MadridBarcelonainfo@velardevidal.com
Firma Legal & Tax
España · desde 2023
V&V Velarde & VidalLegal & Tax
Inicio · Recursos · Preguntas frecuentes · Tecnología y software: preguntas sobre arbitraje comercial
Resolución de disputas, litigación y arbitraje

Tecnología y software: preguntas sobre arbitraje comercial

Por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitrajeActualizado:

Una disputa entre empresas tecnológicas puede paralizar un proyecto en cuestión de días. Los contratos de desarrollo de software, las licencias de plataforma y los acuerdos de mantenimiento acumulan tensiones que, cuando se rompen, exigen una respuesta estratégica inmediata. Sin ella, el tiempo y la liquidez se evaporan antes de que ningún tribunal haya dictado una sola resolución.

En breve: El arbitraje comercial es el mecanismo de resolución de disputas previsto con mayor frecuencia en contratos tecnológicos y de software celebrados entre empresas. Encuadrado en la Ley de Arbitraje y con plena eficacia en España y en el exterior, permite obtener un laudo de carácter vinculante sin acudir a los juzgados de lo mercantil. La elección entre arbitraje y vía judicial, y el momento en que se adoptan las medidas oportunas, condiciona el resultado más que el fondo de la demanda en sí.

¿Qué implica arbitraje comercial para una empresa?

El arbitraje comercial sustituye al proceso judicial cuando las partes lo han acordado previamente, habitualmente mediante una cláusula arbitral inserta en el contrato. En el sector tecnológico, esa cláusula es frecuente en contratos de desarrollo a medida, acuerdos de licencia de software, contratos de servicio gestionado y acuerdos marco de colaboración entre empresas.

¿Qué implica, en la práctica, activar esa cláusula? La empresa que inicia el arbitraje presenta una solicitud ante la institución arbitral elegida, que puede ser el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) u otra institución de reconocido prestigio internacional. A partir de ese momento, el procedimiento está bajo el control de uno o varios árbitros designados conforme al reglamento institucional acordado.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, la cláusula arbitral pasa desapercibida durante la negociación contractual. Solo cobra relevancia cuando la relación se deteriora. Una cláusula mal redactada puede generar un conflicto previo sobre la propia competencia del tribunal arbitral, lo que añade meses al procedimiento antes de entrar en el fondo del asunto.

Los litigios entre empresas tecnológicas presentan particularidades que no se dan con la misma intensidad en otros sectores. La disputa suele girar en torno a cuestiones de alta complejidad técnica: incumplimiento de especificaciones funcionales, defectos en la entrega de módulos críticos, controversias sobre la titularidad del código fuente o infracciones de la propiedad intelectual integrada en el software. Un árbitro con experiencia sectorial puede valorar estos elementos con mayor precisión que un órgano jurisdiccional de competencia general.

La confidencialidad es otro elemento diferenciador. Las actuaciones arbitrales son, por regla general, confidenciales. En disputas sobre software propietario, algoritmos o bases de datos, esa confidencialidad tiene un valor económico directo para la empresa que no desea que su arquitectura técnica o sus condiciones comerciales queden expuestas en un procedimiento público.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de lo mercantil registran una carga de asuntos elevada y sostenida. En disputas de alta complejidad técnica y cuantía relevante, el arbitraje ofrece un horizonte temporal más predecible. La empresa que conoce de antemano el calendario del procedimiento puede gestionar mejor sus provisiones contables y su posición negociadora.

¿Qué plazos y costes conlleva arbitraje comercial?

El arbitraje no es gratuito ni instantáneo. Comprender su estructura de costes y su calendario es imprescindible para tomar la decisión de activarlo con criterio.

En cuanto a los plazos, la Ley de Arbitraje fija el plazo máximo para dictar el laudo en seis meses desde la aceptación del árbitro o del colegio arbitral, prorrogables por acuerdo de las partes o por decisión de los árbitros cuando el reglamento institucional lo permita. En la práctica, los procedimientos arbitrales institucionales en disputas de cuantía media se resuelven en un horizonte de entre uno y dos años, considerando la fase de constitución del tribunal, la instrucción documental y la audiencia. Es un plazo más breve que el de un procedimiento judicial ordinario en disputas de complejidad comparable.

Los costes se desglosan en tres partidas principales. En primer lugar, los honorarios y gastos administrativos de la institución arbitral, que se calculan en función de la cuantía de la disputa. En segundo lugar, los honorarios de los árbitros, igualmente variables en función de la complejidad y la cuantía. En tercer lugar, los honorarios de los abogados y, en su caso, de los peritos técnicos.

En materia de pericia técnica, los contratos de software producen con frecuencia disputas en las que el dictamen de un perito informático resulta determinante. Ese coste debe anticiparse en el presupuesto de la parte que lo encarga, sin perjuicio de que el tribunal arbitral pueda designar un perito propio.

¿Conviene siempre el arbitraje frente al juzgado de lo mercantil? No de forma automática. Para disputas de cuantía reducida, el coste del procedimiento arbitral puede ser desproporcionado respecto al valor en juego. En esos casos, la vía judicial puede resultar más eficiente. La decisión debe tomarse caso a caso, analizando la cuantía, la complejidad técnica, la urgencia y la existencia de cláusula arbitral válida.

Un elemento que la dirección de la empresa a menudo subestima es el coste de las medidas cautelares. En arbitraje, las medidas cautelares pueden solicitarse ante el propio tribunal arbitral o, con carácter previo o complementario, ante los juzgados de lo mercantil competentes. La solicitud de medidas cautelares ante los juzgados de lo mercantil es compatible con la existencia de una cláusula arbitral, y con frecuencia resulta decisiva para preservar el objeto de la disputa mientras el procedimiento se sustancia.

Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, y en todos esos casos la gestión del calendario y la anticipación del coste marcaron la diferencia entre una resolución satisfactoria y un desgaste innecesario.

¿Qué riesgos hay que evitar en arbitraje comercial?

Los riesgos en un procedimiento arbitral no se limitan al resultado final. La mayoría de los errores se cometen antes de presentar la solicitud, o incluso antes de que la disputa esté formalmente declarada.

El primero, y más frecuente, es la inacción ante los primeros síntomas del conflicto. Una empresa que detecta el incumplimiento de un contrato de software – entrega defectuosa, retrasos sistemáticos, denegación de acceso al código fuente – y no actúa de forma inmediata, corre el riesgo de debilitar su posición probatoria y de perder la ventana para solicitar medidas cautelares eficaces.

El segundo riesgo es la confusión entre la resolución contractual y el inicio del arbitraje. La resolución del contrato activa plazos, genera derechos y obligaciones específicas, y puede condicionar la cuantía reclamable. Actuar sin asesoramiento en esa fase inicial puede limitar seriamente el importe que la empresa tiene derecho a reclamar.

El tercer riesgo es la cláusula arbitral inoperante. Si la cláusula fue redactada de forma ambigua – por ejemplo, sin identificar la institución arbitral, la sede, el idioma o el número de árbitros – puede suscitar un incidente de competencia que retrase todo el procedimiento. En nuestra práctica hemos observado que cláusulas de arbitraje copiadas de contratos anglosajones sin adaptación al entorno español generan conflictos de este tipo con regularidad.

El cuarto riesgo afecta a la ejecución del laudo. Un laudo favorable no es equivalente a cobrar. Si la contraparte no cumple voluntariamente, la ejecución del laudo ante los juzgados de lo mercantil requiere un procedimiento específico. En disputas transfronterizas, cuando la contraparte está domiciliada en el extranjero, la ejecución se articula a través del Convenio de Nueva York de 1958, al que España está adherida, lo que facilita el reconocimiento y la ejecución del laudo en la mayoría de las jurisdicciones relevantes para el sector tecnológico.

El quinto riesgo es ignorar la acción de anulación del laudo. La parte que pierde un arbitraje dispone de un plazo de dos meses desde la notificación para interponer la acción de anulación ante los tribunales competentes. Ese plazo es preclusivo. Superado, el laudo adquiere plena firmeza. La empresa que ha obtenido un laudo favorable debe ser consciente de que ese plazo existe y de que, durante él, la ejecución puede estar condicionada.

Un riesgo específico del sector tecnológico es la custodia de las pruebas digitales. Los registros de versiones de software, los correos electrónicos que documentan las reuniones de seguimiento del proyecto, los informes de pruebas de aceptación y los controles de calidad internos son la médula del expediente probatorio en estas disputas. La destrucción o alteración involuntaria de esos registros puede comprometer la posición de la empresa de forma irreversible.

¿Cómo se articula la cláusula arbitral en contratos de software y tecnología?

La cláusula arbitral en un contrato tecnológico tiene que resolver, como mínimo, cinco cuestiones: la institución arbitral, la sede del arbitraje, el idioma del procedimiento, el número de árbitros y el derecho aplicable al fondo de la disputa.

La elección de la institución no es neutral. El CIAM es la institución de referencia para disputas con conexión española. Para contratos internacionales con contrapartes fuera de España, puede ser preferible una institución de reconocimiento global, en función de la sede del cliente o proveedor tecnológico. En cualquier caso, la cláusula debe identificar la institución con precisión suficiente para evitar ambigüedades.

La sede del arbitraje determina el derecho procesal arbitral aplicable y la jurisdicción competente para los recursos de anulación. Elegir España como sede sitúa el arbitraje bajo el amparo de la Ley de Arbitraje, con los juzgados de lo mercantil como instancia de control judicial.

El número de árbitros es una decisión de coste y especialización. Un árbitro único abarata el procedimiento; un colegio de tres árbitros ofrece mayor robustez en disputas complejas. En contratos de software de cuantía elevada o con componente técnico muy específico, el colegio arbitral con un árbitro de perfil técnico-jurídico puede ser determinante.

En cuanto al derecho aplicable, la mayoría de los contratos de software suscritos entre empresas españolas remiten al derecho español. Sin embargo, en contratos con proveedores de software de Estados Unidos, Reino Unido, Israel o los países nórdicos, es frecuente encontrar cláusulas que designan derechos extranjeros. La empresa española debe valorar si acepta esa designación o si negocia el derecho español o el derecho de un tercer país neutral.

¿Qué ocurre cuando el contrato no contiene cláusula arbitral? En ese caso, la disputa debe ventilarse ante los juzgados de lo mercantil, salvo que las partes alcancen un acuerdo de sumisión a arbitraje una vez declarada la disputa. Esa posibilidad existe, pero requiere la voluntad de ambas partes en un momento de tensión máxima, lo que la convierte en una opción de difícil materialización.

¿Qué papel tienen las medidas cautelares en disputas de tecnología y software?

Las medidas cautelares son, en muchos casos, la decisión más urgente y más relevante de todo el procedimiento. Su función es preservar el objeto de la disputa o garantizar la efectividad del laudo o sentencia mientras el procedimiento se sustancia.

En disputas de software, las medidas cautelares más frecuentes son tres. La primera es la prohibición de uso o distribución de software cuya titularidad está en disputa. La segunda es el embargo preventivo de cuentas o activos de la contraparte, cuando existe riesgo de insolvencia o de ocultación patrimonial. La tercera es la orden de depósito o custodia del código fuente bajo supervisión neutral.

La solicitud de medidas cautelares ante los juzgados de lo mercantil es compatible con la existencia de una cláusula arbitral. La Ley de Arbitraje establece expresamente que el sometimiento a arbitraje no impide solicitar medidas cautelares judiciales, tanto antes del inicio del arbitraje como durante su tramitación.

El tiempo es crítico. Las medidas cautelares pierden su utilidad si se solicitan tarde. En nuestra experiencia, las empresas que esperan a que el procedimiento arbitral esté avanzado para plantearse las cautelares encuentran que la situación que querían preservar ya ha cambiado irreversiblemente.

Para obtener una medida cautelar judicial es necesario acreditar, de forma sumaria, dos presupuestos: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el riesgo de que el perjuicio se materialice si no se adopta la medida (periculum in mora). En disputas de software, el primero se acredita con el contrato y la documentación del incumplimiento; el segundo, con indicios de que la contraparte puede actuar de forma que haga ilusorio el resultado del arbitraje.

¿Qué diferencia al arbitraje del procedimiento ante el juzgado de lo mercantil en disputas tecnológicas?

La pregunta no admite una respuesta única. La elección depende del contrato, de la cuantía, de la urgencia y de la naturaleza de la disputa.

El juzgado de lo mercantil ofrece un sistema de recursos más amplio y la posibilidad de acumular acciones de diversa naturaleza en un mismo procedimiento. Su coste inicial es inferior al del arbitraje institucional. Es la vía natural cuando no existe cláusula arbitral o cuando la cuantía en disputa no justifica el coste de un arbitraje institucional.

El arbitraje, en cambio, ofrece confidencialidad, especialización del árbitro, y en disputas internacionales, mayor facilidad para la ejecución del laudo en el extranjero a través del Convenio de Nueva York de 1958. En el sector tecnológico, donde los contratos cruzan fronteras con frecuencia, esa ventaja es material.

La tabla siguiente resume los criterios de decisión principales:

Criterio Arbitraje institucional Juzgado de lo mercantil
Requisito previo Cláusula arbitral o acuerdo posterior Sin requisito previo
Confidencialidad Alta (regla general) Baja (procedimiento público)
Especialización del árbitro/juez Alta (árbitro designado por las partes) Variable según el juzgado
Plazo estimado Más predecible y habitualmente más breve en disputas complejas Variable; sujeto a carga del órgano
Coste inicial Superior (tasas institucionales y honorarios de árbitros) Inferior en cuantías medias
Ejecución internacional Facilitada por el Convenio de Nueva York Sujeta a exequátur o convenios bilaterales
Medidas cautelares Disponibles (arbitral o judicial) Disponibles (judicial)
Recurso contra la resolución Limitado (acción de anulación, plazo de dos meses) Amplio (apelación, casación)

La elección entre una y otra vía debe adoptarse antes de firmar el contrato, no cuando la disputa ya está declarada. Una vez que el incumplimiento es un hecho, las opciones quedan condicionadas por lo que las partes acordaron en el momento de mayor alineamiento de intereses.

¿Cómo influye la propiedad intelectual en disputas de software sometidas a arbitraje?

La titularidad del código fuente es, con frecuencia, el núcleo de la disputa. ¿A quién pertenece el software desarrollado a medida? ¿Quién es titular de las mejoras introducidas sobre una plataforma preexistente? ¿Qué ocurre con el código generado por un equipo mixto en el que parte del personal pertenece al cliente y parte al proveedor?

La legislación de propiedad intelectual aplicable en España atribuye la titularidad originaria al autor o autores de la obra. En el contexto empresarial, las obras creadas en el marco de una relación laboral presentan reglas específicas que atribuyen los derechos al empleador en los términos que establece la normativa vigente. Sin embargo, cuando el desarrollo lo realiza un tercero contratado al efecto, la titularidad no se transfiere automáticamente: es necesaria una cesión expresa recogida en el contrato.

En nuestra práctica hemos observado que un porcentaje relevante de los contratos de desarrollo de software celebrados entre empresas españolas no contiene una cláusula de cesión de derechos suficientemente precisa. Esa omisión es la semilla de disputas posteriores sobre quién puede explotar el resultado del proyecto.

En un procedimiento arbitral, la cuestión de la titularidad del software puede tramitarse de forma conjunta con la reclamación económica por incumplimiento contractual. Esa acumulación es una ventaja del arbitraje frente a la vía judicial, donde puede ser necesario iniciar procedimientos separados ante órganos distintos.

Para disputas relativas a marcas o denominaciones usadas en productos de software, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es la autoridad competente en el ámbito nacional. Para marcas de la Unión Europea, la gestión se realiza ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante. El arbitraje no sustituye los procedimientos administrativos ante estas instituciones, pero puede tramitar de forma paralela las consecuencias económicas del conflicto entre las partes.

¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en arbitraje comercial?

La respuesta breve: antes de que el conflicto sea inevitable. La respuesta útil exige matices.

El asesoramiento jurídico en materia de arbitraje comercial aporta valor en tres momentos distintos del ciclo de vida de un contrato tecnológico.

El primero es la redacción del contrato. Una cláusula arbitral bien diseñada evita incidentes de competencia, fija el marco del procedimiento y protege los intereses de la empresa en el escenario de disputa. El coste de redactar una cláusula correcta es marginal en comparación con el coste de resolver el conflicto que genera una cláusula deficiente.

El segundo momento es la detección temprana del incumplimiento. Cuando la relación contractual empieza a deteriorarse – retrasos en la entrega, disputas sobre el alcance funcional, desacuerdos sobre la aceptación de los entregables – el asesoramiento temprano permite gestionar la situación de forma estratégica, documentar el incumplimiento y preparar la posición de la empresa antes de que la otra parte adopte la iniciativa.

El tercer momento es la decisión de activar el arbitraje o de responder a la solicitud de la contraparte. En ese punto, el plazo para actuar es corto. Los reglamentos arbitrales institucionales fijan plazos estrictos para la respuesta a la solicitud de arbitraje y para la designación de árbitros. La falta de respuesta en plazo puede tener consecuencias procesales relevantes.

¿Puede una empresa gestionar un arbitraje sin representación jurídica especializada? Técnicamente, sí. Estratégicamente, es un riesgo que pocas empresas deberían asumir en disputas de cuantía relevante. La otra parte, si cuenta con asesoramiento experto, obtiene una ventaja posicional que puede ser difícil de revertir.

En nuestra experiencia, las empresas que acuden a nosotros una vez iniciado el arbitraje sin haber recibido asesoramiento previo presentan con frecuencia dos problemas: una documentación del incumplimiento incompleta y una posición negociadora debilitada por las comunicaciones ya intercambiadas con la contraparte. Ambos son evitables con asesoramiento desde el primer momento.

Puede ampliar el contexto de su caso consultando nuestra página sobre resolución de disputas, litigación y arbitraje, donde encontrará el marco general de los servicios que prestamos en esta práctica.

¿Cómo se ejecuta un laudo arbitral en España y en el extranjero?

La ejecución del laudo es la fase que convierte el resultado del arbitraje en dinero o en una conducta obligatoria para la parte que ha perdido. Sin ejecución efectiva, el laudo es un documento con valor simbólico.

En España, la ejecución del laudo sigue el mismo cauce que la ejecución de una sentencia firme. La parte beneficiada presenta la solicitud ante el juzgado de lo mercantil competente, que puede adoptar las medidas ejecutivas necesarias: embargo de cuentas, traba de activos o cualquier otra medida de apremio prevista en la legislación procesal vigente.

El deudor dispone de motivos tasados para oponerse a la ejecución. Esa oposición es limitada: no puede volver a discutir el fondo de la disputa, sino solo alegar causas formales específicas. La acción de anulación del laudo, cuyo plazo es de dos meses desde la notificación, es el cauce para cuestionar el laudo en cuestiones de fondo o de procedimiento.

En disputas transfronterizas, la ejecución de un laudo dictado en España en el extranjero se articula a través del Convenio de Nueva York de 1958, al que están adheridos más de 170 Estados. Esa cobertura hace del laudo arbitral un título ejecutivo de alcance internacional difícilmente comparable con una sentencia judicial, cuyo reconocimiento en el exterior exige mecanismos específicos de cada jurisdicción.

Para la ejecución de laudos extranjeros en España, el proceso de reconocimiento (exequátur) se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia competente, siguiendo el marco del Convenio de Nueva York y las reglas de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil. En nuestra práctica asesoramos con regularidad a empresas que necesitan ejecutar en España laudos obtenidos en procedimientos arbitrales con sede en el extranjero.

Si su empresa ha obtenido un laudo favorable o necesita explorar la viabilidad de ejecutar un laudo en una jurisdicción concreta, puede encontrar información adicional sobre disputas específicas en nuestra guía sobre cómo actuar ante disputas en el sector inmobiliario y de construcción, que aborda con detalle la fase de ejecución en contextos de alta complejidad técnica y documental.

Checklist: lo que toda empresa tecnológica debe revisar antes de firmar un contrato con cláusula arbitral

El siguiente checklist recoge las verificaciones mínimas que un departamento jurídico o un asesor externo debe realizar antes de que la empresa suscribente quede vinculada por una cláusula arbitral en un contrato de software o tecnología.

  • Identificación de la institución arbitral: ¿está correctamente identificada? ¿Existe y tiene reglamento vigente?
  • Sede del arbitraje: ¿está fijada? ¿Es la jurisdicción más conveniente para la empresa?
  • Derecho aplicable al fondo: ¿se remite al derecho español o a un derecho extranjero? ¿Es aceptable para la empresa?
  • Número de árbitros: ¿árbitro único o colegio? ¿Es coherente con la cuantía máxima posible de la disputa?
  • Idioma del procedimiento: ¿puede la empresa litigar en el idioma pactado sin desventaja operativa?
  • Cesión de derechos de propiedad intelectual: ¿está prevista de forma expresa? ¿Cubre las mejoras y los desarrollos derivados?
  • Cláusula de confidencialidad: ¿protege el código fuente y la información técnica durante el procedimiento?
  • Mecanismo de medidas cautelares: ¿puede la empresa solicitar medidas ante un juez si el daño es inminente?
  • Plazo de prescripción/caducidad: ¿conoce la empresa los plazos para ejercitar sus acciones contractuales?
  • Revisión del acuerdo de nivel de servicio (SLA): ¿están los SLA definidos con precisión suficiente para servir como base de una reclamación?

Una empresa que ha firmado contratos de software sin revisar estos puntos no está necesariamente en una posición insostenible. Pero conviene que lo sepa antes de que la disputa se declare, no después.

Para disputas que involucran socios o accionistas junto con conflictos contractuales, puede ser relevante la página sobre conflictos entre socios, donde abordamos la intersección entre el Derecho societario y los mecanismos de resolución de disputas.

Servicios relacionados

Las disputas en el sector tecnológico raramente se limitan a un solo ámbito jurídico. Un conflicto sobre un contrato de software puede generar, de forma simultánea, cuestiones de propiedad intelectual, de protección de datos y de responsabilidad societaria de los administradores. En Velarde & Vidal coordinamos la respuesta en todas esas dimensiones desde una única interlocución.

En el ámbito de la protección de datos y el cumplimiento normativo, asesoramos a empresas tecnológicas sobre las implicaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) en el marco de sus relaciones contractuales con clientes y proveedores. En el ámbito de la propiedad intelectual, prestamos asistencia en la protección de software, la gestión de licencias y la defensa frente a infracciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica arbitraje comercial para una empresa?
El arbitraje comercial es un procedimiento de resolución de disputas de carácter privado, vinculante y con efectos equiparables a una sentencia judicial. Para una empresa, implica haber acordado previamente – generalmente en el contrato – resolver las controversias ante uno o varios árbitros, en lugar de acudir a los juzgados de lo mercantil. El laudo que dictan los árbitros es ejecutable en España y, a través del Convenio de Nueva York de 1958, en más de 170 países. En el sector tecnológico, el arbitraje es frecuente por su confidencialidad y por la posibilidad de designar árbitros con perfil técnico-jurídico especializado.
¿Qué plazos y costes conlleva arbitraje comercial?
La Ley de Arbitraje fija el plazo general para dictar el laudo en seis meses desde la aceptación del tribunal arbitral, prorrogables. En la práctica, los arbitrajes institucionales de cuantía media se resuelven en un horizonte de uno a dos años. Los costes incluyen las tasas de la institución arbitral, los honorarios de los árbitros y los honorarios de los abogados y peritos. Para disputas de cuantía reducida, el coste del arbitraje puede ser desproporcionado; en esos casos, el juzgado de lo mercantil puede ser más eficiente. La decisión debe adoptarse analizando cuantía, complejidad, urgencia y existencia de cláusula arbitral válida.
¿Qué riesgos hay que evitar en arbitraje comercial?
Los principales riesgos son: la inacción ante los primeros síntomas del conflicto, que debilita la posición probatoria; la cláusula arbitral mal redactada, que puede generar incidentes de competencia; la confusión entre resolución contractual e inicio del arbitraje, que puede limitar la cuantía reclamable; la destrucción involuntaria de pruebas digitales; y el incumplimiento del plazo de dos meses para interponer la acción de anulación del laudo, que es preclusivo. La ejecución del laudo favorable requiere además un procedimiento específico si la contraparte no cumple voluntariamente.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en arbitraje comercial?
El asesoramiento aporta valor en tres momentos: durante la redacción del contrato, para diseñar una cláusula arbitral operativa; al detectar los primeros indicios de incumplimiento, para documentar la posición y gestionar las comunicaciones con la contraparte de forma estratégica; y en el momento de activar el procedimiento o de responder a la solicitud de la contraparte, cuando los plazos son estrictos y las decisiones procesales tienen consecuencias inmediatas. Esperar a que el conflicto esté plenamente declarado para buscar asesoramiento incrementa el coste y reduce las opciones disponibles.

Análisis elaborado por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitraje, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

Cuéntenos su asunto.
Le responde un socio.

Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.

  • Primera valoración orientativa sin compromiso
  • Confidencialidad desde el primer correo
  • Asesoramiento en español o en inglés
Plantear mi caso
Sus datos se tratan conforme al RGPD y la LOPDGDD y se remiten únicamente a info@velardevidal.com. No los compartimos con terceros.