o pactos de permanencia de los fundadores – la práctica de Derecho societario y operaciones (M&A) ofrece el marco complementario necesario para una estrategia de reclamación coherente.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica cómo reclamar tras una operación de compraventa de empresa para una empresa?
Reclamar tras una operación de compraventa de empresa implica activar los mecanismos de responsabilidad previstos en el contrato – fundamentalmente las declaraciones y garantías – y, cuando sea necesario, iniciar un procedimiento judicial o arbitral. Para una empresa del sector tecnológico, esto supone además identificar qué activos intangibles están en disputa, cuantificar el daño con pericia económica y técnica, y elegir el foro adecuado en función de la cláusula de resolución de disputas del propio contrato. Un abogado mercantil especializado en litigios entre empresas es indispensable desde el primer momento.
¿Qué plazos y costes conlleva cómo reclamar tras una operación de compraventa de empresa?
Los plazos son dobles: contractuales y legales. Los plazos contractuales de caducidad de las reclamaciones por declaraciones y garantías pueden ser significativamente más cortos que los legales y varían según lo pactado. El plazo legal general de prescripción en materia mercantil depende del tipo de acción ejercitada. La acción de anulación de un laudo arbitral debe interponerse dentro de los dos meses desde su notificación. Los costes incluyen honorarios de abogados, peritaje económico y técnico, tasas institucionales o judiciales y, en arbitraje, honorarios de árbitros. Conviene verificar con la normativa y el contrato vigentes.
¿Qué riesgos hay que evitar en cómo reclamar tras una operación de compraventa de empresa?
Los riesgos más relevantes son: presentar la reclamación fuera de los plazos contractuales o legales, elegir el foro equivocado cuando el contrato exige arbitraje, comunicar el incumplimiento sin asesoramiento jurídico y comprometer así los plazos de caducidad, no solicitar medidas cautelares en el momento oportuno, y reclamar frente a un vendedor insolvente sin haber analizado previamente la ejecutabilidad de la sentencia o laudo. La elección entre arbitraje y juzgado de lo mercantil, y el momento de pedir cautelares, condicionan el resultado más que la propia demanda en sí.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en cómo reclamar tras una operación de compraventa de empresa?
El asesoramiento jurídico debe incorporarse en el momento en que se detecta el indicio de incumplimiento, no cuando el conflicto ya está abierto. Un asesoramiento temprano permite revisar los plazos contractuales antes de que caduquen, preparar la documentación probatoria desde el inicio, analizar la conveniencia de medidas cautelares y diseñar una estrategia que combine presión procesal y negociación. Esperar a que el conflicto escale reduce las opciones disponibles y eleva el coste de la solución.

Análisis elaborado por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitraje, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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