El sector fintech y de servicios financieros ha experimentado en los últimos años una expansión rápida seguida de una fase de consolidación que ha puesto a prueba la solidez financiera de muchas compañías. Modelos de negocio que dependían de financiación externa barata, ingresos recurrentes de crecimiento acelerado o licencias regulatorias que tardaron más de lo previsto en obtenerse han generado tensiones de tesorería que, en varios casos, han derivado en situaciones de insolvencia inminente o actual. La pregunta que plantea la dirección de estas empresas no suele ser si existe un problema, sino si aún hay margen para actuar.
El texto refundido de la Ley Concursal, reformado en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, constituye el eje normativo central. Sin embargo, las empresas del sector fintech y de servicios financieros operan en un entorno regulado que añade capas de complejidad que la legislación concursal ordinaria no siempre anticipa.
Una entidad de pago, una entidad de dinero electrónico o una empresa de asesoramiento financiero no es simplemente una mercantil con problemas de liquidez. Es una entidad autorizada cuya licencia puede verse comprometida si el supervisor detecta que el órgano de administración no ha adoptado medidas adecuadas ante señales de deterioro. El Banco de España y la CNMV mantienen competencias de intervención y revocación de autorización que operan con independencia del procedimiento concursal.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, el mayor riesgo no surge cuando se declara el concurso, sino en los meses previos, cuando la dirección no identifica la coexistencia de dos marcos normativos con lógicas distintas: el concursal, que busca preservar el valor para los acreedores, y el supervisorio, que busca proteger a los usuarios y la estabilidad del sistema. Comprender ese solapamiento es el primer paso de cualquier estrategia de reestructuración.
La normativa de protección de datos, particularmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD), añade otra dimensión. En un proceso concursal o de venta de unidad productiva, los activos más valiosos de una fintech son frecuentemente datos de clientes y tecnología propietaria. Su transmisión exige un análisis previo que, de omitirse, puede generar responsabilidad ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tanto para el cedente como para el cesionario.
La Ley Concursal impone al deudor el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Este plazo no es orientativo: su incumplimiento abre la puerta a que el concurso sea calificado como culpable, con consecuencias que pueden alcanzar el patrimonio personal de los administradores.
¿Significa eso que la empresa debe cruzarse de brazos durante esos dos meses? En absoluto. El objetivo del plazo es garantizar que el deudor no dilata artificialmente una situación que ya es irrecuperable. Pero la legislación concursal actual ofrece instrumentos preconcursales que pueden activarse antes de que se alcance ese umbral de insolvencia actual.
El preconcurso es la comunicación al juzgado de que se han iniciado negociaciones con los acreedores o que se va a solicitar el nombramiento de un mediador concursal. Su efecto principal es suspender temporalmente la obligación de solicitar el concurso y proteger al deudor frente a las ejecuciones individuales mientras dura el período de negociación. Para una empresa fintech con deuda institucional concentrada en unos pocos fondos o entidades de crédito, este instrumento puede ser decisivo.
Los planes de reestructuración, introducidos por la reforma de 2022, permiten acordar con los acreedores afectados condiciones de refinanciación – quitas, esperas, conversiones de deuda en capital – con un grado de vinculación que puede extenderse incluso a acreedores disidentes si se cumplen determinados requisitos de mayoría. Este instrumento es especialmente relevante para fintechs con deuda de bonos o financiación estructurada donde el número de acreedores relevantes es limitado pero las posiciones están fragmentadas.
La dirección de una empresa fintech que detecta señales de alerta – caída de ingresos por comisiones, deterioro del ratio de liquidez, retrasos en el cierre de una ronda de financiación o pérdida de una licencia clave – debe iniciar el análisis legal antes de que las cifras confirmen la insolvencia. El coste del asesoramiento preventivo es, invariablemente, inferior al coste de la gestión de un concurso necesario.
La estructura patrimonial de una empresa fintech difiere sustancialmente de la de una empresa industrial o de servicios tradicionales. Comprender esa estructura es imprescindible para diseñar una estrategia de reestructuración eficaz.
En el activo, los elementos de mayor valor suelen ser intangibles: la licencia regulatoria, la tecnología propietaria (incluyendo algoritmos, software y bases de datos), los contratos de distribución o de colaboración con entidades bancarias, y los datos de clientes. Ninguno de estos activos tiene un mercado secundario líquido y su valor puede deteriorarse con rapidez si el proceso de reestructuración se prolonga o genera incertidumbre entre socios comerciales.
En el pasivo, la deuda de una fintech en fase de expansión suele combinar instrumentos heterogéneos: participaciones de deuda convertible de inversores institucionales, líneas de crédito bancarias, préstamos participativos de fondos especializados y, en algunos casos, deuda subordinada emitida mediante plataformas de financiación alternativa. Cada uno de estos instrumentos tiene una estructura de prelación y de triggering events diferente, lo que hace que la gestión de los acreedores sea significativamente más compleja que en sectores tradicionales.
Hemos asesorado con frecuencia a empresas que subestimaban el efecto de las cláusulas de cambio de control o de deterioro de calificación crediticia incorporadas a sus contratos de financiación. En un proceso de reestructuración, estas cláusulas pueden acelerar vencimientos y transformar deuda a largo plazo en una obligación inmediata. Identificarlas con anticipación es condición necesaria para cualquier negociación.
La existencia de fondos de clientes segregados – obligatoria para las entidades de pago y de dinero electrónico conforme a la normativa de servicios de pago – añade una capa adicional. Estos fondos no forman parte de la masa activa del concurso, pero su gestión durante el procedimiento exige una coordinación estrecha con el supervisor para evitar que la situación concursal de la empresa contamine la disponibilidad de los fondos de los usuarios.
La responsabilidad de los administradores en el contexto de una empresa fintech en dificultades es uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre los directivos y, paradójicamente, uno de los que recibe menor atención hasta que el proceso ya está en marcha.
La normativa societaria establece que los administradores deben actuar con la diligencia de un ordenado empresario. En el ámbito concursal, si el concurso es declarado culpable, los administradores que hubieran generado o agravado la insolvencia con dolo o culpa grave pueden ser condenados a cubrir el déficit concursal con su patrimonio personal. No se trata de una responsabilidad teórica.
¿Cuándo se agrava la insolvencia? El Tribunal Supremo ha consolidado el criterio de que la demora injustificada en la solicitud del concurso, la salida de activos en condiciones no de mercado en el período de sospecha o el mantenimiento de relaciones comerciales que incrementan el pasivo cuando la insolvencia ya era patente son conductas que pueden fundamentar la calificación culpable.
Para los administradores de fintechs existe una particularidad adicional: la normativa supervisora puede generar obligaciones de información al regulador sobre la situación financiera de la entidad. El incumplimiento de esas obligaciones en el período previo al concurso puede valorarse negativamente tanto en sede concursal como en sede administrativa sancionadora. La coordinación entre el abogado concursal y el especialista en regulación financiera no es una opción: es una necesidad.
Un director financiero que detecta la insolvencia inminente y no traslada esa información al consejo de administración, o un consejo que conoce la situación y no adopta medidas, están asumiendo un riesgo que puede materializarse en su patrimonio personal mucho tiempo después de que la empresa haya cerrado. El asesoramiento temprano no solo protege a la empresa: protege a quienes la dirigen.
Cuando la reestructuración financiera no es viable, la venta de unidad productiva es frecuentemente el instrumento que permite preservar el empleo, los contratos y el valor de la licencia, evitando la liquidación atomizada del patrimonio.
La legislación concursal permite que la transmisión de una unidad productiva en el seno del concurso se realice libre de cargas, con una asunción selectiva de contratos laborales y comerciales y, en determinados supuestos, con efectos sobre las licencias administrativas. Este último punto es especialmente relevante para el sector fintech: la transmisión de una autorización de entidad de pago o de una licencia de intermediación financiera no es automática y requiere la previa conformidad del supervisor.
En nuestra práctica, la preparación de un proceso de venta de unidad productiva en el sector de servicios financieros exige una diligencia debida (due diligence) específica que abarca no solo los aspectos contractuales y laborales habituales, sino también la revisión del estado de la licencia, el cumplimiento de los requisitos de capital regulatorio del cesionario y la valoración de los activos tecnológicos y de datos bajo los estándares aplicables.
La Audiencia Provincial viene admitiendo con creciente regularidad la transmisión de unidades productivas en situaciones preconcursales, lo que abre la posibilidad de completar una venta de negocio antes de la declaración formal del concurso, reduciendo el estigma asociado al procedimiento y preservando en mayor medida el valor para los acreedores. Este enfoque requiere una planificación cuidadosa y un calendario ejecutado con precisión.
Si evalúa distintas opciones para afrontar la situación de su empresa, le invitamos a contrastar su análisis con el nuestro escribiéndonos a info@velardevidal.com.
La curva de costes en un proceso de insolvencia es marcadamente no lineal. El coste de iniciar conversaciones de refinanciación cuando la empresa todavía tiene liquidez suficiente para negociar desde una posición de fuerza es sustancialmente inferior al coste de gestionar un concurso necesario instado por un acreedor.
En el sector fintech, esta asimetría es todavía más pronunciada. La reputación y la confianza de los usuarios son activos que se deterioran en cuanto los medios especializados publican que una empresa ha entrado en concurso. Ese deterioro de reputación afecta directamente al valor de la licencia y de la cartera de clientes, que son precisamente los activos que el proceso concursal debería preservar. La percepción pública de que la empresa está en dificultades puede desencadenar una salida de clientes que agrava la insolvencia en el propio transcurso del procedimiento.
El asesoramiento temprano permite, en primer lugar, diagnosticar con precisión si la empresa se encuentra ante una crisis de liquidez – gestionable con instrumentos de refinanciación – o ante una insolvencia estructural que requiere un proceso más profundo. La diferencia entre ambas situaciones no siempre es evidente para la dirección, y confundir una con la otra tiene consecuencias que van en direcciones opuestas.
En segundo lugar, el asesoramiento previo a la comunicación de preconcurso permite identificar qué acreedores son claves para la negociación, cuál es la estructura de prelación real del pasivo, qué contratos incluyen cláusulas aceleradoras y qué activos pueden transmitirse dentro del proceso con mayor eficiencia. Todo ese trabajo de cartografía del riesgo, realizado antes de que comience el plazo legal, aumenta significativamente las probabilidades de éxito del proceso.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios en las que la activación temprana de los instrumentos preconcursales permitió completar la negociación con los principales acreedores sin necesidad de declarar el concurso. El resultado, en esos casos, fue la continuidad del negocio, la preservación del empleo y la evitación de la responsabilidad concursal de los administradores.
Las siguientes verificaciones deben realizarse, o revisarse con asesoramiento legal especializado, en cuanto aparezcan las primeras señales de dificultad financiera.
Este checklist no sustituye al análisis jurídico específico para cada empresa. Su función es orientar a la dirección sobre los vectores de riesgo prioritarios. Cada uno de ellos puede tener una solución distinta según las circunstancias concretas de la entidad.
Para profundizar en la estrategia de reestructuración más adecuada para su empresa, puede consultar nuestra área de práctica de reestructuración e insolvencia, donde encontrará información detallada sobre los instrumentos disponibles en el Derecho español.
La reestructuración de una empresa fintech rara vez es un proceso unidimensional. Con frecuencia exige la integración de la perspectiva concursal con la fiscal, dado que determinados instrumentos de reestructuración de deuda generan impactos tributarios que deben planificarse. Asimismo, la transmisión de unidades productivas en el sector tecnológico tiene implicaciones específicas en materia de propiedad intelectual y contratos de licencia que abordamos de forma coordinada.
Si su empresa opera en el sector tecnológico en sentido más amplio, puede resultarle de utilidad el análisis que hemos elaborado sobre reestructuración e insolvencia en el sector tecnológico, donde tratamos las singularidades de empresas de software, plataformas digitales e infraestructura tecnológica. Nuestro equipo de reestructuración trabaja de forma integrada con las prácticas fiscal, laboral y de protección de datos para ofrecer un análisis completo de cada situación.
Si necesita contrastar su situación con la de otros momentos del ciclo y evaluar la decisión entre un proceso preconcursal y la vía concursal, puede encontrar contexto adicional en nuestro análisis sobre reestructuración temprana frente a concurso tardío.
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