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Despidos colectivos (ERE): asesoramiento a empresas

Por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjeraActualizado:

La decisión de iniciar un despido colectivo es una de las más exigentes que afronta cualquier dirección empresarial. No porque sea inhabitual – en nuestra práctica asesoramos con regularidad a empresas medianas y grandes que atraviesan procesos de reestructuración de plantilla – sino porque cada fase del procedimiento encierra decisiones con consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales que no admiten marcha atrás. El marco regulatorio español es técnico, plazos breves y la negociación con los representantes de los trabajadores exige preparación antes de la primera reunión.

En breve: Un expediente de regulación de empleo (ERE) que respete el procedimiento legalmente establecido, articule una causa real y documente la negociación de buena fe reduce drásticamente el riesgo de declaración de nulidad o de improcedencia masiva. La legislación laboral fija umbrales de trabajadores afectados que activan el procedimiento colectivo, plazos de consulta específicos y la obligación de notificación a la autoridad laboral. El resultado – en términos de coste y de seguridad jurídica – depende de decisiones que se toman mucho antes de la primera comunicación al comité de empresa.

Qué exige el marco jurídico a la empresa que inicia un ERE

La Ley del Estatuto de los Trabajadores regula el despido colectivo como un procedimiento específico, distinto del despido individual y del objetivo pluriindividual. Cuando los umbrales cuantitativos se superan en un período de referencia de noventa días, la empresa no puede eludir el procedimiento colectivo aunque prefiera tramitar extinciones separadas.

La norma exige, ante todo, que la empresa acredite una causa económica, organizativa, técnica o de producción. No basta invocar pérdidas genéricas. La documentación debe mostrar la situación patrimonial, la evolución de ingresos y gastos, la proyección de la cuenta de resultados y la conexión entre esa situación y la reducción de plantilla prevista. Los juzgados de lo mercantil y las salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia han consolidado un estándar elevado de causalidad.

Una vez acreditada la causa, la empresa debe abrir un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período tiene una duración mínima establecida en la legislación y varía según el número de trabajadores de la empresa. Durante ese plazo, ambas partes negocian de buena fe con el objetivo de alcanzar un acuerdo que minimice el impacto social. La empresa debe presentar una memoria explicativa, el plan de acompañamiento social y la documentación económica desde el primer día del período de consultas.

Concluida la consulta – con o sin acuerdo – la empresa notifica la decisión definitiva a los trabajadores afectados y a la autoridad laboral competente. La indemnización legal mínima por despido colectivo es de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. Este suelo legal no impide negociar importes superiores durante el período de consultas. En nuestra experiencia, la mayor parte de los acuerdos se sitúan por encima del mínimo legal como contraprestación a la renuncia de los trabajadores a impugnar.

¿Qué ocurre cuando la empresa no sigue el procedimiento? El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que la omisión del período de consultas, la falta de documentación o la comunicación defectuosa provocan la nulidad del despido colectivo, no simplemente su improcedencia. La nulidad obliga a la readmisión de todos los trabajadores afectados con abono de salarios de tramitación. Es el escenario más costoso y el que el asesoramiento temprano está diseñado específicamente para evitar.

¿Cuándo nace la obligación de tramitar un ERE y no un despido individual?

Esta es, en la práctica, la primera pregunta que debemos responder con la dirección de la empresa. La diferencia entre un despido objetivo individual, un despido pluriindividual y un despido colectivo no es solo cuantitativa. El encuadramiento incorrecto vicia el procedimiento desde su inicio.

La legislación laboral establece umbrales concretos que combinan el número de extinciones con el tamaño de la plantilla del centro o de la empresa. Alcanzados esos umbrales en el período de noventa días, el procedimiento colectivo es obligatorio. La norma prohíbe expresamente la fragmentación artificial de extinciones para eludir ese umbral: los juzgados de lo social examinan el diseño real de la operación.

En grupos de empresas, el análisis se complica. Cuando varias sociedades del grupo comparten dirección, plantilla o estructura económica, los tribunales consolidan las extinciones para verificar si el umbral del colectivo se supera a nivel de grupo. Una reestructuración que se gestiona como una serie de despidos individuales en distintas entidades del grupo puede ser impugnada colectivamente con éxito si hay indicios de unidad de empresa.

Asesoramos a nuestros clientes en esta fase de diagnóstico preliminar antes de que la empresa adopte ninguna decisión formal. El análisis de plantilla, la identificación de períodos de referencia y la revisión de la estructura societaria son las tres primeras acciones que recomendamos.

Decisiones críticas que la dirección debe tomar antes del período de consultas

El período de consultas ocupa titulares. Pero las decisiones más relevantes se toman antes de que empiece. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el resultado de un ERE se predetermina en gran medida en la fase de diseño.

La primera decisión es el perímetro del colectivo: qué categorías, grupos profesionales, centros de trabajo y número de trabajadores quedan incluidos. Un perímetro mal definido obliga a ampliarlo durante las consultas – con el coste de credibilidad que eso genera – o a defenderlo ante los tribunales con documentación insuficiente.

La segunda es la selección de criterios objetivos para identificar a los trabajadores afectados. Los criterios no pueden ser discriminatorios, pero tampoco arbitrarios. La antigüedad, el perfil funcional, la polivalencia o el solapamiento de puestos son criterios habituales. Su documentación previa es esencial para resistir impugnaciones individuales posteriores.

La tercera es la estrategia de negociación. ¿Qué está dispuesta a ofrecer la empresa por encima del mínimo legal? ¿Qué medidas de acompañamiento social son asumibles: recolocación, formación, plan de bajas incentivadas? Llegar al período de consultas sin esta hoja de ruta es ceder la iniciativa a la representación de los trabajadores.

La cuarta, y con frecuencia subestimada, es la comunicación interna. Una filtración antes de la comunicación oficial puede generar conflictos laborales adicionales, incrementar el absentismo o provocar la salida de personal clave no incluido en el perímetro. El protocolo de comunicación interna forma parte del asesoramiento que prestamos desde el primer momento.

¿Cómo se desarrolla el período de consultas y qué papel juega el asesor externo?

El período de consultas es una negociación real, no un trámite formal. Los representantes de los trabajadores tienen acceso a toda la documentación económica de la empresa desde el primer día. Cuentan, a menudo, con asesoramiento sindical y técnico. Llegar a esa mesa sin preparación equivale a negociar en desventaja.

El equipo de Velarde & Vidal acompaña a la representación de la empresa en todas las reuniones del período de consultas. Preparamos la posición negociadora, revisamos las propuestas de la parte social y evaluamos en tiempo real las implicaciones jurídicas de cada propuesta de acuerdo parcial. Hemos observado que los períodos de consultas que concluyen con acuerdo tienen tasas de impugnación individual significativamente más bajas.

Cuando no hay acuerdo, la empresa puede proceder igualmente a las extinciones. Pero la ausencia de acuerdo eleva el riesgo de impugnación colectiva y de acciones individuales. En ese escenario, la documentación del proceso – actas de reunión, propuestas y contrapropuestas, comunicaciones a la autoridad laboral – se convierte en la principal defensa de la empresa.

La comunicación a la autoridad laboral debe realizarse simultáneamente al inicio del período de consultas. Esta notificación, con toda la documentación exigida, abre el expediente ante la administración. Una comunicación incompleta puede dar lugar a requerimientos que interrumpen los plazos y alargan el procedimiento.

Alta dirección y pactos de blindaje: un régimen jurídico específico

Cuando el ERE afecta a miembros del equipo de alta dirección (directores generales, directores funcionales con vínculo de alta dirección), el régimen jurídico aplicable es distinto al del trabajador ordinario. La relación de alta dirección se rige por su normativa propia, al margen del Estatuto de los Trabajadores en aspectos sustanciales.

Los contratos de alta dirección suelen incorporar cláusulas de indemnización pactada para el supuesto de extinción por decisión del empresario. Estas cláusulas – los llamados pactos de blindaje – generan obligaciones que coexisten con las derivadas del ERE. En nuestra práctica hemos observado que las empresas con estructuras directivas complejas suelen necesitar un análisis separado de cada relación de alta dirección antes de incluirla o excluirla del perímetro del colectivo.

La exclusión de directivos del colectivo es habitual. Pero la extinción de su contrato por una causa conectada con la misma reestructuración que motiva el ERE puede ser impugnada si no se gestiona con coherencia. La doctrina de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo ha ido perfilando cuándo la conexión entre el ERE y las extinciones de alta dirección crea riesgo de improcedencia.

Revisamos, en coordinación con el equipo de la empresa, la totalidad de contratos de alta dirección afectados, las cláusulas de indemnización pactadas y la estrategia de extinción adecuada para cada perfil. Esta revisión debe realizarse antes de que la empresa fije el perímetro del colectivo.

Movilidad internacional y trabajadores desplazados en un ERE

Las empresas con plantilla internacionalizada se enfrentan a un nivel de complejidad adicional cuando diseñan un ERE. Los trabajadores en situación de desplazamiento internacional, los empleados acogidos al régimen especial de impatriados o quienes trabajan bajo contratos regidos por legislaciones extranjeras plantean cuestiones que el procedimiento del ERE no resuelve automáticamente.

El régimen de impatriados – conocido coloquialmente como "régimen Beckham" – permite a los trabajadores desplazados a España tributar a un tipo del veinticuatro por ciento sobre la base liquidable hasta el umbral de 600.000 euros, durante el año de traslado y los cinco siguientes. La extinción del contrato de un trabajador en este régimen puede afectar a su situación fiscal y a la de la empresa, especialmente en lo que concierne a las retenciones aplicables a las indemnizaciones pactadas.

Para la empresa, la cuestión relevante es si la indemnización abonada en el marco de un ERE a un trabajador acogido al régimen de impatriados tiene el mismo tratamiento fiscal que la abonada a un residente ordinario. La normativa tributaria española establece reglas específicas de exención para indemnizaciones por despido que conviene verificar para cada perfil. La coordinación entre el equipo laboral y el fiscal es imprescindible.

Cuando el trabajador afectado está desplazado fuera de España en el momento del ERE, la cuestión de la ley aplicable se complica. La normativa de Derecho internacional privado de la Unión Europea establece criterios de determinación de la ley aplicable al contrato de trabajo que no siempre coinciden con la preferencia de las partes. Coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente cuando el análisis exige revisar la ley laboral del país de desplazamiento.

¿Qué riesgos jurídicos hay que anticipar y cómo se mitigan?

Tres son los vectores de riesgo que concentran la mayor parte de la litigiosidad en los ERE.

El primero es la nulidad por fraude de ley o abuso de derecho. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han declarado nulos ERE donde la causa económica era simulada, donde el despido colectivo encubría una represalia frente a representantes sindicales o donde el perímetro había sido diseñado para excluir artificialmente a colectivos protegidos. La documentación previa, la coherencia interna del expediente y la buena fe negociadora son los mejores escudos.

El segundo es la impugnación colectiva por los representantes de los trabajadores ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia competente. En este proceso, la sentencia afecta a todos los trabajadores incluidos en el ERE. Una declaración de nulidad o de no ajustado a derecho en sede colectiva abre la puerta a impugnaciones individuales con salarios de tramitación acumulados.

El tercero son las impugnaciones individuales posteriores. Aunque se haya alcanzado acuerdo colectivo, trabajadores individuales pueden impugnar su extinción si consideran que los criterios de selección fueron discriminatorios o que su situación personal no estaba correctamente recogida en el expediente. La tasa de impugnación individual en ERE con acuerdo es menor, pero no nula.

Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes, y en todos los casos la identificación temprana de estos tres vectores de riesgo ha permitido diseñar estrategias de mitigación antes de que el procedimiento se iniciara formalmente.

¿Resulta siempre más económico indemnizar por encima del mínimo legal para evitar la litigiosidad? No necesariamente. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real y el riesgo de improcedencia. Indemnizar en exceso sin que la causa esté debidamente acreditada no reduce el riesgo jurídico; simplemente eleva el coste. La estrategia óptima surge del análisis de cada caso.

Plan de igualdad, representación sindical y cumplimiento normativo complementario

Un ERE no opera en el vacío. La empresa que lo inicia está sujeta, simultáneamente, a un conjunto de obligaciones de cumplimiento que interactúan con el procedimiento colectivo.

La normativa laboral y los convenios colectivos sectoriales pueden establecer requisitos adicionales al procedimiento del ERE. En sectores con alta cobertura sindical, los convenios de empresa o sectoriales pueden establecer umbrales distintos, criterios de afectación preferente o garantías adicionales para colectivos específicos. El análisis del convenio aplicable es, en consecuencia, un paso previo ineludible.

Las empresas obligadas a tener un plan de igualdad – aquellas con cincuenta o más trabajadores – deben verificar que el ERE no tiene un impacto desproporcionado sobre ninguno de los sexos. La falta de perspectiva de género en los criterios de selección es uno de los argumentos más frecuentes en impugnaciones de ERE de los últimos años. La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha ido precisando el contenido de esta obligación.

El cumplimiento de las obligaciones de información y consulta a los representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales también puede surgir como cuestión accesoria al ERE, especialmente cuando el colectivo afectado incluye trabajadores en situaciones de especial protección. Revisamos estas obligaciones de forma integrada con el diseño del expediente.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste total del ERE

Esta afirmación – que la asesoría jurídica antes del inicio del procedimiento reduce el coste total – no es un argumento comercial. Es una inferencia que se deriva directamente de la estructura del procedimiento.

El coste de un ERE tiene tres componentes: el coste indemnizatorio negociado, el coste de las medidas sociales de acompañamiento y el coste de la litigiosidad posterior. El primero es, en parte, exógeno (depende del tiempo en empresa y del salario). El segundo es negociable. El tercero es evitable con un procedimiento correcto.

En nuestra experiencia, los expedientes que llegamos a acompañar desde la fase de diseño – antes de la primera comunicación interna – presentan un coste de litigiosidad notablemente inferior a los que acuden a nosotros cuando el procedimiento ya ha comenzado con deficiencias formales. La razón es simple: las deficiencias formales del ERE no se subsanan una vez iniciado el período de consultas sin incurrir en costes procedimentales adicionales.

El diagnóstico previo que ofrecemos incluye: revisión de la documentación económica, análisis del perímetro, revisión del convenio aplicable, evaluación del riesgo de nulidad, estrategia de negociación y protocolo de comunicación. Este diagnóstico no solo reduce riesgos. También permite a la dirección de la empresa presentar al consejo de administración un mapa claro de escenarios antes de adoptar la decisión.

Acompañamos a un grupo industrial del sector de logística en una reestructuración que afectó a varios centros de trabajo simultáneamente. La fase de diagnóstico previo permitió rediseñar el perímetro del colectivo, eliminar inconsistencias en los criterios de selección y preparar la documentación económica antes del inicio formal del período de consultas. El expediente concluyó con acuerdo y sin impugnaciones colectivas posteriores.

Checklist de decisiones clave antes de iniciar un ERE

A modo de referencia operativa, las decisiones que toda dirección debe haber tomado o revisado antes de comunicar el inicio del período de consultas:

  • Verificación del umbral: ¿supera la extinción prevista el umbral del colectivo en el período de noventa días?
  • Revisión de la estructura societaria: ¿existe riesgo de consolidación de extinciones a nivel de grupo?
  • Documentación de la causa: ¿está disponible la memoria económica, los estados financieros y la proyección que acredita la causa?
  • Definición del perímetro: ¿están identificados los grupos profesionales, centros y número de afectados con criterios objetivos y documentados?
  • Revisión del convenio colectivo aplicable: ¿establece requisitos adicionales o derechos específicos frente al ERE?
  • Análisis de alta dirección: ¿hay contratos de alta dirección en el perímetro con cláusulas de blindaje que requieran un tratamiento separado?
  • Revisión de trabajadores en regímenes especiales: ¿hay trabajadores desplazados, impatriados o con contratos internacionales?
  • Impacto en el plan de igualdad: ¿se ha analizado el impacto por razón de género en los criterios de selección?
  • Estrategia de negociación: ¿tiene la empresa definida su posición de apertura, sus líneas rojas y su oferta final?
  • Protocolo de comunicación interna: ¿está definido quién comunica, cuándo y a quién, para evitar filtraciones?

Ninguna de estas decisiones es trivial. Todas tienen consecuencias jurídicas directas si se adoptan incorrectamente.

Servicios relacionados

El asesoramiento en despidos colectivos se integra con frecuencia en un marco más amplio de gestión de la relación laboral de empresa. Nuestra práctica de Laboral y movilidad internacional cubre también la contratación de directivos, los sistemas de remuneración variable, la movilidad geográfica, los acuerdos de no competencia (non-compete) y la gestión de conflictos laborales individuales y colectivos.

Cuando el ERE se produce en el contexto de una operación de fusión, adquisición o escisión, la dimensión laboral debe integrarse con el análisis societario y fiscal desde la fase de diligencia debida (due diligence). Si su empresa atraviesa ese tipo de proceso, le invitamos a revisar nuestro análisis sobre despidos colectivos en entornos de capital riesgo y empresas emergentes, donde desarrollamos las especificidades de estos escenarios.

Para empresas del sector de la logística y el transporte, con alta cobertura sindical y convenios colectivos de aplicación compleja, puede resultar de utilidad nuestro análisis sobre el régimen laboral específico del sector, que incluye las particularidades de los procesos de reestructuración en empresas con flota y personal de tráfico.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica despidos colectivos (ERE) para una empresa?
Un ERE implica para la empresa la obligación de seguir un procedimiento formalmente exigente: documentar la causa económica, organizativa, técnica o de producción que justifica las extinciones; abrir un período de consultas con los representantes de los trabajadores durante el plazo legalmente establecido; notificar a la autoridad laboral; y abonar la indemnización mínima de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede provocar la nulidad del despido colectivo, con obligación de readmisión y abono de salarios de tramitación. La empresa asume también la gestión reputacional y la comunicación interna durante todo el proceso.
¿Qué plazos y costes conlleva despidos colectivos (ERE)?
Los plazos varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. La legislación laboral establece una duración mínima del período de consultas que depende de ambos factores. Una vez concluido el período, la empresa debe notificar la decisión definitiva y ejecutar las extinciones en el plazo que la norma establece. El coste tiene tres componentes: la indemnización negociada (con suelo legal de veinte días por año), las medidas de acompañamiento social pactadas en el acuerdo y el eventual coste de litigiosidad si se producen impugnaciones. La cuantía total depende de la antigüedad media de los trabajadores afectados, del salario y del resultado de la negociación.
¿Qué riesgos hay que evitar en despidos colectivos (ERE)?
Los principales riesgos son tres. Primero, la nulidad por defectos formales o fraude de ley, que obliga a readmitir a todos los trabajadores afectados con abono de salarios de tramitación acumulados. Segundo, la impugnación colectiva ante los tribunales del orden social, cuya sentencia afecta a la totalidad del colectivo. Tercero, las impugnaciones individuales por discriminación en los criterios de selección. A estos riesgos se añaden los derivados de una comunicación interna deficiente – que puede generar conflictos adicionales – y la falta de coordinación entre el ERE y otras obligaciones de cumplimiento, como el plan de igualdad o los requisitos del convenio colectivo aplicable.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en despidos colectivos (ERE)?
El asesoramiento externo especializado resulta más eficaz cuando se incorpora antes de que la empresa adopte ninguna decisión formal. En esa fase, es posible revisar el perímetro del colectivo, documentar la causa, preparar la estrategia de negociación y diseñar el protocolo de comunicación. Los expedientes que presentan más riesgos son aquellos en los que el asesor externo entra cuando el procedimiento ya ha comenzado con deficiencias. Si la empresa está evaluando una reestructuración – aunque sea a nivel preliminar –, el momento adecuado para consultar es ahora, no cuando el comité de empresa ya ha recibido la comunicación de apertura.

Análisis elaborado por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjera, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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