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Protección de datos y compliance

Preguntas frecuentes sobre transferencias internacionales de datos

Por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y complianceActualizado:

La internacionalización de los negocios y la dependencia de proveedores tecnológicos situados fuera del Espacio Económico Europeo han convertido las transferencias internacionales de datos en una de las materias de cumplimiento con mayor exposición para las empresas españolas. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) exigen que cualquier flujo de datos personales hacia un tercer país cuente con una base de legitimación específica. Sin esa base, la empresa asume un riesgo normativo cuya gestión, una vez materializado el incumplimiento, resulta considerablemente más costosa que la prevención.

En breve: Las transferencias internacionales de datos exigen una garantía jurídica válida antes de que el dato cruce la frontera del Espacio Económico Europeo. El marco aplicable es el RGPD, supervisado en España por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sin esa garantía, la empresa se expone a procedimientos sancionadores y, en caso de incidente, a una responsabilidad agravada. Un programa de cumplimiento estructurado reduce materialmente ese riesgo.

¿Qué son las transferencias internacionales de datos y por qué afectan a su empresa?

Una transferencia internacional de datos se produce cada vez que datos personales fluyen desde el territorio del Espacio Económico Europeo hacia un destinatario situado en un país tercero o hacia una organización internacional. El concepto es más amplio de lo que habitualmente se presupone. No se limita al envío de ficheros entre oficinas de distintos países.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los supuestos más frecuentes incluyen el uso de plataformas de colaboración y videoconferencia alojadas en servidores fuera de la Unión Europea, la contratación de servicios de computación en la nube con proveedores cuya infraestructura se ubica en terceros países, el acceso remoto desde filiales extranjeras a bases de datos localizadas en España, y el uso de herramientas de análisis web o de mercadotecnia que transfieren datos de navegación a sus matrices norteamericanas o asiáticas.

Cada uno de esos flujos constituye, desde el punto de vista normativo, una transferencia internacional. Cada uno exige una base jurídica específica, distinta de la que legitima el tratamiento ordinario de los datos.

El RGPD establece una jerarquía de mecanismos habilitantes. En primer lugar, la existencia de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, que certifica que el país de destino ofrece un nivel de protección equivalente al europeo. En ausencia de esa decisión, la empresa debe recurrir a garantías adecuadas: principalmente las cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea, las normas corporativas vinculantes para grupos multinacionales, o los códigos de conducta y mecanismos de certificación aprobados.

Solo de forma residual, y para situaciones puntuales, el RGPD admite excepciones: consentimiento explícito del interesado, ejecución de un contrato, intereses vitales o razones de interés público. Ninguna de estas excepciones es apta como base de una transferencia recurrente u ordinaria en el contexto empresarial.

¿Por qué importa esto para la dirección de una empresa? Porque el desconocimiento no exime de responsabilidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tramitado procedimientos sancionadores en los que el origen del incumplimiento era, precisamente, la ausencia de un análisis previo sobre los flujos de datos transfronterizos. La existencia de un mapa de transferencias actualizado y de contratos con los encargados de tratamiento constituye la primera línea de defensa ante cualquier investigación.

¿Cuál es el marco jurídico aplicable y qué exige a la dirección de la empresa?

El marco es doble. A nivel europeo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone las condiciones materiales de la transferencia y los mecanismos de legitimación. A nivel nacional, la LOPDGDD complementa ese marco y atribuye a la AEPD las competencias de supervisión y sanción.

La Comisión Europea ha publicado, a lo largo de los últimos años, decisiones de adecuación que cubren determinados países. El Acuerdo Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. (también conocido como EU-US Data Privacy Framework), validado en 2023, resolvió la incertidumbre creada por las sentencias Schrems del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y habilitó de nuevo las transferencias hacia entidades estadounidenses certificadas. Sin embargo, ese acuerdo se encuentra bajo un escrutinio político y jurídico que obliga a las empresas a mantener un plan de contingencia basado en garantías adicionales.

Para los países sin decisión de adecuación, las cláusulas contractuales tipo (CCT) adoptadas por la Comisión Europea en 2021 son el instrumento más habitual. Su uso no es automático: la empresa debe realizar una evaluación de impacto de la transferencia (Transfer Impact Assessment o TIA) para verificar que la legislación del país de destino no socava las garantías que las CCT ofrecen. Si la TIA revela un riesgo residual elevado, la empresa debe adoptar medidas suplementarias técnicas u organizativas, o suspender la transferencia.

Desde el punto de vista de la dirección, el cumplimiento exige tres actuaciones concretas. Primera, elaborar un inventario de todos los flujos de datos que cruzan el Espacio Económico Europeo, incluyendo los que se articulan a través de proveedores de servicios tecnológicos. Segunda, verificar que cada flujo cuenta con un mecanismo de legitimación válido y documentarlo en el registro de actividades de tratamiento. Tercera, revisar y actualizar los contratos con encargados del tratamiento situados en terceros países para incorporar las CCT vigentes o las garantías equivalentes.

En nuestra práctica hemos observado que muchas empresas españolas trabajan con proveedores tecnológicos globales sin haber firmado los aditamentos contractuales que estos mismos proveedores ofrecen para cumplir con el RGPD. La causa no es la mala fe; es la falta de un proceso sistemático de revisión. Esa omisión puede convertirse en el eje de un procedimiento sancionador.

¿Cuáles son las decisiones y plazos críticos que debe gestionar la dirección?

La gestión de las transferencias internacionales de datos no es un proyecto puntual. Es un proceso continuo que requiere atención en varios momentos clave del ciclo de vida de la empresa.

Antes de contratar un nuevo proveedor tecnológico fuera del EEE, la empresa debe verificar si existe una decisión de adecuación aplicable, si el proveedor está certificado bajo un mecanismo reconocido, o si ofrece CCT actualizadas. Ese análisis previo, que en la práctica puede realizarse en un tiempo razonable, evita tener que desmantelar una integración técnica ya operativa cuando la AEPD inicia una investigación.

En cuanto a plazos relevantes, el RGPD exige que, en caso de brecha de seguridad que afecte a datos transferidos internacionalmente, la empresa notifique a la AEPD en un plazo máximo de 72 horas desde que tenga conocimiento del incidente. Si la brecha afecta a datos cuyo encargado de tratamiento se encuentra en un tercer país, la comunicación y coordinación con ese encargado debe producirse en un margen de tiempo considerablemente inferior para cumplir ese plazo.

Cuando los interesados ejercen derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición sobre datos que han sido transferidos internacionalmente, la empresa responsable del tratamiento dispone de un mes para responder, prorrogable hasta dos meses adicionales en casos complejos. Pero la complejidad de coordinar esa respuesta con un encargado situado en el extranjero convierte ese plazo en exigente si no existe un procedimiento preestablecido.

La revisión periódica de los mecanismos de legitimación es igualmente obligatoria. Las decisiones de adecuación pueden ser invalidadas o modificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por la Comisión. Las CCT adoptadas en 2021 introdujeron un módulo de transferencia responsable-encargado y otro de encargado a subencargado que muchas empresas aún no han incorporado a sus contratos existentes. Esa actualización pendiente es un vector de incumplimiento que conviene subsanar con carácter prioritario.

¿Cuándo debe el consejo de administración ocuparse directamente de esta materia? Siempre que la empresa esté evaluando una operación de fusión o adquisición, un cambio significativo de arquitectura tecnológica o la apertura de operaciones en un nuevo mercado extranjero. La diligencia debida (due diligence) en estas operaciones debe incluir de forma sistemática el análisis de los flujos de datos transfronterizos.

¿Qué riesgos concretos enfrenta la empresa que no gestiona correctamente sus transferencias internacionales?

El riesgo más visible es el sancionador. La AEPD puede iniciar procedimientos de oficio, a raíz de reclamaciones de interesados o como consecuencia de una brecha de seguridad notificada. Las infracciones relacionadas con transferencias internacionales sin garantías adecuadas se clasifican entre las más graves previstas en el RGPD. Los importes de las sanciones se determinan caso por caso y dependen de numerosas circunstancias, pero el marco normativo establece cuantías máximas que pueden ser relevantes para cualquier empresa.

Más allá de la sanción económica, el riesgo reputacional puede ser igual o más costoso. La resolución de la AEPD que declara un incumplimiento es pública. Para una empresa que opera en mercados europeos o que maneja datos de clientes corporativos exigentes en materia de cumplimiento, esa publicidad puede afectar a licitaciones, a relaciones con socios comerciales y a la percepción de clientes e inversores.

Existe además un riesgo contractual frecuentemente subestimado. Muchos contratos de distribución, de licencia tecnológica o de suministro incluyen cláusulas de cumplimiento normativo cuyo incumplimiento puede activar resoluciones contractuales o penalizaciones. Si la empresa proveedora o la distribuidora detecta un problema de cumplimiento en materia de datos, la relación comercial puede verse afectada antes incluso de que la AEPD intervenga.

El mito más extendido que encontramos en nuestra práctica es el de que con una cláusula de privacidad en la web ya se cumple el RGPD. Esa creencia es errónea. La política de privacidad es un instrumento de transparencia informativa; no es una garantía de legitimación para la transferencia internacional de datos. Un responsable del tratamiento puede tener una política de privacidad impecable y, simultáneamente, estar transfiriendo datos a proveedores en terceros países sin ninguna base jurídica válida.

La existencia de un registro de actividades de tratamiento actualizado, de protocolos de respuesta ante brechas y de un modelo de compliance que incluya las transferencias internacionales reduce materialmente la responsabilidad de la empresa y, en caso de incidente, constituye un argumento de atenuación ante la autoridad supervisora.

¿Qué diferencia hay entre una decisión de adecuación, las cláusulas contractuales tipo y las normas corporativas vinculantes?

Estas tres figuras son los principales mecanismos de legitimación para transferir datos a terceros países. Su elección depende de la estructura de la empresa y de la naturaleza del flujo de datos.

Una decisión de adecuación es una resolución de la Comisión Europea que declara que un determinado país garantiza un nivel de protección de datos equivalente al europeo. Cuando existe una decisión de adecuación vigente para el país de destino, la empresa puede transferir datos con la misma libertad que lo haría dentro del EEE. No necesita adoptar ninguna garantía adicional. La lista de países con decisión de adecuación es pública y conviene verificarla periódicamente, puesto que puede modificarse.

Las cláusulas contractuales tipo son el mecanismo más habitual cuando no existe decisión de adecuación. Son cláusulas estandarizadas aprobadas por la Comisión Europea que se incorporan al contrato entre el exportador de datos (situado en el EEE) y el importador (situado en el tercer país). Su ventaja es que no requieren autorización previa de la autoridad supervisora. Su exigencia es que la empresa realice una evaluación del impacto de la transferencia para verificar que el marco legal del país de destino no las vacía de contenido.

Las normas corporativas vinculantes son un mecanismo diseñado para grupos multinacionales. Consisten en un código interno de protección de datos aprobado por la autoridad supervisora competente que habilita las transferencias intragrupo. Su aprobación requiere un procedimiento de cooperación entre autoridades europeas y puede tener un plazo relevante. Ofrecen, a cambio, una solución integral para todos los flujos intragrupo sin necesidad de suscribir CCT en cada relación bilateral.

En nuestra experiencia, la mayoría de las empresas españolas de tamaño mediano recurren a las cláusulas contractuales tipo, mientras que las normas corporativas vinculantes son más habituales en grandes multinacionales con estructuras jurídicas complejas.

¿Cómo afecta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE a las transferencias de datos vigentes en su empresa?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido dos resoluciones de particular relevancia para las transferencias internacionales. La primera, conocida como Schrems I, invalidó el acuerdo Safe Harbour que permitía transferencias a empresas estadounidenses. La segunda, Schrems II, invalidó el Privacy Shield que lo sustituyó. Ambas decisiones dejaron en suspenso, de forma sobrevenida, cientos de miles de contratos y relaciones comerciales basadas en esos mecanismos.

El EU-US Data Privacy Framework, aprobado en 2023, restauró la posibilidad de transferir datos a empresas estadounidenses certificadas bajo ese marco. Pero la historia regulatoria de esta materia es una advertencia clara: los mecanismos de legitimación pueden ser invalidados, y la empresa que depende exclusivamente de uno de ellos asume un riesgo de continuidad operativa si ese mecanismo desaparece.

¿Qué debe hacer su empresa ante esta incertidumbre? Adoptar un enfoque de resiliencia. Eso significa, en la práctica, no depender de un único mecanismo, mantener actualizados los contratos con CCT como respaldo, y realizar evaluaciones de impacto de la transferencia que identifiquen medidas suplementarias aplicables en caso de que el mecanismo principal falle.

La jurisprudencia también ha clarificado que el acceso de las autoridades gubernamentales del país de destino a los datos transferidos es un factor determinante en la evaluación del riesgo. Algunos países con sectores tecnológicos relevantes tienen legislaciones de vigilancia que pueden comprometer las garantías ofrecidas por las CCT. La empresa exportadora de datos es responsable de evaluar ese riesgo antes de activar la transferencia.

¿Cómo se integra el compliance en materia de transferencias internacionales con el programa de protección de datos de la empresa?

El cumplimiento en materia de transferencias internacionales no es un módulo aislado. Forma parte del programa general de protección de datos y, en empresas de cierto tamaño o exposición, se integra también con el programa de compliance penal.

Un programa de protección de datos robusto incluye varios elementos que son directamente relevantes para las transferencias internacionales. El registro de actividades de tratamiento debe reflejar, para cada tratamiento que implique una transferencia internacional, el país de destino, el mecanismo de legitimación utilizado y una referencia a la evaluación de impacto realizada. Sin esa trazabilidad documental, la empresa no puede demostrar cumplimiento ante la AEPD.

El nombramiento de un delegado de protección de datos (DPD) es obligatorio para determinadas categorías de responsables y encargados del tratamiento. Cuando la empresa realiza transferencias internacionales a gran escala o trata categorías especiales de datos, la figura del DPD resulta especialmente relevante para supervisar la adecuación continua de los mecanismos de legitimación.

Hemos implantado programas de protección de datos y compliance en empresas tecnológicas, industriales y de salud. En todos esos entornos, la experiencia muestra que la adaptación al RGPD no es un ejercicio de cumplimiento puntual, sino un sistema de gestión que requiere revisión periódica. Las transferencias internacionales, en particular, están sujetas a cambios normativos frecuentes que obligan a actualizar los contratos y las evaluaciones de impacto con una cadencia que la empresa debe institucionalizar.

La integración con el compliance penal tiene una dimensión práctica concreta. Si la empresa cuenta con un canal de denuncias, los datos recogidos a través de ese canal pueden estar sujetos a las mismas exigencias en materia de transferencias internacionales si el gestor del canal o la plataforma tecnológica que lo soporta se encuentra fuera del EEE. Esta cuestión se plantea con frecuencia en empresas con matrices extranjeras que centralizan la gestión de las denuncias a nivel global.

Para más información sobre el marco general de cumplimiento en protección de datos, puede consultar nuestra práctica especializada en protección de datos y compliance.

¿Qué errores cometen con más frecuencia las empresas en materia de transferencias internacionales?

En nuestra práctica hemos identificado un patrón recurrente de errores que conviene conocer para evitarlos.

El primero es la confusión entre el consentimiento del usuario y la base jurídica para la transferencia. El consentimiento del interesado puede ser una base legítima para el tratamiento ordinario de sus datos, pero no es un mecanismo adecuado para las transferencias internacionales de carácter recurrente. El RGPD requiere que ese consentimiento sea explícito, informado de los riesgos específicos y revocable en cualquier momento; en la práctica, eso hace que el consentimiento sea una base frágil para operaciones de tratamiento continuas.

El segundo error frecuente es no actualizar los contratos con los encargados del tratamiento cuando la Comisión Europea publica nuevas versiones de las CCT. Las cláusulas contractuales tipo adoptadas en 2021 sustituyeron a las versiones anteriores. Muchas empresas, sin embargo, trabajan aún con contratos firmados bajo las versiones antiguas y no han incorporado las nuevas cláusulas, lo que genera un incumplimiento formal.

El tercer error es omitir la evaluación de impacto de la transferencia. Incluso cuando se utilizan CCT, la empresa debe realizar un análisis del marco legal del país de destino para verificar que las garantías contractuales son efectivas. Ese análisis debe documentarse. En muchos casos que hemos analizado, la empresa firmó las CCT pero no realizó ni documentó la TIA, lo que deja un flanco abierto ante cualquier investigación.

El cuarto error es no revisar las cadenas de subcontratación. El proveedor principal puede contar con CCT válidas, pero si subcontrata el procesamiento de datos a un tercero situado en un país sin garantías y sin informar a la empresa responsable, la cadena de cumplimiento se rompe. Los contratos con encargados de tratamiento deben incluir cláusulas que regulen la subcontratación internacional y exijan notificación previa o autorización.

Para una revisión detallada de los mecanismos de legitimación y los pasos para implementarlos, le recomendamos consultar nuestra guía sobre transferencias internacionales de datos.

¿Cómo debe la empresa prepararse ante una inspección o investigación de la AEPD relacionada con transferencias internacionales?

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede iniciar una investigación de oficio, a raíz de una reclamación de un interesado o como consecuencia de una notificación de brecha. Cuando el foco de esa investigación son las transferencias internacionales, la empresa debe poder presentar documentación específica.

El primer documento que la AEPD solicita habitualmente es el registro de actividades de tratamiento. Si ese registro no refleja los flujos transfronterizos, o si lo hace de forma incompleta, la empresa se sitúa en una posición defensiva difícil desde el primer momento.

A continuación, la AEPD puede requerir los contratos con los encargados del tratamiento situados en terceros países, incluyendo los aditamentos de CCT. Puede también solicitar la documentación de las evaluaciones de impacto de la transferencia realizadas y las medidas suplementarias adoptadas.

Si la investigación trae causa de una brecha de seguridad, la AEPD evaluará si la empresa cumplió el plazo de notificación de 72 horas y si el protocolo de gestión de incidentes estaba documentado y fue aplicado correctamente. La existencia de un protocolo previo, aunque la empresa haya cometido errores en su aplicación, es un factor de atenuación relevante.

La preparación más eficaz no consiste en reaccionar cuando se recibe el requerimiento, sino en mantener la documentación actualizada como parte de la operativa ordinaria. Una auditoría interna anual del estado de cumplimiento en materia de transferencias internacionales, con los resultados documentados y los planes de acción correctiva registrados, es el estándar que recomendamos a las empresas con las que trabajamos.

Bloque de servicios relacionados

El cumplimiento en materia de transferencias internacionales de datos está estrechamente vinculado con otros ámbitos de la práctica jurídica empresarial. Las operaciones de fusión y adquisición que involucran empresas con flujos de datos transfronterizos requieren una revisión específica en el proceso de diligencia debida (due diligence). La contratación tecnológica, los contratos de distribución internacional y los programas de compliance penal presentan puntos de contacto directos con las exigencias del RGPD en materia de transferencias.

Si su empresa gestiona también relaciones con proveedores en sectores regulados o trata datos en el contexto de un programa de prevención de blanqueo de capitales, le puede resultar de interés revisar el marco de cumplimiento en nuestra área de prevención de blanqueo de capitales, que presenta puntos de convergencia relevantes con las obligaciones de información y tratamiento de datos personales.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica transferencias internacionales de datos para una empresa?
Para una empresa, las transferencias internacionales de datos implican la obligación de contar con un mecanismo de legitimación válido antes de enviar cualquier dato personal a un destinatario situado fuera del Espacio Económico Europeo. Ese mecanismo puede ser una decisión de adecuación de la Comisión Europea, las cláusulas contractuales tipo o, en el caso de grupos multinacionales, normas corporativas vinculantes. La empresa debe documentar ese mecanismo en su registro de actividades de tratamiento, realizar una evaluación de impacto cuando sea necesario, y revisar los contratos con sus proveedores tecnológicos para asegurarse de que incluyen las garantías exigidas por el RGPD y la LOPDGDD.
¿Qué plazos y costes conlleva transferencias internacionales de datos?
Los plazos críticos son principalmente dos: la notificación de una brecha de seguridad a la AEPD, que debe producirse en un máximo de 72 horas desde que la empresa tiene conocimiento del incidente, y la respuesta a los derechos de los interesados, que debe completarse en un mes con posibilidad de prórroga de dos meses adicionales en casos complejos. En cuanto a los costes, dependen del alcance del programa de cumplimiento necesario: el inventario de flujos, la negociación de contratos con encargados, las evaluaciones de impacto y la formación interna representan una inversión que conviene comparar con el coste de un procedimiento sancionador. El asesoramiento temprano reduce materialmente la exposición total.
¿Qué riesgos hay que evitar en transferencias internacionales de datos?
Los principales riesgos son la transferencia sin mecanismo de legitimación válido, la utilización de CCT desactualizadas, la omisión de la evaluación de impacto de la transferencia y la falta de control sobre las cadenas de subcontratación de los encargados del tratamiento. A estos riesgos normativos se añaden los riesgos contractuales derivados de cláusulas de cumplimiento en contratos comerciales, los riesgos reputacionales ante clientes e inversores y los riesgos operativos asociados a la dependencia de mecanismos que pueden ser invalidados jurídicamente. El programa de compliance empresa en materia de datos debe incluir una revisión periódica de todos estos vectores.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en transferencias internacionales de datos?
El momento más adecuado es antes de que se produzca la transferencia. En la práctica, sin embargo, el asesoramiento resulta especialmente urgente en cuatro situaciones: cuando la empresa contrata un nuevo proveedor tecnológico situado fuera del EEE; cuando abre operaciones en un nuevo mercado extranjero; cuando sufre o detecta una brecha de seguridad que puede afectar a datos transferidos; y cuando afronta una operación corporativa que requiere diligencia debida en materia de datos. En todos esos casos, el análisis previo reduce el riesgo y el coste de la gestión posterior.

Análisis elaborado por Sergio Lozano, Colaborador · Protección de datos y compliance, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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