El sector turístico y hotelero en España atraviesa un momento de alta actividad inversora. Muchos grupos empresariales y family offices que gestionan activos hoteleros, apartamentos turísticos o complejos de restauración afrontan una pregunta estratégica que se plantea demasiado tarde: ¿debería haber estructurado esta inversión a través de una sociedad patrimonial desde el primer día? La oportunidad de proteger el patrimonio, ordenar la tributación y facilitar la entrada de socios o la transmisión generacional se pierde con frecuencia por falta de planificación al inicio de la operación.
Una sociedad patrimonial es una entidad jurídica cuyo objeto principal es la tenencia, administración y explotación de activos inmobiliarios. No desarrolla una actividad económica plena en el sentido clásico del término: no presta servicios directamente al público ni opera como empresa turística de cara al cliente final.
En el ámbito del turismo y la hostelería, este vehículo se utiliza para separar la propiedad del activo – el hotel, el complejo de apartamentos, el restaurante con inmueble vinculado – de la actividad operativa que lo explota. Esta separación tiene consecuencias jurídicas, fiscales y de gestión de riesgo que conviene entender antes de constituir la sociedad.
La estructura más habitual es la siguiente: una sociedad patrimonial ostenta la titularidad del inmueble y lo arrienda a una sociedad operadora mediante un contrato de arrendamiento comercial. La operadora gestiona la actividad turística, contrata personal, obtiene las licencias de actividad y soporta el riesgo operativo. La patrimonial percibe la renta y acumula el valor del activo. En nuestra práctica hemos observado que esta separación facilita la financiación, la entrada de nuevos socios y la eventual desinversión parcial del activo sin interrumpir la actividad.
¿Por qué es especialmente relevante en el sector turístico? Porque los activos hoteleros y de alojamiento turístico concentran un doble valor: el valor inmobiliario propiamente dicho y el valor de la licencia o clasificación turística vinculada al inmueble. Sin una estructura bien diseñada, ambos quedan entremezclados y son difíciles de separar en una transmisión.
La sociedad patrimonial no es una figura especial regulada en una norma específica. Es una denominación práctica que describe la función económica de la entidad. Su régimen jurídico se rige por la Ley de Sociedades de Capital. La elección entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima depende del tamaño de la operación, el número de socios y las previsiones de transmisibilidad de las participaciones.
Desde el punto de vista fiscal, la normativa tributaria establece un concepto de sociedad patrimonial con efectos concretos en el Impuesto sobre Sociedades. Una entidad se considera patrimonial cuando más de la mitad de su activo no está afecto a una actividad económica. Este encuadramiento tiene consecuencias relevantes:
El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 25 %. Para entidades de nueva creación, la normativa fiscal establece un tipo reducido del 15 % en el primer período impositivo con base imponible positiva y en el ejercicio siguiente, salvo que la sociedad tenga la consideración de patrimonial desde el inicio.
En consecuencia, la estructura debe diseñarse para que la sociedad que ostenta el inmueble no quede automáticamente calificada como patrimonial en el sentido fiscal, o bien para que, si lo queda, dicha calificación esté prevista y gestionada. Aquí reside uno de los principales errores que asesoramos con frecuencia: constituir la sociedad sin valorar previamente este encuadramiento.
La normativa fiscal también incide en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que son tributos cedidos a las Comunidades Autónomas y cuyos tipos varían según el territorio donde radique el inmueble. No es posible citar una cifra única sin remitir a la normativa autonómica vigente, pero sí conviene advertir que esta variable puede ser determinante en el coste de aportación del inmueble a la sociedad.
La constitución de una sociedad patrimonial en este sector sigue una secuencia de decisiones que conviene recorrer con orden. Las omisiones en cualquiera de estas fases generan costes posteriores que, en nuestra experiencia, superan con creces el coste del asesoramiento previo.
La sociedad de responsabilidad limitada es la forma más habitual para estructuras patrimoniales de tamaño mediano. El capital mínimo es de un euro, aunque en la práctica la aportación inicial refleja el valor de los activos que se integran en la sociedad. Los estatutos deben recoger con precisión el objeto social, las restricciones a la transmisión de participaciones y el régimen de toma de decisiones por parte de los socios.
El objeto social debe describir con exactitud las actividades permitidas: tenencia, adquisición, arrendamiento y gestión de bienes inmuebles destinados al sector turístico y de hostelería. Una redacción estatutaria imprecisa puede limitar la capacidad de la sociedad para suscribir determinados contratos o acceder a determinadas financiaciones.
Antes de aportar o adquirir un inmueble turístico a través de la sociedad patrimonial, es imprescindible realizar una diligencia debida (due diligence) completa sobre el activo. En nuestra práctica, hemos observado que este es el paso que con más frecuencia se omite o se reduce a una simple comprobación registral.
El AUDIENCE_MYTH más extendido en este sector es precisamente este: si el inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad, la operación no tiene riesgos. Es un error costoso. La inscripción registral no protege frente a irregularidades urbanísticas, clasificaciones turísticas caducadas, cargas ocultas de naturaleza tributaria o litigios pendientes con arrendatarios anteriores.
La diligencia debida inmobiliaria en el sector turístico debe abarcar, como mínimo:
La diligencia debida no es un trámite burocrático. Es el instrumento que determina el valor real de la inversión y la viabilidad de la estructura patrimonial que se pretende crear.
Una vez verificada la situación del activo, la integración del inmueble en la sociedad patrimonial puede realizarse mediante aportación no dineraria en el momento de constitución o mediante compraventa posterior a la sociedad ya constituida. Cada modalidad tiene un tratamiento fiscal distinto que debe analizarse en función de la situación del transmitente – persona física, persona jurídica, no residente – y del régimen fiscal aplicable.
La escritura pública de constitución o de ampliación de capital debe otorgarse ante notario e inscribirse en el Registro Mercantil. El plazo de inscripción conviene verificarse con la normativa vigente, ya que la operatividad plena de la sociedad queda condicionada a dicha inscripción.
Si la sociedad patrimonial no solo va a tener el inmueble sino también a gestionarlo directamente – supuesto menos frecuente pero existente – deberá obtener la correspondiente licencia de actividad turística. La normativa turística en España está transferida a las Comunidades Autónomas, lo que implica que los requisitos varían de forma significativa según el territorio.
En general, los aspectos más relevantes son:
El urbanismo y las licencias de actividad representan, en nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, uno de los principales focos de contingencia que emergen en operaciones de compraventa de activos hoteleros estructuradas con premura.
La creación de una sociedad patrimonial en el sector turístico no es un proceso lineal. Existen varios puntos de decisión en los que la dirección debe actuar con criterio, ya que una elección incorrecta genera consecuencias que no siempre son reversibles sin coste.
Esta decisión debe adoptarse antes de que la sociedad reciba sus primeros ingresos. El diseño del objeto social, la composición del activo y la naturaleza de los contratos con la sociedad operadora determinan si la entidad quedará encuadrada o no en el concepto fiscal de sociedad patrimonial. Cambiar este encuadramiento una vez iniciada la actividad puede requerir reestructuraciones societarias complejas.
Todas las sociedades de capital están obligadas a formular cuentas anuales, aprobarlas y depositarlas en el Registro Mercantil. Los plazos son los siguientes:
El incumplimiento de estos plazos expone a la sociedad a sanciones administrativas y puede dificultar la inscripción de acuerdos posteriores, lo que resulta especialmente problemático en operaciones de financiación o transmisión de activos.
Uno de los principales argumentos para crear una sociedad patrimonial desde el inicio es facilitar la transmisión del activo turístico – ya sea a un tercero comprador o a los herederos del fundador – mediante la venta de participaciones sociales en lugar de la compraventa directa del inmueble. Esta estructura puede optimizar la carga fiscal de la transmisión y simplificar el proceso operativo.
Sin embargo, esta ventaja no es automática. Requiere que la sociedad esté bien estructurada desde su constitución y que los estatutos no contengan restricciones inadecuadas a la transmisibilidad. La planificación de la transmisión futura debe ser un criterio de diseño desde el primer día, no una consideración posterior.
Si la estructura elegida separa la patrimonial de la operadora, el contrato de arrendamiento comercial entre ambas entidades es un documento crítico. Debe establecer la renta, las condiciones de revisión, las responsabilidades sobre el mantenimiento del inmueble, las condiciones de resolución y el tratamiento de las mejoras realizadas por el arrendatario.
La renta del arrendamiento es, a su vez, un elemento de análisis fiscal: si las partes son vinculadas – como ocurre cuando los mismos socios controlan ambas entidades – la normativa tributaria exige que la operación se realice a valor de mercado. Este requisito se enmarca en las reglas de operaciones vinculadas de la legislación fiscal española.
En nuestra experiencia asesorando a grupos empresariales del sector turístico y a inversores extranjeros en España, los riesgos más frecuentes en la creación de una sociedad patrimonial se concentran en cuatro áreas.
Un error frecuente es asumir que la licencia turística vinculada a un establecimiento se transmite automáticamente con el inmueble. En muchas Comunidades Autónomas, la licencia o clasificación turística está vinculada al titular-operador, no al inmueble. Cuando se crea una nueva sociedad patrimonial y se modifica la estructura de gestión, puede ser necesario iniciar un nuevo procedimiento de obtención de licencia, con los plazos y requisitos técnicos que ello conlleva.
Este riesgo es especialmente relevante en operaciones de compraventa de activos hoteleros en las que el comprador da por sentado que el establecimiento podrá seguir operando desde el día uno sin trámites adicionales.
La aportación de un inmueble a una sociedad patrimonial no es neutral desde el punto de vista fiscal. Dependiendo de la situación del transmitente y del inmueble, puede generar una ganancia patrimonial sujeta al IRPF o al Impuesto sobre Sociedades, así como la liquidación del ITP y AJD. La planificación previa de esta aportación puede reducir significativamente el coste fiscal, pero requiere que el asesoramiento se produzca antes de la operación, no después.
Para inversores no residentes – en particular, inversores de fuera de la Unión Europea – la adquisición de activos turísticos en España puede quedar sujeta al régimen de control de inversiones extranjeras directas. Este régimen establece un mecanismo de autorización previa para determinados sectores estratégicos, entre los que pueden incluirse, según el caso, infraestructuras de alojamiento de cierta dimensión.
La omisión de este trámite puede dar lugar a la nulidad de la inversión o a sanciones administrativas. Coordinamos estas operaciones con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente cuando el inversor tiene su sede fuera de España.
Cuando la sociedad patrimonial es participada por varios socios – inversores de un mismo grupo, miembros de una familia empresarial o coinversores en un activo hotelero – los estatutos deben prever mecanismos claros de gobierno, toma de decisiones y resolución de conflictos. Los estatutos mínimos proporcionados por las plataformas de constitución telemática no son suficientes para una estructura de esta naturaleza.
España es uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa en el sector turístico europeo. Según datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, el sector de los servicios turísticos y el inmobiliario vinculado constituyen, año tras año, uno de los vectores más activos de la entrada de capital extranjero.
El inversor extranjero que decide estructurar su posición a través de una sociedad patrimonial española debe tener en cuenta las siguientes particularidades:
Hemos estructurado operaciones inmobiliarias y de inversión extranjera en oficinas, suelo y activos hoteleros para grupos de distintas procedencias. En todos los casos, la fase de diligencia debida y la planificación de la estructura societaria antes del cierre de la operación han sido determinantes para evitar contingencias posteriores.
Esta es la pregunta que con más frecuencia formulan los directores financieros y los gestores de inversión con quienes trabajamos. La respuesta es directa: el coste del asesoramiento en la fase de diseño y constitución de la estructura es sistemáticamente inferior al coste de corregir errores una vez que la operación está cerrada.
Los principales mecanismos por los que el asesoramiento temprano genera valor son los siguientes.
Prevención del coste fiscal diferido. Una estructura mal diseñada desde el inicio puede generar obligaciones fiscales que no son visibles en el momento de la constitución pero que emergen en la primera transmisión de activos o participaciones. El rediseño posterior de la estructura puede implicar nuevas transmisiones gravadas y gastos notariales y registrales adicionales.
Detección de contingencias urbanísticas antes del cierre. Una diligencia debida completa sobre el activo turístico permite negociar las condiciones de la operación con información real, no asumida. En varios proyectos que hemos acompañado, la diligencia reveló cargas urbanísticas que modificaron el precio final de la operación o condujeron a la renegociación de las garantías del vendedor.
Reducción del tiempo de puesta en operación. La planificación anticipada de las licencias y autorizaciones turísticas permite estimar con realismo el tiempo entre el cierre de la operación y el inicio de la actividad. Improvisar este proceso tras la compra genera retrasos que tienen un coste financiero directo.
Facilitación de la financiación. Los bancos y fondos que financian activos turísticos exigen estructuras jurídicas claras, estatutos bien redactados y diligencias previas documentadas. Una sociedad patrimonial bien constituida facilita el acceso a financiación en mejores condiciones.
A modo de síntesis práctica, recogemos los pasos fundamentales del proceso:
¿Ha identificado su empresa alguno de estos pasos como pendiente o incierto? En nuestra práctica, los proyectos que presentan más dificultades de ejecución son aquellos en los que los pasos 1 a 4 se abordan de forma simultánea con el cierre de la operación, sin tiempo para una análisis riguroso.
La creación de una sociedad patrimonial en el sector turístico se enmarca habitualmente en un contexto más amplio de planificación de la inversión inmobiliaria. En nuestra práctica de inmobiliario, urbanismo e inversión extranjera acompañamos a empresas e inversores en todas las fases de la operación, desde la diligencia inicial hasta la gestión del activo una vez constituida la estructura.
Si tiene dudas específicas sobre la inversión en activos turísticos en España, puede consultar nuestras preguntas frecuentes sobre inversión en turismo y hostelería, donde abordamos las consultas más habituales de inversores nacionales e internacionales. Para una comprensión más profunda del instrumento en sí, nuestro análisis sobre la sociedad patrimonial para gestionar activos desarrolla los aspectos fiscales y de gobierno con mayor detalle.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.