En el ecosistema de startups y venture capital español, los acuerdos de distribución y agencia se firman con rapidez y bajo la presión de un cierre de ronda. Cuando la relación se rompe, la indemnización por clientela emerge como una reclamación con base jurídica sólida y un impacto económico que ninguna dirección debería subestimar. La empresa que no gestiona este riesgo desde el principio asume una exposición que puede condicionar su siguiente ronda de financiación.
El primer error frecuente en startups financiadas con capital de riesgo es tratar los acuerdos de agencia y distribución como si fueran contratos de prestación de servicios ordinarios. No lo son. La legislación mercantil española establece un régimen protector para el agente que opera de forma continuada y genera clientela para el empresario principal.
Cuando la relación termina – por resolución unilateral del principal, por vencimiento o por cualquier otra causa – el agente tiene derecho a reclamar una indemnización si concurren tres elementos: que haya aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que el principal continúe obteniendo ventaja de esa clientela y que la indemnización resulte equitativa. El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que estos requisitos deben valorarse de forma conjunta y casuística.
¿Dónde reside el riesgo para una startup? En que su modelo de crecimiento –basado precisamente en la captación acelerada de clientes a través de redes de distribución y agentes comerciales– es el caldo de cultivo ideal para generar derechos de indemnización que no han sido provisionados en los modelos financieros presentados a los inversores. En nuestra práctica hemos observado que las hojas de términos (term sheets) de las Series A y B rara vez contemplan este pasivo contingente.
El distribuidor, a diferencia del agente, no goza de un régimen legal tan claro. La jurisprudencia aplica de forma analógica las normas de agencia cuando el distribuidor actúa de modo integrado en la red comercial del fabricante o titular de la marca. Esta extensión jurisprudencial amplía el perímetro de riesgo para cualquier startup con red de distribución propia.
El derecho nace en el momento de la extinción del contrato, no antes. Sin embargo, su cuantificación depende de lo que ocurrió durante toda la vida de la relación contractual. Esta asimetría temporal –el derecho se activa al final, pero se construye desde el principio– explica por qué la documentación de la relación comercial es una herramienta de defensa o de ataque tan relevante.
La referencia legal establece como techo el promedio anual de remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el período contractual si este fue inferior. Este límite máximo no implica que la indemnización alcance siempre esa cifra: el órgano jurisdiccional valora la proporcionalidad y la equidad.
Para una startup, esto significa que un agente que haya trabajado durante dos o tres años en plena fase de crecimiento acelerado –con comisiones elevadas en un mercado en expansión– puede presentar una reclamación de cuantía relevante en el momento más inconveniente: justo antes de cerrar una ronda o de ejecutar una operación de M&A. El momento de la extinción del contrato puede coincidir con procesos de desinversión o cambio de control, lo que eleva el impacto de la reclamación.
Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante en los que la indemnización por clientela se reveló como la partida principal de la reclamación, superando con creces las expectativas iniciales de la parte demandante.
Existe un mito muy extendido en el mundo empresarial: acudir a los tribunales es siempre la vía más rápida y barata para cobrar o para defenderse de una reclamación. La realidad es más matizada. La elección entre arbitraje y juzgado de lo mercantil, y el momento de pedir medidas cautelares, condicionan el resultado más que la demanda en sí.
Los juzgados de lo mercantil tienen competencia exclusiva para conocer los litigios derivados de contratos de distribución y agencia cuando no existe cláusula de sumisión arbitral. Son tribunales especializados, pero su carga de trabajo varía considerablemente según la plaza. En determinadas jurisdicciones, el tiempo medio hasta sentencia puede extenderse de forma significativa.
El arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) u otras instituciones ofrece ventajas en contextos de disputas entre empresas con dimensión internacional o cuando la confidencialidad es un activo estratégico. Para una startup con inversores extranjeros o con operaciones transfronterizas, la sumisión arbitral puede ser la opción más coherente con su estructura societaria. Coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente cuando la disputa tiene elementos de Derecho extranjero.
La cláusula de resolución de disputas del contrato de agencia o distribución es, por tanto, una decisión de diseño que debe adoptarse al firmar, no al litigar. Si el contrato no contempla arbitraje, la competencia recaerá en el juzgado de lo mercantil del domicilio del demandado, salvo pacto expreso.
Las medidas cautelares son instrumentos procesales que permiten asegurar el resultado del procedimiento mientras este se tramita. En litigios de agencia y distribución, su utilidad práctica es notable: pueden impedir que el deudor vacíe activos, que se incumplan compromisos de exclusividad pendientes de resolución o que se destruya documentación relevante.
Para que el juzgado de lo mercantil las conceda, quien las solicita debe acreditar la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro por la mora procesal (periculum in mora). Adicionalmente, en la mayoría de los casos el solicitante debe prestar caución para responder de los daños que la medida pudiera causar a la contraparte si finalmente la demanda no prosperase.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, la solicitud temprana de medidas cautelares –antes incluso de interponer la demanda principal– puede ser el factor que determine si la empresa termina cobrando o ejecutando la sentencia. Sin aseguramiento previo, el deudor tiene tiempo para reorganizar su patrimonio.
Para una startup o un fondo de capital riesgo que actúa como principal en una red de distribución, la otra cara de las medidas cautelares también importa: pueden ser objeto de ellas. Un agente que solicita el embargo preventivo de cuentas de la startup puede generar una perturbación grave en la operación ordinaria del negocio, en especial si el proceso de cierre de una ronda está en marcha.
El tiempo es el recurso más escaso en cualquier litigio. Y en los litigios de agencia y distribución, determinados plazos son determinantes para el éxito o el fracaso de la reclamación.
El plazo para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de agencia está sujeto a prescripción. La legislación mercantil establece un plazo de prescripción que la dirección debe conocer desde el momento en que se produce la extinción del contrato. Esperar a que el departamento jurídico interno o los inversores decidan actuar puede resultar en la pérdida definitiva de la acción.
La formulación de la demanda y la documentación del expediente en los primeros meses tras la extinción son decisivas. Los registros de comunicaciones, los informes de ventas, las estadísticas de clientes y la correspondencia relativa a la formación de la cartera son la materia prima del litigio. Si no se conservan de forma sistemática, la reclamación o la defensa quedan gravemente debilitadas.
Desde la perspectiva del fondo de venture capital o del consejo de administración de la startup, hay tres momentos en los que la gestión jurídica del riesgo es especialmente crítica. Primero, en la negociación y redacción del contrato de agencia o distribución. Segundo, en el momento en que se toma la decisión de no renovar o de resolver anticipadamente. Tercero, en los primeros días después de la extinción, cuando la contraparte puede estar ya preparando su reclamación.
¿Cuántas startups revisan sus contratos de agencia antes de cerrar una operación de M&A? La respuesta, en nuestra experiencia, es que muy pocas lo hacen con la profundidad necesaria. Este punto ciego en la diligencia debida (due diligence) puede convertirse en una contingencia que el comprador descubre después del cierre.
Una startup que diseña sus contratos de agencia y distribución con criterio jurídico desde el principio tiene ventajas concretas. Puede incluir cláusulas de renuncia a la indemnización por clientela donde la ley lo permita. Puede establecer métodos de cálculo acordados para facilitar la liquidación en caso de extinción. Puede fijar el foro de resolución de disputas más favorable a su estructura. Y puede documentar la relación comercial de forma que le sea útil tanto en una auditoría de inversores como en un eventual litigio.
La alternativa –actuar cuando el conflicto ya ha estallado– impone costes sustancialmente mayores. Los honorarios de peritos, los gastos de representación procesal y el coste de oportunidad del tiempo directivo dedicado al litigio son magnitudes que pueden superar con creces lo que habría costado un asesoramiento preventivo.
Existe además un coste reputacional que afecta de modo particular al ecosistema de venture capital: los inversores y los fondos que participan en las rondas siguientes son sensibles a la existencia de litigios activos. Una reclamación de indemnización por clientela que no ha sido adecuadamente provisionada ni comunicada puede complicar o encarecer la siguiente ronda.
En nuestra práctica, los litigios de agencia y distribución que se gestionan con asesoramiento jurídico desde la fase pre-contenciosa tienen resultados significativamente mejores, en términos de tiempo, coste y certidumbre, que los que llegan al despacho cuando la demanda ya ha sido presentada.
Si su empresa se encuentra ante un contrato de agencia o distribución que va a extinguirse, o si ya ha recibido una reclamación de indemnización por clientela, el primer paso es establecer una estrategia clara. Escríbanos a info@velardevidal.com para plantear su situación.
El modelo de negocio de una startup –rápido crecimiento, captación masiva de clientes, expansión geográfica acelerada– genera características propias que amplifican los riesgos en los litigios de distribución y agencia.
En primer lugar, la velocidad. Los contratos de agencia se negocian en días y se extienden por meses o años sin revisión. Los términos iniciales, adecuados para la fase semilla, pueden ser inapropiados cuando la empresa tiene cien veces más facturación. Pero los derechos del agente ya se han consolidado sobre esa base contractual inicial.
En segundo lugar, la internacionalización. Muchas startups operan en varios mercados con agentes o distribuidores locales desde fases muy tempranas. Cada jurisdicción tiene su propio régimen legal. La directiva comunitaria sobre agencia comercial armoniza determinados aspectos en la Unión Europea, pero los detalles procesales y la aplicación práctica varían entre Estados miembros.
En tercer lugar, los cambios de control. Una adquisición o una fusión puede suponer la extinción de los contratos de distribución existentes, con el consiguiente nacimiento de derechos de indemnización por clientela a cargo de la entidad resultante. Este riesgo debe identificarse en la diligencia debida y, en su caso, reflejarse en el precio o en las garantías de la operación.
Por último, la estructura de incentivos del venture capital puede generar tensiones adicionales. Un fondo que quiere maximizar el crecimiento a corto plazo puede presionar para resolver contratos de agencia con distribuidores de menor rendimiento, sin calibrar adecuadamente el coste de la extinción. La racionalidad financiera del fondo y la exposición jurídica de la startup no siempre apuntan en la misma dirección.
Obtener una sentencia favorable en un litigio de indemnización por clientela es solo una parte del camino. La ejecución de sentencia –convertir el pronunciamiento judicial en dinero efectivo– puede ser un proceso largo y complejo si el deudor no satisface voluntariamente la condena.
Los juzgados de lo mercantil tramitan la ejecución forzosa cuando el deudor no paga en el plazo establecido. Los mecanismos disponibles incluyen el embargo de cuentas bancarias, el embargo de créditos frente a terceros, la anotación preventiva de embargo sobre bienes inmuebles y, en casos extremos, el embargo de participaciones sociales en otras sociedades.
Para una startup que ha obtenido una condena de indemnización por clientela a su favor –en calidad de agente que reclama frente al principal–, la solvencia del principal en el momento de la ejecución es determinante. Si el principal ha entrado en dificultades financieras durante la tramitación del litigio, la indemnización puede convertirse en un crédito concursal de difícil cobro.
Esta circunstancia refuerza la importancia de las medidas cautelares durante el procedimiento. Asegurar el cobro mediante embargo preventivo desde el inicio evita que la sentencia sea inejecutables por insolvencia sobrevenida del deudor.
Desde la perspectiva del abogado mercantil que asesora a la startup, la estrategia de ejecución debe diseñarse de forma paralela a la estrategia litigiosa, no como una fase posterior e independiente. Ambas son parte de un mismo proceso orientado a un resultado concreto: el cobro efectivo de la indemnización.
Antes de comunicar la resolución de un contrato de agencia o distribución, la dirección debe verificar los siguientes aspectos con su equipo jurídico:
Esta lista no es exhaustiva, pero cubre los puntos de mayor riesgo que hemos identificado en nuestra experiencia asesorando a empresas en litigios de esta naturaleza. Si alguno de estos elementos no está resuelto, la resolución del contrato debe posponerse hasta que lo esté – o al menos hasta que la dirección haya tomado una decisión informada sobre los riesgos que asume.
Si está evaluando la resolución de un contrato de distribución o agencia y necesita orientación sobre las opciones disponibles, nuestra guía sobre cómo plantear disputas en el ecosistema de startups y venture capital puede ser un punto de partida útil.
Los litigios de distribución y agencia en el ámbito de startups y venture capital presentan intersecciones frecuentes con otras prácticas. La práctica de resolución de disputas, litigación y arbitraje de Velarde & Vidal cubre tanto la fase de negociación pre-litigiosa como la representación procesal ante los juzgados de lo mercantil y en arbitrajes institucionales. Asimismo, los litigios de distribución en sectores regulados presentan características específicas que desarrollamos en nuestro análisis sobre litigios de distribución en el sector de la salud y el farmacéutico, con implicaciones relevantes para empresas de salud digital y medtech en fase de crecimiento.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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