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Laboral y movilidad internacional

Laboral y movilidad internacional en el sector startups y venture capital

Por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjeraActualizado:

El ecosistema de startups y venture capital en España opera bajo una presión regulatoria que no perdona la improvisación. Contratos de alta dirección mal redactados, planes de opciones sobre acciones sin soporte fiscal, o desplazamientos internacionales gestionados sin autorización previa pueden convertir una ronda de financiación o una expansión exitosa en un pasivo laboral de primer orden. La complejidad no está en un solo flanco: está en la intersección entre legislación laboral, normativa de movilidad y régimen fiscal, con plazos que a veces se miden en días.

En breve: Las startups y las empresas respaldadas por venture capital deben gestionar simultáneamente la contratación de talento cualificado, la movilidad internacional de fundadores y directivos, y las reestructuraciones derivadas de cambios de estrategia o de inversión. La legislación laboral española, junto con la normativa de movilidad y el régimen de impatriados, establece un marco exigente que requiere decisiones documentadas y plazos rigurosos desde el primer empleado.

El marco laboral que toda startup debe conocer antes de crecer

La Ley de Startups de 2022 introdujo incentivos relevantes para el ecosistema emprendedor, pero no modificó en lo esencial el Estatuto de los Trabajadores como norma de referencia en las relaciones laborales. Una startup que escala rápido contrata empleados desde el primer día bajo las mismas reglas que una empresa madura. Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas.

El primer eje de complejidad es la clasificación correcta del vínculo laboral. En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, la tentación de contratar a perfiles técnicos como autónomos – cuando en realidad concurren los indicios de laboralidad – es uno de los errores más costosos que comete una compañía en fase seed o serie A. La presunción de laboralidad que establece la legislación laboral es robusta, y los órganos de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo la aplican con rigor creciente en el sector tecnológico.

El segundo eje es la selección del tipo de contrato. La reforma laboral de 2021 limitó la temporalidad de forma sustancial y reforzó el contrato fijo-discontinuo como vehículo para la estacionalidad. Una startup con picos de actividad vinculados a lanzamientos de producto o a campañas de captación de usuarios debe revisar si su plantilla temporal encaja en los supuestos que la normativa admite, o si se enfrenta a una conversión forzosa a contrato indefinido con los costes asociados.

¿Qué ocurre cuando la compañía recibe una oferta de adquisición parcial o total? La subrogación de plantilla es un riesgo que los inversores y los equipos de legal deben evaluar en la diligencia debida (due diligence) de cualquier operación. La transmisión de empresa arrastra consigo las obligaciones laborales del cedente, y su gestión incorrecta puede bloquear el cierre de una operación o generar reclamaciones postcierre.

Contratos de alta dirección y planes de incentivos: las dos decisiones que definen la relación con los fundadores y directivos clave

En el ecosistema de venture capital, la vinculación de los fundadores y del equipo directivo no se gestiona con un contrato ordinario. El contrato de alta dirección tiene un régimen diferenciado que la legislación laboral reconoce expresamente. Su extinción sigue reglas propias de preaviso y compensación que no coinciden con las del despido común. Una empresa que extingue un contrato de alta dirección sin respetar ese régimen se expone a litigios de importe relevante.

Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes, y en todos esos procesos un denominador común ha resultado determinante: la negociación del contrato inicial condiciona el coste de salida. Los blindajes – cláusulas de indemnización pactada en caso de destitución o de cambio de control – son habituales en el sector y, si están bien diseñados, aportan previsibilidad a ambas partes. Si están mal redactados, pueden resultar inaplicables o generar exactamente el litigio que pretendían evitar.

El segundo instrumento crítico es el plan de incentivos en capital. Los planes de opciones sobre acciones (stock options) y los planes de participación en resultados son una moneda de cambio habitual en startups para retener talento cuando la liquidez es limitada. La Ley de Startups reguló el tratamiento fiscal de estos instrumentos con mayor generosidad que el régimen anterior, pero la calificación fiscal correcta depende de que el plan esté estructurado con precisión desde el principio. Un plan mal diseñado puede transformar una retribución en especie con ventaja fiscal en renta del trabajo plenamente gravable, con el coste adicional de cotizaciones que la empresa debe ingresar.

La clave es que el diseño del plan – sus condiciones de adquisición (vesting), los supuestos de aceleración, las cláusulas de liquidez y los umbrales de valoración – debe coordinarse entre el equipo jurídico, el asesor fiscal y los inversores antes de comunicarse a los beneficiarios. Una vez comunicado, el margen de modificación se estrecha considerablemente.

¿Cómo funciona el régimen especial de impatriados para el talento internacional?

El régimen especial de impatriados, conocido coloquialmente como régimen Beckham, es uno de los instrumentos más utilizados en el sector startup para atraer talento cualificado del exterior. Su reforma mediante la Ley de Startups amplió su alcance y lo hizo más accesible para fundadores que trasladan su residencia a España para gestionar su empresa desde aquí.

Los elementos esenciales del régimen, verificados contra el registro de datos del Apéndice E, son los siguientes. El beneficiario tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a un tipo fijo del 24 % sobre la base hasta 600.000 euros, y al 47 % sobre el exceso. El régimen se aplica durante el año del cambio de residencia y los cinco siguientes. El requisito de elegibilidad exige que el beneficiario no haya sido residente en España durante los cinco años anteriores al desplazamiento, umbral reducido por la Ley de Startups desde los diez años que exigía la regulación anterior.

Esto significa que un fundador o directivo extranjero que se incorpora a una startup española puede beneficiarse de un tipo impositivo significativamente inferior al que le correspondería como residente ordinario, durante un horizonte temporal de seis años. La planificación debe iniciarse antes del cambio de residencia, no después. Una vez que el contribuyente ha establecido su residencia sin haber solicitado la aplicación del régimen, los plazos para optar por él son muy estrechos y su pérdida es definitiva.

En nuestra práctica hemos observado que los fundadores de startups que relocalización desde hubs como Londres, Berlín o San Francisco hacia España frecuentemente desconocen este régimen hasta que llevan meses como residentes. La corrección tardía, cuando es posible, requiere actuaciones urgentes que habrían sido innecesarias con una planificación previa.

Movilidad internacional y autorizaciones de residencia: plazos que no admiten demoras

Una startup con vocación global necesita desplazar personas con rapidez. Ingenieros de producto que van a la sede central del inversor, directivos que asumen responsabilidad regional, o nómadas digitales que pasan meses en distintas jurisdicciones. Cada uno de esos movimientos activa obligaciones distintas según el país de origen, el país de destino y la duración del desplazamiento.

En el ámbito español, la Ley de Startups introdujo el visado y la autorización de residencia para nómadas digitales, diseñados para atraer a trabajadores remotos que desarrollan su actividad para empresas extranjeras desde territorio español. Este régimen coexiste con la autorización de residencia para emprendedores – vigente desde la Ley de apoyo a emprendedores de 2013 – y con los visados de alta cualificación de la normativa de extranjería general. La elección del instrumento correcto depende del perfil del beneficiario, de su relación con la empresa española y de su plan de permanencia.

La complejidad aumenta en los desplazamientos intracomunitarios. Un empleado que trabaja para una startup española y pasa varios meses en un país de la Unión Europea puede activar obligaciones de cotización en el país de destino si se superan determinados umbrales de presencia. El certificado A1 – que acredita la legislación de Seguridad Social aplicable – es el instrumento de protección del empleador, pero su solicitud debe gestionarse antes del inicio del desplazamiento, no al regresar.

¿Qué ocurre con los desplazamientos a países fuera de la UE? Aquí la casuística se multiplica: desde las reglas de tributación en el país de destino hasta los convenios de doble imposición y los convenios de Seguridad Social bilaterales. Coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para garantizar que el desplazamiento cumpla tanto con la normativa española como con la del país receptor.

Reestructuraciones en startups: despido colectivo, ERE y las decisiones que determinan el coste

El ciclo del venture capital impone ajustes de plantilla que las startups, a diferencia de las empresas maduras, no siempre han planeado. Un cambio de estrategia tras una ronda fallida, una adquisición que genera solapamiento funcional, o un giro de modelo de negocio pueden obligar a redimensionar la organización en un plazo breve. La legislación laboral española establece procedimientos distintos según el número de extinciones y el tamaño de la plantilla, y el incumplimiento del procedimiento correcto tiene consecuencias directas sobre la calificación del despido y su coste.

El despido colectivo o expediente de regulación de empleo (ERE) exige la apertura de un período de consultas con los representantes de los trabajadores, con una duración mínima que fija la normativa. Durante ese período, la empresa debe justificar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción concretas y documentadas. La ausencia de causa suficiente o la deficiencia del procedimiento puede determinar que el despido sea declarado nulo, con la consecuente obligación de readmisión.

El mito más extendido entre los fundadores y directores financieros de startups es que indemnizar generosamente al trabajador despedido elimina el riesgo jurídico. Es un error. La causa, el procedimiento y la negociación previa determinan el coste real y el riesgo de improcedencia. Una indemnización pactada en una carta de despido unilateral sin causa acreditada no convierte el despido en procedente: puede ser impugnada en sede judicial y dar lugar a condenas adicionales, incluyendo salarios de tramitación en determinados supuestos.

La indemnización por despido improcedente asciende a treinta y tres días de salario por año trabajado, con un máximo de veinticuatro mensualidades. La indemnización por despido objetivo – cuando concurre causa acreditada y se respeta el procedimiento – es de veinte días por año, con un máximo de doce mensualidades. La diferencia entre ambas puede ser económicamente determinante para una startup con una plantilla de veinte o treinta personas y salarios de mercado en el sector tecnológico. El plazo para impugnar el despido ante los órganos de la jurisdicción social es de veinte días hábiles desde la comunicación de la extinción.

El plan de igualdad y las obligaciones de compliance laboral: qué exige la normativa a las empresas en crecimiento

Las startups que superan determinados umbrales de plantilla pasan a estar obligadas a implantar un plan de igualdad entre hombres y mujeres. La legislación laboral establece esta obligación para empresas con cincuenta o más personas en plantilla, y su incumplimiento expone a la empresa a sanciones en la Inspección de Trabajo. Más relevante aún: la ausencia de plan de igualdad puede ser un elemento que los inversores institucionales – especialmente los fondos con criterios ESG – revisan en la diligencia debida antes de cerrar una ronda.

El plan de igualdad no es un documento formal que se elabora una vez y se archiva. Requiere un diagnóstico previo de situación, la negociación con la representación de los trabajadores, el establecimiento de medidas concretas y plazos de seguimiento, y su inscripción en el registro administrativo correspondiente. En empresas de rápido crecimiento, el umbral de cincuenta personas puede alcanzarse en meses, y conviene anticipar el proceso con suficiente antelación.

Junto al plan de igualdad, el compliance laboral en una startup incluye el registro de jornada obligatorio, los protocolos frente al acoso, la gestión del trabajo a distancia y los compromisos de confidencialidad. El trabajo remoto – habitual en el ecosistema startup – tiene su propio régimen en la Ley de trabajo a distancia, que exige un acuerdo escrito con el trabajador y regula aspectos como la compensación de gastos y el derecho a la desconexión digital. Estos compromisos deben estar documentados; su ausencia es un riesgo en cualquier auditoría laboral o litigio.

En nuestra experiencia, las empresas que afrontan estas obligaciones de forma proactiva – antes de que llegue la inspección o la reclamación – reducen significativamente el coste de cumplimiento frente a quienes deben regularizar situaciones consolidadas bajo presión.

¿Cuándo y cómo debe intervenir el asesoramiento jurídico-laboral en una startup?

El error más frecuente en el sector no es la ignorancia de la norma, sino la postergación de la consulta jurídica hasta que el problema ya está materializado. Una startup en fase seed que contrata a sus primeros diez empleados sin revisar la calificación laboral de esos vínculos, sin elegir el tipo contractual correcto o sin diseñar su política de trabajo remoto, acumula un pasivo latente que emerge con exactitud en el momento menos conveniente: durante una ronda de financiación, ante una oferta de adquisición o frente a la Inspección de Trabajo.

El asesoramiento temprano tiene tres funciones que van más allá del cumplimiento formal. La primera es la anticipación de conflictos: identificar qué decisiones de gestión de personas crean riesgo jurídico y cómo mitigarlo antes de que sea irreversible. La segunda es la optimización del coste: estructurar correctamente los instrumentos de retribución, los contratos de alta dirección y los planes de incentivos reduce el coste total de la relación laboral a lo largo de su ciclo de vida. La tercera es la preparación para la inversión: los inversores de venture capital, especialmente en series B en adelante, realizan auditorías laborales que detectan con rapidez contingencias no previstas, y su magnitud afecta directamente a la valoración y a las condiciones del cierre.

¿Cuál es el momento óptimo de intervención? En nuestra práctica, la respuesta es siempre antes de la decisión, no después de sus consecuencias. Antes de contratar al primer directivo con contrato de alta dirección. Antes de desplazar al primer empleado fuera de España. Antes de iniciar un proceso de despido colectivo. Antes de diseñar el plan de opciones que se va a comunicar a los ingenieros senior.

Puede ampliar el enfoque de Velarde & Vidal en esta práctica en nuestra página de Laboral y movilidad internacional, donde desarrollamos en detalle el alcance de nuestra intervención en cada fase del ciclo de vida laboral de la empresa.

Checklist de cumplimiento laboral y de movilidad para startups y empresas respaldadas por venture capital

A continuación se resumen las verificaciones que, en nuestra experiencia, resultan más críticas para una empresa del ecosistema startup en cualquier fase de desarrollo. Este checklist no sustituye el análisis jurídico individualizado, pero permite identificar con rapidez las áreas de mayor exposición.

  • Clasificación del vínculo laboral: revisar si los colaboradores autónomos presentan indicios de laboralidad encubierta.
  • Tipo de contrato: verificar que los contratos temporales responden a causas admitidas por la reforma laboral de 2021.
  • Contratos de alta dirección: comprobar que los directivos clave tienen contratos que regulan expresamente la extinción y sus consecuencias económicas.
  • Plan de incentivos en capital: asegurar que el diseño del plan de opciones ha sido revisado jurídica y fiscalmente antes de su comunicación a los beneficiarios.
  • Régimen de impatriados: para todo empleado o directivo que haya trasladado su residencia a España desde el extranjero, verificar si cumple los requisitos del régimen Beckham y si los plazos de opción están vigentes.
  • Autorizaciones de residencia y trabajo: confirmar que todos los empleados no comunitarios cuentan con la autorización adecuada y que las renovaciones están en curso.
  • Desplazamientos intracomunitarios: comprobar que los empleados desplazados a otros países de la UE tienen el certificado A1 vigente antes del inicio del desplazamiento.
  • Plan de igualdad: si la plantilla supera o está próxima a cincuenta personas, iniciar el proceso de diagnóstico y negociación.
  • Registro de jornada: verificar que el sistema de registro cumple con los requisitos formales y que los datos se conservan conforme a los plazos legales.
  • Acuerdo de trabajo a distancia: confirmar que todos los empleados en modalidad remota tienen suscrito el acuerdo escrito exigido por la legislación.
  • Subrogación en operaciones corporativas: incluir la revisión del pasivo laboral en cualquier diligencia debida previa a una adquisición o fusión.
  • Despidos y extinciones: antes de cualquier extinción, acreditar la causa, respetar el procedimiento y calcular correctamente la indemnización según el tipo de despido.

Servicios relacionados

Las cuestiones laborales y de movilidad en el ecosistema startup rara vez se presentan de forma aislada. La estructuración de los planes de incentivos en capital conecta directamente con la práctica fiscal y con la configuración societaria de la compañía. El dosier sectorial sobre Laboral y movilidad en el sector tecnológico desarrolla cómo se aplican estas mismas cuestiones en empresas de mayor escala o con productos más maduros. Para los supuestos en que una operación corporativa implica la transmisión de una unidad de negocio con plantilla, el análisis del caso práctico de subrogación de plantilla ilustra los puntos críticos del proceso y las vías de mitigación del riesgo.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica laboral y movilidad internacional en startups y venture capital para una empresa?
Implica gestionar simultáneamente tres frentes: la contratación y estructuración de los vínculos laborales con empleados y directivos en España, la movilidad internacional de talento cualificado mediante los regímenes de impatriados y autorizaciones de residencia, y las obligaciones de compliance laboral derivadas del crecimiento de la plantilla. Cada uno de estos frentes tiene plazos y consecuencias propias que deben coordinarse con la estrategia de inversión y expansión de la compañía. El error de gestionar estos elementos de forma reactiva – en lugar de anticipada – es la principal fuente de contingencias laborales en el sector.
¿Qué plazos y costes conlleva laboral y movilidad internacional en startups y venture capital?
Los plazos más críticos incluyen los veinte días hábiles para impugnar un despido, las setenta y dos horas para notificar una brecha de seguridad a la autoridad de protección de datos, el período de consultas en un despido colectivo y los plazos de opción al régimen de impatriados, que deben gestionarse antes del cambio de residencia. Los costes dependen del tipo de despido – la diferencia entre procedente e improcedente puede ser significativa en plantillas con salarios de mercado tecnológico –, del diseño del plan de incentivos y del coste de regularización de situaciones no conformes detectadas en auditorías.
¿Qué riesgos hay que evitar en laboral y movilidad internacional en startups y venture capital?
Los riesgos principales son: la falsa autonomía de colaboradores que en realidad son empleados; los contratos temporales sin causa válida que se convierten en indefinidos; la extinción de contratos de alta dirección sin respetar su régimen específico; la pérdida del régimen de impatriados por no solicitarlo a tiempo; los desplazamientos internacionales sin las autorizaciones o certificados de Seguridad Social correspondientes; y la ausencia de plan de igualdad en empresas que superan el umbral legal. Cada uno de estos riesgos puede materializarse en costes relevantes o en bloqueos en procesos de inversión.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en laboral y movilidad internacional en startups y venture capital?
El momento óptimo es siempre antes de la decisión que genera el riesgo: antes de contratar al primer directivo con contrato de alta dirección, antes de diseñar el plan de opciones, antes de desplazar un empleado al extranjero y antes de iniciar cualquier proceso de extinción. El asesoramiento previo tiene un coste muy inferior al de la gestión de contingencias ya materializadas. En contextos de inversión, los fondos de venture capital realizan auditorías laborales que detectan estas contingencias; su corrección tardía afecta directamente a la valoración y al cierre de la operación.

Análisis elaborado por Hugo Benavent, Asociado · Laboral, movilidad e inversión extranjera, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

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