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Derecho societario y operaciones (M&A)

Gobierno corporativo: asesoramiento a empresas

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

Una empresa que crece sin una estructura de gobierno corporativa sólida no está simplemente dejando cosas para más tarde. Está acumulando un pasivo invisible que solo se hace visible en el peor momento posible: cuando llega un inversor, cuando hay que disolver una sociedad, o cuando los socios dejan de estar de acuerdo. En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, ese momento nunca llega con aviso previo.

En breve: El gobierno corporativo comprende el conjunto de normas, órganos y procedimientos que determinan cómo se toman las decisiones en una sociedad, quién controla qué y bajo qué condiciones puede modificarse esa distribución de poder. La legislación societaria española, articulada fundamentalmente en torno a la Ley de Sociedades de Capital, impone un marco mínimo de obligaciones a cualquier sociedad de capital. El pacto de socios y la diligencia debida (due diligence) son los instrumentos que convierten ese marco mínimo en una arquitectura que protege de verdad a quien la diseña con antelación.

Qué exige el marco legal a la empresa y por qué importa más de lo que parece

La Ley de Sociedades de Capital establece una estructura básica de gobierno para todas las sociedades de capital: junta general y órgano de administración. Sobre esa estructura mínima, la normativa societaria deja un margen de configuración amplio. Pero ese margen no se llena solo.

¿Por qué importa eso en la práctica? Porque las lagunas estatutarias se rellenan con las reglas legales por defecto, y esas reglas no siempre favorecen los intereses de los socios concretos de una compañía concreta. El riesgo no es teórico.

En nuestra práctica hemos observado con frecuencia que muchas sociedades operan durante años con estatutos estándar, sin una regulación específica del órgano de administración ni de los derechos de los socios minoritarios, y sin un pacto de socios que contemple los escenarios de salida o de entrada de nuevos accionistas. Cuando llega una operación de compraventa de empresa o la entrada de un socio financiero, la ausencia de esa regulación se traduce en meses de negociación adicional y, en los peores casos, en el bloqueo de la transacción.

Las obligaciones legales de mínimos en materia de gobierno corporativo incluyen, entre otras, la convocatoria y celebración de la junta general dentro de los seis primeros meses del ejercicio, la formulación de las cuentas anuales en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio, y el depósito de esas cuentas en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación. El incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias registrales y reputacionales que pueden complicar, o directamente impedir, el cierre de una operación de M&A.

Existe además un conjunto de decisiones que la junta general no puede delegar en el órgano de administración. La distinción entre materias reservadas a la junta y materias atribuibles al administrador o consejo es uno de los puntos de mayor litigiosidad en la práctica de los juzgados de lo mercantil, y una fuente constante de conflictos societarios que se podrían haber evitado con una redacción estatutaria precisa.

El órgano de administración: diseño, competencias y responsabilidad

La elección de la forma del órgano de administración es una de las primeras decisiones de gobierno corporativo que toma cualquier empresa. No es una decisión neutral. Un administrador único concentra poder y agiliza la gestión, pero expone a la sociedad y a su persona a un nivel de responsabilidad que conviene valorar con cuidado. Un consejo de administración distribuye la carga, introduce mecanismos de control interno y facilita la incorporación de consejeros independientes, pero exige procedimientos más formalizados.

La responsabilidad de los administradores sociales es otro eje central del gobierno corporativo. La legislación societaria establece deberes de diligencia y lealtad cuyo incumplimiento puede derivar en responsabilidad personal del administrador frente a la sociedad, frente a los socios y frente a terceros. El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que el deber de lealtad tiene un contenido exigible de forma autónoma e independiente del deber de diligencia, lo que amplía el ámbito de la responsabilidad potencial.

Asesoramos con regularidad a empresas que se preguntan qué modelo de administración les conviene a medida que crecen. No hay una respuesta universal, pero sí hay criterios claros: tamaño de la sociedad, número de socios, presencia de inversores externos, sector regulado o no regulado, y horizonte de salida previsto. Sobre esa base se diseña el modelo más adecuado.

¿Por qué los estatutos estándar no bastan para regular la relación entre socios?

Esta es la creencia errónea más frecuente que encontramos. Y también la más costosa cuando se demuestra que era falsa.

Los estatutos sociales son el documento público que regula la sociedad frente a terceros y frente al Registro Mercantil. Recogen el objeto social, el capital, el órgano de administración, las reglas básicas de la junta. Lo que no pueden hacer, por razones de oponibilidad registral y de confidencialidad legítima, es regular todo lo que interesa realmente a los socios: los mecanismos de toma de decisiones estratégicas, los derechos preferentes en las transmisiones, las cláusulas de arrastre y de acompañamiento, las restricciones de competencia, los compromisos de inversión o las condiciones de salida.

Para todo eso está el pacto de socios. Un instrumento privado, oponible entre las partes firmantes, que complementa los estatutos y cubre los escenarios que la ley deja a la libertad contractual. El pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación: ese es el dato que cualquier socio que vende, compra o da entrada a un inversor necesita tener claro antes de firmar nada.

Un pacto de socios bien redactado contempla, como mínimo: las reglas de gobierno y de adopción de decisiones reservadas; los derechos de información reforzados de los socios minoritarios; los mecanismos de transmisión de participaciones (derechos de tanteo y retracto, drag-along, tag-along); las cláusulas de bloqueo y de resolución de conflictos; y las condiciones de salida en supuestos de desacuerdo o de incumplimiento.

La ausencia de un pacto de socios no significa que no haya reglas. Significa que las reglas las pone la ley, sin tener en cuenta la situación específica de sus socios.

Decisiones y plazos críticos que la dirección debe gestionar

El gobierno corporativo no es solo una cuestión de diseño inicial. Es también una tarea de gestión continua. Hay plazos que se repiten cada ejercicio y que, si se incumplen, generan consecuencias registrales, fiscales y reputacionales.

El ciclo anual de gobierno corporativo de cualquier sociedad de capital incluye, al menos, los siguientes hitos:

  • Formulación de las cuentas anuales por el órgano de administración en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.
  • Convocatoria y celebración de la junta general ordinaria dentro de los primeros seis meses del ejercicio para aprobar las cuentas del ejercicio anterior.
  • Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación.
  • Evaluación de la situación patrimonial de la sociedad: si el patrimonio neto cae por debajo de la mitad del capital social, la normativa societaria obliga a adoptar medidas. El incumplimiento puede comprometer la responsabilidad de los administradores.
  • Revisión del cumplimiento de las obligaciones de comunicación con los socios y de documentación de los acuerdos del órgano de administración.

A estos hitos anuales se suman los que dependen de las circunstancias de cada empresa: modificaciones estatutarias, ampliaciones o reducciones de capital, cambios en el órgano de administración, operaciones de M&A o reestructuración, y entrada o salida de socios.

La acción para impugnar acuerdos sociales caduca, con carácter general, en el plazo de un año desde su adopción. Este plazo es breve en términos prácticos y exige que cualquier socio que discrepe de un acuerdo adopte una posición rápida y asesorada.

¿Qué pasa cuando la dirección no tiene estos plazos interiorizados? Que los descubre cuando ya ha vencido el plazo para reaccionar, o cuando el auditor o el comprador en una due diligence lo pone sobre la mesa.

La diligencia debida en operaciones societarias: qué se revisa y por qué

Toda operación de compraventa de empresa o entrada de inversor pasa por una diligencia debida (due diligence) societaria. Su objeto es verificar que la estructura de gobierno de la compañía objetivo es la que el vendedor presenta, que los órganos están correctamente constituidos, que los acuerdos adoptados son válidos, y que no hay contingencias societarias ocultas que puedan afectar al precio o a la ejecución de la operación.

En nuestra experiencia, los hallazgos más frecuentes en una due diligence societaria son: estatutos que no han sido adaptados a las sucesivas reformas de la Ley de Sociedades de Capital; acuerdos del órgano de administración adoptados sin cumplir los requisitos formales; transmisiones de participaciones realizadas sin respetar los derechos de tanteo previstos en los estatutos; y pactos de socios que no han sido actualizados tras la entrada de nuevos socios o el cambio de la estructura accionarial.

Cada uno de esos hallazgos tiene un impacto directo en la valoración y en la estructura del acuerdo. Un ajuste de precio, una retención en la cuenta de garantía, o una representación y garantía (rep & warranty) adicional son consecuencias habituales. En casos extremos, la due diligence revela contingencias que hacen inviable la operación en los términos planteados.

El comprador que descubre estas contingencias en la due diligence está en posición de negociación. El vendedor que las conoce de antemano está en posición de remediarlas o de precio.

¿Cómo reduce el asesoramiento temprano el coste y el riesgo?

La pregunta que más nos hacen no es cuánto cuesta asesorarse en gobierno corporativo. La pregunta real es: ¿cuánto cuesta no haberlo hecho cuando era el momento?

Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios. En todos los casos, los procesos que avanzan con mayor fluidez son aquellos en los que el vendedor o el socio que da entrada a un inversor llega con su casa en orden: estatutos actualizados, pacto de socios vigente y ajustado a la realidad accionarial, cuentas depositadas, actas del órgano de administración al día, y ninguna contingencia societaria relevante sin resolver.

El asesoramiento previo a una operación tiene un coste. El asesoramiento durante una operación, cuando ya hay un comprador al otro lado de la mesa y un plazo de cierre, tiene un coste significativamente mayor y, sobre todo, tiene un coste de oportunidad que puede ser irreversible: una operación que no se cierra por contingencias societarias subsanables es una oportunidad que se pierde.

Más allá de las operaciones, el asesoramiento continuado en gobierno corporativo tiene un valor preventivo que se materializa en tres dimensiones. Primera: la reducción del riesgo de responsabilidad de los administradores, que se gestiona con una política clara de delegación de facultades y de documentación de decisiones. Segunda: la prevención de conflictos entre socios, que se gestiona con un pacto de socios completo y actualizado. Tercera: la agilidad en la toma de decisiones estratégicas, que se gestiona con un órgano de administración bien diseñado y con competencias claras.

En nuestra práctica hemos observado que las empresas que trabajan el gobierno corporativo de forma continua – no solo cuando lo exige una operación concreta – reducen de manera apreciable el tiempo y el coste que dedican a resolver conflictos internos y a corregir contingencias detectadas en el peor momento.

Estructura de holding y reorganización de grupos: el gobierno corporativo a escala

A medida que una empresa crece, el gobierno corporativo se complejiza. La constitución de una sociedad holding, la reorganización de grupos de empresas o la creación de filiales en distintas jurisdicciones introduce nuevas capas de gobierno que deben diseñarse con coherencia.

Una estructura de holding bien diseñada permite separar los activos operativos del patrimonio de los socios, facilita la planificación fiscal del grupo, y simplifica los procesos de entrada y salida de inversores en cada línea de negocio. Pero esas ventajas solo se materializan si el gobierno corporativo de cada entidad del grupo está correctamente articulado: si las relaciones intragrupo están documentadas, si los flujos entre sociedades tienen soporte contractual, y si los órganos de administración de cada entidad funcionan con autonomía formal suficiente.

La Ley de Sociedades de Capital contempla reglas específicas para los grupos de sociedades que conviene tener en cuenta al diseñar la estructura. La normativa tributaria del Impuesto sobre Sociedades, por su parte, regula el régimen de consolidación fiscal de grupos y los precios de transferencia entre entidades vinculadas. Coordinar ambas dimensiones – societaria y fiscal – desde el inicio es más eficiente que corregirlas a posteriori.

Para una visión completa de la reorganización de grupos de empresas y los criterios de diseño estructural que aplicamos, puede consultar nuestro análisis en reorganización de grupos de empresas.

Cómo trabajamos el gobierno corporativo en Velarde & Vidal

El primer paso en cualquier encargo de gobierno corporativo es el diagnóstico. Revisamos la documentación societaria existente – estatutos, pactos de socios, libros de actas, últimas cuentas depositadas – y elaboramos un mapa de contingencias y de oportunidades de mejora. Ese diagnóstico marca la hoja de ruta.

A partir del diagnóstico, el trabajo puede tomar dos formas. En operaciones con plazo definido – una entrada de inversor, una compraventa de empresa, una ampliación de capital – trabajamos dentro del calendario de la operación, priorizando los puntos que tienen impacto directo en el precio y en las condiciones de cierre. En encargos de asesoramiento continuado, trabajamos de forma proactiva: anticipamos los hitos del calendario societario, asesoramos en las decisiones del órgano de administración que tienen implicaciones de gobierno, y actualizamos los documentos corporativos cuando cambia la situación accionarial o estratégica de la compañía.

El abogado societario que acompaña a una empresa en su gobierno corporativo no es solo el que redacta los documentos. Es el que conoce la historia accionarial de la compañía, las tensiones entre socios que conviene gestionar antes de que escalen, y las implicaciones societarias de cada decisión estratégica de la dirección. Ese conocimiento acumulado es el que hace que el asesoramiento en una operación de M&A sea verdaderamente eficaz.

Desde nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A), prestamos este servicio a empresas en todas las etapas de su desarrollo: desde la constitución de la sociedad hasta la preparación de una operación de salida.

Checklist de gobierno corporativo: señales de que su empresa necesita una revisión

A modo de referencia práctica, estas son las situaciones que en nuestra experiencia señalan con mayor frecuencia la necesidad de revisar el gobierno corporativo de una empresa:

  • Los estatutos no han sido actualizados desde la constitución de la sociedad o desde la última reforma significativa de la Ley de Sociedades de Capital.
  • No existe un pacto de socios, o el existente no contempla la estructura accionarial actual.
  • Las cuentas anuales no están depositadas en el Registro Mercantil dentro de los plazos legales.
  • No hay actas actualizadas del órgano de administración para las decisiones adoptadas en los últimos ejercicios.
  • Se ha producido una transmisión de participaciones sin respetar los procedimientos estatutarios previstos.
  • La empresa está en conversaciones con un inversor o con un potencial comprador y no ha realizado una revisión previa de su documentación societaria.
  • Hay una situación de conflicto latente entre socios sin un mecanismo previsto para su resolución.
  • La sociedad forma parte de un grupo o tiene filiales cuya estructura de gobierno no ha sido revisada de forma coordinada.
  • El patrimonio neto de la sociedad ha experimentado variaciones significativas que no han sido evaluadas desde la perspectiva de las obligaciones de la normativa societaria.

Si su empresa presenta alguna de estas situaciones, el momento de actuar es antes de que llegue una operación o un conflicto que haga urgente lo que siempre fue importante.

Servicios relacionados

El gobierno corporativo no opera en aislamiento. Las decisiones de estructura societaria tienen consecuencias directas en la planificación fiscal del grupo y en la gestión de la propiedad intelectual de la compañía. Coordinamos estas dimensiones desde un enfoque integrado para evitar que la optimización en un área genere contingencias en otra.

Para profundizar en los aspectos específicos que su situación plantea, puede también consultar nuestras preguntas frecuentes sobre gobierno corporativo, donde abordamos las dudas más habituales de los directivos y socios con los que trabajamos.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica gobierno corporativo para una empresa?
El gobierno corporativo comprende el conjunto de reglas, órganos y procedimientos que determinan cómo se toman las decisiones en una sociedad y cómo se distribuye el poder entre socios, administradores y otros grupos de interés. Para una empresa española, implica desde el diseño del órgano de administración y la redacción de los estatutos hasta la regulación del pacto de socios, los mecanismos de transmisión de participaciones y el cumplimiento del calendario societario anual. Un gobierno corporativo bien diseñado reduce el riesgo de conflictos internos, facilita la entrada de inversores y hace más ágil cualquier operación de compraventa de empresa.
¿Qué plazos y costes conlleva gobierno corporativo?
Los plazos más relevantes del ciclo anual de gobierno corporativo son: formulación de cuentas anuales en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, celebración de la junta general ordinaria dentro de los primeros seis meses del ejercicio, y depósito de cuentas en el Registro Mercantil en el mes siguiente a su aprobación. El incumplimiento de estos plazos genera consecuencias registrales que pueden dificultar operaciones corporativas. En cuanto a los costes, varían según la complejidad de la estructura societaria y los encargos concretos; conviene verificar la situación con asesores especializados antes de que exista un plazo o una operación que lo haga urgente.
¿Qué riesgos hay que evitar en gobierno corporativo?
Los riesgos más frecuentes son: operar con estatutos estándar sin pacto de socios que regule las relaciones accionariales; no documentar correctamente los acuerdos del órgano de administración; incumplir los plazos de formulación, aprobación y depósito de cuentas; realizar transmisiones de participaciones sin respetar los derechos de tanteo previstos en los estatutos; y no actualizar la documentación societaria cuando cambia la estructura accionarial. Todos estos riesgos tienen en común que se materializan con mayor intensidad en el peor momento: cuando hay una operación en curso o un conflicto entre socios que resolver.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en gobierno corporativo?
El asesoramiento en gobierno corporativo es más eficiente cuanto antes se contrata. La situación ideal es contar con él desde la constitución de la sociedad o en el momento en que la empresa alcanza un tamaño o una complejidad accionarial que justifica una estructura más elaborada. En la práctica, los momentos que activan con mayor frecuencia la necesidad de asesoramiento son: la entrada de un socio financiero o inversor, la preparación de una operación de compraventa de empresa, la reorganización de un grupo, o la aparición de un conflicto entre socios. En todos esos casos, haber trabajado el gobierno corporativo con antelación mejora significativamente la posición negociadora y el resultado final.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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