La sección de calificación del concurso de acreedores es el momento en que el sistema concursal examina la conducta de quienes han gestionado la empresa. Para un administrador, las consecuencias pueden ir mucho más allá de lo societario: su patrimonio personal queda expuesto. En nuestra práctica, observamos con demasiada frecuencia que la defensa comienza demasiado tarde, cuando los márgenes de actuación se han reducido al mínimo.
La Ley Concursal, en su texto refundido reformado para transponer la Directiva de reestructuración de la Unión Europea, establece una estructura de responsabilidad que se activa cuando la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones de forma regular. El proceso no empieza en la vista de calificación. Empieza en el momento en que el administrador debería haber reconocido la insolvencia.
La norma es rotunda en este punto: el deber de solicitar el concurso se activa dentro de los dos meses desde que el administrador conoció o debió conocer la insolvencia. El incumplimiento de ese plazo no es un tecnicismo procesal. Es, en la práctica de los juzgados de lo mercantil, uno de los indicios más relevantes para la calificación culpable del concurso.
¿Qué significa que un concurso sea calificado como culpable? Significa que el tribunal aprecia que la insolvencia se ha generado o agravado por dolo o culpa grave del administrador. Las consecuencias son personales y pueden ser económicamente devastadoras: inhabilitación para administrar bienes ajenos y ejercer el comercio durante un período relevante, y – en los supuestos más graves – condena a cubrir el déficit patrimonial de la sociedad con el patrimonio propio.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los administradores tienden a subestimar la proyección personal de la responsabilidad concursal. La sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima ofrecen cobertura frente a los acreedores en la operativa ordinaria. Pero la sección de calificación perfora ese escudo cuando existe conducta reprochable.
El caso que analizamos corresponde a un grupo industrial de tamaño mediano, con actividad en varias comunidades autónomas. El administrador único llevaba más de dieciocho meses gestionando una tensión de tesorería que se había agravado progresivamente. La empresa había refinanciado deuda financiera en dos ocasiones y mantenía crédito comercial con sus principales proveedores, pero los plazos de pago se habían ido alargando de forma sistemática.
El negocio continuaba generando cifra de negocio. Ese dato – que la empresa "vendía" – creó una distorsión cognitiva relevante: el administrador asumió que la situación era temporal y que la recuperación del mercado resolvería el desequilibrio. El dolor inmediato de reconocer la insolvencia se fue posponiendo.
Cuando el principal acreedor financiero presentó demanda de declaración de concurso necesario, la empresa se encontró sin margen para activar instrumentos preconcursales. El equipo de Velarde & Vidal asumió la defensa en ese momento. La situación exigía tres actuaciones simultáneas: presentar el concurso voluntario para reconquistar la iniciativa procesal, articular la estrategia para la sección de calificación, y valorar la posibilidad de transmisión de la unidad productiva.
Esta es la pregunta que más frecuentemente formulan los administradores cuando comprenden la dinámica de la calificación. La respuesta es incómoda pero necesaria.
La sección de calificación analiza conductas pasadas. No evalúa lo que el administrador hará desde ahora. Examina lo que hizo – o dejó de hacer – durante el período inmediatamente anterior a la declaración del concurso y, en muchos casos, durante años previos. Por eso la defensa que se construye en el momento en que se declara el concurso está esencialmente limitada por la realidad documental preexistente.
Un abogado concursal que interviene en la fase preconcursal puede orientar la toma de decisiones de forma que resulten jurídicamente defendibles. Puede documentar las razones que justifican la continuación de la actividad. Puede identificar los actos potencialmente rescindibles y evitar que se produzcan más. Puede activar el plan de reestructuración antes de que la situación se torne irreversible.
El abogado concursal que llega cuando ya se ha declarado el concurso trabaja con los hechos consumados. Su labor sigue siendo esencial – la defensa activa en la sección de calificación es técnicamente compleja –, pero las opciones estratégicas son sustancialmente menores.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios, y en todos los casos la variable más relevante para el resultado de la calificación ha sido el momento de entrada del asesoramiento jurídico especializado.
La sección de calificación se sustancia ante el juzgado de lo mercantil competente. En ella intervienen la administración concursal – que emite informe sobre la conducta del deudor – y el Ministerio Fiscal. El administrador tiene derecho a formular alegaciones, proponer prueba y ser oído. La defensa se articula habitualmente sobre tres ejes.
La calificación culpable requiere que el juez aprecie dolo o culpa grave. No toda mala gestión empresarial es culpable desde el punto de vista concursal. La diferencia entre un error de negocio razonable – que cualquier empresario diligente podría cometer – y una conducta gravemente negligente es el terreno en que se libra gran parte de la defensa.
La documentación de las decisiones empresariales es aquí decisiva. Actas del órgano de administración, informes de gestión, correspondencia con asesores financieros, proyecciones revisadas periódicamente: todo ello construye la narrativa de un administrador que actuó informado. La ausencia de esa documentación, por el contrario, dificulta enormemente la defensa.
La legislación concursal establece determinadas presunciones de culpabilidad. Algunas son iuris et de iure – no admiten prueba en contrario – pero la mayoría son iuris tantum, es decir, admiten prueba en contrario. Entre las más frecuentes en la práctica: el incumplimiento del deber de llevanza de contabilidad, la salida fraudulenta de activos, o la realización de actos dispositivos en los dos años anteriores al concurso sin contrapartida adecuada.
Rebatir estas presunciones exige prueba robusta y argumentación técnica precisa. La administración concursal habrá analizado la contabilidad y las transacciones del período de retrospección. La defensa debe anticipar esa revisión y preparar una respuesta documentada para cada indicio que pueda surgir.
Los juzgados de lo mercantil valoran de forma positiva que el administrador haya adoptado medidas concretas una vez que detectó la dificultad financiera. La comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con acreedores – el llamado preconcurso –, la contratación de asesoramiento especializado, la convocatoria de junta general informativa, o la búsqueda activa de financiación alternativa son elementos que contribuyen a reflejar una actitud diligente.
En el caso que analizamos, el administrador no había activado ninguna de estas medidas de forma sistemática. La defensa tuvo que reconstruir, a partir de la documentación disponible, la secuencia de decisiones y su justificación económica. Fue un trabajo técnico exigente, pero los resultados permitieron una calificación más favorable de lo que la situación inicial hacía prever.
Este es un aspecto que la reforma de 2022 ha transformado de forma relevante. Antes de esa reforma, los instrumentos preconcursales eran más limitados. La incorporación de los planes de reestructuración como instrumento formal, con eficacia frente a minorías disidentes y con homologación judicial, abre una vía que el administrador diligente debe conocer.
El plan de reestructuración permite ordenar la deuda, renegociar con acreedores y – en determinados supuestos – continuar la actividad sin necesidad de declarar el concurso. Su activación es un indicador inequívoco de la voluntad del administrador de afrontar la situación de forma ordenada. Los juzgados de lo mercantil han comenzado a consolidar el criterio de que el recurso activo y documentado a instrumentos preconcursales refleja una conducta diligente frente a la insolvencia.
En nuestro caso, el plan de reestructuración ya no era viable en el momento de nuestra intervención. Pero la valoración de si existía una masa activa susceptible de ser transmitida como unidad productiva sí resultó relevante. La transmisión de la unidad productiva en el marco del concurso no exonera de la calificación, pero sí puede reducir el déficit patrimonial que constituye la base de la condena económica al administrador.
Si desea conocer cómo abordamos de forma integral los procesos concursales y de reestructuración, puede consultar nuestra práctica de reestructuración e insolvencia, donde describimos el alcance de nuestra intervención en cada fase del proceso.
La gestión de los plazos en el proceso concursal es una de las áreas donde el error resulta más costoso. A continuación detallamos los momentos clave que toda dirección debe tener presentes.
Ya lo hemos señalado: dos meses desde que el administrador conoció o debió conocer la insolvencia. El incumplimiento de este plazo genera una presunción de culpabilidad que la defensa deberá rebatir. La dificultad radica en que la "fecha de conocimiento" no siempre es objetiva. Los juzgados de lo mercantil la fijan con base en la contabilidad, los informes internos, las actas de consejo y las comunicaciones con asesores financieros. Por eso la documentación interna no solo es útil – es imprescindible.
Antes de solicitar el concurso, el deudor puede comunicar al juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con sus acreedores. Esta comunicación activa un escudo temporal frente a las ejecuciones individuales y suspende el deber de solicitar el concurso durante el plazo que fija la legislación. Es el instrumento más valioso del arsenal preconcursal y, en nuestra experiencia, el más subutilizado por empresas que no cuentan con asesoramiento concursal temprano.
La administración concursal examinará las operaciones realizadas en los dos años anteriores a la declaración del concurso. Las que se consideren perjudiciales para la masa activa podrán ser objeto de acciones de reintegración. El administrador debe comprender que decisiones adoptadas dos años antes de que el concurso se declare pueden reexaminarse en la sección de calificación. Los pagos a partes vinculadas, las garantías constituidas a favor de acreedores relacionados, o las retribuciones extraordinarias al equipo directivo son elementos que la administración concursal analizará con especial atención.
Una vez abierta la sección de calificación, el administrador dispone de un plazo procesal para formular alegaciones y proponer prueba. Este plazo es breve y no admite prórroga. La defensa debe estar sustancialmente preparada antes de que se abra la sección, no durante el plazo de alegaciones. Quienes esperan a ese momento para comenzar a construir la argumentación habitualmente se enfrentan a una limitación de prueba que condiciona el resultado.
La pregunta más frecuente que recibimos de administradores en situaciones de tensión es: "¿Merece la pena contratar a un abogado concursal ahora, si todavía no hemos declarado el concurso?" La respuesta es siempre afirmativa. El diferencial de resultado entre una defensa construida desde la fase preconcursal y una defensa que comienza en la sección de calificación es sistemáticamente relevante.
¿Por qué? Porque la calificación es, en esencia, un ejercicio de reconstrucción histórica. Y la historia se escribe cada día en la documentación de la empresa. El administrador que opera con asesoramiento concursal activo genera, de forma natural, el rastro documental que su defensa necesitará. El que no lo tiene debe reconstruir ese rastro a partir de lo que existe – que con frecuencia es insuficiente o ambiguo.
Además, el asesoramiento temprano abre la posibilidad de utilizar los instrumentos preconcursales – comunicación al juzgado, negociación de plan de reestructuración, búsqueda de financiación puente – que pueden evitar el concurso o reducir significativamente el déficit que servirá de base a la responsabilidad del administrador. El resultado favorable en la calificación no siempre depende de demostrar que el administrador era excelente. A menudo depende de demostrar que era razonablemente diligente y actuó de buena fe.
En paralelo, conviene considerar el impacto sobre la continuidad del negocio. En determinados casos, la transmisión de la unidad productiva permite preservar el empleo y el valor operativo de la empresa mientras se liquida la deuda en el concurso. Para contextos donde esta solución es relevante, puede ser útil revisar nuestra experiencia en operaciones de venta en el sector tecnológico y de software, donde el tratamiento de los activos intangibles presenta especificidades análogas.
Concluido el proceso, el análisis retrospectivo permite identificar tres decisiones que, de haberse adoptado antes, habrían modificado sustancialmente el perfil de riesgo del administrador.
Primera lección: la comunicación del preconcurso habría detenido el reloj del deber de solicitar el concurso y habría dado margen para negociar con el acreedor financiero principal. Ese margen no se usó porque no existía asesoramiento concursal activo.
Segunda lección: las actas del órgano de administración del período crítico eran escasas y no documentaban las razones de las decisiones adoptadas. La reconstrucción de la narrativa de gestión fue más compleja de lo necesario. Una práctica sistemática de documentación habría resuelto este problema de raíz.
Tercera lección: dos operaciones de los dieciocho meses anteriores al concurso fueron objeto de análisis por la administración concursal como posibles actos de reintegración. Ninguna de las dos era fraudulenta, pero la ausencia de documentación de la contrapartida económica recibida las colocó en una posición defensiva difícil. Con asesoramiento previo, ambas operaciones se habrían documentado correctamente en el momento de realizarse.
Para empresas que operan en sectores con alta exposición a ciclos de tesorería o con estructuras de deuda financiera relevante, la normativa sobre el procedimiento especial para microempresas puede ofrecer vías complementarias de gestión de la insolvencia cuando el tamaño de la empresa así lo permite.
Este bloque sintetiza las actuaciones que, en nuestra experiencia, marcan la diferencia entre una defensa sólida y una posición comprometida en la sección de calificación.
La defensa del administrador en la calificación concursal es inseparable de una estrategia jurídica que contemple el proceso en su conjunto. Nuestro equipo de reestructuración e insolvencia trabaja de forma coordinada con el área de Derecho societario y operaciones para garantizar que la estrategia preconcursal y la defensa en calificación sean coherentes con la estructura corporativa de la empresa. En situaciones que involucran activos tecnológicos, marcas o derechos de propiedad intelectual con valor en la masa activa, integramos asimismo la perspectiva de nuestra práctica de propiedad intelectual y tecnología.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.