MadridBarcelonainfo@velardevidal.com
Firma Legal & Tax
España · desde 2023
V&V Velarde & VidalLegal & Tax
Inicio · Recursos · Casos prácticos · Tecnología y software: caso de conflicto entre socios resuelto por arbitraje
Resolución de disputas, litigación y arbitraje

Tecnología y software: caso de conflicto entre socios resuelto por arbitraje

Por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitrajeActualizado:

Los conflictos entre socios de una empresa tecnológica pueden paralizar la operativa, bloquear decisiones estratégicas y, en los casos más graves, destruir el valor de un proyecto que tardó años en construirse. El sector de tecnología y software presenta una particularidad que complica la gestión de estas disputas: la mayor parte del valor de la compañía reside en activos intangibles, en código, en relaciones con clientes y en la reputación, que son extraordinariamente vulnerables a la incertidumbre jurídica. Actuar tarde o actuar mal puede ser más costoso que el propio conflicto.

En breve: Un conflicto entre socios en una empresa de tecnología o software puede resolverse mediante arbitraje, un mecanismo previsto en la Ley de Arbitraje que ofrece rapidez, confidencialidad y especialización técnica. La clave no es la vía elegida, sino la anticipación: la existencia de una cláusula arbitral en los pactos societarios, la solicitud temprana de medidas cautelares y la estrategia de asesoramiento desde el primer momento condicionan el resultado de forma decisiva.

El contexto: una empresa de software con una disputa entre fundadores

El caso que analizamos corresponde a una empresa de software de gestión para el sector de logística. Fundada por dos socios con participaciones iguales, la sociedad había alcanzado un tamaño medio relevante cuando surgió la disputa.

Uno de los socios pretendía acelerar la internacionalización mediante una ronda de financiación con entrada de un inversor externo. El otro se oponía, alegando que las condiciones diluirían su participación de forma desproporcionada y que existía una promesa de compra sobre su paquete accionarial que el primer socio no estaba respetando.

La situación generó un bloqueo total en el órgano de administración. Las decisiones relevantes no podían adoptarse. Los clientes empezaban a percibir inestabilidad. Y el inversor externo amenazó con retirar la oferta si la situación no se resolvía en un plazo breve. En nuestra práctica, este tipo de bloqueo es uno de los escenarios más destructores de valor que puede afrontar una empresa tecnológica.

¿Por qué se eligió el arbitraje y no la vía judicial?

La primera decisión estratégica fue la elección de la vía de resolución. No es una decisión automática ni rutinaria. Hay que evaluarla con rigor.

El acuerdo de socios firmado en el momento de constitución contenía una cláusula de sometimiento al arbitraje institucional para cualquier controversia derivada del pacto. Esa cláusula fue determinante. Sin ella, la empresa se habría visto abocada a los juzgados de lo mercantil, con un calendario mucho menos predecible.

Pero incluso con la cláusula, la elección del arbitraje ofrecía ventajas adicionales en este contexto concreto:

  • Confidencialidad: un procedimiento ante el juzgado de lo mercantil es, por regla general, público. Un arbitraje es privado. En una empresa tecnológica con clientes y un inversor activo en el proceso, la discreción era esencial para preservar el valor de la compañía.
  • Árbitro con conocimiento sectorial: el arbitraje institucional permite designar o proponer árbitros con experiencia en Derecho societario y en el sector tecnológico. Esa especialización reduce el tiempo necesario para que el árbitro comprenda la naturaleza del conflicto.
  • Flexibilidad procesal: el procedimiento arbitral permite adaptar el calendario y las diligencias a las necesidades del caso, sin la rigidez de la legislación procesal civil.

La alternativa, acudir al juzgado de lo mercantil, habría sido perfectamente válida en ausencia de cláusula arbitral. Pero el mito de que los tribunales son siempre más rápidos y baratos no resiste el análisis. La complejidad del litigio, la acumulación de asuntos en los órganos judiciales y la necesidad de peritos especializados en valoración de empresas tecnológicas pueden hacer que el procedimiento judicial se extienda considerablemente.

¿Cómo se preparó la estrategia antes de iniciar el procedimiento?

La preparación del arbitraje es, en muchos sentidos, la fase más importante. Un procedimiento bien preparado tiene muchas más probabilidades de concluir satisfactoriamente que uno iniciado de forma reactiva y precipitada.

En este caso, identificamos varias líneas de trabajo simultáneo desde el primer momento:

Análisis del pacto de socios y los acuerdos societarios

El primer paso fue revisar con detalle el pacto de socios, los estatutos sociales y cualquier acuerdo complementario suscrito entre los socios a lo largo de la vida de la empresa. En empresas tecnológicas, es frecuente que existan documentos dispersos, correos con valor contractual, hojas de términos (term sheets) de rondas anteriores y acuerdos verbales que las partes recuerdan de forma diferente. La construcción del relato fáctico es crítica.

En este caso concreto, la promesa de compra invocada por uno de los socios existía, pero su alcance era discutido. Esa ambigüedad fue el nudo central del procedimiento.

Identificación de medidas cautelares necesarias

El bloqueo del órgano de administración generaba un riesgo real: la empresa podría perder contratos o ver deteriorada su posición frente al inversor mientras el arbitraje se desarrollaba. Por ello, se analizó desde el inicio la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

En el ámbito arbitral, las medidas cautelares pueden solicitarse tanto al árbitro como al juzgado de lo mercantil competente. La solicitud ante el juzgado tiene la ventaja de la inmediatez; puede obtenerse incluso antes de que el tribunal arbitral esté constituido.

En nuestro caso, se solicitó y obtuvo una medida de suspensión temporal de los efectos de determinados acuerdos societarios que uno de los socios pretendía ejecutar de forma unilateral. Esa medida preservó el statu quo durante el procedimiento y fue determinante para que el inversor mantuviera su interés en la operación.

Valoración del activo en disputa

La promesa de compra discutida implicaba un precio de adquisición de la participación. Ese precio dependía de la valoración de la empresa en un momento concreto. La obtención de una valoración independiente y sólida, elaborada con criterios metodológicos defendibles ante el árbitro, fue otra de las piezas clave de la preparación.

En empresas de software, la valoración es especialmente compleja: los activos principales son los contratos recurrentes, la propiedad del código, la base de clientes y el equipo humano. Ninguno de estos elementos tiene un precio de mercado transparente. La solidez de la metodología de valoración puede ganar o perder un arbitraje.

¿Qué decisiones críticas debe gestionar la dirección durante el arbitraje?

Un arbitraje entre socios en una empresa operativa no es un procedimiento que transcurra de forma aislada a la vida de la compañía. La dirección debe gestionar simultáneamente el procedimiento y el negocio. Esto genera tensiones que hay que anticipar.

Hemos identificado cuatro decisiones críticas que la dirección de esta empresa tuvo que afrontar:

  1. Comunicación con clientes y empleados: la confidencialidad del arbitraje no impide que el mercado perciba la inestabilidad. Una comunicación interna cuidadosa, que transmita normalidad operativa sin mentir, es imprescindible. En este caso, se diseñó un guión de comunicación aprobado por ambos socios.
  2. Gestión del inversor: el inversor era un actor con intereses propios en el resultado del arbitraje. Su posición no era neutral. Fue necesario gestionar la relación con rigor, sin revelar información privilegiada del procedimiento.
  3. Continuidad operativa bajo bloqueo: el bloqueo en el órgano de administración impedía tomar decisiones que requerían acuerdo de ambos socios. Se identificaron las decisiones que podían adoptarse de forma unilateral por el administrador de turno, dentro de sus facultades estatutarias, y las que debían quedar en suspenso.
  4. Gestión del calendario procesal: los plazos en el arbitraje institucional son breves y el incumplimiento puede generar preclusiones relevantes. La coordinación entre el equipo jurídico y la dirección de la empresa es crucial para garantizar que la documentación necesaria se obtiene y entrega a tiempo.

En nuestra experiencia asesorando a empresas tecnológicas en procedimientos de este tipo, la falta de coordinación interna es uno de los factores que más debilita la posición de una parte en el arbitraje. El equipo directivo debe implicarse activamente, no delegar de forma pasiva en los abogados.

El desarrollo del arbitraje: fases y puntos de inflexión

El procedimiento se tramitó ante el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), institución de referencia en España para este tipo de disputas societarias. La designación de un árbitro único, acordada por ambas partes para simplificar el procedimiento, fue otra decisión que contribuyó a la eficiencia del proceso.

El árbitro convocó una audiencia preliminar en la que se fijaron el calendario, las cuestiones controvertidas y las pruebas a practicar. Esta audiencia es, en la práctica, el momento en que se define la estructura del procedimiento. Una presentación sólida en esa fase condiciona el ritmo del arbitraje a favor de quien lleva mejor preparada la estrategia.

Las fases del procedimiento fueron las siguientes:

Fase de escritos

Demanda de arbitraje, contestación, réplica y dúplica. En cada escrito se acompañó documentación contractual, correspondencia relevante y los informes periciales de valoración. La precisión en la presentación de los hechos y en la identificación de las pretensiones fue fundamental.

Fase de prueba pericial

Ambas partes presentaron informes periciales de valoración con conclusiones divergentes. El árbitro convocó una sesión de debate entre peritos, lo que permitió identificar los puntos de discrepancia real frente a los puramente retóricos. Esta dinámica, propia del arbitraje, es mucho más eficiente que el interrogatorio cruzado de peritos en sede judicial.

Audiencia final

La audiencia se celebró en un único día. Ambas partes expusieron sus argumentos, respondieron las preguntas del árbitro y formularon sus conclusiones orales. La preparación de esa audiencia, incluyendo el ensayo de las respuestas a las preguntas previsibles del árbitro, es una fase de trabajo intenso que suele subestimarse.

El laudo

El árbitro emitió el laudo en el plazo previsto. El laudo estimó parcialmente las pretensiones del socio que invocaba la promesa de compra, reconoció su derecho a ejecutar la promesa bajo determinadas condiciones y fijó un precio de adquisición basado en la media ponderada de los informes periciales.

El resultado fue equilibrado. No fue una victoria total para ninguna de las partes. Pero resolvió el bloqueo, permitió avanzar en la operación con el inversor y preservó la continuidad de la empresa. El calendario total del procedimiento se ajustó a los plazos previstos por la normativa arbitral aplicable.

Hemos acompañado a empresas industriales y familiares en litigios y arbitrajes de cuantía relevante, y la constante en los procedimientos que terminan bien es siempre la misma: anticipación en la estrategia y rigor en la preparación.

¿Qué lecciones extrae este caso para el sector tecnológico?

Este caso ilustra con claridad las tres tesis que identificamos al comienzo del análisis. Permítanos desarrollarlas en términos prácticos.

Primera lección: el marco jurídico importa desde el día uno

La existencia de una cláusula arbitral válida y bien redactada fue lo que hizo posible el arbitraje. Sin ella, la empresa se habría sometido a la jurisdicción ordinaria, con el juzgado de lo mercantil como foro, sin posibilidad de elegir árbitro especializado ni garantizar la confidencialidad del procedimiento.

En nuestra práctica, observamos con frecuencia que los pactos de socios de empresas tecnológicas se redactan en el momento de la constitución, con prisa y con plantillas genéricas. Las cláusulas de resolución de disputas son las que más sufren esa improvisación. Una cláusula mal redactada puede ser ineficaz o puede generar una disputa previa sobre su interpretación antes de poder iniciar el arbitraje.

Segunda lección: los plazos y las medidas cautelares son decisivos

El plazo para solicitar medidas cautelares, la oportunidad para hacerlo ante el árbitro o ante el juzgado, y la preparación de la solicitud son decisiones que deben adoptarse en los primeros días del conflicto. Esperar semanas o meses puede suponer que el daño ya es irreversible.

En este caso, la medida cautelar obtenida fue lo que mantuvo vivo el interés del inversor. Sin ella, la operación se habría frustrado. El coste de no haber solicitado esa medida habría superado con creces el coste del procedimiento completo.

La acción de anulación del laudo es, por su parte, un recurso de alcance muy limitado: solo cabe en los supuestos tasados que establece la Ley de Arbitraje, y el plazo para ejercitarla es de dos meses desde la notificación. No es una segunda instancia. Esta limitación, que puede parecer una desventaja, es en realidad lo que da al laudo su valor como instrumento de cierre definitivo del conflicto.

Tercera lección: el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo

El conflicto entre socios en este caso llevaba varios meses gestándose antes de que se solicitara asesoramiento jurídico formal. Cuando llegó la consulta inicial, ya se habían adoptado algunas decisiones que condicionaron negativamente la posición de una de las partes.

El asesoramiento preventivo, tanto en la redacción del pacto de socios como en la identificación temprana de señales de conflicto, habría reducido el tiempo y el coste del procedimiento. La prevención es, en este contexto, una inversión con retorno directo y medible.

¿Se puede evitar siempre el arbitraje o el litigio entre socios? No. Pero se puede afrontar desde una posición mucho más sólida si la empresa cuenta con un asesoramiento adecuado desde el inicio de la relación societaria.

La cláusula arbitral como instrumento de gobierno societario

Una reflexión final sobre un aspecto que suele pasarse por alto en el sector tecnológico: la cláusula arbitral no es solo un mecanismo de resolución de conflictos. Es un instrumento de gobierno societario que define las reglas del juego antes de que haya conflicto.

Una cláusula bien diseñada incluye, como mínimo, la designación de la institución arbitral, el número de árbitros, la sede, el idioma y el plazo máximo del procedimiento. También puede incluir la obligación de intentar una mediación previa, lo que en muchos casos permite resolver la disputa sin necesidad de llegar al arbitraje.

En empresas con socios de distintas nacionalidades, habitual en el ecosistema tecnológico español con presencia de capital internacional, la cláusula debe también resolver la ley aplicable y la posibilidad de arbitraje internacional. La sede en España y la aplicación de la Ley de Arbitraje ofrecen un marco de seguridad jurídica reconocido internacionalmente, reforzado por la adhesión de España al Convenio de Nueva York de 1958, que garantiza el reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros en más de 170 países.

Para profundizar en los aspectos específicos de reclamación por incumplimiento en contratos tecnológicos, puede consultar nuestra página sobre reclamación de daños por incumplimiento contractual, donde abordamos en detalle las vías de acción disponibles y sus condiciones de ejercicio.

Checklist para la empresa tecnológica ante un conflicto entre socios

A modo de síntesis práctica, recogemos los puntos críticos que debe verificar cualquier empresa del sector tecnológico cuando detecta señales tempranas de conflicto entre socios:

  • Revisar el pacto de socios y los estatutos: ¿existe cláusula arbitral válida? ¿Qué institución se designa?
  • Identificar los acuerdos y documentos que pueden ser relevantes como prueba: correos, term sheets, actas de reuniones, comunicaciones de mensajería corporativa.
  • Evaluar si existe riesgo de daño irreversible que justifique la solicitud urgente de medidas cautelares.
  • Analizar la situación del órgano de administración: ¿qué decisiones pueden adoptarse de forma válida bajo el bloqueo actual?
  • Definir la estrategia de comunicación interna con empleados y con clientes clave.
  • Obtener una valoración independiente de la empresa si el conflicto involucra el precio de participaciones.
  • Consultar con un abogado mercantil con experiencia en litigios entre empresas y en arbitraje institucional antes de adoptar decisiones unilaterales que puedan comprometer la posición jurídica.

El sector tecnológico tiene una tolerancia especialmente baja al riesgo de continuidad: los clientes migran rápido, el talento se va si percibe inestabilidad y el valor de la empresa se erosiona con cada semana de incertidumbre. La estrategia jurídica debe responder a esa realidad con la misma velocidad con que opera el mercado.

Si su empresa opera en este sector y evalúa distintas vías para resolver una disputa societaria, puede encontrar información sobre nuestro enfoque general en resolución de disputas en la página de litigación y arbitraje de Velarde & Vidal.

Servicios relacionados

La resolución de un conflicto entre socios raramente se agota en el procedimiento arbitral o judicial. En paralelo o de forma posterior, suelen surgir cuestiones societarias relativas a la reorganización del accionariado, la redacción de nuevos pactos de socios y la reestructuración del gobierno corporativo. Estas materias se trabajan de forma integrada desde nuestra práctica de Derecho societario y operaciones.

Asimismo, en empresas tecnológicas con activos de propiedad intelectual relevantes, la disputa entre socios puede derivar en conflictos sobre la titularidad del código, de las marcas y de los contratos de licencia, cuestiones que abordan de forma específica nuestras prácticas de propiedad intelectual y tecnología.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica conflicto entre socios resuelto por arbitraje para una empresa?
Un conflicto entre socios resuelto por arbitraje implica someter la disputa a un árbitro o tribunal arbitral designado de acuerdo con la cláusula del pacto de socios o por acuerdo posterior de las partes. El procedimiento se rige por la Ley de Arbitraje y, en su caso, por el reglamento de la institución arbitral elegida. El laudo que dicta el árbitro tiene fuerza vinculante equivalente a una sentencia judicial y puede ejecutarse ante los juzgados de lo mercantil si la parte condenada no lo cumple voluntariamente. Para la empresa, el impacto más relevante es la paralización temporal del bloqueo societario y la obtención de una resolución definitiva con carácter privado y confidencial.
¿Qué plazos y costes conlleva conflicto entre socios resuelto por arbitraje?
Los plazos del arbitraje institucional son más predecibles que los de la vía judicial, aunque dependen de la complejidad del caso y de la institución elegida. El procedimiento completo en un arbitraje societario de complejidad media suele resolverse en un plazo que la normativa arbitral permite acotar. Los costes incluyen los honorarios del árbitro o tribunal arbitral, los gastos de la institución administradora y los honorarios de los abogados. En arbitrajes societarios en el sector tecnológico, los costes periciales de valoración de empresa suelen ser una partida relevante. Conviene presupuestarlos desde el inicio.
¿Qué riesgos hay que evitar en conflicto entre socios resuelto por arbitraje?
Los riesgos más frecuentes son: iniciar el procedimiento sin una cláusula arbitral válida, lo que puede dar lugar a una impugnación de la competencia del árbitro; no solicitar medidas cautelares a tiempo, permitiendo que el daño se consume antes de que el árbitro pueda intervenir; y presentar una demanda de arbitraje sin la documentación y los informes periciales suficientemente preparados. También es un error frecuente confundir la acción de anulación del laudo con un recurso de apelación: la anulación solo procede en supuestos tasados y el plazo es de dos meses desde la notificación del laudo, transcurridos los cuales el laudo deviene firme.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en conflicto entre socios resuelto por arbitraje?
El momento óptimo es antes de que el conflicto sea manifiesto. La revisión preventiva de los pactos societarios, la detección temprana de señales de deterioro en la relación entre socios y la preparación de una estrategia ante la primera señal de bloqueo reducen significativamente el coste y el riesgo del procedimiento posterior. En nuestra experiencia, las empresas que consultan en fase de conflicto latente obtienen resultados notablemente mejores que las que esperan a que el bloqueo sea total. El asesoramiento temprano de un abogado mercantil con experiencia en litigios entre empresas y arbitraje es, en este contexto, una decisión de gestión, no solo jurídica.

Análisis elaborado por Álvaro Velarde, Socio director · Litigación y arbitraje, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

Cuéntenos su asunto.
Le responde un socio.

Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.

  • Primera valoración orientativa sin compromiso
  • Confidencialidad desde el primer correo
  • Asesoramiento en español o en inglés
Plantear mi caso
Sus datos se tratan conforme al RGPD y la LOPDGDD y se remiten únicamente a info@velardevidal.com. No los compartimos con terceros.