El escenario de las transferencias internacionales de datos personales no ha dejado de transformarse desde la invalidación del acuerdo Privacy Shield en 2020. Cada nueva decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o del Comité Europeo de Protección de Datos amplía el perímetro de riesgo para las empresas que operan con proveedores, filiales o clientes fuera del Espacio Económico Europeo. Para muchos equipos directivos, este terreno sigue siendo opaco. El coste de esa opacidad puede ser considerable.
El RGPD no prohíbe transferir datos fuera de la Unión Europea. Lo que prohíbe es hacerlo sin una base jurídica adecuada. Esa distinción parece sencilla en teoría. En la práctica de nuestra firma hemos observado que la mayoría de las empresas medianas desconocen cuántas transferencias internacionales están realizando en cada momento.
El marco establece tres vías principales. La primera es la decisión de adecuación de la Comisión Europea, que certifica que el país tercero ofrece un nivel de protección equivalente al europeo. La segunda vía son las cláusulas contractuales tipo, aprobadas por la Comisión, que obligan al importador de datos a adoptar garantías equivalentes. La tercera son las normas corporativas vinculantes, reservadas a grupos multinacionales con una estructura formal de gobierno del dato.
El acuerdo Marco de Privacidad UE-EE.UU., vigente desde 2023, restauró parcialmente la fluidez de las transferencias hacia ese país. Sin embargo, su solidez sigue siendo cuestionada por diversas organizaciones de defensa de derechos, y la experiencia enseña que estos marcos pueden ser impugnados judicialmente. Depender exclusivamente de este instrumento sin un plan de contingencia es, en nuestra experiencia, una posición de riesgo gestionable pero que conviene revisar de forma periódica.
¿Qué significa esto para la dirección? Que cualquier contrato con un proveedor de servicios en la nube, cualquier herramienta de analítica web que envíe datos a servidores ubicados fuera del EEE o cualquier plataforma de recursos humanos gestionada desde una sede extranjera constituye una transferencia internacional sujeta a este régimen. La ausencia de un inventario actualizado equivale a operar a ciegas.
El término "transferencia oculta" no es jurídico, pero describe con precisión un fenómeno extendido: flujos de datos que la empresa no identifica como transferencias internacionales porque ocurren de forma automatizada en segundo plano. Hemos asesorado con regularidad a empresas que, al completar su registro de actividades de tratamiento, descubren entre ocho y quince flujos no catalogados.
Los más frecuentes son los siguientes:
Esta última categoría merece atención especial. La integración acelerada de herramientas de inteligencia artificial en los flujos de trabajo corporativos ha generado una nueva frontera de transferencias no planificadas. La empresa que facilita a un modelo externo un documento con datos de sus empleados o proveedores puede estar realizando una transferencia internacional sin haber evaluado el mecanismo habilitante aplicable.
La creencia errónea más frecuente que encontramos es que con una cláusula de privacidad en la web ya se cumple el RGPD. Esa cláusula informa, pero no habilita ni regula el flujo del dato hacia terceros países. Son dos dimensiones completamente distintas del cumplimiento.
El cumplimiento en materia de transferencias internacionales no es una tarea del departamento de tecnología. Es una decisión de gobierno corporativo. Y tiene plazos que no admiten demora.
El primero es la notificación de una brecha de seguridad. Cuando los datos transferidos internacionalmente se ven comprometidos, la normativa establece un plazo de 72 horas para notificar a la AEPD desde el momento en que la empresa tiene conocimiento del incidente. Ese plazo es perentorio. Si el flujo afectado no estaba documentado, identificar el alcance de la brecha en ese tiempo resulta prácticamente imposible.
El segundo es el plazo de respuesta a los derechos de los interesados. Cuando un empleado, cliente o proveedor ejercita su derecho de acceso, rectificación o supresión sobre datos que han sido transferidos a un tercero en un país extracomunitario, la empresa debe coordinar esa respuesta con el importador. La normativa fija un mes para responder, prorrogable dos meses adicionales en casos complejos. Sin un mapa actualizado de transferencias, gestionar ese derecho en plazo es extremadamente difícil.
El tercero es la revisión periódica de los contratos con proveedores. Las cláusulas contractuales tipo aprobadas en 2021 introdujeron nuevas obligaciones para el exportador e importador de datos, incluyendo la realización de una evaluación del impacto de la transferencia (Transfer Impact Assessment). Esta evaluación no es optativa cuando el país de destino carece de decisión de adecuación. Actualizar los contratos existentes a las nuevas cláusulas debe haberse completado o, si no se ha hecho, constituye una prioridad inmediata.
¿Cuándo empezar? La respuesta siempre es antes del incidente, no después. En nuestra experiencia, las empresas que llegan a la firma tras haber recibido una denuncia de un interesado o una inspección de la AEPD tienen mucho menos margen de maniobra que aquellas que han construido un programa preventivo.
Existe una percepción extendida en los comités de dirección de empresas medianas: el cumplimiento en protección de datos es un coste, no una inversión. Nuestra posición es diferente. El registro de tratamientos, el protocolo de brechas y el modelo de compliance reducen tanto la cuantía de las posibles sanciones como la responsabilidad personal de los administradores.
El programa de cumplimiento en materia de transferencias internacionales debe articularse en torno a cuatro componentes:
A estos cuatro componentes se une, en empresas de cierto tamaño o con tratamientos de especial sensibilidad, la figura del Delegado de Protección de Datos. En algunos supuestos su designación es obligatoria. En todos los demás, resulta recomendable cuando el volumen de transferencias internacionales o la naturaleza de los datos tratados genera un nivel de riesgo relevante.
Hemos implantado programas de protección de datos y compliance en empresas tecnológicas, industriales y de salud. En todos esos entornos, el denominador común ha sido el mismo: el coste de implantar un programa ordenado es muy inferior al coste de gestionar una sanción o una brecha sin protocolo.
Las transferencias internacionales de datos no viven en un silo regulatorio. En nuestra práctica hemos observado con frecuencia que las empresas que refuerzan su programa de protección de datos aprovechan ese proceso para integrar también los elementos del compliance penal y del canal de denuncias exigido por la normativa de protección de los informantes.
Esta integración tiene sentido por varias razones. El canal de denuncias recibe comunicaciones que, en muchos casos, contienen datos personales de empleados o terceros. Esos datos pueden ser accedidos o procesados desde plataformas con sede fuera de Europa. Si el canal no está contemplado en el registro de transferencias, la empresa incumple simultáneamente la normativa de protección de datos y la de protección de informantes.
Asimismo, el modelo de compliance penal que permite exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica requiere que la empresa haya adoptado medidas de control y supervisión efectivas. La ausencia de un programa de cumplimiento en protección de datos, en un entorno donde el tratamiento de datos es un riesgo materialmente relevante, puede ser interpretada por el juez penal como indicador de insuficiencia del modelo de control.
La integración de ambas dimensiones – dato y compliance – no duplica el esfuerzo. Permite racionalizar el gobierno del riesgo en una sola estructura, con menos recursos y mayor coherencia.
La Agencia Española de Protección de Datos ha intensificado su actividad inspectora en los últimos años. Según los datos publicados por la propia AEPD en sus memorias anuales, el número de procedimientos sancionadores abiertos ha crecido de forma sostenida, con particular atención a los sectores financiero, telecomunicaciones y tecnológico.
En materia de transferencias internacionales, los expedientes más frecuentes que observamos en la práctica giran en torno a tres situaciones:
La AEPD aplica criterios agravantes y atenuantes. Entre los primeros, la ausencia de colaboración con la autoridad durante la inspección o la existencia de transferencias masivas no controladas. Entre los atenuantes, destaca la existencia de un programa de cumplimiento previo, la adopción de medidas correctoras inmediatas y la colaboración activa.
Este último punto es relevante desde una perspectiva de gobierno corporativo: no se trata únicamente de evitar la sanción, sino de demostrar que la empresa ha actuado con la diligencia exigible. Un programa documentado, aunque imperfecto, coloca a la empresa en una posición significativamente mejor frente a la autoridad.
Si quiere entender cómo le afecta este marco a su empresa, escríbanos a info@velardevidal.com.
Para hacer tangibles estas consideraciones, describimos tres escenarios que ilustran cómo los riesgos identificados se concretan en situaciones reales de empresa. En todos los casos, los detalles han sido anonimizados.
Escenario A – Empresa tecnológica y herramientas de inteligencia artificial: Una empresa de tamaño medio del sector tecnológico integraba diversas herramientas de productividad basadas en modelos de lenguaje externos. Al revisar su registro de tratamientos, identificamos que las consultas enviadas a esos modelos incluían, en determinados flujos de trabajo, datos de empleados y fragmentos de contratos con clientes. La transferencia se producía automáticamente, sin mecanismo habilitante documentado. El proceso de adaptación requirió revisar los contratos con los proveedores, actualizar el registro de tratamientos y establecer procedimientos internos de uso aceptable de las herramientas.
Escenario B – Grupo industrial con filial extracomunitaria: Un grupo industrial con presencia en varios países utilizaba una plataforma centralizada de gestión de recursos humanos gestionada desde su sede fuera de Europa. Los datos de los empleados españoles fluían hacia esa sede sin cláusulas contractuales tipo actualizadas. Tras la revisión, se actualizó el contrato intragrupo, se realizó la evaluación de impacto de la transferencia y se integró el flujo en el registro de tratamientos. El proceso permitió también detectar otras transferencias no catalogadas hacia proveedores de formación y de beneficios sociales.
Escenario C – Empresa del sector salud y brecha de seguridad: Una empresa del sector salud sufrió un incidente de seguridad que afectó a datos de pacientes almacenados en un servidor de un proveedor con sede fuera del EEE. La ausencia de un protocolo de gestión de brechas dificultó la identificación del alcance del incidente en el plazo de 72 horas. La notificación a la AEPD se produjo con retraso, lo que fue valorado negativamente en el procedimiento posterior. La experiencia llevó a la empresa a implantar un programa completo de gestión de incidentes y a revisar íntegramente su mapa de transferencias.
Estos tres escenarios ilustran una constante: el riesgo no llega de una sola dirección. Llega de la acumulación de decisiones operativas adoptadas sin suficiente perspectiva jurídica.
La pregunta que con más frecuencia nos plantean los directores financieros es cuánto cuesta implantar un programa de cumplimiento en transferencias internacionales. La respuesta honesta es que depende de la complejidad y del volumen de transferencias. Pero la pregunta que deberían hacerse antes es cuánto cuesta no tenerlo.
En nuestra práctica hemos observado que el coste de un programa preventivo es materialmente inferior al coste de gestionar un procedimiento sancionador abierto por la AEPD, que incluye tiempo de dirección, recursos jurídicos, posibles medidas cautelares y el impacto reputacional asociado. A eso se suma el coste de una brecha de seguridad que afecte a datos transferidos sin control: notificación de emergencia, gestión de crisis, posibles demandas de los interesados afectados y la responsabilidad personal del administrador en casos de negligencia grave.
El asesoramiento temprano permite también anticipar cambios normativos. El Marco de Privacidad UE-EE.UU. puede ser impugnado judicialmente; las decisiones de adecuación pueden ser revisadas; los proveedores tecnológicos modifican su infraestructura. Una empresa con un programa activo de cumplimiento puede adaptarse a esos cambios de forma ordenada. Una empresa que no ha construido ese programa parte de cero cada vez que se produce una novedad regulatoria.
En Velarde & Vidal hemos desarrollado una metodología de revisión de transferencias internacionales que parte del inventario de flujos existentes, evalúa los mecanismos habilitantes en vigor y diseña el plan de adecuación priorizado por nivel de riesgo. El objetivo no es alcanzar una conformidad teórica en papel, sino construir un programa operativo que la empresa pueda mantener con sus propios medios una vez implantado.
Puede ampliar el análisis sobre las implicaciones del régimen de transferencias internacionales para el sector financiero en nuestra guía sobre transferencias internacionales en el sector fintech y servicios financieros.
A modo de cierre operativo, proponemos las siguientes preguntas de diagnóstico. Si la respuesta a más de tres de ellas es negativa o incierta, el nivel de exposición es significativo y conviene actuar antes de que la revisión sea forzada por un incidente.
El cumplimiento en materia de transferencias internacionales intersecta de forma directa con la gestión integral del programa de protección de datos y compliance de su empresa. Si su empresa opera en sectores regulados o gestiona activos inmobiliarios con datos de arrendatarios, puede consultar también nuestra guía sobre auditoría en el sector inmobiliario y de construcción en cómo auditar el cumplimiento en inmobiliario y construcción. La visión integrada del riesgo regulatorio permite optimizar los recursos de compliance y evitar solapamientos en los programas de cumplimiento.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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