El sector energético y de energías renovables en España atraviesa un ciclo de inversión y transformación regulatoria sin precedentes. Con él llegan contratos complejos, socios con intereses divergentes y, con una frecuencia que no debería sorprender a nadie, litigios mercantiles que se extienden durante años. Cuando una empresa promotora de un parque eólico o una instalación fotovoltaica se ve inmersa en una disputa con un socio industrial, un contratista EPC o un comprador de energía, la pregunta que el consejo de administración debería hacerse no es «¿ganaremos?». La pregunta correcta es: «¿cuánto nos cuesta cada mes que esto siga abierto?»
La energía renovable en España opera en un entorno normativo estratificado. Existe legislación sectorial específica que regula la retribución de las instalaciones de generación, las condiciones de acceso y conexión a la red y el régimen de autorizaciones administrativas. Sobre ese sustrato se superpone la normativa mercantil general y, en operaciones con presencia internacional, el Derecho de la Unión Europea y los tratados bilaterales de inversión.
Esta complejidad normativa es, precisamente, el caldo de cultivo de los litigios más costosos. Hemos observado en nuestra práctica que los conflictos surgen en tres momentos recurrentes del ciclo de vida de un activo renovable.
El primero es la fase de construcción y puesta en marcha. Los contratos de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC, del inglés engineering, procurement and construction) son instrumentos de riesgo compartido con plazos críticos vinculados a la obtención de hitos administrativos. Cuando un promotor no obtiene la autorización en plazo o el contratista incumple el calendario, la discusión sobre quién asume el sobrecoste puede derivar en un litigio de cuantía elevada.
El segundo momento crítico es la fase de operación. Los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA, del inglés power purchase agreement) fijan precios y volúmenes durante horizontes de diez a veinte años. Una revisión unilateral de precios, una interrupción del suministro o una modificación de las condiciones de red puede generar una reclamación entre empresas que los juzgados de lo mercantil tardarán años en resolver si no se articula correctamente desde el primer momento.
El tercero es la desinversión. Las operaciones de compraventa de activos renovables –plantas en operación o proyectos en desarrollo– generan con frecuencia reclamaciones postcierre vinculadas a declaraciones y garantías. La diligencia debida (due diligence) previa a la transacción reduce el riesgo, pero no lo elimina. Cuando la disputa aflora tras el cierre, el activo ya ha cambiado de manos y la negociación sobre responsabilidades puede paralizar los planes del nuevo propietario.
Tres factores hacen que los litigios energéticos sean estructuralmente más largos y más caros que la media.
En primer lugar, la cuantía. Los activos renovables tienen un valor de decenas o cientos de millones de euros. La cuantía en disputa condiciona el tribunal competente, los plazos procesales y la intensidad probatoria. Un litigio de cuantía elevada en los juzgados de lo mercantil pasa necesariamente por pericias técnicas, pruebas documentales voluminosas y, con frecuencia, varios recursos. La Audiencia Provincial y, en cuestiones de Derecho, el Tribunal Supremo pueden alargar el procedimiento hasta horizontes que ningún director financiero debería ignorar al valorar si litigar o negociar.
En segundo lugar, la prueba pericial técnica. A diferencia de una reclamación comercial ordinaria, un litigio sobre el rendimiento de un parque fotovoltaico o sobre el cumplimiento de un contrato EPC requiere peritos especializados en ingeniería energética, valoración de activos o modelización de ingresos regulados. Esta necesidad de prueba técnica compleja incrementa el coste del proceso y alarga los plazos de instrucción.
En tercer lugar, la dimensión regulatoria. Cuando el conflicto tiene un componente de modificación regulatoria –un cambio en el régimen retributivo que afecta al valor del activo–, el debate jurídico puede extenderse a la esfera contencioso-administrativa y, en el caso de inversores extranjeros, al arbitraje internacional de inversiones. La concurrencia de vías paralelas multiplica los costes y exige una coordinación estratégica que pocas empresas tienen interiorizada.
El error más frecuente que detectamos al asesorar a empresas del sector es subestimar el coste total de un litigio mercantil. Los honorarios de representación legal son visibles y se presupuestan. El resto, generalmente, no.
El coste de oportunidad sobre el activo bloqueado es el primero en pasar inadvertido. Un parque eólico cuya venta queda suspendida por una disputa entre socios pierde valor de mercado mientras el conflicto sigue abierto. La ventana para vender a un precio óptimo puede cerrarse en el tiempo que tarda en resolverse una medida cautelar o en dictarse sentencia de primera instancia.
El impacto en la financiación es el segundo coste oculto. Los bancos y los fondos de deuda que financian activos renovables vigilan los eventos de litigio como indicadores de riesgo. Una disputa activa sobre la titularidad de un activo o sobre el cumplimiento de un contrato EPC puede activar cláusulas de revisión de covenants o elevar el coste del refinanciamiento. En un sector donde el apalancamiento es consustancial al modelo de negocio, este efecto puede ser determinante.
El tercer coste es el deterioro de la reputación operativa. El sector renovable en España es estrecho. Los promotores, los fondos de infraestructuras, los operadores de red y los grandes contratistas se conocen y se relacionan en un mercado que, a pesar del volumen de inversión, concentra a sus actores principales. Un litigio prolongado con un socio o un contratista tiene consecuencias sobre futuras relaciones comerciales que no aparecen en ningún balance pero que cualquier directivo con experiencia reconocerá.
El cuarto coste es el tiempo directivo. Un litigio mercantil de cuantía relevante exige la dedicación de tiempo de la alta dirección: reuniones con los abogados, revisión de documentación, deposiciones, declaraciones ante el juzgado. Este tiempo tiene un coste de oportunidad real que pocas empresas cuantifican.
Esta es, en nuestra experiencia, la decisión más relevante que una empresa del sector energético puede tomar cuando surge un conflicto. Y es, paradójicamente, la que más a menudo se toma tarde o sin suficiente reflexión.
Los juzgados de lo mercantil ofrecen una ventaja estructural: son el cauce natural para procedimientos de alta cuantía con pluralidad de partes, tienen acceso a medidas cautelares en plazos procesales conocidos y la ejecución de sentencia sigue un régimen procesal consolidado. Su inconveniente es la duración. El volumen de trabajo de los juzgados de lo mercantil en las principales plazas españolas hace que los plazos reales –desde la demanda hasta la sentencia firme, tras los recursos– puedan extenderse considerablemente en función de la complejidad del asunto.
El arbitraje institucional –canalizado a través del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) u otras instituciones de referencia– ofrece un procedimiento con plazos pactados, árbitros especializados en el sector y mayor confidencialidad. Estas ventajas tienen un precio: los costes institucionales y los honorarios de los árbitros son superiores a los del proceso judicial ordinario, y la complejidad del procedimiento de ejecución en caso de resistencia al laudo puede ser un factor a considerar. Conviene recordar que la acción de anulación del laudo tiene un plazo de dos meses desde su notificación, lo que da cierta certeza sobre la firmeza del resultado.
¿Cómo decidir? La elección depende de tres variables: (a) si el contrato incluye cláusula compromisoria; (b) la relación entre las partes y la voluntad de preservar la confidencialidad; y (c) la estrategia de cobro o de ejecución que se proyecte. Una empresa que anticipa que deberá ejecutar una sentencia contra activos en múltiples jurisdicciones tiene razones para preferir el arbitraje y el reconocimiento del laudo por el Convenio de Nueva York de 1958. Una empresa que necesita urgentemente una medida cautelar sobre un activo en España puede encontrar más ágil la vía judicial.
En cualquier caso, la decisión sobre el foro no es indiferente y no debería adoptarse sin un análisis previo de las dos vías. Esta es una de las áreas en las que el asesoramiento jurídico temprano tiene el mayor retorno sobre la inversión.
Si hay un elemento que distingue a las empresas que gestionan bien un litigio de las que lo soportan pasivamente, ese elemento es el uso estratégico de las medidas cautelares.
Una medida cautelar bien diseñada puede impedir que el demandado disponga de los activos sobre los que se va a reclamar, suspender una decisión societaria que perjudica al demandante o garantizar el cobro de un crédito futuro mientras el proceso se desarrolla. En el sector energético, donde los activos tienen un valor elevado y una dimensión financiera que puede cambiar rápidamente, el embargo preventivo de participaciones sociales o de derechos de cobro puede ser determinante para el resultado final.
La legislación procesal española permite solicitar medidas cautelares con carácter urgente, incluso sin audiencia previa de la parte contraria en los supuestos en que la notificación previa podría frustrar su eficacia. El juez valora el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (peligro en la demora). Preparar correctamente estos presupuestos exige trabajo previo: documentación acreditativa del crédito o del derecho, valoración del activo sobre el que recaerá la medida y análisis de la caución que el solicitante deberá prestar.
En nuestra práctica, hemos observado que muchas empresas del sector llegan a la primera consulta con una situación de hecho ya deteriorada: el activo ha sido transmitido, la sociedad ha sido vaciada de contenido o el contratista ha iniciado un procedimiento concursal. En esos casos, el margen de actuación se reduce drásticamente. El momento óptimo para evaluar las medidas cautelares es el mismo en que el conflicto se detecta, no cuando ya ha escalado.
Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante precisamente en esa fase temprana, con resultados que habrían sido distintos si la intervención se hubiera producido meses después.
El período comprendido entre la detección del conflicto y el momento en que se formula la demanda o se abre el procedimiento de arbitraje es el más valioso del proceso. Es el tiempo en que la empresa tiene mayor capacidad de influir en el resultado.
La dirección debe gestionar, al menos, las siguientes decisiones en ese período:
La Ley de Enjuiciamiento Civil y la legislación mercantil fijan plazos y requisitos formales para cada uno de estos pasos. El plazo para impugnar el despido en el ámbito laboral es de veinte días hábiles, pero en el ámbito mercantil, los plazos varían según el instrumento: la acción para impugnar acuerdos sociales, por ejemplo, caduca en el plazo de un año como regla general. La caducidad no se interrumpe ni se suspende, y su desconocimiento ha costado a más de una empresa la posibilidad de reclamar.
La tesis central de este análisis es simple: el coste de un litigio mercantil en el sector energético no viene determinado solo por su complejidad o su duración. Viene determinado, en gran medida, por el momento en que la empresa decide actuar con una estrategia definida.
Las empresas que nos llaman cuando el conflicto es todavía una discrepancia contractual tienen más opciones que las que nos llaman cuando ya existe una demanda en su contra o cuando el activo sobre el que quieren reclamar ha desaparecido. Esta no es una afirmación de principio; es el reflejo de una realidad procesal: las opciones estratégicas se reducen a medida que el tiempo avanza y los plazos procesales expiran.
El asesoramiento temprano permite, en concreto, tres cosas que el asesoramiento tardío no puede ofrecer.
Primera: la elección informada del foro. Si el conflicto no ha escalado todavía, la empresa puede evaluar si conviene iniciar un procedimiento arbitral o si es preferible la vía judicial, teniendo en cuenta el contrato y las circunstancias de las partes. Una vez interpuesta la demanda en el foro equivocado, el margen de corrección es limitado y costoso.
Segunda: el uso preventivo de las medidas cautelares. La medida cautelar solicitada antes de que el demandado tenga conocimiento del conflicto tiene una eficacia muy superior a la solicitada cuando ya ha tenido tiempo de reorganizar sus activos.
Tercera: la gestión de la prueba. La documentación se preserva, se organiza y se orienta a la estrategia procesal desde el inicio, en lugar de reconstruirse a posteriori con los fragmentos que quedan.
Hay un dato que merece atención en este contexto. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de lo mercantil en España han registrado un incremento sostenido en el número de asuntos ingresados en los últimos ejercicios, lo que presiona al alza los plazos de resolución. Este dato estructural refuerza la importancia de diseñar desde el inicio una estrategia que contemple la posibilidad de alcanzar una solución extrajudicial, sin renunciar a la posición procesal fuerte que da el haber preparado correctamente la demanda.
El sector de energías renovables en España concentra actores sofisticados: fondos de infraestructuras, grupos industriales con divisiones de energía, promotores especializados y empresas de utilities de escala europea. Sin embargo, incluso en ese entorno, se repiten patrones de gestión deficiente de los litigios que tienen un coste evitable.
El primero es la demora en la toma de decisiones. Los conflictos en proyectos conjuntos raramente explotan de un día para otro. Tienen un período de gestación durante el cual las señales de alarma son visibles pero la dirección prefiere esperar. Cada semana de espera tiene un coste: los plazos procesales corren, los activos pueden transmitirse y la documentación puede desaparecer.
El segundo error es confundir la negociación con la inacción procesal. Es perfectamente compatible negociar un acuerdo extrajudicial y, al mismo tiempo, solicitar medidas cautelares o preparar una demanda. De hecho, la existencia de una demanda bien fundada o de una medida cautelar activa suele ser el incentivo más eficaz para que la parte contraria negocie seriamente.
El tercer error es infravalorar el impacto del litigio en la financiación del proyecto. Cuando una empresa obtiene deuda sobre un activo renovable en litigio, los bancos exigen información sobre el estado del procedimiento y pueden activar cláusulas de revisión de covenants. Las empresas que no gestionan la comunicación con sus financiadores durante el litigio se encuentran, en ocasiones, ante un problema de refinanciación que no tenían en el horizonte cuando iniciaron el procedimiento.
El cuarto error es elegir el foro sin análisis. En nuestra experiencia asesorando a empresas de este sector, hemos visto contratos EPC con cláusulas de arbitraje que las partes ignoraron y reclamaron judicialmente, y contratos sin cláusula arbitral en los que una de las partes intentó someter el conflicto a arbitraje sin el acuerdo de la otra. Ambos errores generan dilaciones y costes adicionales. La lectura cuidadosa del contrato antes de formular cualquier reclamación es, quizás, el consejo más sencillo y más frecuentemente ignorado.
El quinto error es no planificar la ejecución de la sentencia desde el inicio. El proceso no termina con la sentencia o el laudo. Termina cuando el crédito se ha cobrado. Las empresas que obtienen una sentencia favorable y no tienen una estrategia de ejecución preparada pueden enfrentarse a un demandado que ha tenido tiempo de reorganizar sus activos durante los años que ha durado el proceso.
Una parte significativa de los activos renovables en España está en manos de inversores extranjeros o de vehículos con socios internacionales. En estos casos, el litigio mercantil puede tener una dimensión adicional que trasciende la vía judicial interna.
Los tratados bilaterales de inversión y el Tratado de la Carta de la Energía han sido el fundamento de reclamaciones de arbitraje internacional de inversiones por parte de inversores que entendían que las reformas regulatorias del régimen retributivo vulneraban sus expectativas legítimas. Esta materia es objeto de un debate jurídico y político en curso en el ámbito de la Unión Europea, y su tratamiento requiere coordinación entre la estrategia de litigación mercantil interna y la posición que el inversor pueda adoptar en el plano internacional.
Cuando el asunto tiene esta dimensión transfronteriza, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para garantizar una estrategia coherente. La descoordinación entre la vía interna y la vía arbitral internacional ha dado lugar, en casos que hemos analizado, a posiciones contradictorias que han debilitado la posición del reclamante en ambos foros.
El reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros en España se rige por el Convenio de Nueva York de 1958, que España tiene suscrito y que permite el reconocimiento y ejecución de laudos en términos relativamente ágiles cuando se cumplen los requisitos procesales. Esta vía es relevante para grupos internacionales que obtienen un laudo en un arbitraje internacional y necesitan ejecutarlo sobre activos situados en territorio español.
Obtener una sentencia favorable en primera instancia, ver cómo se confirma en apelación y luego descubrir que el deudor carece de activos ejecutables es uno de los resultados más frustrantes –y evitables– en la gestión de un litigio mercantil.
La ejecución de sentencia es una fase procesal autónoma que exige su propia estrategia. Implica identificar y localizar los activos del deudor, elegir el instrumento de ejecución más adecuado –embargo de cuentas bancarias, traba sobre participaciones sociales, ejecución sobre inmuebles– y gestionar los incidentes de oposición a la ejecución que la parte contraria puede plantear para ganar tiempo.
En el sector energético, los activos ejecutables suelen ser participaciones en sociedades de proyecto (special purpose vehicles), derechos de cobro sobre contratos PPA o sobre subvenciones regulatorias, y bienes inmuebles vinculados a las instalaciones. La identificación de estos activos requiere trabajo previo que, en nuestra práctica, comenzamos en la fase de análisis inicial del caso, no cuando ya se ha obtenido la sentencia.
Una empresa que anticipa la fase de ejecución desde el inicio del procedimiento tiene una ventaja significativa. Puede solicitar medidas cautelares sobre activos concretos antes de que el demandado los transfiera. Puede estructurar su estrategia procesal para obtener una sentencia ejecutable en el menor plazo posible. Y puede preparar la documentación que la ejecución requerirá sin las prisas que genera un plazo procesal imprevisto.
La complejidad de un litigio en el sector de energías renovables frecuentemente presenta dimensiones que trascienden la disputa en sí. La estructura societaria del vehículo de inversión, los pactos entre socios y la planificación fiscal del proyecto son elementos que pueden determinar tanto la estrategia procesal como el resultado financiero de una reclamación. En nuestra práctica de litigación y arbitraje abordamos estas dimensiones de forma integrada, coordinando con los equipos de societario y fiscal cuando el asunto lo requiere.
Para empresas que evalúan si la vía negociada es preferible al litigio en un conflicto concreto, puede ser de utilidad nuestro análisis sobre el acuerdo transaccional como instrumento de resolución de conflictos, que examina los criterios de decisión entre negociación y litigación desde la perspectiva de la empresa. Asimismo, para compañías que operen en entornos regulados y necesiten comprender la gestión de riesgos en operaciones financieras, nuestra guía sobre preparación jurídica en fintech y servicios financieros ofrece un marco metodológico aplicable a cualquier sector regulado.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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