El sector de la energía y las renovables opera bajo una presión regulatoria y societaria que pocas industrias igualan en España. Las decisiones estratégicas se adoptan en juntas generales y consejos de administración donde los intereses de socios industriales, fondos de inversión y administraciones públicas convergen, y a veces chocan. Cuando un acuerdo social resulta contrario a la ley, a los estatutos o al interés social, la empresa que no reacciona a tiempo pierde derechos que, en muchos casos, no podrá recuperar.
Las sociedades de energía y renovables adoptan continuamente decisiones de alto impacto mediante acuerdos societarios: ampliaciones de capital para financiar plantas fotovoltaicas o parques eólicos, modificaciones estatutarias que alteran los derechos políticos o económicos de los socios, aprobación de contratos de construcción (EPC) o de arrendamiento de terreno, nombramiento o destitución de administradores y aprobación de cuentas que reflejan la retribución del activo energético.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, el origen de la mayoría de los litigios societarios en renovables no está en la operación en sí, sino en la forma en que se convoca la junta o en el modo en que se articula la mayoría necesaria. Un acuerdo válidamente adoptado desde el punto de vista del negocio puede ser perfectamente impugnable si el procedimiento de convocatoria no respetó los requisitos legales.
La Ley de Sociedades de Capital establece el marco general para la impugnación. En el sector de la energía, ese marco se superpone con la normativa sectorial aplicable a las instalaciones de generación, con la legislación de inversión extranjera – relevante cuando el accionariado incluye fondos o grupos internacionales – y, en ocasiones, con pactos parasociales que modulan los derechos de impugnación.
En nuestra práctica, identificamos cinco categorías que concentran la mayoría de las impugnaciones en compañías del sector:
Impugnar un acuerdo social no es un trámite administrativo. Es un proceso contencioso que enfrenta a los socios – o a los administradores frente a los socios – ante los juzgados de lo mercantil, que son los órganos competentes para conocer estos litigios entre empresas.
Desde la perspectiva de quien impugna, el proceso exige acreditar la legitimación activa (quién puede impugnar), el vicio que justifica la anulación y la vigencia del plazo de ejercicio de la acción. Desde la perspectiva de quien defiende el acuerdo, el objetivo es demostrar que el procedimiento fue correcto y que el acuerdo responde al interés social.
¿Qué consecuencias prácticas tiene para la empresa? La primera es la incertidumbre jurídica sobre la validez del acuerdo durante el tiempo que dure el procedimiento. Esa incertidumbre puede bloquear operaciones de financiación, la inscripción de modificaciones estatutarias en el Registro Mercantil o la ejecución de contratos firmados al amparo del acuerdo impugnado.
La segunda consecuencia es la posibilidad de obtener medidas cautelares. Si el impugnante solicita y obtiene la suspensión del acuerdo mientras se tramita el proceso, el efecto es inmediato: el acuerdo queda en suspenso. En el sector de las renovables, donde los calendarios de construcción o de conexión a la red tienen fechas inamovibles, una suspensión cautelar puede tener un coste económico muy relevante.
Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, y la experiencia confirma que el coste real de un proceso societario no está solo en los honorarios profesionales: está en el tiempo de gestión, en las oportunidades de negocio pospuestas y en el deterioro de las relaciones entre socios.
El plazo es el elemento más crítico. La normativa societaria fija como regla general que la acción de impugnación caduca transcurrido un año desde la fecha de adopción del acuerdo impugnado. Este plazo no se interrumpe ni se suspende salvo en supuestos muy específicos. Para los acuerdos nulos de pleno derecho por ser contrarios al orden público, la acción no caduca, pero la carga de probar esa nulidad absoluta es sustancialmente más alta.
¿Qué significa esto en la práctica? Que una empresa del sector que detecta un vicio en un acuerdo social en el mes diez del ejercicio tiene un margen de reacción mínimo. Si no actúa antes de que expire el año, pierde la acción de forma definitiva. En nuestra práctica, hemos observado que la mayoría de los perjuicios evitables en litigios societarios de renovables se producen precisamente por este motivo: la dirección detecta el problema pero demora la consulta.
En cuanto a los costes del procedimiento, dependen de la cuantía del litigio, de la complejidad probatoria y de si el proceso se sustancia ante los juzgados de lo mercantil o ante un tribunal arbitral. El arbitraje con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) u otra institución arbitral puede ofrecer ventajas en términos de confidencialidad y especialización del árbitro, pero su coste estructural suele ser superior al de la vía judicial en primera instancia. La elección entre arbitraje y juzgado condiciona el resultado más que la demanda en sí.
Un factor que frecuentemente se subestima es el coste de las medidas cautelares. Solicitar la suspensión del acuerdo impugnado requiere prestar caución. El importe de esa caución lo fija el juzgado en función del perjuicio que la suspensión podría causar a la sociedad o a terceros. En proyectos de energías renovables con contratos en ejecución, ese importe puede ser significativo.
Conviene verificar con la normativa vigente y con el concreto acuerdo de sumisión pactado entre los socios cuál es la vía adecuada. Muchos pactos de socios en vehículos de proyecto energético incluyen cláusulas de arbitraje que desplazan la competencia de los juzgados de lo mercantil, aunque con matices importantes según el tipo de acuerdo impugnado.
El sector de las energías renovables en España opera mayoritariamente a través de vehículos de propósito especial (SPV): sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas constituidas específicamente para desarrollar, construir y operar un único activo o un número limitado de instalaciones. Esta estructura tiene implicaciones directas en la impugnación de acuerdos.
En primer lugar, el número de socios en una SPV es reducido. Eso significa que los conflictos societarios son, en muchos casos, conflictos directos entre dos o tres socios – habitualmente, un promotor y uno o varios fondos de infraestructuras – con intereses contrapuestos y conocimiento pleno de la operación. La prueba documental suele ser abundante y la posición de cada parte está bien definida desde el principio.
En segundo lugar, los pactos parasociales son la norma en estas estructuras. Un pacto de accionistas bien redactado puede modular los quórums de adopción de acuerdos, los derechos de arrastre o de acompañamiento, y los mecanismos de salida. Cuando el acuerdo impugnado se adoptó en cumplimiento del pacto pero en aparente conflicto con los estatutos, el análisis de validez exige examinar ambos documentos de forma coordinada.
En tercer lugar, la presencia de financiadores con garantías sobre la SPV añade una capa de complejidad. Un acuerdo social que afecte a los activos dados en garantía puede requerir consentimiento del acreedor garantizado. Si ese consentimiento no se recabó, el acuerdo puede ser impugnable no solo por los socios, sino que puede tener consecuencias en la relación contractual con el banco o el fondo de deuda.
El riesgo más frecuente, y el más costoso, es la inacción. Una empresa que detecta un vicio en un acuerdo social y no actúa dentro del plazo pierde su derecho de forma irrevocable. En el sector de las renovables, donde los proyectos tienen horizontes temporales largos y los socios a veces prefieren postergar el conflicto para no comprometer la relación comercial, este riesgo se materializa con más frecuencia de lo que cabría esperar.
El segundo riesgo es la confusión entre el plazo de impugnación y el plazo de conocimiento del acuerdo. La caducidad corre desde la adopción del acuerdo, no desde que el socio perjudicado tuvo conocimiento de él. Si el socio no asistió a la junta y no fue correctamente notificado, el dies a quo puede ser objeto de debate, pero ese debate tiene sus propios riesgos procesales.
El tercer riesgo es solicitar medidas cautelares sin la preparación adecuada. Una cautelar mal fundada que el juzgado deniega no solo no suspende el acuerdo: señaliza debilidad en la posición del impugnante y puede dificultar la negociación extrajudicial. En nuestra experiencia, las medidas cautelares deben prepararse con el mismo rigor que la demanda principal.
El cuarto riesgo, y quizás el menos evidente, es ignorar el impacto en los contratos de financiación. Un litigio societario activo puede constituir un supuesto de vencimiento anticipado (o al menos de notificación obligatoria) en los contratos de financiación de proyectos del sector. Si el banco o el fondo de deuda no es informado a tiempo, la empresa puede enfrentarse a consecuencias contractuales que empeoran significativamente su posición.
Un mito frecuente en el sector es que acudir a los tribunales es siempre la vía más rápida y barata para resolver un conflicto societario. La realidad es que los procedimientos de impugnación en los juzgados de lo mercantil tienen plazos que varían considerablemente según el juzgado y la carga de trabajo del tribunal. La evaluación inicial del caso debe contemplar también la vía del arbitraje cuando el pacto de socios lo permite, así como la posibilidad de una negociación directa asistida que evite el proceso.
La respuesta directa es: antes de que expire el plazo de caducidad, y preferiblemente tan pronto como se detecta el vicio o el conflicto que puede derivar en impugnación.
El asesoramiento temprano cumple tres funciones que no puede cumplir el asesoramiento tardío. La primera es la preservación de la prueba. Un acuerdo social puede impugnarse por vicios formales – defectos de convocatoria, falta de quórum, información insuficiente – que en muchos casos solo pueden acreditarse con documentación que existe en el momento en que se produce el vicio. Si esa documentación no se asegura de inmediato, puede perderse o resultar de difícil obtención más adelante.
La segunda función es la evaluación de la estrategia procesal antes de adoptar compromisos irreversibles. ¿Es más conveniente la vía judicial ante el juzgado de lo mercantil competente o el arbitraje ante el CIAM u otra institución? ¿Conviene solicitar medidas cautelares desde el inicio o esperar? ¿Existe margen para una negociación extrajudicial que resuelva el conflicto con menor coste y en menor tiempo? Estas preguntas no pueden responderse bien bajo la presión del plazo.
La tercera función del asesoramiento temprano es la gestión de las relaciones entre socios. En el sector de las renovables, donde los mismos socios pueden coincidir en varios proyectos, un litigio mal gestionado puede tener consecuencias que trascienden el proyecto concreto en el que se produce el conflicto. Un abogado mercantil con experiencia en el sector puede ayudar a diseñar una estrategia que proteja el interés jurídico del cliente sin destruir innecesariamente el valor de la relación entre socios.
Si está evaluando si existe base suficiente para impugnar un acuerdo, o si le preocupa que un acuerdo ya adoptado pueda ser impugnado por otro socio, el momento de actuar es ahora. El plazo corre desde la fecha de adopción del acuerdo, independientemente de cuándo se tome la decisión de consultar.
Para operaciones transfronterizas en las que el accionariado incluye fondos o grupos con sede en otras jurisdicciones, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente, de modo que el análisis societario se integra con las implicaciones legales del país del inversor.
Puede consultar nuestra práctica de resolución de disputas, litigación y arbitraje para conocer en detalle cómo abordamos los conflictos societarios. Si su empresa opera en el sector financiero o de infraestructuras y necesita entender los mecanismos de protección en operaciones complejas, le puede resultar de interés nuestra guía sobre fintech y servicios financieros. Para empresas del sector industrial con disputas contractuales o de cuantía, puede ampliar su perspectiva en nuestra guía sobre reclamaciones en industria y manufactura.
Las medidas cautelares son, en muchos casos, el elemento que determina el resultado económico real del proceso. En un litigio de impugnación de acuerdos sociales, la medida cautelar típica es la suspensión del acuerdo impugnado mientras se resuelve el fondo del asunto. Su concesión exige acreditar el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (riesgo de que el transcurso del tiempo haga ineficaz la resolución judicial).
En el sector de las renovables, la suspensión cautelar de un acuerdo puede tener consecuencias muy concretas. Si el acuerdo impugnado autorizó la venta del activo energético, la suspensión puede paralizar la transmisión hasta que el juzgado resuelva sobre el fondo. Si el acuerdo modificó los estatutos para alterar los derechos de voto, la suspensión impide que esa modificación tenga efecto mientras dura el proceso.
Ahora bien, la suspensión cautelar tiene un coste. El juzgado exige al solicitante que preste caución para responder de los perjuicios que la suspensión pueda causar. El importe de esa caución lo fija el tribunal atendiendo a las circunstancias del caso. En proyectos con obligaciones contractuales en curso – contratos EPC, PPA, financiaciones – ese importe puede ser muy significativo, y su cuantificación forma parte del análisis estratégico inicial.
Los pactos de accionistas son instrumentos contractuales, no inscribibles con carácter general en el Registro Mercantil, que regulan el ejercicio de los derechos societarios entre las partes firmantes. En el sector de la energía, estos pactos son prácticamente universales en vehículos de proyecto y habitualmente incluyen cláusulas de gobernanza, de resolución de disputas y de salida.
La interacción entre el pacto y la impugnación plantea dos cuestiones frecuentes en nuestra práctica. La primera: si el pacto prevé arbitraje para las disputas entre socios, ¿puede un socio impugnar el acuerdo ante el juzgado de lo mercantil? La respuesta no es unívoca y depende del concreto diseño de la cláusula arbitral y del tipo de impugnación. Los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer de la impugnación cuando esta se basa en vicios de la normativa societaria, con independencia de lo que diga el pacto, aunque la jurisprudencia mercantil no es completamente uniforme en este punto.
La segunda cuestión: si el acuerdo impugnado se adoptó en cumplimiento del pacto, ¿puede considerarse contrario a los estatutos o al interés social? Esta situación se produce cuando el pacto otorga a un socio el derecho a vetar ciertos acuerdos o a imponer decisiones con una mayoría contractual diferente a la estatutaria. Si el acuerdo social refleja la voluntad del mayoritario expresada conforme al pacto, pero sin respetar las mayorías estatutarias, el análisis de validez requiere examinar ambos documentos de forma integrada.
La distinción entre nulidad y anulabilidad es fundamental en la práctica, porque determina el plazo de ejercicio de la acción y la legitimación para impugnar.
Los acuerdos anulables son aquellos que vulneran la Ley de Sociedades de Capital de forma que no afecta al orden público, o que son contrarios a los estatutos, o que lesionan el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Estos acuerdos solo pueden ser impugnados dentro del plazo de caducidad de un año desde su adopción, y la acción corresponde a los socios, a los administradores y, en su caso, a terceros legitimados.
Los acuerdos nulos de pleno derecho son aquellos contrarios al orden público. Para estos, la acción no caduca en el plazo anual. Sin embargo, en la práctica mercantil, la apreciación de un acuerdo como contrario al orden público es excepcional. Los juzgados de lo mercantil aplican un criterio restrictivo: no basta con que el acuerdo sea ilegal; es preciso que vulnere principios jurídicos fundamentales de forma grave.
En el sector de las renovables, la mayoría de los acuerdos impugnados se encuadran en la categoría de anulables. Eso hace que el plazo de un año sea, en términos prácticos, el límite operativo que la empresa debe gestionar con rigor.
En nuestra experiencia asesorando a operadores y promotores del sector, estos son los puntos de control que deben integrar los protocolos de gobernanza:
La impugnación de acuerdos sociales en el sector de la energía se enmarca habitualmente en conflictos societarios más amplios que pueden requerir también asesoramiento en reestructuración e insolvencia cuando la situación patrimonial de la sociedad está comprometida. Del mismo modo, si el conflicto tiene implicaciones fiscales derivadas de la reestructuración del accionariado, nuestro equipo de fiscal y tributario puede integrarse en el análisis desde el inicio para evitar consecuencias tributarias no previstas.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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