El ecosistema de startups y de inversión de capital riesgo (venture capital) en España ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Ese dinamismo convive con una realidad que pocas mesas de inversión quieren anticipar: cuando el flujo de caja falla y los acreedores no son homogéneos, el instrumento que puede salvar la empresa es también el que genera mayor tensión entre los socios. El arrastre de acreedores disidentes – la posibilidad de extender los efectos de un plan de reestructuración a quienes votaron en contra – es hoy la palanca más poderosa del Derecho concursal español para preservar el valor del negocio. Usarla bien, o ignorarla, puede marcar la diferencia entre la continuidad y la liquidación.
Las startups y las empresas participadas por fondos de capital riesgo tienen una estructura de acreedores que difiere notablemente de la de una empresa industrial convencional. Coexisten, en el mismo pasivo, préstamos participativos de los propios socios, líneas de crédito bancarias con condiciones negociadas, notas convertibles suscritas por inversores ángel o family offices y, en ocasiones, bonos emitidos a través de plataformas de financiación participativa.
Esa diversidad es, al mismo tiempo, una fortaleza y un factor de riesgo. Cuando la empresa entra en dificultades, los intereses de cada categoría de acreedor divergen de forma radical. El fondo de venture capital que tiene derechos de liquidación preferente querrá recuperar su inversión antes que ningún otro. El banco con garantía real defenderá su colateral. El acreedor operativo – un proveedor de servicios tecnológicos, un arrendador – querrá mantener la relación comercial pero también cobrar.
En ese contexto, lograr que el cien por cien de los acreedores acepte voluntariamente un plan de reestructuración es, en la práctica, un objetivo casi nunca alcanzable. Ahí es donde el mecanismo de arrastre adquiere todo su valor operativo.
La reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobada en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introdujo en el Derecho español un régimen preconcursal de planes de reestructuración con efectos vinculantes para los disidentes. Es una modificación estructural, no cosmética. Antes de esa reforma, el instrumento equivalente – el acuerdo de refinanciación homologable – tenía un alcance más limitado y no permitía arrastrar a todas las clases de acreedores con la misma intensidad.
El mecanismo funciona, a grandes rasgos, del siguiente modo. La empresa que negocia un plan de reestructuración agrupa a sus acreedores en clases homogéneas según la naturaleza de su crédito y el orden de prelación que les correspondería en una hipotética liquidación. Si una mayoría cualificada de acreedores dentro de una clase apoya el plan, esa clase se considera aprobatoria. Si el número de clases aprobatorias supera el umbral que establece la normativa, el plan puede solicitarse al juzgado de lo mercantil competente para que lo homologue con efectos vinculantes frente a todas las clases, incluyendo las disidentes.
Este esquema introduce una exigencia que con frecuencia se subestima en los primeros estadios de una negociación: la formación correcta de las clases de acreedores no es un mero trámite procedimental. Es la decisión estratégica central de todo el proceso. Una clasificación incorrecta puede invalidar el plan o dar a los disidentes argumentos de impugnación sólidos ante el juzgado.
La empresa no necesita estar en situación de insolvencia actual para acceder a los instrumentos preconcursales. La Ley Concursal permite activar la comunicación de negociaciones – lo que habitualmente se denomina preconcurso – cuando la empresa prevé que no podrá cumplir regularmente sus obligaciones en los próximos meses. En nuestra experiencia asesorando a startups en fases de contracción de caja, este umbral se alcanza mucho antes de lo que los equipos directivos suelen reconocer internamente.
Una vez presentada la comunicación ante el juzgado de lo mercantil, la empresa obtiene una protección temporal frente a las ejecuciones individuales de los acreedores que se hayan adherido o que queden afectados por la negociación. Esa protección no es indefinida, y los plazos que fija la legislación son estrictos. Superarlos sin haber alcanzado un acuerdo ni presentado el plan al juzgado cierra la vía preconcursal y obliga a la empresa a solicitar el concurso de acreedores.
Para los inversores de venture capital, este calendario tiene una implicación directa: las rondas de ampliación de capital que no se concretan a tiempo, las negociaciones de bridge financing que se dilatan y los procesos de due diligence de nuevos inversores que se eternizan pueden consumir el margen temporal disponible sin que la dirección lo perciba como tal.
En nuestra práctica hemos identificado tres momentos de decisión en los que el error tiene consecuencias especialmente difíciles de revertir.
El deber de solicitar el concurso de acreedores surge, conforme a la legislación concursal vigente, dentro de los dos meses desde que el deudor conoció o debió conocer su insolvencia. Si ese plazo transcurre sin actuación, el administrador de la sociedad queda expuesto a la calificación del concurso como culpable y a la eventual responsabilidad personal por las deudas sociales.
En el ecosistema de startups, la dirección tiende a confundir la capacidad de atraer inversión adicional con la ausencia de insolvencia. No son la misma cosa. Una empresa puede estar técnicamente insolvente – incapaz de atender sus obligaciones con su flujo de caja operativo – aunque esté en conversaciones avanzadas con un nuevo fondo. La asesoría jurídica temprana permite trazar esa línea con precisión y evitar que el administrador incurra en responsabilidad por inacción.
La clasificación de los acreedores afectados por el plan no puede hacerse de forma oportunista, eligiendo las agrupaciones que maximizan matemáticamente la probabilidad de aprobación. La jurisprudencia de los juzgados de lo mercantil ha ido construyendo criterios sobre qué hace a una clase homogénea y qué constituye una agrupación artificial. Los disidentes –los acreedores que votarán en contra– identificarán cualquier irregularidad en la clasificación y la utilizarán como motivo de impugnación.
En estructuras de venture capital, la cuestión se complica porque los préstamos participativos de los socios pueden tener, según la normativa aplicable, una naturaleza jurídica próxima a los fondos propios. Incluirlos o excluirlos de las clases de acreedores afectados, y en qué posición de prelación, requiere un análisis específico.
El arrastre no puede utilizarse de forma ilimitada. La normativa exige que el acreedor disidente no quede en una posición peor que la que le correspondería en una liquidación ordenada de la empresa. Es lo que en la técnica jurídica se denomina el test del mejor interés del acreedor. Si el disidente puede demostrar ante el juzgado que el plan le perjudica más que la alternativa liquidatoria, la homologación puede ser denegada o condicionada.
Preparar ese test con rigor exige disponer de una valoración actualizada y defendible del negocio y de sus activos en escenario de liquidación. En startups con activos principalmente intangibles –software, base de clientes, propiedad intelectual, contratos en vigor– la valoración es compleja y los márgenes de discrepancia entre partes, amplios. El plan de reestructuración debe ir acompañado de una valoración que soporte el test frente a los disidentes.
El AUDIENCE_PAIN en estas situaciones es preciso y tiene nombre: el administrador que detecta la insolvencia, la gestiona mal o, simplemente, no actúa a tiempo, asume un riesgo personal que no desaparece aunque la empresa sea finalmente reestructurada o liquidada.
La legislación concursal establece que en caso de calificación del concurso como culpable, los administradores pueden ser condenados a cubrir el déficit concursal con su patrimonio personal. Esa es la consecuencia extrema. Pero incluso antes de llegar a esa situación, la inacción genera responsabilidad por deudas contraídas con posterioridad al momento en que debió solicitarse el concurso.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los administradores de startups suelen desconocer que esta responsabilidad existe y que el umbral de activación es más bajo de lo que intuitivamente se percibe. El optimismo razonable que caracteriza a los equipos fundadores – y que es, por otro lado, un activo necesario para captar inversión – puede convertirse en un factor de riesgo jurídico si no está acompañado de un análisis legal periódico del estado patrimonial de la empresa.
Si quiere entender cómo le afecta este marco de responsabilidades, escríbanos a info@velardevidal.com.
Existe en el ecosistema de startups – y también entre algunos inversores de venture capital menos familiarizados con el Derecho español – la creencia de que la apertura de un concurso de acreedores equivale al cierre de la empresa. Es un mito que tiene consecuencias prácticas muy negativas: lleva a los equipos directivos a retrasar la acción hasta que el margen de maniobra se ha agotado por completo.
La realidad es otra. Los instrumentos preconcursales disponibles en el Derecho español actual – y, cuando esos instrumentos no son suficientes, el propio concurso voluntario – permiten mantener la actividad, proteger los activos estratégicos y alcanzar acuerdos con los acreedores desde una posición jurídicamente ordenada. El procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023, ha simplificado además el acceso para empresas de menor dimensión.
La transmisión de una unidad productiva dentro de un concurso es también una vía que permite preservar el negocio y el empleo cuando la reestructuración del pasivo no es viable. En esos procesos, la celeridad en la identificación del adquirente y en la formulación de la oferta resulta determinante.
Para una visión completa del marco de reestructuración e insolvencia en España, puede consultar el área de práctica de Reestructuración e insolvencia de Velarde & Vidal.
La pregunta que con más frecuencia recibimos en esta materia no es "¿qué es el arrastre de disidentes?" sino "¿cuándo debimos haber llamado a un abogado concursal?". La respuesta invariable es: antes.
El valor del asesoramiento jurídico en situaciones de dificultad financiera no reside únicamente en la ejecución técnica del plan. Reside, sobre todo, en tres aportaciones previas: el diagnóstico temprano del riesgo de insolvencia, la identificación de los instrumentos disponibles en cada fase y el diseño de una estrategia de negociación con los acreedores que maximice las posibilidades de acuerdo antes de necesitar el arrastre.
El arrastre de disidentes es un instrumento de último recurso dentro de la vía preconcursal. Si la negociación previa ha sido bien conducida, el número de acreedores que vota en contra se reduce, la clasificación en clases resulta menos controvertida y el riesgo de impugnación disminuye de forma apreciable. En nuestra práctica, hemos observado que los planes de reestructuración que se preparan con al menos tres o cuatro meses de antelación antes del agotamiento de la liquidez tienen una tasa de homologación judicial significativamente mayor que los que se presentan en situación de emergencia.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios. La conclusión recurrente es que el coste jurídico de actuar tarde multiplica al coste de haber actuado a tiempo.
Los fondos de capital riesgo que participan en la estructura de capital de una startup tienen, en principio, la condición de socios, no de acreedores. Sin embargo, es frecuente que parte de su inversión adopte la forma de deuda – préstamos participativos, notas convertibles, instrumentos de deuda subordinada – lo que los convierte simultáneamente en socios y en acreedores de la misma sociedad.
Esa doble condición genera conflictos de interés que deben gestionarse con cuidado en el proceso de elaboración del plan. Un fondo que tiene, al mismo tiempo, un préstamo participativo y participaciones en el capital de la empresa puede tener un incentivo para votar el plan de una manera que proteja su posición como acreedor a expensas de los demás. La normativa concursal vigente tiene mecanismos para detectar y limitar ese tipo de comportamiento, pero su aplicación práctica exige un seguimiento jurídico activo.
La negociación del plan en estas estructuras se desarrolla, habitualmente, en paralelo a conversaciones sobre una nueva ronda de financiación o sobre la entrada de un inversor estratégico. La coordinación entre ambos procesos – el jurídico-concursal y el de corporate finance – es, en nuestra opinión, uno de los factores que más contribuye al éxito de la reestructuración.
La práctica de nuestra firma indica que las situaciones de dificultad financiera suelen presentar señales tempranas que los equipos directivos reconocen retrospectivamente, pero que en su momento no se trataron como desencadenantes de acción jurídica. Las más frecuentes en el ecosistema de startups son las siguientes:
La presencia de dos o más de estas señales de forma simultánea debe ser tratada como un detonante para obtener un análisis jurídico-concursal inmediato. No como una señal de alarma genérica, sino como un plazo que empieza a correr.
Puede profundizar en las implicaciones para los administradores sociales en nuestra guía sobre cómo evitar la calificación culpable del concurso.
Una proporción creciente de startups españolas tiene en su cap table inversores de fondos domiciliados en el extranjero – el Reino Unido, Luxemburgo, los Países Bajos, Israel o los Estados Unidos son jurisdicciones habituales – o ha emitido instrumentos de deuda regidos por ley extranjera. En esas estructuras, la aplicación del arrastre de disidentes plantea cuestiones adicionales de Derecho internacional privado.
La normativa española es clara en cuanto a la competencia de los juzgados de lo mercantil españoles para homologar planes que afectan a empresas con centro de intereses principales en España. Pero la ejecución de ese plan frente a acreedores con garantías sobre activos situados en otras jurisdicciones puede requerir actuaciones coordinadas en más de un sistema jurídico. Para esos supuestos, coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente.
El reconocimiento del plan de reestructuración homologado en España en otras jurisdicciones de la Unión Europea se rige por los reglamentos europeos aplicables en materia de insolvencia, lo que facilita su eficacia transfronteriza dentro del Espacio Europeo. Fuera de la Unión, el análisis debe hacerse caso a caso.
La reestructuración de pasivo en startups y empresas participadas por capital riesgo conecta de forma directa con otras prácticas que abordamos de forma integrada. El análisis de la responsabilidad de administradores y la planificación del proceso de calificación concursal son materias de práctica continua en nuestra firma. Igualmente, la transmisión de unidades productivas en procesos concursales plantea cuestiones societarias y fiscales que requieren coordinación entre las áreas de Derecho societario y tributario. Podemos acompañar a la empresa y a sus administradores en todas las fases del proceso, desde el diagnóstico hasta la ejecución del plan o la transmisión del negocio.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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