El sector de la energía y las renovables afronta hoy una presión financiera sin precedentes en su historia reciente. La volatilidad de los precios de la electricidad, el peso de la deuda de proyecto, los retrasos en permisos y conexiones a red, y la incertidumbre regulatoria sobre las retribuciones han creado una tormenta perfecta para muchos promotores, operadores y subcontratistas. Cuando la tesorería se tensa y los acreedores empiezan a moverse, los plazos cuentan más que en cualquier otro sector.
La legislación concursal española, en su texto refundido reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia de 2019, ofrece hoy una caja de herramientas más amplia que hace una década. Pero el sector energético añade una capa normativa propia que ningún proceso de reestructuración puede ignorar.
Las instalaciones de generación de energía renovable operan bajo un régimen retributivo regulado cuya continuidad depende del cumplimiento de condiciones técnicas y administrativas. La apertura de un concurso de acreedores puede comprometer esas condiciones si no se gestiona con cuidado. Los activos concesionados o autorizados por la Administración – parques eólicos, plantas fotovoltaicas, instalaciones de biomasa – están sujetos a controles previos de transmisión y a requisitos de idoneidad del titular.
¿Qué significa esto en la práctica? Que el administrador de la empresa no puede limitar su análisis a los números del balance. Debe anticipar cómo afectará cualquier movimiento de reestructuración a las autorizaciones de explotación, a los contratos de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) y a las garantías financieras constituidas a favor de los financiadores. En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, este análisis integrado es el primer escollo que las dirección suele infravalorar.
La normativa de inversión extranjera también es relevante en el sector. Cuando el proceso de reestructuración implica la entrada de un nuevo inversor – un fondo de deuda, un operador estratégico o un vehículo de capital privado – la transmisión de activos o de participaciones en instalaciones de generación puede requerir autorización previa bajo el régimen de control de inversiones extranjeras directas, especialmente si el adquirente tiene vínculos con terceros países.
El texto refundido de la Ley Concursal establece un continuum de herramientas que van desde los instrumentos extrajudiciales hasta el concurso formal. La empresa energética que detecta señales de alerta tiene, en principio, cuatro grandes opciones.
La primera es el acuerdo de refinanciación o plan de reestructuración extrajudicial. No requiere apertura de procedimiento judicial y permite reestructurar la deuda financiera con los acreedores que acepten, con posibilidad de extender los efectos a disidentes si se cumplen los umbrales de adhesión que fija la normativa concursal. Para un proyecto de energía renovable con deuda de proyecto concentrada en uno o dos bancos financiadores, este instrumento puede ser suficiente.
La segunda es la comunicación de negociaciones al juzgado de lo mercantil – el mecanismo conocido coloquialmente como "preconcurso" – que otorga una protección frente a ejecuciones individuales durante el período de negociación. Este escudo temporal es especialmente valioso cuando hay acreedores financieros agresivos o proveedores que amenazan con resolver contratos esenciales para la operación del activo.
La tercera es el plan de reestructuración homologado judicialmente, el instrumento estrella introducido por la reforma de 2022. Permite restructurar deuda con efecto vinculante sobre clases de acreedores disidentes si se satisfacen las condiciones de votación y los criterios de justicia relativa entre clases. En el sector energético, este instrumento es útil cuando la estructura de capital tiene múltiples tramos con intereses divergentes: deuda sénior bancaria, bonos, deuda subordinada de los promotores.
La cuarta, en caso de insolvencia actual y sin margen para los instrumentos anteriores, es el concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil. El mito de que el concurso significa inevitablemente el cierre es precisamente eso: un mito. La legislación concursal vigente prevé la continuación de la actividad como objetivo preferente. El concurso con plan de liquidación ordenada de activos – o con transmisión de la unidad productiva – puede preservar el valor del parque o de la cartera de proyectos para los acreedores y, en algunos casos, para los accionistas subordinados.
El Derecho concursal español impone a los administradores sociales el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes al momento en que conocieron o debieron conocer la situación de insolvencia. Este plazo no es orientativo: su incumplimiento tiene consecuencias directas sobre la responsabilidad personal del administrador.
La calificación culpable del concurso – con condena al administrador a cubrir el déficit patrimonial – es la consecuencia más grave. Pero no es la única. La normativa societaria impone también obligaciones específicas cuando las pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de determinados umbrales: el órgano de administración debe convocar junta general para adoptar medidas, so pena de incurrir en responsabilidad por las deudas sociales posteriores.
¿Por qué este punto es especialmente sensible en el sector energético? Porque los proyectos de generación suelen articularse a través de sociedades vehículo (SPV) con patrimonios netos ajustados desde el origen. Una caída sostenida en los ingresos por ventas de energía – provocada, por ejemplo, por un período prolongado de precios bajos o por el retraso en la conexión a red – puede llevar el patrimonio neto de la SPV a situación de causa de disolución sin que los administradores lo adviertan a tiempo.
Hemos observado en nuestra práctica que las matrices o los socios industriales de estas sociedades vehículo asumen con frecuencia que el problema "no es urgente" porque la instalación sigue operativa. Ese error de percepción – confundir la continuidad operativa con la solvencia jurídica – es el origen de la mayoría de los supuestos de responsabilidad de administradores que hemos analizado en este sector.
En paralelo, los contratos de project finance incluyen habitualmente cláusulas de incumplimiento cruzado y vencimiento anticipado. Si la empresa matriz o una sociedad del grupo activa un procedimiento concursal, el financiador del proyecto puede declarar el vencimiento anticipado del préstamo sin que sea necesario que la propia SPV haya incumplido sus obligaciones. La gestión coordinada de todo el grupo – y no solo de la entidad en dificultades – es, por tanto, imprescindible.
La transmisión de la unidad productiva en el marco concursal es uno de los mecanismos más útiles para el sector energético. Permite enajenar el conjunto de activos y contratos que forman una instalación operativa – el parque eólico, la planta solar, los contratos de O&M, los PPA vigentes – como bloque, con una depuración significativa del pasivo heredado y con agilidad procesal.
El comprador de una unidad productiva en concurso adquiere los activos sin asumir, en principio, las deudas previas del concursado, salvo las excepciones que establece la legislación laboral respecto a los créditos de los trabajadores. Esta "limpieza de balance" hace que los activos renovables en concurso sean un objetivo atractivo para inversores estratégicos y fondos de infraestructura.
Para el vendedor – el concursado – la transmisión de la unidad productiva permite maximizar el valor de recuperación para los acreedores. Un parque eólico o una cartera de instalaciones fotovoltaicas con contratos en vigor y buenas condiciones técnicas puede obtener en un proceso de venta ordenado un precio significativamente superior al que resultaría de una liquidación activo por activo.
La clave está en la preparación previa. El proceso de venta debe iniciarse en cuanto se detectan las dificultades, no cuando ya se ha abierto el concurso. En nuestra experiencia, los procesos que comienzan con suficiente antelación – con una data room completa, un informe técnico actualizado y una lista de potenciales compradores ya identificada – concluyen en plazos razonables y con precios que cubren un porcentaje significativo de la deuda sénior.
La responsabilidad de los administradores es el vector de riesgo más subestimado en las reestructuraciones del sector energético. No porque los administradores actúen de mala fe, sino porque la estructura de gobierno de muchos proyectos diluye la claridad sobre quién decide y cuándo.
En un proyecto con varios socios – un promotor local, un fondo de capital privado internacional y un operador industrial – el consejo de administración de la SPV puede estar integrado por representantes de cada socio que carecen de información financiera completa y que esperan instrucciones de sus respectivas matrices antes de adoptar decisiones. Cuando la situación se deteriora, nadie actúa en el plazo que exige la normativa concursal.
El resultado puede ser una calificación culpable del concurso con responsabilidad personal de los administradores. La condena no recae solo sobre el administrador "formal": la doctrina del Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que los administradores de hecho – aquellos que ejercen funciones de gestión sin ostentar el cargo formalmente – pueden responder en las mismas condiciones que los administradores de derecho.
¿Qué medidas preventivas son posibles? La primera es implantar un sistema de alerta temprana que identifique los indicadores de insolvencia – deterioro del circulante, vencimiento de deuda sin posibilidad de refinanciación, caída persistente del EBITDA – con suficiente antelación para activar los instrumentos preconcursales. La segunda es documentar adecuadamente el proceso de toma de decisiones del órgano de administración: las actas, los informes técnicos encargados y las comunicaciones con los asesores son la mejor prueba de que los administradores actuaron diligentemente.
El sector energético español está atravesado por un marco regulatorio cambiante que condiciona la viabilidad económica de los activos y, por tanto, el resultado de cualquier proceso de reestructuración.
Las modificaciones retroactivas en el régimen retributivo de las energías renovables que se produjeron en España durante la primera mitad de la década pasada generaron olas de arbitrajes de inversión y procesos concursales que todavía colean. La experiencia acumulada por los operadores del sector muestra que la exposición al riesgo regulatorio no es abstracta: puede traducirse directamente en una caída de ingresos que comprometa la capacidad de servicio de la deuda.
En el momento presente, la transición energética impone nuevas exigencias: capacidad de almacenamiento, hibridación de tecnologías, participación en mercados de capacidad y de servicios de red. Las empresas que compiten por desarrollar estos nuevos segmentos asumen estructuras de capital más complejas y plazos de maduración más largos, lo que amplía el período de exposición a dificultades financieras.
La normativa de competencia, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad supervisora, también es relevante cuando una reestructuración implica la adquisición de activos o participaciones por un operador ya presente en el mercado. Si la operación supera los umbrales de cuota de mercado establecidos, puede requerir notificación previa y análisis de impacto competitivo, lo que alarga los plazos del proceso.
Por último, la normativa de protección de datos y los sistemas de cumplimiento normativo (compliance) tienen un papel creciente en las transacciones del sector: los compradores de activos en reestructuración realizan una diligencia debida (due diligence) exhaustiva que incluye la revisión de los sistemas de gestión medioambiental, las obligaciones de reporte ESG y los contratos de suministro de tecnología. Una empresa que llega a una reestructuración con estos expedientes en orden tiene una posición negociadora significativamente mejor.
El asesoramiento jurídico en reestructuración no debe activarse cuando el concurso es inminente. Esta es la principal lección que hemos extraído de los casos que hemos dirigido en empresas industriales y de servicios. La activación temprana – cuando todavía hay margen para negociar con los acreedores y para explorar alternativas extrajudiciales – determina la diferencia entre salvar el negocio o liquidarlo.
En el sector energético, ese margen existe cuando: los estados financieros muestran tensión de tesorería pero los activos tienen valor; los contratos de project finance están próximos al vencimiento sin refinanciación asegurada; hay litigios regulatorios cuyo resultado puede afectar materialmente a los ingresos; o la matriz del grupo está en dificultades y puede arrastrar a las SPV.
El asesoramiento temprano permite, en primer lugar, evaluar si la situación es de insolvencia actual o meramente de insolvencia inminente. Esta distinción es jurídicamente relevante: si hay insolvencia inminente, el empresario puede optar por los instrumentos preconcursales sin estar obligado a solicitar el concurso. Si hay insolvencia actual, el plazo de dos meses ya corre.
En segundo lugar, permite estructurar la comunicación con los acreedores financieros de forma ordenada. Un acercamiento unilateral y mal preparado puede precipitar una declaración de vencimiento anticipado o activar cláusulas de incumplimiento cruzado. Un proceso de negociación bien diseñado – con un plan de negocio actualizado, una proyección de tesorería creíble y una propuesta estructurada de reestructuración – aumenta significativamente las posibilidades de alcanzar un acuerdo.
En tercer lugar, permite preparar la documentación necesaria para un eventual proceso judicial en el menor tiempo posible. Si la negociación fracasa y el concurso es inevitable, un expediente bien preparado – con el inventario de activos, la lista de acreedores y el análisis de viabilidad – reduce el tiempo de tramitación y limita los costes.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios. La constante que encontramos en los casos con mejor resultado es siempre la misma: el cliente llegó antes de que el problema se hiciera inmanejable.
Las empresas del sector de la energía y las renovables que atraviesan una situación de dificultad financiera deben verificar, con carácter inmediato, los siguientes puntos:
Los procesos de reestructuración en el sector energético presentan con frecuencia intersecciones con el Derecho societario y la gestión de crisis corporativas, en particular cuando la reestructuración afecta a la estructura accionarial o exige modificaciones estatutarias. Asimismo, la experiencia acumulada en sectores industriales sometidos a presión similar ofrece criterios valiosos: el dosier sobre reestructuración e insolvencia en el sector de la automoción desarrolla en detalle los mecanismos de transmisión de unidad productiva y la gestión de la cadena de suministro en contextos de insolvencia. Para una perspectiva más analítica sobre el plan de reestructuración como instrumento estratégico, puede consultar el análisis sobre el plan de reestructuración como herramienta de gestión de crisis.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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