Una reestructuración de plantilla pone a prueba la solidez jurídica de cualquier empresa. Las decisiones que se adoptan en las primeras semanas – qué causa se invoca, cómo se documenta, cuándo se notifica a la representación legal de los trabajadores – determinan en buena medida si el proceso concluye con un coste asumible o con una cadena de impugnaciones que agrava la situación. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el margen de maniobra se reduce drásticamente cuando el equipo directivo actúa sin apoyo jurídico desde el inicio.
La legislación laboral española, articulada principalmente en el Estatuto de los Trabajadores y desarrollada por una extensa doctrina jurisprudencial, distingue varios instrumentos para reducir o reordenar la plantilla de una empresa. Cada uno responde a causas y umbrales distintos y activa procedimientos de distinta intensidad.
El más exigente es el despido colectivo, conocido habitualmente como Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Se aplica cuando las extinciones superan los umbrales numéricos que fija el Estatuto de los Trabajadores en función del tamaño de la empresa. La empresa debe acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas y abrir un período de consultas con los representantes de los trabajadores. Sin ese período, las extinciones son nulas.
Por debajo de esos umbrales, la empresa puede acudir al despido por causas objetivas, que admite extinciones individuales o plurales con una indemnización legal de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y un plazo de preaviso que la normativa fija expresamente. La comunicación escrita y la acreditación de la causa son aquí también determinantes: la ausencia de cualquiera de ellos convierte la extinción en improcedente o nula.
Existe, además, la posibilidad de aplicar medidas de flexibilidad interna antes de llegar a la extinción: suspensiones de contrato y reducciones de jornada – los llamados ERTE – constituyen herramientas de ajuste temporal que permiten a la empresa acompasar su capacidad productiva sin disolver vínculos laborales. La Reforma Laboral de 2021 amplió el papel de estos mecanismos y los configuró como paso previo recomendable antes de extinguir contratos.
Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes, y en todos esos procesos la elección del instrumento adecuado – ERE, extinción objetiva individual, ERTE o combinación de medidas – es la decisión con mayor impacto en el resultado final.
La dirección no es libre de elegir cómo documenta una reestructuración. La normativa impone una secuencia de obligaciones cuyo incumplimiento tiene consecuencias directas y cuantificables.
En primer lugar, la acreditación de la causa. Las causas económicas exigen datos contables que evidencien una situación o perspectiva negativa. Las causas técnicas, organizativas y productivas requieren una justificación funcional creíble: cambios en los sistemas de producción, reorganización de unidades, pérdida o modificación de contratos con clientes. El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que la causa debe ser real, concurrente y conectada con los puestos afectados. Una causa genérica o insuficientemente documentada expone a la empresa a la declaración de improcedencia.
En segundo lugar, la apertura y desarrollo del período de consultas en los despidos colectivos. La Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia han precisado que las consultas deben ser auténticas: no es suficiente con convocar reuniones y mantener posiciones inamovibles. La empresa debe negociar de buena fe, aportar la documentación que la normativa exige y dar respuesta motivada a las propuestas de los representantes de los trabajadores. El período tiene una duración máxima que varía según el tamaño de la empresa: la normativa diferencia expresamente entre empresas con menos de cincuenta trabajadores y las que cuentan con mayor plantilla.
En tercer lugar, la notificación a la autoridad laboral. Esta comunicación es obligatoria en los despidos colectivos y debe realizarse simultáneamente al inicio del período de consultas, acompañada de la documentación completa. La práctica de los juzgados de lo mercantil y de los juzgados de lo social indica que los defectos formales en esta notificación pueden determinar la nulidad colectiva, con las consecuencias de readmisión obligatoria y abono de salarios de tramitación.
En cuarto lugar, y con frecuencia subestimado, el cumplimiento de los planes de igualdad y de las obligaciones en materia de negociación colectiva. La empresa que reestructura plantilla en un contexto de incumplimiento de su plan de igualdad o en violación del convenio colectivo aplicable asume un riesgo adicional de nulidad que se suma al riesgo de fondo.
Los plazos en una reestructuración de plantilla no son orientativos. Son imperativos y, en varios casos, su incumplimiento activa consecuencias automáticas.
El plazo para impugnar el despido es de veinte días hábiles desde la comunicación de la extinción. Este plazo es de caducidad – no de prescripción – y no se interrumpe. Una vez transcurrido, el trabajador pierde el derecho a impugnar, lo que convierte la gestión del calendario de comunicaciones en un elemento estratégico para la empresa.
En los despidos colectivos, la duración del período de consultas está acotada. La normativa fija una duración máxima diferenciada según el tamaño de la empresa. Durante ese período, la empresa no puede ejecutar extinciones. Las cartas de extinción solo pueden entregarse una vez concluido el período, ya sea por acuerdo o por transcurso del plazo máximo.
La empresa también debe respetar los plazos de preaviso en las extinciones objetivas individuales. El incumplimiento del preaviso no genera nulidad, pero sí obliga a abonar los salarios correspondientes al período no preavisado, lo que incrementa el coste total.
¿Qué ocurre cuando la empresa descuida la secuencia temporal? En nuestra práctica hemos observado que las impugnaciones exitosas por parte de los trabajadores suelen apoyarse en defectos de forma que eran evitables: cartas sin los requisitos legales, períodos de consultas iniciados sin la documentación preceptiva o extinciones comunicadas antes de que expire el período de consultas. Cada uno de estos errores tiene un coste directo en indemnizaciones adicionales y en costes procesales.
Los directivos de alta dirección – consejeros delegados, directores generales y otros cargos con poder de representación amplio – no están sujetos al Estatuto de los Trabajadores en su relación con la empresa. Su vínculo se rige por la normativa de alta dirección, que establece un régimen de extinción propio con reglas distintas en materia de preaviso, indemnización pactada y desistimiento unilateral.
Esta distinción tiene consecuencias prácticas importantes. La empresa puede desistir del contrato de alta dirección sin necesidad de acreditar causa, pero debe respetar el preaviso legal o pactado y abonar la indemnización correspondiente. La indemnización mínima legal es inferior a la del régimen ordinario, aunque la práctica contractual suele elevarla mediante pactos específicos.
En nuestra experiencia, las situaciones más complejas se producen cuando la calificación de la relación laboral es discutida: ¿es alta dirección o relación ordinaria? La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han establecido criterios claros para delimitar ambos regímenes, pero la frontera puede ser difusa en estructuras societarias complejas o cuando el directivo asume simultáneamente funciones de consejero.
La negociación de la salida de un directivo de alta dirección exige, además, atención a las cláusulas de no competencia (non-compete), a los acuerdos de confidencialidad (NDA) y a la eventual participación del directivo en el capital de la sociedad. Estos elementos configuran un paquete de salida que va más allá de la simple extinción del contrato.
Las empresas que operan en varios países se enfrentan a una capa adicional de complejidad cuando reestructuran plantilla: la movilidad internacional de trabajadores y directivos genera obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales en más de una jurisdicción.
El régimen de impatriados, conocido coloquialmente como régimen Beckham, permite a los trabajadores desplazados a España tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a un tipo fijo del 24 % hasta 600.000 euros de base, a condición de no haber sido residentes en España durante los cinco años anteriores. La Ley de Startups de 2022 redujo ese período de no residencia previa de diez a cinco años, ampliando el acceso al régimen. La duración es el año del cambio de residencia y los cinco ejercicios siguientes.
En una reestructuración, la empresa debe determinar con precisión en qué jurisdicción se extingue el contrato, qué convenio de seguridad social resulta aplicable y cómo se articula la liquidación cuando el trabajador ha prestado servicios en varios países. La coordinación con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente es imprescindible cuando la operación afecta a territorios fuera de España.
Hemos observado que las empresas con plantilla internacional suelen subestimar el coste y la complejidad de las extinctions transfronterizas. La divergencia entre el derecho del país de prestación de servicios y el derecho del país de la sede de la empleadora puede generar reclamaciones paralelas en varias jurisdicciones.
La creencia más extendida entre los equipos directivos que afrontan una reestructuración es que indemnizar generosamente es siempre la vía más segura y barata. Es un error.
La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real. Una extinción sin causa acreditada puede ser declarada improcedente aunque se pague la indemnización máxima legal, y en determinados casos puede declararse nula, con readmisión obligatoria. Una extinción nula no solo no ahorra dinero: obliga a readmitir al trabajador y a abonar los salarios de tramitación correspondientes al período transcurrido desde la comunicación de la extinción hasta la sentencia.
El asesoramiento jurídico desde las fases iniciales de la planificación permite, entre otras cosas:
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus memorias estadísticas, la litigiosidad laboral en España mantiene un volumen elevado y estable. Las demandas por despido representan una de las categorías procesales más numerosas en los juzgados de lo social. Ese dato confirma que las empresas que no blindan jurídicamente sus decisiones de extinción acaban soportando un coste judicial que supera ampliamente el de un asesoramiento preventivo.
¿Cuándo es demasiado tarde para llamar a un abogado laboral de empresa? En nuestra práctica, el momento más crítico es cuando la empresa ya ha comunicado las extinciones sin haber completado el procedimiento. En ese escenario, las opciones se reducen y el coste aumenta. La intervención en la fase de planificación es, invariablemente, la más eficiente.
Nuestro enfoque parte de un diagnóstico jurídico inicial que evalúa la causa real de la reestructuración, el volumen de afectados, la estructura de representación colectiva en la empresa y las obligaciones derivadas del convenio colectivo aplicable. A partir de ese diagnóstico, diseñamos el procedimiento completo.
En los procesos de despido colectivo, coordinamos la elaboración de la documentación preceptiva, la apertura y gestión del período de consultas y la comunicación a la autoridad laboral. Asesoramos la negociación con los representantes de los trabajadores y, cuando el acuerdo no es posible, preparamos la defensa ante los juzgados de lo social o ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
En las extinciones objetivas individuales, revisamos la acreditación de la causa, redactamos la comunicación escrita y gestionamos el preaviso. Cuando la extinción es impugnada, colaboramos con abogados colegiados y procuradores para la defensa en el procedimiento judicial.
Para los procesos que afectan a directivos de alta dirección, combinamos el análisis laboral con la perspectiva societaria y mercantil, ya que la salida de un directivo frecuentemente implica modificaciones en los pactos de socios, en las estructuras de retribución variable y en los compromisos de permanencia.
Cuando la reestructuración se produce en el contexto de una operación corporativa – fusión, adquisición, desinversión o escisión de unidades de negocio – coordinamos con el equipo de Derecho societario y operaciones para garantizar la coherencia entre la estructura transaccional y las obligaciones laborales derivadas, en particular las relacionadas con la subrogación empresarial y la transmisión de empresa.
Puede encontrar más información sobre nuestro enfoque integral en materia laboral en nuestra área de Laboral y movilidad internacional, donde detallamos los distintos servicios que prestamos en este ámbito.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los errores que con mayor frecuencia incrementan el coste final de una reestructuración son los siguientes.
Confundir el umbral del despido colectivo con la extinci ón objetiva individual. Una empresa que extingue contratos superando los umbrales del ERE sin abrir el período de consultas incurre en nulidad colectiva, con independencia de la indemnización abonada.
Documentar la causa de forma insuficiente o tardía. La documentación debe estar completa antes de iniciar el procedimiento, no durante ni después. Los juzgados de lo social no admiten justificaciones sobrevenidas que no estuvieran presentes en el momento de la extinción.
Ignorar los derechos de información de la representación legal de los trabajadores. La falta de información previa o la entrega incompleta de documentación al comité de empresa o a los delegados de personal es uno de los defectos formales más frecuentes y más explotados en los procedimientos de impugnación colectiva.
No verificar la existencia y el contenido del convenio colectivo aplicable. Muchos convenios sectoriales o de empresa establecen condiciones más favorables que las legales en materia de preaviso, indemnización o prelación en los criterios de selección de los afectados. Su incumplimiento genera responsabilidad adicional.
Descuidar las obligaciones en materia de plan de igualdad durante la reestructuración. La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de despidos colectivos en empresas que incumplían sus obligaciones de negociación o aplicación del plan de igualdad. Esta cuestión, que puede parecer ajena al núcleo del proceso, puede tener consecuencias determinantes.
Para una perspectiva aplicada al entorno tecnológico y de innovación, puede consultar nuestro dosier sobre tecnología, laboral y movilidad, donde analizamos cómo estas dinámicas afectan a empresas de base tecnológica.
Antes de iniciar cualquier proceso de reestructuración de plantilla, la dirección debe verificar los siguientes elementos:
Las reestructuraciones de plantilla se producen frecuentemente en el contexto de operaciones corporativas más amplias. Nuestros equipos de Derecho societario y operaciones y de Reestructuración e insolvencia trabajan de forma coordinada con el equipo laboral cuando la reorganización de la plantilla forma parte de una fusión, adquisición, segregación de unidades o proceso concursal. Si la reestructuración afecta a trabajadores desplazados de o hacia España, el equipo de movilidad internacional garantiza el tratamiento correcto de las obligaciones fiscales y de seguridad social en cada jurisdicción, incluyendo la eventual aplicación del régimen especial de planes de igualdad y su intersección con los procesos de reestructuración en sectores regulados.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.