El ecosistema de startups y venture capital en España vive una paradoja que se repite con demasiada frecuencia: empresas con modelos de negocio prometedores, participadas por inversores sofisticados, entran en tensión de tesorería y, cuando los administradores reaccionan, el margen de maniobra ya se ha consumido. Los acreedores – fondos, proveedores estratégicos, entidades financieras y co-inversores – constatan entonces que sus posiciones se han deteriorado de forma evitable. La ventana de actuación se cierra más rápido de lo que cualquier consejo de administración anticipa.
El texto refundido de la Ley Concursal, reformado en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, es el instrumento central que regula el concurso de acreedores en España. Su lógica ha cambiado de forma significativa: el legislador ha apostado por la reestructuración temprana frente a la liquidación, y ha dotado al sistema de herramientas preconcursales que, si se utilizan a tiempo, permiten preservar el valor del negocio. Esto es especialmente relevante en el ecosistema de startups, donde el valor reside fundamentalmente en el equipo, la tecnología y las relaciones comerciales, no en los activos físicos.
Para los acreedores – sean fondos de venture capital, business angels, proveedores de software o entidades financiadoras de deuda – comprender este marco es imprescindible. El concurso no es un procedimiento neutro: la clasificación de los créditos, la composición de la masa activa y la actuación del deudor en los meses previos a la declaración determinan en gran medida lo que el acreedor va a recuperar.
La normativa concursal distingue entre la fase preconcursal – en la que operan los planes de reestructuración y los acuerdos extrajudiciales – y la fase concursal propiamente dicha, con sus dos secciones de convenio y liquidación. En el entorno de las startups, la casuística más frecuente que observamos en nuestra práctica combina deuda convertible pendiente de conversión, préstamos participativos de inversores privados, créditos con proveedores tecnológicos y obligaciones laborales acumuladas. Cada categoría tiene un tratamiento diferente y, para el acreedor que no actúa, puede suponer una pérdida definitiva de posición.
La normativa impone al deudor el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses desde que conoció o debió conocer la situación de insolvencia. Este deber es, al mismo tiempo, una señal de alarma para el acreedor: si el administrador no cumple ese plazo, pueden generarse consecuencias en términos de responsabilidad personal que, a su vez, abren vías de recuperación para los acreedores perjudicados.
Las startups participadas por fondos de venture capital presentan estructuras de capital que la normativa concursal española no siempre trata con la misma lógica que el inversor esperaba en el momento de la inversión. Cuatro factores hacen que la exposición sea mayor de lo que aparece en el cuadro de cap table.
Primero, la deuda convertible. En muchas rondas de financiación, los fondos o los business angels aportan capital bajo la forma de préstamos convertibles. Si la conversión no se ha producido antes de la declaración del concurso, esa deuda puede quedar clasificada como crédito subordinado en determinadas circunstancias, especialmente cuando existe una relación de especial vinculación entre el prestamista y la sociedad deudora. El resultado es la postergación en el cobro respecto a los acreedores ordinarios.
Segundo, los préstamos participativos. Este instrumento habitual en el ecosistema emprendedor español tiene un régimen concursal específico: la normativa los trata, en principio, como créditos subordinados. El inversor que ha financiado vía préstamo participativo debe tener presente que su posición en el concurso es, estructuralmente, la más expuesta.
Tercero, la ausencia de garantías reales. A diferencia de la financiación bancaria tradicional, la inversión en startups rara vez incluye garantías hipotecarias o prendas sobre activos tangibles. El acreedor queda en su mayoría como acreedor ordinario sin privilegio, lo que en un escenario de liquidación con masa activa insuficiente equivale en la práctica a una pérdida significativa o total.
Cuarto, la velocidad de deterioro. Una startup que pierde su principal contrato o no cierra una ronda de financiación puede pasar de operar con normalidad a una situación de insolvencia inminente en cuestión de semanas. En nuestra experiencia asesorando a fondos y a acreedores financieros en el sector tecnológico, este factor de velocidad es el que más sorprende a los inversores y el que genera mayor pérdida de posición cuando no hay un protocolo de seguimiento activo.
La fase preconcursal es, con diferencia, la más relevante para la defensa del acreedor. Una vez declarado el concurso, la negociación individual queda suspendida y las posiciones cristalizan. Antes, el acreedor que actúa con asesoramiento especializado puede influir de forma determinante en el resultado.
El plan de reestructuración, introducido por la reforma de 2022, es el instrumento preconcursal más potente que ofrece hoy la legislación española. Permite reestructurar deuda con el consentimiento de una mayoría de acreedores organizados en clases y, si se cumplen los requisitos legales, puede imponerse incluso a acreedores disidentes mediante la figura de la homologación judicial. Para el acreedor con posición relevante en términos de volumen de crédito, participar activamente en la negociación del plan es la vía más eficaz de proteger su inversión.
¿Qué ocurre si el acreedor ignora las primeras señales? El riesgo es doble. Por un lado, puede verse vinculado por un plan de reestructuración negociado sin su participación activa. Por otro, si la empresa entra en concurso sin plan previo, el acreedor llega al procedimiento sin haber consolidado ninguna posición negociada.
En nuestra práctica, hemos observado que los acreedores que consiguen mejores resultados en concursos del sector tecnológico son aquellos que, ante los primeros indicios de tensión financiera en la empresa deudora, contratan a un abogado concursal para analizar la situación, comunican formalmente sus posiciones y, si procede, instan la comunicación de negociaciones o se incorporan a los procesos de negociación abiertos por el deudor.
Una herramienta adicional, frecuentemente subestimada, es la solicitud de medidas cautelares antes o durante la declaración del concurso. Cuando existen indicios de vaciamiento patrimonial o de actuaciones del deudor que perjudican a los acreedores, la legislación procesal y concursal ofrece mecanismos de tutela urgente que pueden preservar la masa activa.
En el ámbito del concurso de acreedores de startups, la responsabilidad de los administradores es una palanca de recuperación que los acreedores activan tarde o no activan en absoluto. Sin embargo, es una de las más relevantes cuando el concurso se califica como culpable.
La legislación concursal establece que el concurso puede declararse culpable cuando la insolvencia se ha generado o agravado por dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores. En las startups, los supuestos más habituales que dan lugar a esta calificación son: el incumplimiento del deber de solicitar el concurso en plazo, la salida de activos por debajo de su valor de mercado en los dos años anteriores a la declaración, la contabilidad deficiente o la falta de llevanza de contabilidad conforme a la normativa mercantil, y los pagos a acreedores vinculados en perjuicio del conjunto de la masa.
Cuando el concurso se califica como culpable, los administradores afectados pueden ser condenados a la cobertura del déficit concursal, es decir, a responder con su patrimonio personal de la diferencia entre la masa activa y los créditos reconocidos que no puedan satisfacerse. Esta acción no es automática: requiere que la administración concursal – y, en su caso, el acreedor personado en la sección de calificación – acredite los presupuestos legales. Por eso, la personación activa en la sección de calificación es una decisión estratégica que el acreedor no puede dejar en manos exclusivamente de la administración concursal.
En el ecosistema de venture capital, un supuesto particularmente relevante es el de los administradores de hecho. El consejero nombrado por un fondo inversor en el consejo de administración de la participada puede quedar expuesto a acciones de responsabilidad si se prueba que participó activamente en la gestión que agravó la insolvencia. Este riesgo, que los fondos tienden a subestimar en la práctica, exige un análisis preciso de las actas de consejo, de los correos electrónicos de gestión y de las instrucciones impartidas en las reuniones del órgano de gobierno.
Cuando el concurso de una startup desemboca en liquidación, la figura de la adquisición de unidad productiva se convierte en un instrumento de enorme relevancia tanto para el acreedor que desea recuperar valor como para el tercero que quiere adquirir el negocio limpio de cargas. Esta figura ha cobrado una importancia creciente en el sector tecnológico español, donde el activo más valioso – el equipo, el código fuente, los contratos de clientes – puede perderse irreversiblemente si la liquidación se prolonga.
La normativa concursal permite transmitir el conjunto o una parte de la actividad empresarial como unidad productiva en el marco del concurso, con efectos de sucesión limitada en determinadas condiciones. Para los acreedores con garantías sobre activos concretos de la startup – derechos de propiedad intelectual, licencias, contratos comerciales con cláusulas de cambio de control – la transmisión de la unidad productiva puede afectar directamente al valor de sus garantías o al ejercicio de sus derechos de resolución contractual.
Puede consultarse un análisis pormenorizado de la estructura de transmisión de unidad productiva y sus implicaciones prácticas en nuestra nota técnica sobre la venta de unidad productiva en procesos concursales.
Para el acreedor que tiene la capacidad financiera de adquirir la unidad productiva, el concurso puede representar una oportunidad de consolidación de mercado o de recuperación del valor de su inversión a través de la adquisición directa del negocio. Esta estrategia, que hemos visto aplicar con éxito en concursos de empresas tecnológicas, requiere una planificación que debe comenzar mucho antes de la fase de liquidación.
La gestión del tiempo es el factor más determinante en el resultado de cualquier proceso concursal para el acreedor. Identificamos cuatro decisiones que, en nuestra experiencia, marcan la diferencia entre una posición de recuperación aceptable y una pérdida irreversible.
Primera decisión: el reconocimiento temprano de la situación. El acreedor que monitoriza activamente la situación financiera de sus deudoras – especialmente cuando se trata de participadas en cartera – puede anticiparse meses antes a los síntomas formales de insolvencia. Los indicadores habituales en el sector: agotamiento del runway sin ronda en curso, impagos a Hacienda o a la Seguridad Social, retrasos en nóminas, litigios laborales crecientes y deterioro de los contratos de clientes. Cada semana de anticipación amplía el abanico de instrumentos disponibles.
Segunda decisión: la personación formal en el procedimiento. El acreedor que no se persona en el concurso pierde la posibilidad de influir en decisiones críticas: la composición de la administración concursal, la impugnación del inventario de la masa activa, la calificación de los créditos y la sección de calificación. La personación no es automática y requiere asistencia letrada. El plazo para comunicar los créditos es el que fija la resolución de apertura, y su incumplimiento genera consecuencias patrimoniales graves.
Tercera decisión: la revisión de los actos del período sospechoso. La normativa concursal permite impugnar determinados actos realizados por el deudor en los dos años anteriores a la declaración del concurso cuando han perjudicado a la masa. Esta es la acción de reintegración. Para el acreedor que sospecha que se han producido pagos preferentes a acreedores vinculados, transmisiones de activos estratégicos a precio inferior al de mercado o constitución de garantías en favor de determinados inversores, el examen de este período es un paso obligatorio.
Cuarta decisión: la estrategia de clasificación del crédito. La clasificación del crédito como privilegiado especial, privilegiado general, ordinario o subordinado determina el orden de cobro. En el ecosistema de venture capital, como señalábamos, la naturaleza del instrumento de financiación condiciona directamente la clasificación. El acreedor que no revisa esta clasificación con asesoramiento especializado puede aceptar pasivamente una clasificación desfavorable que podría haberse impugnado con éxito.
¿Evalúa si la contratación de asesoramiento concursal está justificada en una fase tan temprana? La respuesta que damos a nuestros clientes es invariablemente la misma: el coste del asesoramiento en la fase preconcursal es una fracción del coste de intentar recuperar posiciones una vez declarado el concurso. Ilustramos esta afirmación con tres escenarios que encontramos con frecuencia en el sector.
Escenario A – el fondo que espera. Un fondo de venture capital con una participación relevante en una startup en fase de crecimiento recibe señales de deterioro financiero. El equipo de inversión decide esperar a que el equipo directivo de la participada resuelva la situación internamente. Cuando el concurso se declara, el fondo descubre que la deuda convertible que aportó en la última ronda ha quedado clasificada como crédito subordinado por las características del instrumento y la vinculación societaria. La pérdida es total en el reparto de la masa. Un análisis previo a la declaración del concurso habría permitido explorar la conversión anticipada o la renegociación del instrumento bajo la tutela del plan de reestructuración.
Escenario B – el proveedor tecnológico estratégico. Una empresa de infraestructura tecnológica que presta servicios a una startup en dificultades acumula facturas impagadas durante varios meses. No comunica sus créditos en el plazo fijado por el juzgado de lo mercantil por desconocimiento del procedimiento. Su crédito queda reconocido tardíamente en una posición desfavorable. Hemos asesorado con regularidad a acreedores en situaciones similares: la personación temprana, con comunicación correcta y completa de todos los créditos – principal, intereses y costas – habría permitido maximizar la posición.
Escenario C – el co-inversor que activa la calificación. Un business angel con presencia activa en el consejo de administración de una startup detecta que los administradores ejecutivos han realizado pagos a proveedores vinculados al fundador en los meses previos a la declaración del concurso. Con asesoramiento concursal especializado, este co-inversor se persona en la sección de calificación, aporta la documentación necesaria y contribuye a que el concurso sea calificado como culpable. La condena al administrador ejecutivo permite recuperar una parte del déficit con cargo a su patrimonio personal. Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios con dinámicas similares a esta.
Los tres escenarios tienen un denominador común: la anticipación y la personación activa con asesoramiento especializado marcan la diferencia entre una pérdida evitable y una pérdida consolidada. Para una orientación completa sobre cómo opera la defensa de acreedores en el procedimiento concursal, puede consultarse nuestra página dedicada a la defensa de acreedores en el concurso.
A modo de síntesis operativa, recogemos las actuaciones clave que todo acreedor – fondo, co-inversor, proveedor estratégico o entidad financiadora – debería revisar ante cualquier señal de deterioro financiero de una empresa del sector.
Ninguna de estas actuaciones es sencilla ni está exenta de riesgo procesal si se ejecuta sin el conocimiento técnico adecuado. La complejidad del concurso de acreedores en el sector tecnológico e inversor exige un abogado concursal con experiencia específica en la tipología de instrumentos y en la dinámica de los órganos de gobierno de las startups.
La defensa de acreedores en el concurso conecta directamente con otras prácticas de nuestra firma. Cuando el deterioro financiero de una participada coincide con una transacción en curso, nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A) aporta la perspectiva necesaria para evaluar el impacto sobre la operación. En situaciones con componente laboral relevante – concursos con plantillas significativas o con ERE vinculado al procedimiento – nuestra práctica de Laboral y movilidad asesora en la coordinación entre el concurso y los procedimientos de regulación de empleo.
Para un análisis completo del área de reestructuración e insolvencia y de todos los instrumentos disponibles bajo la normativa española, puede consultar nuestra página de práctica de reestructuración e insolvencia.
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