Cuando una empresa se enfrenta a una caída de actividad, a una causa organizativa sobrevenida o a una crisis sectorial, el expediente de regulación temporal de empleo representa una de las decisiones de mayor carga jurídica y operativa que puede tomar su dirección. La complejidad no reside únicamente en la tramitación administrativa: reside en que cualquier error de forma o de fondo puede convertir una medida de ahorro en una fuente de litigios, recargos y costes imprevistos. La diferencia entre un ERTE bien construido y uno deficiente se mide, casi siempre, en semanas de preparación y en la calidad del asesoramiento que lo sustenta.
El expediente de regulación temporal de empleo es un instrumento previsto en el Estatuto de los Trabajadores para que la empresa pueda adaptar temporalmente su estructura de plantilla sin recurrir a la extinción definitiva de contratos. Su lógica es preservar el empleo y la capacidad productiva de la empresa en situaciones de crisis reversibles.
Existen dos modalidades principales. La suspensión de contratos implica que los trabajadores afectados dejan de prestar servicios durante el período autorizado, aunque mantienen su vínculo contractual con la empresa. La reducción de jornada supone una disminución porcentual de las horas efectivas de trabajo en un rango que la normativa delimita con precisión. En ambos casos, los trabajadores afectados acceden a las prestaciones de desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que reduce, aunque no elimina, el coste directo para la empresa.
Las causas que habilitan un ERTE son las mismas que la legislación laboral reconoce para el despido colectivo ERE: económicas, técnicas, organizativas y de producción. La diferencia clave frente al ERE es el carácter temporal de la medida. Esa temporalidad no es una formalidad: si la empresa mantiene la suspensión más allá de lo justificado por la causa o la utiliza como antesala de una extinción encubierta, la medida puede ser impugnada y declarada fraudulenta. Hemos observado que esta frontera es, precisamente, una de las más frecuentes fuentes de conflicto en los procedimientos que llegan a los juzgados de lo social.
La normativa vigente también contempla los denominados ERTE por fuerza mayor. Esta modalidad, intensamente utilizada durante la pandemia de 2020 y 2021, exige la constatación por parte de la autoridad laboral de que la causa impeditiva de la actividad es ajena a la voluntad de la empresa. Su tramitación difiere de la de los ERTE por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción), fundamentalmente porque no requiere período de consultas previo y la resolución administrativa tiene un papel central en su eficacia.
El procedimiento de un ERTE por causas ETOP se articula en torno a tres fases que la empresa debe gestionar con precisión y sin improvisación. Cada fase tiene consecuencias jurídicas propias. Un error en la primera puede contaminar las siguientes.
Primera fase: preparación y comunicación de apertura. La empresa debe comunicar a la representación legal de los trabajadores su intención de tramitar el ERTE, indicando las causas, el número y los puestos afectados, el período previsto de aplicación y los criterios de designación de los afectados. Esta comunicación debe acompañarse de la documentación que acredita la causa. El contenido documental exigible varía según la causa invocada: la causa económica requiere acreditar el impacto real o previsible en la cuenta de resultados; las causas técnicas u organizativas, la naturaleza del cambio en los procesos o la estructura de la empresa.
Si la empresa no cuenta con representación legal de los trabajadores constituida, la normativa permite que los propios trabajadores designen una comisión negociadora ad hoc. Este escenario, frecuente en empresas medianas, añade complejidad al calendario y a la gestión de la interlocución. Es un aspecto que conviene anticipar.
Segunda fase: el período de consultas. Esta es la fase más delicada. El período de consultas tiene una duración máxima fijada por la normativa laboral. Su objetivo no es meramente formal: la ley exige que las partes negocien de buena fe con vistas a alcanzar un acuerdo. El contenido de las consultas, el intercambio de propuestas y la documentación del proceso tienen valor probatorio directo si la medida es impugnada posteriormente. Un período de consultas mal documentado, con intercambios superficiales o sin propuestas alternativas escritas, debilita significativamente la posición de la empresa ante el juzgado.
El período de consultas puede concluir con acuerdo o sin él. Alcanzar un acuerdo no es condición de validez del ERTE, pero tiene efectos prácticos importantes: dificulta la impugnación colectiva y, en algunos casos, permite configurar condiciones específicas de aplicación. Sin acuerdo, la empresa puede igualmente ejecutar la medida, aunque asume un riesgo litigioso mayor.
Tercera fase: comunicación a la autoridad laboral y notificación a los trabajadores. Concluido el período de consultas, la empresa comunica el resultado a la autoridad laboral competente y notifica individualmente a cada trabajador afectado. La fecha de efectos de la suspensión o reducción queda determinada por esta notificación. Desde ese momento, la empresa debe gestionar con el Sistema RED de la Seguridad Social las cotizaciones y las prestaciones de los trabajadores afectados. La gestión de las cotizaciones durante el ERTE es una fuente habitual de incidencias que, si no se resuelven correctamente, generan deudas con la Seguridad Social que se constatan meses después.
¿Está la empresa realmente ante una situación que justifica un ERTE o ante una situación que exige una reestructuración definitiva? Esta pregunta debe responderse antes de iniciar cualquier procedimiento.
La elección entre un ERTE y un despido colectivo ERE tiene consecuencias que van más allá del coste inmediato. El ERTE preserva el vínculo laboral y obliga a la empresa a reincorporar a los trabajadores al final del período. Si la empresa anticipa que no podrá reincorporarlos porque la causa es estructural y no coyuntural, un ERTE mal fundado puede convertirse en un paso previo forzado hacia el ERE, con el coste adicional de haber tramitado dos procedimientos y haber generado expectativas en la plantilla y en los representantes de los trabajadores.
Por otro lado, la dirección debe valorar el impacto del ERTE en compromisos contractuales preexistentes. Los trabajadores con condiciones especiales, los directivos con contratos de alta dirección, los empleados en movilidad internacional o acogidos al régimen de impatriados conocido como régimen Beckham pueden quedar fuera del ámbito subjetivo del ERTE o estar sujetos a reglas particulares. La interacción entre el ERTE y estos regímenes especiales no es automática y requiere análisis individualizado.
Asimismo, si la empresa tiene trabajadores desplazados al extranjero o empleados de otras nacionalidades con autorizaciones de trabajo vigentes, la suspensión del contrato puede afectar a su situación administrativa de residencia. La movilidad internacional y el derecho laboral interno se cruzan en este punto de forma que puede sorprender a las direcciones que no lo han previsto.
La selección de los trabajadores afectados por un ERTE no es una decisión discrecional de la empresa. Los criterios de designación deben ser objetivos, verificables y no discriminatorios. En particular, la normativa laboral y la legislación de igualdad exigen que la aplicación del ERTE no tenga un impacto desproporcionado sobre ningún colectivo protegido.
Las empresas obligadas a disponer de un plan de igualdad deben verificar que los criterios de selección utilizados en el ERTE son coherentes con los compromisos asumidos en ese plan. La Inspección de Trabajo ha prestado especial atención en los últimos años a la distribución por género de los afectados en los expedientes de regulación de empleo, tanto temporales como definitivos. Una composición de afectados que refleje una desproporción injustificada puede dar lugar a una impugnación por vulneración del principio de igualdad, con consecuencias más graves que la simple nulidad de la medida.
Del mismo modo, si entre los afectados hay trabajadores con delegados de personal o miembros del comité de empresa con garantías de protección frente al despido y la suspensión, la empresa debe gestionar esta circunstancia con especial cuidado. La inclusión de representantes de los trabajadores en el colectivo afectado sin haber observado las cautelas legales puede viciar el procedimiento.
El tiempo es el recurso más escaso en un ERTE. La empresa que decide tarde o prepara mal la documentación pierde margen de maniobra en todas las fases siguientes.
El período de consultas tiene una duración máxima que la normativa fija en función del número de afectados. No es una demora que la empresa pueda reducir unilateralmente: el incumplimiento del período mínimo de negociación es una causa de nulidad del procedimiento. Tampoco puede prolongarse indefinidamente, porque genera incertidumbre en la plantilla y puede deteriorar la relación con la representación de los trabajadores.
Los trabajadores afectados disponen de un plazo para impugnar el ERTE una vez notificado. La impugnación puede ser individual o colectiva. La impugnación colectiva, que corresponde a la representación legal de los trabajadores, se tramita ante la Audiencia Nacional si el ámbito es supraprovincial, o ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente en los demás casos. La resolución en este cauce puede suspender cautelarmente los efectos del ERTE mientras se resuelve el fondo, lo que anula la utilidad práctica de la medida durante meses.
Los riesgos más frecuentes que hemos identificado en nuestra práctica son los siguientes:
La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social tiene competencia para investigar la correcta tramitación del ERTE y la veracidad de la causa invocada. Una actuación inspectora puede derivar en liquidaciones de cuotas, recargos y, en casos de fraude acreditado, en responsabilidades adicionales para los administradores de la empresa.
Los trabajadores vinculados por una relación laboral especial de alta dirección se rigen por una normativa específica distinta del Estatuto de los Trabajadores. Su inclusión en un ERTE no es automática y puede requerir un análisis contractual previo. En muchos casos, la situación de estos empleados se gestiona mediante acuerdos individuales negociados al margen del procedimiento colectivo.
La movilidad internacional añade otra capa de complejidad. Un trabajador desplazado a España desde una filial extranjera, o un empleado en régimen de desplazamiento temporal al exterior, puede ver afectada su situación fiscal y de seguridad social si el contrato se suspende durante el ERTE. El régimen Beckham, que permite a determinados impatriados tributar a un tipo del 24 % sobre rendimientos del trabajo hasta 600.000 euros durante el año de llegada y los cinco siguientes, puede interactuar de forma inesperada con la suspensión de la relación laboral. Esta es una cuestión que en nuestra experiencia asesorando a empresas con plantillas internacionales requiere revisión caso a caso.
En operaciones transfronterizas donde parte de la plantilla afectada trabaja en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para garantizar que el tratamiento laboral y fiscal sea coherente a ambos lados.
El error más caro en un ERTE no es el que se comete en la vista oral. Es el que se comete en la redacción de la comunicación de apertura del período de consultas.
Un asesoramiento que se incorpora cuando el expediente ya está en marcha puede mitigar daños, pero difícilmente puede corregir una causa mal construida o una documentación que no sostiene el relato de la empresa ante el juzgado. Por el contrario, un asesoramiento que interviene desde la fase de análisis previo puede reencuadrar la causa, seleccionar la modalidad más adecuada, diseñar la estrategia de negociación con la representación de los trabajadores y anticipar los escenarios de impugnación.
Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes, y la constante que observamos es que las empresas que afrontan estos procedimientos con preparación suficiente obtienen acuerdos en el período de consultas con mayor frecuencia, sufren menos impugnaciones y, cuando estas se producen, mantienen una posición más sólida ante los tribunales.
El abogado laboral de empresa no actúa únicamente como operador técnico del procedimiento. Actúa como estratega que ayuda a la dirección a tomar decisiones informadas sobre el calendario, los colectivos afectados, el contenido del acuerdo y los compromisos que pueden asumirse sin comprometer la viabilidad futura de la medida. Esta dimensión asesora es especialmente valiosa cuando el ERTE se enmarca en una reestructuración más amplia que implica, además, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, traslados colectivos o, en el límite, un despido colectivo ERE.
La diferencia entre un ERTE que funciona y uno que genera litigios no está, en la mayoría de los casos, en la complejidad del asunto. Está en la antelación con la que se planifica.
Nuestro enfoque en materia de expedientes de regulación temporal de empleo parte del análisis previo de la situación de la empresa: estructura de plantilla, distribución geográfica, convenio colectivo aplicable, existencia de representación sindical, compromisos contractuales con colectivos especiales y obligaciones en materia de igualdad. Solo a partir de ese diagnóstico construimos la estrategia de tramitación.
Elaboramos la documentación de apertura del período de consultas y asistimos a la empresa en todas las sesiones de negociación con la representación de los trabajadores. Diseñamos los criterios de selección de afectados con atención a los requisitos de objetividad y no discriminación. Asesoramos en la gestión de las cotizaciones y en la relación con la Seguridad Social durante el período de suspensión o reducción. Y, si la medida es impugnada, actuamos en el proceso judicial en colaboración con abogados colegiados y procuradores.
Cuando el ERTE se encuadra en una operación societaria más amplia – fusión, escisión, transmisión de empresa o reestructuración de grupo –, coordinamos el trabajo laboral con el equipo de Derecho laboral y movilidad internacional de Velarde & Vidal y con las prácticas correspondientes para garantizar la coherencia de la estrategia global.
Para empresas con equipos en régimen de teletrabajo o con modelos organizativos híbridos, la determinación de los afectados y la acreditación de la causa organizativa presentan particularidades que abordamos con el detalle que merece. Puede consultar nuestra comparativa sobre teletrabajo frente a trabajo presencial desde la óptica jurídica para comprender cómo afecta el modelo de trabajo a la estrategia laboral de la empresa.
En materia de negociación con la representación de los trabajadores durante el período de consultas, el ERTE conecta directamente con el ámbito de la negociación colectiva, área en la que disponemos de experiencia acumulada en distintos sectores y ámbitos geográficos.
La experiencia en la tramitación de estos procedimientos permite identificar un patrón repetido de errores que derivan en nulidades, impugnaciones o liquidaciones de la Seguridad Social. Enumerar los más relevantes es, en sí mismo, un ejercicio de prevención.
El primero y más grave: iniciar el período de consultas sin documentación suficiente. Los juzgados de lo social han consolidado el criterio de que la empresa debe acreditar, en el momento de apertura del expediente, la causa invocada de forma que la representación de los trabajadores pueda pronunciarse sobre ella con conocimiento real. Una documentación genérica o incompleta no supera ese estándar.
El segundo error frecuente es confundir el acuerdo en el período de consultas con la blindaje jurídico total de la medida. Un acuerdo con la representación de los trabajadores dificulta, pero no impide, la impugnación individual de cada trabajador afectado. La empresa que descansa en el acuerdo y descuida la solidez jurídica del procedimiento puede encontrarse ante impugnaciones individuales que, sumadas, generan un contencioso tan costoso como el que el acuerdo pretendía evitar.
El tercer error habitual es la gestión deficiente de la reincorporación al finalizar el período. El ERTE obliga a reincorporar a los trabajadores afectados en los términos previstos. Una reincorporación que no se produce en plazo, que se instrumenta como extinción encubierta o que discrimina entre afectados puede dar lugar a reclamaciones individuales y, en casos de incumplimiento sistemático, a actuaciones de la Inspección de Trabajo.
Finalmente, la empresa que utiliza el ERTE de forma reiterada sobre los mismos trabajadores, o que lo combina con medidas de presión para que los afectados soliciten su baja voluntaria, asume riesgos jurídicos de una gravedad que supera con amplitud el ahorro pretendido. La creencia de que indemnizar es siempre la vía más segura y barata para extinguir un contrato es uno de los mitos más extendidos en la gestión de recursos humanos empresarial. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real; y ese coste, cuando el procedimiento está mal construido, puede multiplicar varias veces cualquier previsión inicial.
Antes de iniciar la tramitación de un ERTE, la dirección de la empresa debe haber dado respuesta documentada a las siguientes preguntas:
Una respuesta sólida a cada una de estas preguntas antes de iniciar el expediente es la mejor inversión jurídica que puede hacer la empresa en este proceso.
El expediente de regulación temporal de empleo rara vez se tramita de forma aislada. Con frecuencia se enmarca en una estrategia más amplia que puede incluir modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, traslados colectivos, descuelgues de convenio o, en última instancia, un despido colectivo ERE. Nuestro equipo de Derecho laboral presta asesoramiento integral en todos estos procedimientos, con especial atención a su interacción con las obligaciones fiscales de la empresa y con las estructuras societarias en las que opera.
Para empresas con presencia en varias comunidades autónomas o con operaciones transfronterizas, la dimensión de movilidad internacional y los regímenes fiscales especiales aplicables a los trabajadores desplazados forman parte del análisis que realizamos de forma sistemática antes de iniciar cualquier procedimiento de regulación de empleo.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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