La llegada de un directivo internacional a una empresa española activa simultáneamente dos planos de complejidad jurídica que rara vez se gestionan de forma coordinada: el plano laboral – con sus reglas de alta dirección, blindajes y extinciones – y el plano fiscal – con los requisitos de acceso, mantenimiento y renuncia al régimen de impatriados conocido coloquialmente como régimen Beckham. Cuando ambos planos se desalinean, la empresa paga el coste dos veces: primero en la contratación, después en la salida.
El régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español – el llamado régimen Beckham – permite a determinadas personas que adquieren la residencia fiscal en España tributar a un tipo fijo sobre sus rentas de trabajo, en lugar de hacerlo por la escala progresiva del IRPF. Conforme a la normativa vigente, el tipo aplicable es del 24 % hasta 600.000 euros de base y del 47 % sobre el exceso.
Dos reformas recientes han modificado el perímetro de este régimen. La Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes (Ley de Startups, 2022) redujo el requisito de no residencia previa en España de diez a cinco años anteriores al desplazamiento. Además, amplió el ámbito subjetivo para incluir a emprendedores, profesionales altamente cualificados y, en determinadas condiciones, a los administradores de entidades.
¿Qué implica esto para la empresa que incorpora un directivo extranjero? Básicamente, que no basta con firmar el contrato: es imprescindible verificar que el candidato cumple los requisitos de acceso al régimen antes de que comience a prestar servicios en territorio español. La normativa tributaria fija un plazo para presentar la opción ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); si ese plazo se incumple, el directivo queda obligado a tributar por el régimen general de no residentes o como residente ordinario, con consecuencias muy distintas en términos de coste salarial total.
El régimen está vigente durante el año de cambio de residencia y los cinco ejercicios fiscales siguientes. Eso significa que la empresa debe planificar la estructura retributiva del directivo con una perspectiva de hasta seis ejercicios, no solo para el período de prueba o el primer año de actividad.
La contratación de un directivo en España puede adoptar dos modalidades principales desde el punto de vista laboral: el contrato ordinario de trabajo – con funciones directivas reconocidas contractualmente – o el contrato especial de alta dirección, regulado por legislación laboral específica. Esta distinción no es menor. Determina la normativa de extinción aplicable, las indemnizaciones exigibles y, crucialmente, los pactos que la empresa puede incluir en el contrato.
Un error frecuente en nuestra experiencia es incorporar a un directivo bajo la normativa ordinaria del Estatuto de los Trabajadores cuando la relación tiene todas las características de la alta dirección. El resultado es una doble exposición: laboral, porque la empresa no puede invocar las reglas de la relación especial cuando necesite extinguir el vínculo; y fiscal, porque el diseño retributivo no se ha adaptado a las ventajas ni a las obligaciones que impone el régimen Beckham.
Desde el punto de vista fiscal, el régimen de impatriados exige que los trabajos se realicen efectivamente en España y que las retribuciones procedan de una entidad residente o de un establecimiento permanente. Si el directivo también presta servicios en otras jurisdicciones – lo cual es habitual en posiciones de liderazgo internacional – es necesario definir con precisión qué parte de su retribución queda dentro del perímetro del régimen y qué parte queda fuera. Esa definición debe quedar fijada en el contrato, no improvisarse en la declaración anual.
Hemos asesorado reestructuraciones, contratación de directivos y movilidad internacional en empresas medianas y grandes. En todos esos procesos, la diferencia entre un resultado eficiente y un conflicto posterior se ha encontrado invariablemente en la fase de diseño del contrato, no en la de ejecución.
El primer plazo relevante es el de presentación de la comunicación de opción ante la AEAT. Este plazo es perentorio: la normativa establece que la opción debe ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de inicio de la actividad laboral en España reflejada en la afiliación a la Seguridad Social. No es prorrogable. Una vez vencido, no cabe subsanación ordinaria.
La empresa empleadora tiene obligaciones propias en este proceso. Debe comunicar determinada información al directivo y, en algunos supuestos, actúa como responsable de la correcta retención. Si la empresa retiene erróneamente desde el primer mes – por ejemplo, aplicando un tipo de retención de residente ordinario cuando el directivo ya ha optado por el régimen especial – genera un exceso de retención que, aunque recuperable en la declaración, genera fricción innecesaria y dificulta la relación con el directivo en la fase inicial.
El segundo grupo de plazos críticos corresponde al ámbito laboral. En la contratación de alta dirección, la empresa debe respetar las reglas del período de prueba aplicables a esta relación especial. Las consecuencias de una extinción durante o tras el período de prueba – y los posibles litigios sobre si el período se acordó válidamente – pueden ser muy relevantes cuando el directivo también disfruta del régimen de impatriados, porque una extinción acelerada puede afectar a los períodos de cotización y residencia necesarios para mantener el régimen fiscal.
El tercer plazo a controlar es el de las indemnizaciones pactadas en el contrato de alta dirección. La normativa laboral establece unas indemnizaciones mínimas para la extinción de la relación especial de alta dirección, pero las partes pueden mejorarlas contractualmente. Sin embargo, si esas indemnizaciones superan determinados umbrales, quedan parcialmente fuera de la exención del IRPF. La empresa que diseña un paquete retributivo generoso para captar al directivo puede estar creando, sin saberlo, una obligación de retención sobre la indemnización futura que el directivo no habrá anticipado al negociar su incorporación.
El contrato debe abordar, al menos, cinco dimensiones que afectan directamente a la fiscalidad del régimen de impatriados.
Primera: la base salarial. El salario fijo en efectivo es la base sobre la que se calcula el tipo del 24 % para los primeros 600.000 euros. Cualquier componente retributivo que la empresa incorpore – bonus, stock options, beneficios en especie, plan de pensiones – tiene un tratamiento diferenciado en el régimen especial. El diseño del mix retributivo debe realizarse con conocimiento de estos tratamientos, no después de firmar el contrato.
Segunda: el reparto geográfico de funciones. Si el directivo tiene responsabilidades fuera de España, el contrato debe definir de forma clara qué actividades se realizan en territorio español y cuáles en el extranjero. La normativa del régimen de impatriados no grava las rentas de trabajo que correspondan a actividades realizadas fuera de España más allá de determinados límites; el exceso tributa de forma diferente. Una cláusula de distribución geográfica bien redactada permite a la empresa y al directivo saber con exactitud cuál es la tributación efectiva antes de que se produzca el primer desplazamiento.
Tercera: la duración prevista y las cláusulas de salida. El régimen de impatriados tiene una duración máxima. Si la empresa prevé que el directivo permanecerá en España más allá del período cubierto por el régimen, el contrato debe contemplar cómo evoluciona la retribución neta cuando el directivo pase a tributar por el régimen general. Una retribución neta pactada que asuma el coste fiscal adicional puede ser muy onerosa para la empresa en los ejercicios posteriores al fin del régimen especial.
Cuarta: la indemnización por extinción. Como se ha indicado, la indemnización acordada en el contrato de alta dirección tiene implicaciones fiscales. Conviene alinear el pacto indemnizatorio con los umbrales de exención vigentes en la normativa del IRPF, especificando en el propio contrato qué parte de la indemnización tiene naturaleza extintiva y cuál retributiva, si procede.
Quinta: las cláusulas de no competencia y confidencialidad. Las cláusulas de no competencia postcontractual son habituales en la alta dirección. El importe que la empresa paga al directivo en compensación de esta cláusula tiene un tratamiento fiscal específico que puede no quedar cubierto por el régimen de impatriados si se devenga o cobra una vez extinguida la relación laboral y el directivo ha perdido ya la condición de residente. Diseñar el calendario de pago de estas compensaciones con atención al ciclo del régimen fiscal es una optimización que las empresas frecuentemente omiten.
Cuando la empresa decide prescindir de un directivo que tributa bajo el régimen de impatriados, se produce una confluencia de tres planos de riesgo que deben gestionarse de forma simultánea.
El primer plano es el laboral. La extinción del contrato de alta dirección puede producirse por desistimiento del empresario, con la indemnización pactada o la legal mínima aplicable, o por causas objetivas o disciplinarias. Si la extinción es declarada improcedente, la indemnización resultante puede superar los umbrales que el directivo calculó al negociar su blindaje, con consecuencias fiscales no previstas. Una empresa que contrata en condiciones de alta competitividad salarial y extingue sin blindar la causa jurídica puede encontrarse pagando una indemnización mayor de la prevista, con un impacto fiscal que la empresa no puede controlar una vez producida la sentencia.
El segundo plano es el fiscal. La extinción de la relación laboral no extingue automáticamente el régimen de impatriados: si el directivo permanece en España por otros motivos, puede mantener el régimen. Pero si la extinción implica el regreso al país de origen antes del fin del período del régimen, el directivo puede perder la condición de residente fiscal en España, con obligaciones de regularización que la empresa, como entidad pagadora, debe gestionar correctamente.
El tercer plano es el contractual. Si el contrato incluía derechos sobre acciones o participaciones de la empresa (stock options, phantom shares o planes de incentivos a largo plazo), su tratamiento fiscal en el momento de la extinción depende de si el directivo sigue siendo residente en España o no. Una extinción que coincide con el final del período cubierto por el régimen de impatriados puede generar una liquidación fiscal muy desfavorable sobre los incentivos acumulados durante años.
¿Qué medidas preventivas puede adoptar la empresa? En nuestra práctica, la combinación más efectiva es siempre la misma: diseño del contrato con visión del ciclo completo del régimen, cláusulas de extinción que reflejen la realidad fiscal del directivo y acompañamiento en la negociación de la salida antes de que el conflicto llegue a los juzgados de lo social.
La incorporación de directivos bajo el régimen de impatriados no exime a la empresa de sus obligaciones en materia de igualdad y no discriminación. Los directivos internacionales se incorporan a una plantilla en la que existen – o deben existir, según el tamaño de la empresa – planes de igualdad, registros retributivos y auditorías salariales. La retribución del directivo impatriado debe integrarse en estos registros y ser justificable desde el principio de igualdad retributiva.
Esto es relevante por dos razones. Primera: una diferencia retributiva significativa entre el directivo recién incorporado y perfiles comparables de la plantilla nacional puede generar conflictos sindicales o reclamaciones individuales. Segunda: la auditoría retributiva asociada al plan de igualdad exige transparencia sobre los factores que determinan cada nivel salarial; si la empresa no puede justificar el diferencial retributivo del directivo impatriado en términos de funciones, responsabilidad y resultados – no solo de régimen fiscal –, puede encontrarse ante un riesgo regulatorio añadido.
En este contexto, la movilidad internacional como política de empresa y el régimen de impatriados como herramienta de captación de talento deben estar integrados en una política retributiva coherente, no gestionados como casos excepcionales y aislados. Esa integración es, precisamente, una de las áreas donde el asesoramiento temprano genera mayor valor para la dirección.
Para empresas en proceso de crecimiento o con vocación de captación de perfiles internacionales, puede ser útil revisar cómo se estructuran los incentivos al talento en etapas de expansión. En nuestro análisis sobre startups y venture capital: planes de incentivos y retención de talento desarrollamos los aspectos societarios y fiscales de estos instrumentos, que frecuentemente se complementan con el régimen de impatriados en el caso de fundadores o directivos desplazados.
El ciclo de incorporación de un directivo internacional tiene, en nuestra experiencia, al menos cuatro momentos donde el asesoramiento preventivo genera un ahorro neto respecto al coste de subsanar errores a posteriori.
Primero: la due diligence fiscal y laboral previa a la oferta. Antes de formular una oferta económica al candidato, es imprescindible verificar si cumple los requisitos del régimen de impatriados, cuántos ejercicios le restan de vigencia – si ya ha comenzado a tributar bajo el régimen en otra empresa española –, y cuáles son sus expectativas de retribución neta. Una oferta formulada sin estos datos puede quedar obsoleta en el momento de la firma si el candidato no cumple los requisitos.
Segundo: el diseño del contrato y la solicitud del régimen fiscal. El contrato de alta dirección y la solicitud de la opción al régimen de impatriados son dos documentos que deben elaborarse de forma coordinada y en paralelo. Delegar uno a recursos humanos y el otro a la asesoría fiscal externa, sin punto de contacto entre ambas vías, es la causa más frecuente de los errores que hemos observado en estos procesos.
Tercero: el seguimiento durante la vigencia del régimen. El directivo que tributa bajo el régimen de impatriados tiene obligaciones anuales propias, pero la empresa también tiene obligaciones como retenedor. Cualquier modificación de las condiciones del contrato – un cambio de funciones, una asignación temporal al extranjero, un ajuste retributivo, la concesión de opciones sobre acciones – puede tener consecuencias sobre el régimen fiscal que deben valorarse antes de ejecutarse, no después.
Cuarto: la gestión de la salida. Ya se ha explicado la confluencia de riesgos laborales y fiscales en la extinción del contrato. La diferencia entre una salida planificada y una extinción reactiva puede suponer, para la empresa, la diferencia entre un acuerdo extrajudicial eficiente y un procedimiento ante los juzgados de lo social con un directivo que, además, plantea reclamaciones fiscales paralelas.
Para empresas que operan en sectores con alta presencia de directivos desplazados y planes de movilidad global, los aspectos contractuales y fiscales de la captación de talento internacional se entrecruzan también con las estructuras de inversión y proyecto. Nuestro análisis sobre energía y renovables: la contratación de directivos en proyectos transfronterizos aborda estas particularidades desde la perspectiva sectorial.
Las empresas que gestionan la incorporación de directivos internacionales sin asesoramiento especializado tienden a incurrir en los mismos errores. Identificarlos es útil porque, una vez producidos, su corrección es siempre más costosa que su prevención.
El primer error es no verificar el requisito de no residencia previa. Un directivo que llevó a cabo una asignación temporal en España varios años antes puede haber agotado el período de cinco años de no residencia exigido por la normativa. Si la empresa formula la oferta asumiendo que el candidato accederá al régimen de impatriados sin verificarlo previamente, puede encontrarse con que el coste salarial real es significativamente mayor que el previsto.
El segundo error es no distinguir entre relación ordinaria y alta dirección. El Tribunal Supremo ha consolidado criterios claros sobre cuándo una relación laboral con un directivo debe calificarse como relación especial de alta dirección. Si la empresa encuadra erróneamente la relación, las consecuencias se manifiestan en la extinción: la indemnización aplicable, los plazos de preaviso y las posibilidades de pactar blindajes son distintos en uno y otro régimen.
El tercer error es omitir la cláusula de distribución geográfica en el contrato. En posiciones directivas con responsabilidades transfronterizas, la ausencia de esta cláusula genera incertidumbre sobre qué parte de la retribución queda dentro del perímetro del régimen de impatriados. Esa incertidumbre se traslada a las retenciones mensuales y puede generar obligaciones de regularización en la declaración anual.
El cuarto error es diseñar la indemnización del contrato de alta dirección sin considerar los límites de exención del IRPF. La normativa tributaria establece límites de exención sobre las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo. Para la relación especial de alta dirección, estos límites son distintos a los de la relación ordinaria. Si la empresa negocia un blindaje sin considerar estos límites, puede estar acordando un importe bruto que genera una retención sobre la indemnización que ninguna de las partes habrá anticipado.
El quinto error es ignorar la interacción con el expediente de regulación de empleo (ERE) o el despido colectivo. Si la empresa se ve obligada a acometer una reducción de plantilla que afecta a directivos acogidos al régimen de impatriados, las reglas del despido colectivo y las obligaciones de información y consulta con la representación legal de los trabajadores se aplican con independencia del régimen fiscal de cada afectado. La coordinación entre la estrategia del proceso colectivo y la gestión individualizada de los directivos con régimen especial es compleja y requiere planificación específica.
A continuación se exponen las actuaciones mínimas recomendables antes, durante y después de la incorporación de un directivo internacional bajo el régimen de impatriados.
La movilidad internacional de directivos y el régimen de impatriados se articulan frecuentemente con otras necesidades jurídicas de la empresa. El diseño de la estructura retributiva de un directivo internacional tiene implicaciones en el ámbito societario – en la eventual participación del directivo en el capital o en planes de incentivos vinculados a la valoración de la empresa – y en el ámbito fiscal corporativo, cuando la presencia del directivo en España pueda generar un establecimiento permanente en otras jurisdicciones. El área de Laboral y movilidad internacional de Velarde & Vidal ofrece asesoramiento integrado que cubre tanto la dimensión contractual como la fiscal y la societaria de estas operaciones.
Cuando el directivo internacional se incorpora a una empresa con capital de riesgo o a una empresa emergente, la interacción del régimen de impatriados con los planes de opciones sobre participaciones y los acuerdos entre socios añade una capa adicional de complejidad que es conveniente abordar de forma conjunta.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.