Acceder a capital externo puede transformar una compañía. También puede diluir el control de sus fundadores, imponer condiciones restrictivas durante años o generar conflictos entre socios cuyo coste supera con creces el de la ronda que los originó. En nuestra práctica asesorando a empresas en distintas fases de crecimiento, hemos comprobado que las decisiones que más pesan no son las del día del cierre, sino las que se tomaron –o no se tomaron– semanas antes de que el inversor pusiera el término sheet sobre la mesa.
Un acuerdo de inversión es el documento por el que un inversor –un fondo de venture capital, un family office o un inversor corporativo– adquiere participaciones en una compañía a cambio de capital. Esa suscripción lleva aparejada una negociación que va mucho más allá del importe y el porcentaje de participación.
Los puntos que realmente determinan el resultado económico son la valoración de la compañía antes y después de la entrada del inversor (pre-money y post-money), el tipo de instrumento –participaciones ordinarias, participaciones con prima de emisión, obligaciones convertibles o notas convertibles–, los derechos económicos y políticos que se atribuyen a cada clase, y las condiciones de salida del inversor cuando llegue el momento.
En nuestra experiencia asesorando operaciones en los sectores tecnológico, industrial y de servicios, la discusión más larga no suele ser la valoración. Suele ser el reparto de derechos: quién puede nombrar consejeros, quién tiene derecho de veto sobre decisiones estratégicas y qué ocurre si la compañía no alcanza los objetivos previstos en el momento de la inversión.
Existe una creencia muy extendida entre fundadores que reciben su primera inversión: que con los estatutos estándar basta para regular la relación con el inversor. Es uno de los errores con consecuencias más duraderas que encontramos en operaciones de venture capital.
Los estatutos sociales son un documento público inscrito en el Registro Mercantil. Regulan la estructura formal de la sociedad y son vinculantes frente a terceros. El pacto de socios, en cambio, es un contrato privado entre los firmantes. Puede incorporar cláusulas que los estatutos no admiten o que, por razones de confidencialidad, no conviene publicar.
En la práctica de nuestra firma, el pacto de socios es el documento donde se negocian las disposiciones que realmente importan en una operación de este tipo:
Ninguna de estas cláusulas aparece en unos estatutos modelo. Su ausencia no significa que el problema no exista; significa que no está regulado, y cuando surja el conflicto, la resolución será más costosa.
La diligencia debida (due diligence) es el proceso de análisis que el inversor realiza sobre la compañía antes de confirmar su inversión. Su objetivo es verificar que lo que el fundador ha representado en la negociación corresponde con la realidad jurídica, fiscal y operativa de la sociedad.
Un inversor institucional revisará, como mínimo, la cadena de titularidad del capital social, los pactos entre socios existentes, las contingencias fiscales y laborales, los contratos relevantes con clientes y proveedores, el estado de la propiedad intelectual y, en compañías tecnológicas, el repositorio de código y los acuerdos con desarrolladores externos.
Hemos observado que las compañías que llegan a este proceso sin una revisión previa de su propia documentación –lo que se conoce como vendor due diligence o revisión interna– terminan descubriendo contingencias durante la negociación. Esas contingencias generan ajustes de precio, cláusulas de retención (escrow) o, en casos extremos, el abandono de la operación por parte del inversor.
El momento de resolver los problemas de la sociedad es antes de que el inversor los encuentre. No durante la due diligence.
Implica, en primer lugar, una transferencia de derechos políticos y económicos que no siempre es proporcional al porcentaje de participación cedido. Un inversor de venture capital que entra con el quince por ciento de la compañía puede negociar, y habitualmente lo hace, derechos de veto sobre decisiones estratégicas que van desde la aprobación de presupuestos hasta la contratación de directivos clave.
Implica también la asunción de compromisos futuros. Las llamadas de capital diferidas, las cláusulas de acompañamiento en futuras rondas y los compromisos de información periódica forman parte del contenido habitual de un acuerdo de inversión. Incumplirlos tiene consecuencias contractuales que pueden ir desde penalizaciones económicas hasta la pérdida de derechos asociados a las participaciones del fundador.
Por último, implica una expectativa compartida sobre la salida. Los fondos de venture capital tienen horizontes de inversión definidos. Cuando ese horizonte se agota, el fondo necesita liquidez. Las cláusulas de salida –y la forma en que están redactadas– determinan si el fundador tiene capacidad de influir sobre ese proceso o si queda a expensas de la decisión del inversor.
Puede ampliar el alcance de nuestro trabajo en este ámbito en la página de práctica de Derecho societario y operaciones de M&A.
El plazo de una ronda de inversión depende de la complejidad de la operación, el número de inversores participantes y el estado de la documentación de la compañía. En operaciones de tamaño medio en España, el proceso desde la firma de la hoja de términos (term sheet) hasta el cierre oscila habitualmente entre cuatro y doce semanas. Las rondas más complejas, con múltiples inversores institucionales o con revisión de contingencias significativas, pueden extenderse considerablemente más.
El term sheet o hoja de términos es, en casi todos los casos, un documento no vinculante en sus términos económicos, pero vinculante en sus cláusulas de exclusividad y confidencialidad. Esas dos cláusulas determinan que, durante el período de negociación, la compañía no puede buscar financiación alternativa ni revelar el contenido de la negociación. Es un compromiso significativo que conviene entender antes de firmarlo.
Respecto a los costes, la operación genera honorarios jurídicos y fiscales, costes de registro y, en algunos casos, costes de auditoría. Tanto el inversor como la compañía soportan sus propios costes de asesoramiento. Es frecuente que el acuerdo de inversión incluya una cláusula que impone a la compañía –y por tanto, indirectamente, a todos sus socios– el pago de una parte de los costes del inversor. Ese punto debe negociarse con atención.
El control de una compañía no se mide solo por el porcentaje de participación. Se mide por la capacidad de adoptar o bloquear decisiones. En un acuerdo de inversión de venture capital, las cláusulas que realmente distribuyen el poder son las que definen los asuntos reservados (reserved matters) y los derechos de veto.
Los asuntos reservados son aquellas decisiones que requieren la aprobación del inversor, con independencia de su porcentaje de participación. La lista puede incluir la emisión de nuevas participaciones, la asunción de deuda financiera significativa, la modificación de los estatutos, la distribución de dividendos, la aprobación del presupuesto anual o la venta de activos relevantes.
Una lista de asuntos reservados excesivamente amplia puede paralizar la operativa de la compañía. Una lista insuficiente deja al inversor sin la protección que necesita para comprometer su capital. La negociación de esa lista es uno de los puntos donde el asesoramiento experto aporta más valor, porque requiere conocer tanto el estándar del mercado como las necesidades concretas de la operación.
Además del control político, las cláusulas de liquidación preferente determinan el control económico en el momento de la salida. Si el inversor ha negociado una liquidación preferente participativa, su rentabilidad en la venta de la compañía puede ser significativamente mayor que la del fundador, incluso cuando ambos tienen el mismo porcentaje de participación nominal.
El riesgo más frecuente no es la cláusula abusiva. Es la cláusula que no se leyó con detenimiento o que se aceptó porque el inversor la presentó como estándar del mercado. Que algo sea habitual en el mercado no significa que sea adecuado para la situación concreta de la compañía.
Entre los riesgos que encontramos con mayor regularidad en nuestra práctica:
Puede consultar un análisis más detallado de estas disposiciones en nuestra guía sobre cláusulas clave en contratos de inversión.
El riesgo de no disponer de un pacto de socios adecuado no es teórico. El pacto de socios y la due diligence determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Los estatutos estándar no resuelven ninguno de esos dos problemas.
La forma jurídica de la compañía y su estructura interna condicionan de manera directa la viabilidad de recibir inversión institucional. En España, la mayoría de las operaciones de venture capital se vehiculan a través de la sociedad de responsabilidad limitada para rondas tempranas y, en fases más avanzadas o cuando la compañía anticipa una salida bursátil, a través de la sociedad anónima, cuyo capital social mínimo es de 60.000 euros.
La SL presenta la ventaja de mayor flexibilidad estatutaria, pero también algunas limitaciones para representar participaciones de manera ágil, emitir instrumentos convertibles o crear clases diferenciadas de participaciones con derechos distintos. Estos aspectos deben evaluarse antes de la primera ronda, no cuando el inversor ya está sentado en la mesa.
Otro elemento estructural relevante es la sociedad holding. Muchas compañías en crecimiento crean una sociedad holding que agrupa las participaciones en las filiales operativas. Esta estructura permite gestionar la entrada de inversores a nivel de holding sin afectar directamente a las sociedades operativas, ofrece flexibilidad fiscal en la reinversión de dividendos y facilita la estructuración de futuras operaciones de venture capital o compraventa de empresa.
La planificación de la estructura societaria antes de la ronda –y no como respuesta a las exigencias del inversor durante la negociación– es una de las decisiones que más impacto tiene en el resultado final de la operación.
La respuesta directa: antes de firmar cualquier documento con el inversor, incluyendo el acuerdo de confidencialidad (NDA) y la hoja de términos. Ambos documentos tienen efectos jurídicos reales, aunque se presenten como pasos previos o preparatorios.
El momento óptimo para involucrar al asesor jurídico es la fase de preparación de la operación: cuando la compañía comienza a contactar con inversores o cuando recibe las primeras manifestaciones de interés. En esa fase, hay tiempo para revisar y regularizar la situación de la sociedad, preparar el cuaderno de venta o el material de inversión, y establecer una posición negociadora informada.
Cuando el asesor jurídico entra en escena después de que el term sheet ya está firmado, el margen de maniobra se reduce considerablemente. El inversor ya ha invertido tiempo y recursos en la negociación. La compañía está sujeta a la exclusividad. Las condiciones de partida están fijadas y, en la práctica, son muy difíciles de reabrir sin comprometer la relación con el inversor.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios. En todos esos casos, el asesoramiento temprano permitió detectar contingencias antes de la due diligence del inversor, negociar condiciones más equilibradas y cerrar la operación en plazos razonables. La demora en buscar asesoramiento no ahorra costes: los transfiere al momento más costoso del proceso.
Si su compañía está evaluando una ronda de financiación o ha recibido el interés de un inversor, escríbanos a info@velardevidal.com antes de firmar ningún documento.
En una operación de compraventa de empresa –a diferencia de una ronda de venture capital, en la que el inversor entra como minoritario en una compañía que sigue operando–, la due diligence tiene una dimensión adicional: el comprador asume el control total de una sociedad con su pasado completo.
Las contingencias que el comprador descubre durante la due diligence se traducen en ajustes del precio de compra, en mecanismos de retención del precio en una cuenta de depósito bloqueado, o en un conjunto de declaraciones y garantías que el vendedor firma y que le generan responsabilidad durante un período posterior al cierre.
La prescripción de las acciones derivadas de esas garantías, la cuantía máxima de responsabilidad del vendedor y los umbrales mínimos a partir de los cuales el comprador puede reclamar son puntos de negociación con consecuencias económicas directas para el vendedor. Definirlos bien antes del cierre es tan importante como negociar el precio de la operación.
El análisis de las operaciones de M&A y su estructura jurídica es una de las áreas en las que nuestra firma trabaja con mayor regularidad. Si está considerando una operación de compraventa –ya sea como comprador o como vendedor–, la evaluación temprana de su posición es el punto de partida más eficiente.
Las rondas de financiación con múltiples inversores –frecuentes en las fases de venture capital más avanzadas– requieren una coordinación contractual que va más allá de replicar el acuerdo bilateral entre la compañía y un solo inversor.
Cuando participan varios fondos o inversores privados, es necesario establecer quién lidera la ronda y en qué condiciones, cómo se articulan los derechos de información y veto de cada inversor, si todos los inversores tienen los mismos derechos o si existen clases diferenciadas, y cómo se gestiona la toma de decisiones colectiva del sindicato de inversores.
En rondas con un inversor líder (lead investor) y varios inversores que siguen sus condiciones (co-investors), el acuerdo de inversión suele replicarse con adaptaciones menores para cada firmante. El riesgo es que esa replicación se haga sin revisar las cláusulas para cada inversor específico, lo que puede generar inconsistencias que dificultan la gestión futura de la compañía.
Además, la entrada de múltiples inversores tiene implicaciones directas para la gobernanza de la compañía. Si cada inversor negocia un consejero independiente, la composición del órgano de administración puede volverse operativamente compleja. Estructurar bien el consejo –su tamaño, las mayorías requeridas y los mecanismos de desempate– es parte del trabajo de asesoramiento en estas operaciones.
Para estructuras de inversión con presencia de inversores en distintas jurisdicciones, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para garantizar que los aspectos transfronterizos de la operación quedan correctamente articulados.
Antes de firmar el acuerdo de inversión, la compañía y sus fundadores deben haber revisado –y resuelto– al menos los siguientes puntos:
Puede encontrar perspectivas adicionales aplicables a operaciones con componente logístico o de reorganización de grupos empresariales en nuestro análisis sobre reorganización de grupos.
Las operaciones de inversión y venture capital tienen una dimensión fiscal que no puede separarse del análisis jurídico: la estructura de la operación, el tipo de instrumento utilizado y la residencia de los inversores determinan el tratamiento tributario del retorno. En Velarde & Vidal, nuestra práctica de Fiscal y tributario trabaja de forma coordinada con el equipo societario en todas las operaciones de inversión que estructuramos.
Del mismo modo, en compañías con activos de propiedad intelectual relevantes –marcas, patentes, software– la correcta titularidad y valoración de esos activos forma parte del trabajo previo a cualquier ronda de financiación. Nuestro equipo de Propiedad intelectual y tecnología puede acompañarle en ese proceso de ordenación previo a la operación.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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