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Reestructuración e insolvencia

Startups y venture capital: la segunda oportunidad para el empresario: análisis para empresas

Por Beatriz Salazar, Socia · Reestructuración e insolvenciaActualizado:

El ecosistema de startups y capital riesgo en España ha madurado de forma notable en los últimos años. Con esa madurez han llegado también los primeros ciclos completos de tensión financiera: rondas que no cierran, quemas de caja que superan las previsiones y estructuras de deuda que no encuentran refinanciación. En ese contexto, el marco concursal y de reestructuración vigente en España ofrece instrumentos concretos que la dirección puede activar antes de que la situación sea irreversible. El problema, en nuestra experiencia, es que muchos fundadores y administradores desconocen esos instrumentos hasta que el margen de maniobra se ha reducido peligrosamente.

En breve: La legislación concursal española, reformada en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración, prevé mecanismos preconcursales y planes de reestructuración que permiten salvar la actividad de una empresa insolvente o en riesgo de insolvencia, siempre que la dirección actúe dentro de los plazos legales. Para las startups y las empresas respaldadas por capital riesgo, el deber de solicitar el concurso nace a los dos meses desde que se conoció o debió conocer la insolvencia, y el incumplimiento acarrea responsabilidad personal del administrador.

El mito más costoso del ecosistema emprendedor

Existe una creencia extendida entre fundadores: el concurso de acreedores equivale al cierre definitivo de la empresa. Esa creencia es errónea y puede resultar devastadora. Provoca que los administradores retrasen la solicitud, consuman los activos restantes en intentos de refinanciación no estructurados y lleguen al proceso formal sin ningún activo salvable.

La realidad es diferente. El concurso de acreedores es, antes que nada, un procedimiento de ordenación de la insolvencia. En muchos casos, su objetivo es precisamente la continuidad de la actividad: mediante un convenio con los acreedores, mediante la transmisión de una unidad productiva o mediante un plan de reestructuración aprobado antes de que el proceso formal se active. Los instrumentos preconcursales, en particular, permiten actuar sin que el procedimiento sea público desde el primer momento.

Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios. En todos los casos en que el resultado fue favorable para la continuidad del negocio, hubo un denominador común: la dirección solicitó asesoramiento jurídico especializado antes de agotar sus opciones, no después.

El marco aplicable: qué exige la normativa a la empresa en dificultad

La legislación concursal española, en su texto refundido reformado para transponer la Directiva de reestructuración de la Unión Europea, estructura el tratamiento de la insolvencia en varios niveles. Conocerlos con precisión es la primera obligación de cualquier director financiero o fundador que gestiona tensiones de caja.

El deber de solicitar el concurso

El administrador de una sociedad está obligado a solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer la situación de insolvencia. El incumplimiento de ese plazo no es una infracción menor. La normativa societaria y concursal establece consecuencias directas sobre el patrimonio personal del administrador: si el concurso se declara culpable por su actuación, puede quedar obligado a cubrir el déficit concursal con sus propios bienes.

En el contexto de las startups, ese riesgo es especialmente relevante. Los fundadores suelen ser simultáneamente accionistas y administradores. La confusión entre ambos roles lleva, con frecuencia, a tratar la deuda de la sociedad como deuda "propia" y a retrasar la solicitud formal del concurso en la creencia de que una nueva ronda de financiación lo resolverá todo.

Preconcurso e instrumentos de alerta temprana

La reforma de 2022 amplió y articuló el catálogo de instrumentos preconcursales. La comunicación al juzgado de negociaciones con acreedores otorga al deudor un período de protección frente a ejecuciones individuales. Durante ese período, la empresa puede negociar acuerdos de refinanciación o elaborar un plan de reestructuración sin la presión de embargos o ejecuciones en curso.

Para una startup financiada por capital riesgo, ese escudo temporal es de un valor incalculable. Permite sentar a inversores, entidades financieras y proveedores estratégicos en una misma mesa, con el amparo de un procedimiento que ordena las negociaciones y, eventualmente, permite arrastrar a acreedores disidentes si se cumplen los requisitos legales.

El plan de reestructuración

El plan de reestructuración es el instrumento estrella de la reforma. Permite modificar los créditos de los acreedores – quitas, esperas, conversión de deuda en capital – con el voto favorable de las clases de acreedores afectadas. Si alguna clase disiente, el juez puede homologar el plan bajo determinadas condiciones: el denominado mecanismo de arrastre o cross-class cram-down.

En estructuras de venture capital, donde los inversores suelen tener créditos con privilegios específicos y derechos de información avanzados, la construcción de las clases de acreedores y la estrategia de votación exigen un análisis jurídico detallado. Un error en esa fase puede convertir un plan viable en uno impugnable.

¿Qué decisiones y plazos críticos debe gestionar la dirección de una startup?

La gestión del tiempo es la variable más determinante en cualquier proceso de reestructuración. En nuestra práctica, la diferencia entre una empresa que salva su actividad y una que liquida sus activos reside, con frecuencia, en semanas.

El punto de no retorno

Existe un momento en la curva de insolvencia a partir del cual los instrumentos preconcursales dejan de ser viables: cuando los activos disponibles no alcanzan para sufragar los costes del proceso, cuando el pasivo contingente supera ampliamente el valor de la empresa o cuando la confianza de los inversores clave se ha roto de forma irreparable. Identificar ese punto con antelación es una función directamente ejecutiva.

Las señales de alerta que deben activar la consulta con un abogado concursal especializado incluyen: la imposibilidad de atender pagos corrientes con la tesorería ordinaria, la acumulación de deuda fiscal con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sin plan de pago, la presencia de proveedores estratégicos que amenazan con ejecutar garantías, y la negativa de los inversores actuales a participar en una ronda bridge sin condicionar severamente el capital de los fundadores.

La decisión de comunicar el preconcurso

Comunicar el inicio de negociaciones al juzgado es una decisión estratégica, no un acto administrativo. Tiene efectos inmediatos sobre los acreedores, sobre la imagen del deudor ante el mercado y sobre el reloj del deber de solicitar el concurso. Una comunicación prematura puede deteriorar relaciones comerciales aún recuperables. Una comunicación tardía puede resultar inútil si ya hay ejecuciones en curso que no pueden paralizarse.

La dirección de la empresa debe tomar esa decisión con información completa: inventario actualizado del pasivo, mapa de los acreedores con capacidad de bloqueo, valoración de la unidad productiva como negocio en funcionamiento y análisis de la viabilidad de un plan de reestructuración. Esa información tarda tiempo en obtenerse. Si no se inicia el proceso de recopilación con suficiente antelación, la decisión sobre el preconcurso se tomará bajo presión y con datos incompletos.

La transmisión de la unidad productiva

En el ecosistema emprendedor, la salida más frecuente de un proceso concursal no es el convenio sino la venta de la unidad productiva – el negocio operativo, la tecnología, el equipo – a un tercero a través del concurso. La normativa concursal prevé mecanismos específicos para esta operación, que pueden incluir la asunción del pasivo laboral por el adquirente y la extinción del pasivo no asumido frente al transmitente.

Para los inversores de capital riesgo, esta vía puede ser la que maximiza el valor recuperable. Pero exige una planificación cuidadosa: identificar el comprador antes de que el proceso formal genere incertidumbre irreversible, estructurar los activos de forma que sean transmisibles y coordinar la operación con los requisitos del procedimiento concursal. Un proceso mal gestionado puede ahuyentar a compradores que, en otras circunstancias, habrían pagado un precio razonable por el negocio.

¿Cómo afecta la estructura de capital riesgo al proceso concursal?

Las startups financiadas con capital riesgo presentan estructuras de pasivo atípicas respecto a una empresa industrial tradicional. Esa singularidad tiene consecuencias directas sobre el diseño de cualquier proceso de reestructuración.

Participaciones preferentes y deuda convertible

Los inversores de venture capital suelen formalizar su participación mediante acciones preferentes o mediante instrumentos de deuda convertible, como los préstamos participativos o los acuerdos de nota convertible. La calificación jurídica de esos instrumentos en el contexto concursal determina su posición en el orden de prelación de créditos y, por tanto, su capacidad de influir en el plan de reestructuración.

En nuestra experiencia, muchos contratos de inversión de venture capital en España no anticipan adecuadamente el escenario concursal. Los derechos de liquidación preferente, las cláusulas antidilución y los derechos de arrastre (drag-along) están diseñados para un escenario de venta voluntaria, no para uno de insolvencia supervisada judicialmente. Cuando la empresa llega al concurso, esas cláusulas pueden resultar inaplicables o generar conflictos entre inversores de diferentes rondas que ralentizan el proceso y destruyen valor.

El papel del fondo de capital riesgo como acreedor y como socio

En un proceso de reestructuración, el fondo inversor puede encontrarse en una posición dual: es acreedor por el préstamo convertible o la deuda subordinada y es simultáneamente socio por sus participaciones. Esa dualidad exige una estrategia cuidadosa: ¿participa como acreedor en el plan de reestructuración, aceptando una quita o una conversión a capital? ¿O se mantiene como socio y permite que la deuda con terceros se reestructure sin su concurso activo?

La respuesta depende del valor residual de la empresa, de la posición relativa del fondo en la estructura de capital y de las obligaciones fiduciarias del gestor del fondo frente a sus inversores. Son decisiones que requieren asesoramiento jurídico coordinado entre el área concursal y el área societaria.

Responsabilidad de administradores en el entorno startup

La figura del administrador ejecutivo en una startup – habitualmente el CEO o el CFO – concentra una responsabilidad jurídica que muchos fundadores no valoran adecuadamente hasta que el proceso concursal está en marcha. La normativa societaria impone al administrador el deber de actuar con la diligencia de un ordenado empresario y de anteponer el interés de los acreedores cuando la empresa se encuentra en la zona de insolvencia.

Ese deber implica no distribuir dividendos ni remuneraciones extraordinarias cuando hay indicios de insolvencia, no contraer nueva deuda con el conocimiento de que no podrá atenderse y no diferir artificialmente el reconocimiento de pérdidas que la contabilidad debería reflejar. El incumplimiento de esos deberes puede dar lugar a la calificación del concurso como culpable, con las consecuencias patrimoniales ya señaladas sobre el patrimonio personal del administrador.

El coste de la inacción: por qué actuar tarde multiplica el riesgo

En la práctica concursal, hay una ley no escrita que los profesionales del sector conocen bien: cada semana de retraso en activar el proceso reduce el valor recuperable para todos los interesados. No es una afirmación retórica. Tiene fundamentos concretos.

Primero, el deterioro de los activos corrientes. Una empresa en dificultad pierde clientes, contratos y personal clave antes de que el proceso formal comience. Cuando el administrador concursal asume la gestión o la intervención, puede encontrarse con una cartera de clientes erosionada y con un equipo técnico que ya ha aceptado ofertas de competidores.

Segundo, la acumulación de pasivo. Los intereses de demora, las penalizaciones contractuales y las deudas fiscales crecen mientras la empresa no actúa. Un pasivo que era manejable en enero puede ser inasumible en abril, no porque la empresa haya empeorado su operativa, sino porque el tiempo trabaja en su contra.

Tercero, la pérdida de opciones. Los planes de reestructuración, las comunicaciones preconcursales y las ventas de unidades productivas requieren un margen de tiempo mínimo para ejecutarse con éxito. Si la empresa llega al proceso sin liquidez suficiente para sufragar sus propios costes durante la reestructuración, las opciones se reducen dramáticamente a la liquidación.

¿Cuándo es demasiado tarde? No hay una respuesta universal, pero hay una señal inequívoca: cuando la empresa no tiene recursos para pagar el asesoramiento jurídico que necesita y cuando ningún inversor está dispuesto a financiar ese coste. En ese punto, el proceso concursal que podría haberse resuelto con un plan de reestructuración se convierte irremediablemente en una liquidación.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo

El asesoramiento jurídico en materia concursal no es un gasto defensivo. Es una inversión en la preservación del valor de la empresa y en la protección del patrimonio personal de los administradores. En nuestra práctica, los mandatos que se inician cuando la empresa aún tiene opciones reales producen resultados cualitativamente mejores que los que se inician en situación de emergencia.

El diagnóstico concursal temprano

El primer paso de cualquier proceso de asesoramiento en situación de dificultad financiera es el diagnóstico: una evaluación objetiva de la posición de la empresa frente a sus acreedores, del valor de sus activos, de la estructura de su pasivo y de los plazos que la normativa le impone. Ese diagnóstico no requiere que el proceso formal haya comenzado. Se puede – y se debe – realizar en cuanto aparecen las primeras señales de tensión.

Un diagnóstico temprano permite a la dirección tomar decisiones informadas: si existe viabilidad real para un plan de reestructuración, qué acreedores tienen capacidad de bloqueo, si la transmisión de la unidad productiva produciría un valor mayor que el convenio, y si hay riesgos de responsabilidad personal que deban abordarse de inmediato.

La construcción del plan de reestructuración

Un plan de reestructuración bien construido combina análisis jurídico y análisis financiero. Desde el punto de vista jurídico, exige determinar las clases de acreedores afectados, diseñar las modificaciones crediticias que se proponen (quitas, esperas, conversiones), anticipar los argumentos de impugnación que pueden plantear los acreedores disidentes y asegurarse de que el plan cumple los requisitos de homologación judicial.

Desde el punto de vista financiero, el plan debe demostrar que la empresa es viable con la nueva estructura de deuda y que los acreedores están en mejor posición con el plan que con la liquidación. Esa prueba, conocida en la práctica como el test del interés superior del acreedor, es el criterio central que el juez aplica para homologar un plan frente a una clase disidente.

Ambas dimensiones deben trabajarse de forma coordinada. Un plan jurídicamente impecable pero financieramente poco creíble no superará el escrutinio judicial. Un plan financieramente sólido pero con errores en la construcción de clases o en los requisitos de mayorías puede ser impugnado con éxito por acreedores que preferirían la liquidación.

La coordinación con los inversores de capital riesgo

En el contexto de las startups, el asesoramiento jurídico en reestructuración también incluye la coordinación con los fondos inversores. Los gestores de fondos de capital riesgo tienen obligaciones fiduciarias frente a sus inversores limitados que condicionan las decisiones que pueden tomar en un proceso de reestructuración. No siempre pueden aceptar conversiones de deuda en capital si eso implica dilución por encima de ciertos umbrales. No siempre pueden participar en financiación adicional si el fondo está en período de desinversión.

Conocer esas restricciones desde el inicio del proceso permite diseñar soluciones estructuralmente viables, en lugar de invertir semanas en negociar opciones que los inversores no pueden aceptar por razones ajenas a la voluntad de las partes.

El procedimiento especial para microempresas: una herramienta relevante para el ecosistema startup

La reforma concursal de 2022 introdujo un procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Este procedimiento simplificado está diseñado para empresas de reducida dimensión y permite tramitar la reestructuración o la liquidación con menores costes procesales y mayor agilidad.

Para muchas startups en fase inicial o en etapas de crecimiento temprano, este procedimiento puede ser el cauce más adecuado cuando la situación de insolvencia es ya irreversible. Permite, en particular, gestionar la exoneración del pasivo insatisfecho – el denominado régimen de segunda oportunidad – de forma más ágil que el procedimiento general.

Sin embargo, acceder al procedimiento de microempresas requiere cumplir determinados criterios de tamaño y de estructura del pasivo que conviene verificar con un abogado concursal antes de decidir la vía procesal. Una elección equivocada de procedimiento puede resultar en costes adicionales y en la necesidad de reconvertir el proceso, con la pérdida de tiempo consiguiente.

Si quiere entender cómo el marco concursal vigente afecta a su empresa o a su cartera de inversión, escríbanos a info@velardevidal.com.

¿Qué ocurre con el equipo y los contratos tras el inicio del concurso?

Una preocupación habitual de los fundadores es el impacto del proceso concursal sobre los contratos en curso y sobre el equipo. La incertidumbre sobre el empleo y la continuidad contractual puede destruir el valor del negocio antes de que el procedimiento concluya. Por eso, la gestión de la comunicación interna y externa durante un proceso de reestructuración es tan importante como la gestión jurídica.

Desde el punto de vista laboral, la legislación vigente prevé que los contratos de trabajo continúan durante el concurso salvo que el juez autorice modificaciones o extinciones colectivas conforme a la normativa laboral. El administrador concursal tiene la obligación de mantener la actividad siempre que sea posible y de informar a la representación de los trabajadores de las medidas que se adopten.

Desde el punto de vista contractual, muchos contratos comerciales incluyen cláusulas de resolución automática en caso de concurso del contratante. Su aplicación puede privar a la empresa de activos o ingresos esenciales. Identificar esas cláusulas antes de iniciar el proceso y valorar si alguna de ellas puede ser ineficaz conforme a la legislación concursal es una tarea que debe realizarse en la fase de diagnóstico, no cuando el proceso ya está en marcha.

Checklist de actuación para la dirección de una startup ante una crisis financiera

Las siguientes actuaciones no son exhaustivas, pero cubren los frentes más urgentes que debe gestionar la dirección de una startup en situación de tensión financiera severa. Cada punto representa un riesgo concreto si se demora.

  • Elaborar un inventario actualizado del pasivo total: deuda financiera, deuda fiscal con la AEAT, deuda con proveedores y pasivo contingente (garantías, litigios pendientes).
  • Identificar el plazo desde el que puede considerarse que la dirección conocía o debía conocer la situación de insolvencia, para determinar si el deber de solicitar el concurso ya ha nacido.
  • Consultar con un abogado concursal sobre la viabilidad de una comunicación preconcursal y el diseño de un plan de reestructuración antes de que los acreedores inicien ejecuciones individuales.
  • Revisar los contratos de inversión con los fondos de capital riesgo para identificar derechos de liquidación preferente, deuda convertible y cláusulas que puedan condicionar las opciones de reestructuración.
  • Analizar los contratos comerciales más relevantes para detectar cláusulas de resolución automática en caso de concurso.
  • Valorar la unidad productiva como negocio en funcionamiento y como conjunto de activos individuales, para determinar si la transmisión produce un valor superior a la liquidación individual de activos.
  • Documentar el proceso de toma de decisiones de la dirección para acreditar que los administradores actuaron con la diligencia exigida por la normativa societaria.

La utilidad de este listado es proporcional a la antelación con que se aplique. Revisarlo cuando el proceso concursal ya es inevitable tiene un valor limitado. Revisarlo cuando las tensiones son aún manejables puede determinar el resultado del proceso.

Para ampliar el análisis sobre el marco concursal en sectores específicos, puede consultar nuestra guía sobre concurso de acreedores en el sector de automoción y nuestro análisis sobre reestructuración en el sector salud y farmacéutico.

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El análisis de una situación de insolvencia o de preconcurso rara vez se limita a una sola área jurídica. En la práctica de startups y capital riesgo, la reestructuración conecta de forma directa con el Derecho societario – especialmente en lo relativo a la responsabilidad de administradores y a la posición de los socios en el proceso – y con el Derecho fiscal, cuando el plan de reestructuración implica quitas o conversiones de deuda con impacto tributario para la empresa deudora.

En nuestra práctica de reestructuración e insolvencia, coordinamos desde el diagnóstico inicial hasta la ejecución del plan o la transmisión de la unidad productiva, con visión integrada de los aspectos societarios, fiscales y laborales que intervienen en cualquier proceso de este tipo.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica la segunda oportunidad para el empresario para una empresa?
El régimen de segunda oportunidad permite al deudor de buena fe obtener la exoneración del pasivo que no ha podido satisfacer tras un proceso concursal o de liquidación. Para una empresa, su aplicación más relevante se produce cuando el empresario actúa como persona física – el fundador autónomo o el administrador con deuda avalada personalmente – y no logra cubrir el déficit con su patrimonio. La exoneración no es automática: exige cumplir los requisitos de buena fe que establece la legislación concursal y someterse al procedimiento previsto, que incluye la colaboración activa con el administrador concursal y la entrega de los activos necesarios para atender el pasivo en la medida de lo posible.
¿Qué plazos y costes conlleva la segunda oportunidad para el empresario?
Los plazos del proceso dependen de la complejidad del pasivo, del número de acreedores y de la vía procesal elegida – procedimiento general o procedimiento especial para microempresas. El coste incluye los honorarios del administrador concursal y los gastos del proceso judicial. La legislación fija criterios para su cálculo, pero la cuantía final varía en función de la masa activa. Lo que conviene subrayar es que los costes de un proceso iniciado a tiempo son sistemáticamente inferiores a los de un proceso iniciado en situación de emergencia, cuando la masa activa ya se ha deteriorado y las opciones de reestructuración han desaparecido.
¿Qué riesgos hay que evitar en la segunda oportunidad para el empresario?
El riesgo más grave es el retraso en la solicitud del concurso más allá del plazo de dos meses desde que la insolvencia era conocida o debía conocerse. Ese retraso expone al administrador a la calificación del concurso como culpable y a la consecuente responsabilidad patrimonial personal. Otros riesgos relevantes incluyen la realización de pagos selectivos a acreedores vinculados en el período anterior al concurso – los denominados actos rescindibles –, la disposición de activos a precios inferiores al de mercado y la contracción de nueva deuda con conocimiento de la insolvencia. En el entorno startup, el riesgo de responsabilidad de administradores es especialmente alto por la frecuente confusión entre los intereses del fundador como socio y sus obligaciones como administrador frente a los acreedores.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en la segunda oportunidad para el empresario?
El momento óptimo para iniciar el asesoramiento es antes de que los signos de insolvencia sean evidentes para los terceros. En la práctica, eso significa activar la consulta cuando aparecen los primeros problemas de tesorería recurrentes, cuando se acumula deuda fiscal sin solución a corto plazo o cuando los inversores comienzan a plantear condiciones que la empresa no puede cumplir. El asesoramiento temprano amplía el catálogo de opciones disponibles y reduce el riesgo de responsabilidad personal del administrador. Esperar a que la situación sea de dominio público – o a que un acreedor haya iniciado ya una ejecución – limita severamente las alternativas y eleva el coste del proceso.

Análisis elaborado por Beatriz Salazar, Socia · Reestructuración e insolvencia, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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