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Derecho societario y operaciones (M&A)

Energía y renovables: SL frente a SA: qué forma conviene a una empresa que crece: análisis para empresas

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

El sector energético español atraviesa un momento de transformación estructural. La aceleración del despliegue de energía fotovoltaica, eólica y de almacenamiento ha generado una oleada de nuevas sociedades, vehículos de proyecto y operaciones de fusión y adquisición que no tiene precedentes recientes en España. En ese contexto, la elección entre sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima no es un trámite administrativo: es una decisión estratégica que condiciona el acceso a capital, la gobernanza y la viabilidad de cualquier operación corporativa futura.

En breve: La sociedad de responsabilidad limitada (SL) y la sociedad anónima (SA) son las dos formas de capital más utilizadas en el sector energético español. La elección entre ambas depende del modelo de negocio, del perfil inversor y de la hoja de ruta de crecimiento de la empresa. La legislación societaria establece diferencias sustanciales en materia de capital, transmisibilidad de participaciones y acceso a los mercados de capitales que deben evaluarse antes de constituir el vehículo o de acometer cualquier operación de M&A.

El marco societario aplicable al sector energético: qué exige la legislación a la empresa

La Ley de Sociedades de Capital regula tanto la SL como la SA con diferencias que, en el contexto de la energía y los renovables, adquieren una relevancia práctica inmediata. El sector opera a través de estructuras diversas: promotoras de parques, vehículos de proyecto (SPV), plataformas de agregación de activos y sociedades holding que agrupan varias instalaciones.

En cuanto al capital inicial, la normativa societaria vigente fija para la SA un capital mínimo de 60.000 euros, con desembolso de al menos el veinticinco por ciento en el momento de la constitución. La SL, tras la reforma introducida por la Ley Crea y Crece de 2022, puede constituirse con capital mínimo de un euro, si bien la normativa establece la obligación de dotar reservas hasta alcanzar los 3.000 euros antes de repartir dividendos.

Esta diferencia es relevante para las empresas que inician el ciclo promotor con recursos propios limitados, que suelen optar por la SL. Sin embargo, cuando el proyecto alcanza una determinada escala o requiere entrada de capital institucional, la SA ofrece ventajas estructurales que la SL dificulta.

En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector energético, la elección del tipo social en el momento fundacional condiciona el coste de cualquier operación de reestructuración posterior. Cambiar de SL a SA en pleno proceso de financiación conlleva costes notariales, registrales y de diligencia debida que pueden haberse evitado con una planificación anticipada adecuada.

La gobernanza también diverge. La SA permite una estructura de consejo de administración más flexible para incorporar inversores institucionales con distintos derechos de voto. La SL, en cambio, opera con restricciones legales a la libre transmisibilidad de participaciones, lo que puede representar una ventaja en fases tempranas de un proyecto familiar o de un emprendimiento entre pocos promotores, pero convierte en complejo el proceso de entrada y salida de capital en rondas sucesivas.

¿Por qué la estructura societaria determina el acceso a financiación en el sector renovable?

El sector de las energías renovables es intensivo en capital. Un parque solar de mediana escala requiere compromisos de inversión que rara vez puede asumir un único promotor con recursos propios. Esto convierte la capacidad de estructurar instrumentos de financiación en un factor crítico de competitividad.

La SA permite emitir acciones de distintas clases, incluidas acciones sin voto o con voto múltiple en determinadas condiciones. Permite también emitir obligaciones convertibles y otros valores negociables. Estos instrumentos son habituales en los paquetes de financiación de proyectos renovables en los que el capital institucional entra como financiador subordinado con derechos de conversión o de preferencia.

La SL, por el contrario, no puede emitir valores negociables en sentido técnico. Sus participaciones no son acciones y no son libremente transmisibles sin los condicionantes que establece la normativa societaria. Esto no impide su uso en proyectos de inversión, pero obliga a articular los mecanismos de entrada y salida de socios a través del pacto de socios, que debe ser minuciosamente redactado para cubrir los supuestos que la ley no regula de forma supletoria.

¿Qué ocurre cuando un fondo de infraestructuras o una empresa de capital riesgo especializada en renovables evalúa la inversión en una SL de proyecto? La diligencia debida (due diligence) societaria detectará las limitaciones estructurales del vehículo y, con frecuencia, condicionará la operación a la transformación previa de la SL en SA o a la articulación de garantías contractuales específicas que suplan la rigidez del tipo social.

En nuestra práctica hemos observado cómo operaciones de adquisición de activos renovables se han demorado o encarecido significativamente porque el vendedor no había anticipado estas exigencias. El coste de oportunidad puede ser considerable en un mercado donde los precios de los activos y las condiciones de financiación varían con rapidez.

El pacto de socios en proyectos de energía: qué cubre y qué deja sin cubrir la estructura estatutaria estándar

Existe una creencia arraigada entre los promotores de proyectos energéticos que los estatutos sociales bastán para regular la relación entre socios. Es una creencia errónea y, en ocasiones, muy costosa.

Los estatutos fijan el marco legal básico del funcionamiento de la sociedad: el objeto social, el capital, los órganos de gobierno y las reglas generales de transmisión de participaciones o acciones. Pero no contemplan – ni pueden contemplar con la flexibilidad necesaria – los escenarios de conflicto, los mecanismos de salida, los derechos de los socios minoritarios ni la distribución del control en supuestos de empate.

El pacto de socios cubre lo que los estatutos no pueden o no deben contener. En el sector energético, los pactos habituales en proyectos conjuntos (joint ventures de promoción, plataformas de agregación, acuerdos de coinversión) suelen incluir cláusulas sobre derechos de tanteo y retracto en la transmisión de participaciones, derechos de arrastre (drag-along) y de acompañamiento (tag-along), mecanismos de resolución de bloqueos en el órgano de gobierno, compromisos de financiación adicional y distribución de dividendos vinculada al estado del proyecto.

El pacto de socios es, en suma, el documento que establece quién controla la sociedad y a qué precio se cierra cualquier operación futura. Sin él, los socios quedan expuestos a la legislación supletoria, que no siempre responde a sus intereses reales.

En las operaciones de M&A en el sector renovable, el adquirente analiza con detalle el pacto de socios existente antes de formular ninguna oferta. Un pacto mal redactado, incompleto o desactualizado puede convertirse en un obstáculo relevante para cerrar la operación o en un factor que reduzca el precio de adquisición.

¿Qué decisiones y plazos críticos debe gestionar la dirección en el ciclo de vida de un proyecto renovable?

El ciclo de vida societario de un proyecto de energía renovable pasa, en la mayoría de los casos, por varias fases que generan obligaciones y decisiones formales de carácter corporativo.

La primera fase es la constitución del vehículo. En este momento se elige el tipo social, se fija el capital inicial y se redactan los estatutos. Si el proyecto cuenta desde el inicio con socios institucionales, conviene constituir directamente una SA o, alternativamente, una SL con un pacto de socios que anticipe la transformación futura. La decisión debe tomar en cuenta el plazo estimado para alcanzar la autorización administrativa del proyecto y el acceso a la financiación de construcción.

La segunda fase es la entrada de capital exterior. Puede materializarse mediante una ampliación de capital, la venta de participaciones existentes o la incorporación de un socio industrial o financiero. En todos los casos, la operación requiere una diligencia debida previa, la negociación de un acuerdo de confidencialidad (NDA), la elaboración de una hoja de términos (term sheet) y, finalmente, el contrato de compraventa o de suscripción.

La tercera fase es la explotación del activo. Durante esta etapa, las obligaciones societarias de la empresa incluyen la formulación de cuentas anuales en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio, la aprobación por la junta general dentro de los primeros seis meses del ejercicio y el depósito en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación. El incumplimiento de estos plazos puede generar sanciones registrales y, en el contexto de una operación de venta, debilita la posición negociadora del vendedor.

La cuarta fase es la desinversión o el refinanciamiento. En este momento, la estructura societaria elegida en origen condiciona directamente las opciones disponibles: una SA ofrece mayor flexibilidad para articular una venta parcial, una salida a mercado secundario de infraestructuras o un proceso de refinanciación con nuevos inversores. Una SL exige más trabajo contractual para alcanzar el mismo resultado.

La sociedad holding en el sector energético: cuándo y cómo se utiliza

Una de las estructuras más habituales en proyectos de mediana y gran escala en el sector renovable es la sociedad holding. El promotor o el grupo inversor constituye una sociedad cabecera que es titular de las participaciones o acciones de los vehículos de proyecto (SPV), cada uno de los cuales es titular de un activo concreto – un parque solar, un parque eólico, una instalación de almacenamiento.

Esta arquitectura ofrece ventajas fiscales y operativas relevantes. En el ámbito fiscal, la normativa del Impuesto sobre Sociedades regula el denominado régimen de exención sobre dividendos y plusvalías derivados de participaciones significativas, lo que permite repatriar rentas entre sociedades del grupo con una carga fiscal reducida o nula, sujeto al cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente.

En el ámbito operativo, la holding permite aislar el riesgo de cada proyecto en su propia sociedad, lo que facilita la financiación sin recurso (project finance) y simplifica la desinversión parcial: vender la SPV de un activo concreto sin afectar al resto del portafolio.

La elección del tipo social para la holding – SL o SA – replica el debate señalado anteriormente, pero a un nivel superior. Si la holding está llamada a ser el vehículo de salida a un mercado secundario o de captación de capital de fondos de infraestructuras, la SA es el tipo social que ofrece mayor alineamiento con las expectativas del inversor institucional. Si la holding es un vehículo familiar de control y no está prevista ninguna apertura externa del capital en el corto plazo, la SL puede ser suficiente.

Conviene que esta decisión se tome con un asesoramiento societario y fiscal integrado. La estructura de la holding afecta a la tributación de los dividendos, a las obligaciones de consolidación contable y a la normativa de control de inversiones extranjeras que puede ser aplicable cuando el capital provenga de países no pertenecientes a la Unión Europea.

¿Qué riesgos societarios son propios del sector de energía y renovables?

El sector energético presenta riesgos societarios específicos que no siempre se contemplan en las estructuras estándar.

El primero es el riesgo regulatorio. El marco de apoyo a las energías renovables en España ha experimentado cambios significativos en los últimos años. La modificación del régimen retributivo puede alterar de forma sustancial la valoración de los activos y, con ello, los mecanismos de precio y ajuste previstos en los pactos de socios o en los contratos de compraventa. Cualquier cláusula de ajuste de precio o de representaciones y garantías en una operación de M&A debe contemplar explícitamente el riesgo regulatorio.

El segundo riesgo es la concentración de autorizaciones administrativas en la SPV. La licencia de producción de energía eléctrica, el acceso y conexión a la red y los permisos urbanísticos son derechos vinculados a la persona jurídica titular. Una transmisión de activos que no respete las restricciones de transmisibilidad o que requiera comunicación o autorización administrativa puede generar nulidad o la pérdida de los permisos.

El tercer riesgo es el de la impugnación de acuerdos sociales. En proyectos de coinversión entre varios promotores, las tensiones entre socios son frecuentes, especialmente en fases de dificultad financiera o de cambio de condiciones de mercado. La normativa societaria establece que la acción para impugnar acuerdos sociales caduca en el plazo de un año como regla general. El incumplimiento de los procedimientos de convocatoria o de adopción de acuerdos puede dar lugar a impugnaciones que paralicen la gestión del activo en momentos críticos.

El cuarto riesgo es el de la transmisión no autorizada. En la SL, la transmisión de participaciones a terceros ajenos a la sociedad está sujeta a restricciones legales que pueden impedir o demorar una operación de venta. Si el pacto de socios no ha regulado adecuadamente los supuestos de transmisión forzosa (por herencia, por ejecución judicial) o de transmisión a filiales del mismo grupo, la empresa puede verse en una situación de bloqueo societario en el momento más inoportuno.

Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y la pauta es recurrente: los problemas societarios más costosos son los que se habrían podido evitar con una planificación previa adecuada del vehículo y de los mecanismos de gobernanza.

La diligencia debida societaria en operaciones de compraventa de activos renovables

Cuando una empresa del sector energético es objeto de una operación de adquisición – ya sea la compra de sus participaciones o acciones, ya sea la compra de los activos del proyecto – el adquirente realiza un proceso de diligencia debida que abarca la esfera societaria, fiscal, administrativa, técnica y financiera del activo.

La diligencia debida (due diligence) societaria analiza, entre otros aspectos: la validez de la constitución del vehículo y la regularidad de los acuerdos adoptados a lo largo de su vida, la existencia de cargas o gravámenes sobre las participaciones, el contenido del pacto de socios y sus efectos sobre la operación, las obligaciones de información y consentimiento que deben cumplirse antes del cierre, y el historial de depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Un registro mercantil con cuentas sin depositar, acuerdos adoptados con vicios formales o un pacto de socios con cláusulas de preferencia no satisfechas puede dar lugar a que el adquirente renegocie a la baja el precio o exija retenciones del precio de compraventa hasta que se subsanen los defectos detectados.

La due diligence también examina el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de la legislación laboral en relación con los trabajadores de la empresa o del proyecto, así como las posibles contingencias fiscales que puedan afectar al valor de la operación.

En nuestra práctica, la preparación anticipada del vendedor para un proceso de venta – lo que en el mercado anglosajón se denomina vendor due diligence – permite acortar los plazos de cierre, reducir las contingencias identificadas por el adquirente y mejorar la posición negociadora en la discusión de representaciones y garantías.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo en la elección del tipo social

La tesis central de este análisis es la siguiente: en el sector de la energía y los renovables, el coste del asesoramiento societario temprano es sistemáticamente inferior al coste de corregir una estructura inadecuada una vez que el proyecto está en marcha o en proceso de desinversión.

¿Por qué? Porque la elección del tipo social y la redacción del pacto de socios determinan el perímetro de todas las operaciones futuras. Un promotor que constituye una SL para un proyecto fotovoltaico sin prever la entrada de un fondo de infraestructuras deberá, llegado ese momento, afrontar una transformación de tipo social, la modificación del pacto de socios y, en muchos casos, la renegociación de las condiciones de la financiación bancaria. Este proceso tiene un coste que puede haberse evitado casi en su totalidad.

El asesoramiento en la fase constitutiva incluye la selección del tipo social adecuado al perfil del proyecto y del inversor, la redacción de los estatutos con cláusulas específicas para el sector energético, la elaboración del pacto de socios que regule los escenarios de desarrollo, dificultad y desinversión del proyecto, y la planificación de la estructura holding si el promotor prevé gestionar varios activos de forma simultánea.

El asesoramiento en operaciones de M&A incluye la coordinación del proceso de due diligence, la negociación de la hoja de términos (term sheet), la redacción y negociación del contrato de compraventa, la articulación de las declaraciones y garantías, y el seguimiento del cierre y del período post-cierre. En operaciones transfronterizas, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para cubrir los aspectos de Derecho aplicable extranjero que puedan afectar a la estructura o a la tributación de la operación.

La práctica del sector nos enseña que las empresas que crecen con una estructura societaria bien diseñada desde el origen acceden con mayor facilidad a la financiación institucional, cierran sus operaciones de M&A en plazos más cortos y con menor fricción negociadora, y gestionan con menos conflictos internos las tensiones inherentes a cualquier proyecto de larga duración.

Checklist de decisión: SL o SA para una empresa de energía en crecimiento

El siguiente esquema de decisión resume los criterios principales que, en nuestra experiencia, son determinantes para la elección del tipo social en el sector energético. No constituye una recomendación específica para ningún caso concreto: cada situación requiere un análisis individualizado.

  • Fase del proyecto: si el proyecto está en fase de promoción temprana con pocos socios y sin inversores institucionales previstos a corto plazo, la SL suele ser suficiente. Si el proyecto tiene horizonte de entrada de capital institucional en los próximos dos años, conviene valorar la SA desde el inicio o planificar la transformación.
  • Perfil inversor: los fondos de capital riesgo e infraestructuras y los inversores institucionales extranjeros operan con mayor comodidad en estructuras de SA por la mayor flexibilidad en la emisión de valores y en los mecanismos de salida. Los inversores industriales o los family offices son más indiferentes al tipo social si el pacto de socios está bien articulado.
  • Financiación del proyecto: si el proyecto requiere financiación bancaria con garantía sobre las participaciones de la SPV (prenda sobre participaciones), la SL es viable pero requiere cláusulas específicas en el pacto de socios y en los contratos de financiación. La SA ofrece mayor estandarización en la pignoración de acciones.
  • Número de activos y estructura de portafolio: si el promotor gestiona o prevé gestionar varios activos, la estructura de holding con SPV individuales es la más eficiente desde el punto de vista operativo y fiscal. El tipo social de la holding y de las SPV debe decidirse de forma coordinada.
  • Horizonte de desinversión: si el promotor prevé una desinversión total o parcial en un horizonte determinado, la SA ofrece mayor flexibilidad para articular el proceso de venta, incluyendo la posibilidad de salida a mercados secundarios especializados en activos de infraestructuras.
  • Gobernanza y control: si el control del proyecto debe residir en uno o pocos socios con certeza, la SL ofrece mecanismos más sencillos para garantizar esa concentración sin los requisitos formales de la SA. Si, por el contrario, la gobernanza debe permitir la entrada de consejeros independientes o la representación de inversores con distintos niveles de derechos, la SA es más adecuada.

Este análisis no agota todos los factores relevantes. La normativa fiscal, las implicaciones del régimen de inversiones extranjeras directas y las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos también condicionan la decisión. Un asesoramiento integrado societario y fiscal es, en este sector, la única forma de garantizar que la estructura elegida sea la más eficiente para el proyecto concreto.

Servicios relacionados

La elección del tipo social y la planificación de la estructura de un proyecto energético son materias estrechamente vinculadas al Derecho societario y las operaciones de M&A, un área en la que Velarde & Vidal presta asesoramiento integral a empresas en crecimiento. Si su empresa opera también en el sector turístico o de hostelería, puede consultar nuestro análisis equivalente para el sector de turismo y hostelería, donde abordamos los mismos ejes de decisión desde la perspectiva de ese sector. Para aquellas empresas que afrontan o prevén una operación de compraventa, el análisis de la compraventa de empresa en un caso práctico ilustra el proceso con el detalle que exige esta clase de operaciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica SL frente a SA: qué forma conviene a una empresa que crece para una empresa?
La elección entre SL y SA determina el modelo de gobernanza, los mecanismos de transmisión del capital y el acceso a instrumentos de financiación institucional. En el sector de la energía y los renovables, donde las operaciones de M&A, los proyectos de coinversión y el project finance son habituales, esta decisión condiciona directamente la capacidad de la empresa para crecer, captar inversores y articular su eventual desinversión de forma eficiente. No existe una respuesta universal: la forma adecuada depende del perfil del proyecto, del inversor y del horizonte temporal de la empresa.
¿Qué plazos y costes conlleva SL frente a SA: qué forma conviene a una empresa que crece?
Los plazos y costes asociados a la elección del tipo social se concentran fundamentalmente en la fase constitutiva y en las operaciones societarias posteriores. La transformación de una SL en SA, cuando se acomete en plena operación de financiación o de venta, puede prolongar los plazos y generar costes adicionales que habrían podido evitarse. Las obligaciones de formulación, aprobación y depósito de cuentas anuales son comunes a ambos tipos sociales, con plazos que conviene verificar con la normativa societaria vigente para evitar sanciones registrales que perjudiquen la posición de la empresa en cualquier proceso de due diligence.
¿Qué riesgos hay que evitar en SL frente a SA: qué forma conviene a una empresa que crece?
Los riesgos más frecuentes en la elección y gestión del tipo social en el sector energético incluyen: la constitución de un vehículo inadecuado para el perfil inversor previsto, la ausencia de un pacto de socios que regule los escenarios de conflicto y desinversión, los defectos formales en la adopción de acuerdos societarios que pueden dar lugar a impugnaciones, y la transmisión de participaciones sin respetar los derechos de preferencia establecidos en los estatutos o en el pacto. Cada uno de estos riesgos puede convertirse en un obstáculo relevante o en una contingencia económica significativa en el momento de una operación de M&A.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en SL frente a SA: qué forma conviene a una empresa que crece?
El momento óptimo para contar con asesoramiento societario es antes de constituir el vehículo y antes de iniciar cualquier negociación con inversores o adquirentes potenciales. La anticipación permite diseñar la estructura adecuada al perfil del proyecto, redactar un pacto de socios que cubra los escenarios relevantes y preparar la empresa para cualquier proceso de due diligence con el menor número posible de contingencias. En nuestra experiencia, el asesoramiento temprano reduce de forma significativa el coste total de las operaciones societarias y de M&A en el ciclo de vida del proyecto.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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