El sector inmobiliario y de la construcción concentra, año tras año, un porcentaje relevante de los concursos de acreedores declarados en España. Cuando una promotora, constructora o empresa del sector auxiliar llega a la fase de calificación, los administradores se enfrentan a un escenario de riesgo personal que va mucho más allá de la pérdida del negocio. La pieza de calificación puede trasladar al patrimonio personal de quienes gestionaron la compañía las consecuencias de una insolvencia mal gestionada o, sencillamente, de una situación que no se atajó a tiempo.
La legislación concursal española, vertebrada en el texto refundido de la Ley Concursal reformado para transponer la Directiva de reestructuración de la Unión Europea, articula la calificación del concurso como un juicio sobre la conducta de los administradores. No es un juicio sobre la coyuntura del mercado, ni sobre el ciclo inmobiliario, ni sobre los impagos de las Administraciones Públicas en contratos de obra. Es un juicio sobre las decisiones del órgano de administración.
Esta distinción es capital. En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la primera confusión que encontramos en los órganos directivos es creer que una causa ajena – la contracción del crédito promotor, el impago de un cliente público, la paralización de una promoción por razones urbanísticas – exime automáticamente de responsabilidad. No es así.
La normativa concursal distingue entre el concurso fortuito y el concurso culpable. El concurso se califica como culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia medió dolo o culpa grave del administrador. La norma contempla una serie de presunciones, tanto absolutas como relativas, que afectan directamente a conductas habituales en el sector: la llevanza irregular de la contabilidad, la realización de operaciones a precios notoriamente anómalos, o el incumplimiento del deber de solicitar el concurso en plazo.
Este último punto es especialmente crítico. El deber de solicitar el concurso nace dentro de los dos meses desde que el administrador conoció o debió conocer la situación de insolvencia. En una empresa inmobiliaria con una tesorería estrechada durante meses, demostrar cuándo se "debió conocer" esa insolvencia es una cuestión de prueba compleja que requiere preparación anticipada.
No todos los sectores llegan al concurso en las mismas condiciones. El inmobiliario y el de la construcción presentan rasgos estructurales que agravan el riesgo de calificación culpable.
En primer lugar, la estructura de los proyectos genera desfases temporales prolongados entre la inversión y el ingreso. Una promotora puede mantener un activo en balance por años sin que genere flujo de caja. Cuando la tesorería se agota, el desfase entre el valor contable del activo y su realización efectiva puede ser enorme. Esa brecha, mal gestionada, puede constituir un supuesto de agravación de la insolvencia.
En segundo lugar, la subcontratación masiva típica de la construcción genera cadenas de obligaciones que, ante una situación de crisis, pueden desbordarse de manera simultánea. Un retraso en el cobro de una certificación de obra puede trasladarse inmediatamente a impagos a subcontratistas y proveedores. La gestión de esa secuencia – qué se paga, en qué orden, con qué documentación – tiene implicaciones directas en la calificación.
En tercer lugar, la concentración de pasivo con entidades financieras a través de préstamos promotores y pólizas de crédito hace que la negociación con los acreedores financieros sea un factor determinante. En nuestra práctica hemos observado que los administradores que documentan con detalle cada negociación con los bancos – y que obtienen asistencia jurídica especializada en esa fase – llegan al procedimiento concursal con un expediente de diligencia muy superior al de quienes gestionan esas negociaciones de forma puramente comercial y sin respaldo de abogado concursal.
El supuesto que describimos a continuación es una versión anonimizada, compuesta a partir de elementos habituales en los asuntos que asesoramos. No corresponde a ninguna empresa identificable ni a ningún procedimiento concreto.
Una empresa promotora de tamaño mediano, con presencia en la zona centro peninsular, acumuló durante varios ejercicios un pasivo financiero significativo vinculado a dos promociones residenciales. Las ventas se ralentizaron y el stock sin liquidar generó tensiones de tesorería que la dirección trató de gestionar con refinanciaciones sucesivas. En cada refinanciación se ampliaron garantías y se vincularon activos adicionales. Los administradores – un consejo de tres personas, dos de las cuales eran socios fundadores – continuaron la actividad con la convicción de que el ciclo mejoraría.
Cuando se declaró el concurso, la administración concursal detectó operaciones entre la promotora y una sociedad vinculada a los socios: traspasos de activos inmobiliarios en los dos años anteriores a la declaración. La documentación de esas operaciones era escasa. No existía una valoración independiente. Los precios pactados no habían sido objeto de contraste con el mercado. La administración concursal solicitó la calificación culpable del concurso y la condena de los administradores a la cobertura del déficit concursal.
Esa era la situación cuando nos encomendaron la defensa.
La estrategia se articuló en tres ejes complementarios.
El primer eje fue la reconstrucción documental. El equipo de Velarde & Vidal procedió a auditar toda la documentación disponible: actas del consejo de administración, correos electrónicos con asesores y entidades financieras, informes internos de obra, valoraciones de activos aunque fueran parciales, y cualquier rastro de comunicación que acreditara el proceso de toma de decisiones. El objetivo era demostrar que los administradores habían actuado conforme a la información disponible en cada momento.
El segundo eje fue el análisis de las operaciones cuestionadas. Las transferencias a la sociedad vinculada debían contextualizarse. ¿Existían justificaciones de negocio? ¿Se habían tomado en un entorno de mercado que permitía defender la razonabilidad del precio? ¿Había rastro de asesoramiento previo, aunque fuera verbal, sobre la pertinencia de esas operaciones? En uno de los traspasos, la reconstrucción permitió identificar correspondencia con una entidad de tasación que, aunque no había emitido un informe formal, sí había facilitado referencias de valor que los administradores habían tenido en cuenta.
El tercer eje fue la narrativa de diligencia. La defensa no consistió en negar los hechos ni en minimizar las dificultades. Consistió en demostrar que los administradores habían tomado decisiones razonables en un entorno adverso, que habían intentado preservar la actividad y el empleo, y que habían solicitado el concurso dentro de un plazo razonable desde el momento en que la insolvencia fue objetivamente insuperable. Este tercer eje es, con frecuencia, el más determinante ante los juzgados de lo mercantil.
El procedimiento concluyó con la calificación fortuita del concurso. Los administradores no fueron condenados a la cobertura del déficit ni inhabilitados para el ejercicio de cargos de administración. La reconstrucción documental y la acreditación de la diligencia en la gestión de las refinanciaciones fueron determinantes en la valoración del juzgado.
Este resultado no puede extrapolarse a otros casos. Cada procedimiento tiene sus propias circunstancias y su propia prueba. Pero sí permite identificar con claridad las lecciones de gestión que el sector inmobiliario y de la construcción debe interiorizar.
La primera lección es la más elemental: la documentación es defensa. Cada decisión relevante del órgano de administración debe quedar reflejada en actas. Cada operación con partes vinculadas debe contar con una valoración independiente. Cada negociación con acreedores debe dejar rastro escrito.
La segunda lección afecta al momento de actuación. El deber de solicitar el concurso nace a los dos meses de conocer la insolvencia. Pero antes de llegar a ese punto, la legislación concursal contempla instrumentos preconcursales y planes de reestructuración que permiten ordenar la situación sin necesidad de declarar el concurso. Activarlos a tiempo no solo puede salvar el negocio: puede salvar al administrador de una calificación culpable.
La tercera lección es que la gestión de la crisis no puede delegarse exclusivamente en el departamento financiero o en el banco. El banco tiene sus propios intereses. El asesoramiento jurídico independiente de un abogado concursal especializado en el sector es el único que puede anticipar el riesgo de calificación y orientar las decisiones del administrador en consecuencia.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios, y la pauta que se repite en los asuntos con mejor resultado es siempre la misma: la dirección actuó temprano y contó con asesoramiento especializado antes de que la situación fuera irreversible.
Una creencia muy extendida entre los directivos del sector es que el concurso de acreedores equivale al cierre de la empresa. Esta creencia es errónea y tiene consecuencias prácticas negativas: lleva a los administradores a retrasar la búsqueda de asesoramiento, precisamente cuando más valioso sería.
Los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración, introducidos en el ordenamiento español por la reforma de la Ley Concursal de 2022, permiten abordar situaciones de insolvencia inminente o probable sin declarar el concurso. En el sector inmobiliario y de la construcción, donde la principal masa de pasivo suele estar concentrada en un número reducido de acreedores financieros, estos instrumentos tienen una capacidad de resolución real.
Un plan de reestructuración bien diseñado puede renegociar las condiciones de la deuda financiera, extender plazos, capitalizar parte del pasivo y preservar la actividad. Si el plan obtiene el respaldo de una mayoría cualificada de acreedores, puede imponerse incluso a quienes votaron en contra, siempre que se cumplan las condiciones que establece la norma. Este mecanismo de arrastre – equivalente al conocido como cram-down en el derecho anglosajón – representa un cambio sustancial respecto al régimen anterior.
Pero el acceso a estos instrumentos tiene un coste temporal que no puede ignorarse: requieren preparación anticipada. Una empresa que llega al umbral de la insolvencia sin haber iniciado el proceso de negociación con sus acreedores principales tiene un margen de maniobra mucho más reducido. El asesoramiento temprano no es un lujo: es la condición de posibilidad de estos instrumentos.
La práctica de reestructuración e insolvencia de Velarde & Vidal asesora a empresas en la evaluación de estos instrumentos, en la negociación con los acreedores y en la defensa de los administradores durante todo el proceso.
El administrador de una empresa inmobiliaria o constructora que detecta síntomas de insolvencia – incapacidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles, pérdidas acumuladas que erosionan los fondos propios, imposibilidad de renovar líneas de crédito – debe activar de inmediato un protocolo de actuación.
Ese protocolo tiene tres componentes mínimos.
Primero, una evaluación jurídica de la situación: ¿se está ya en situación de insolvencia actual o solo de insolvencia inminente? La respuesta determina qué instrumentos son aplicables y qué plazos son obligatorios.
Segundo, una auditoría de las operaciones recientes: ¿se han realizado en los últimos años operaciones con partes vinculadas, traspasos de activos, pagos a determinados acreedores con preferencia sobre otros? Estas operaciones son las primeras que analizará la administración concursal si se declara el concurso, y deben estar documentadas y justificadas.
Tercero, una estrategia de negociación con los acreedores principales. En el sector inmobiliario, los acreedores financieros suelen ser determinantes. Su posición respecto a un plan de reestructuración condiciona la viabilidad de cualquier solución extrajudicial.
La gestión de estos tres componentes de forma simultánea y coordinada requiere un equipo con experiencia específica en el sector. No es un asunto que deba gestionarse con los mismos asesores que llevan la fiscalidad ordinaria o la contratación civil de la empresa. Requiere un abogado concursal con conocimiento tanto del procedimiento como del sector.
En determinados supuestos de especial complejidad, el análisis de los riesgos de responsabilidad puede complementarse con una revisión del régimen de cumplimiento normativo de la empresa. La limitación de la responsabilidad mediante mecanismos de compliance es una herramienta preventiva que, bien diseñada, refuerza la posición del administrador frente a cualquier reclamación futura.
A modo de síntesis operativa, reproducimos a continuación las medidas que, en nuestra experiencia, mayor impacto tienen sobre la defensa del administrador en la fase de calificación.
Cuando la situación ya es concursal, la venta de la unidad productiva puede ser una alternativa viable para preservar el valor del negocio y reducir el pasivo. Las preguntas frecuentes sobre la venta de unidad productiva ofrecen una guía práctica sobre este mecanismo dentro del concurso de acreedores.
El asesoramiento en la defensa del administrador en la fase de calificación está estrechamente vinculado a otras áreas de nuestra práctica. Las empresas del sector inmobiliario y de la construcción que atraviesan situaciones de crisis suelen necesitar, de forma simultánea, apoyo en la negociación de los contratos de construcción y en la gestión de las reclamaciones de subcontratistas – materias que abordamos desde nuestra práctica de litigación y arbitraje – y asesoramiento sobre las implicaciones fiscales de las operaciones de reestructuración, área en la que nuestra práctica fiscal y tributaria trabaja de forma coordinada con el equipo concursal.
Si su empresa opera en el sector inmobiliario o de la construcción y detecta señales de dificultad financiera, le recomendamos no esperar a que la situación sea irreversible. La combinación del equipo de reestructuración e insolvencia con el de litigación y el fiscal permite ofrecer una cobertura integral desde el primer momento.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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