Una empresa española con filiales en el extranjero, o un grupo multinacional con exposición en España, no puede gestionar una crisis de insolvencia como si solo existiese una jurisdicción. Cada frontera cruzada añade un régimen procesal, un tribunal competente y, con frecuencia, un plazo que corre en paralelo. El coste de ignorarlo no es solo económico: puede traducirse en responsabilidad personal de los administradores y en la pérdida de activos que habrían podido salvarse.
Una insolvencia confinada a España tiene reglas claras: los juzgados de lo mercantil son los competentes, la Ley Concursal (texto refundido, reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración en 2022) fija el procedimiento y los plazos. La complejidad aumenta en cuanto la empresa tiene acreedores o activos fuera de España, o cuando el deudor es una sociedad extranjera con intereses en el mercado español.
En esos escenarios conviven, al menos, dos marcos normativos. El Reglamento europeo de insolvencia – aplicable cuando el deudor tiene su centro de intereses principales en un Estado miembro de la Unión Europea – establece un sistema de reconocimiento automático entre países de la UE. Pero ese reconocimiento no es ilimitado. Los procedimientos secundarios pueden abrirse en cada Estado donde el deudor tenga un establecimiento, y su tramitación simultánea genera riesgos de conflicto procesal que conviene anticipar.
Fuera del ámbito europeo, el panorama es más incierto. Las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), adoptadas en mayor o menor medida según la jurisdicción, ofrecen un marco de cooperación, pero no la automaticidad del Reglamento de la UE. En nuestra práctica hemos observado que las empresas que operan en mercados latinoamericanos o anglosajones a menudo descubren tarde que el reconocimiento de un concurso español en esas jurisdicciones no es automático y requiere actuaciones paralelas.
La cuestión de la competencia es, con frecuencia, la primera batalla de una insolvencia transfronteriza. El concepto clave es el centro de intereses principales (COMI, por sus siglas en inglés). Con carácter general, se presume que coincide con el domicilio social registrado. Esa presunción, sin embargo, puede rebatirse si la administración efectiva y la gestión de la tesorería se ejercen de forma habitual desde otro lugar.
Los grupos empresariales son el terreno más conflictivo. Una sociedad holding domiciliada en Países Bajos con la dirección ejecutiva real en Madrid podría ver discutido su COMI en ambas jurisdicciones. Definir ese punto con rigor antes de cualquier actuación pública es una decisión estratégica, no un trámite administrativo. Una elección equivocada puede dar lugar a un procedimiento en la jurisdicción más desfavorable para los intereses del deudor o de los acreedores preferentes.
¿Qué consecuencia práctica tiene esto para el administrador de la sociedad española? Que debe actuar con celeridad. El deber de solicitar el concurso existe desde que se conoce – o se debería conocer – la situación de insolvencia, con un margen de dos meses. Si la empresa tiene también obligaciones procesales en otra jurisdicción, ese plazo puede resultar insuficiente si no se ha preparado la documentación con antelación.
Una creencia extendida en los consejos de administración es que el concurso de acreedores significa el fin de la empresa. Es un mito que el propio legislador español se ha esforzado en desmontar, especialmente desde la reforma de 2022. Los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración existen precisamente para permitir que una empresa con viabilidad económica pero con tensión de tesorería pueda reorganizar su deuda sin necesidad de abrir un procedimiento concursal formal.
En el plano doméstico, la empresa puede activar la comunicación de negociaciones al juzgado – lo que en la práctica se conoce como el preconcurso – para protegerse de las ejecuciones individuales mientras negocia con sus acreedores. Esta protección no es indefinida, y los plazos que fija la legislación aplicable deben respetarse con rigor. Un asesoramiento temprano permite calibrar si procede optar por esta vía o por un plan de reestructuración más ambicioso que afecte a clases de acreedores organizadas.
En la dimensión transfronteriza, el desafío es que los acreedores extranjeros pueden no reconocer la eficacia de esa protección en sus propias jurisdicciones. Un acreedor con sede en Frankfurt o en Nueva York que tenga garantías sobre activos situados fuera de España puede intentar ejecutarlas al margen del escudo protector español. Para evitarlo, conviene actuar de forma coordinada desde el primer momento: informar a los acreedores estratégicos, negociar compromisos de standstill y, si el Reglamento europeo es aplicable, activar los mecanismos de reconocimiento previstos en él.
Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios en los que la coordinación temprana con acreedores financieros de varias nacionalidades fue determinante para alcanzar un acuerdo sin llegar al concurso formal. La diferencia entre el éxito y el fracaso no estuvo en la norma aplicable, sino en el tiempo disponible para negociar.
Cuando el Reglamento europeo de insolvencia es aplicable, puede abrirse un procedimiento secundario en cualquier Estado miembro donde el deudor tenga un establecimiento. Ese procedimiento secundario afecta únicamente a los activos situados en ese Estado. La existencia simultánea de un procedimiento principal y varios secundarios es, en sí misma, una fuente de complejidad y coste.
El Reglamento prevé mecanismos de cooperación entre los administradores concursales de los distintos procedimientos: intercambio de información, deber de coordinación y, en ciertos supuestos, la posibilidad de transformar el procedimiento secundario en un simple procedimiento de liquidación que no interfiera con el plan de reestructuración principal. En la práctica, esa coordinación exige que los abogados locales de cada jurisdicción trabajen bajo una misma estrategia.
En Velarde & Vidal coordinamos con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para garantizar que las actuaciones en cada país sean coherentes con la estrategia global. La falta de una dirección única es uno de los errores más frecuentes que observamos en grupos empresariales que afrontan su primera crisis transfronteriza: cada filial actúa de forma autónoma, los acreedores explotan las inconsistencias y el coste del procedimiento se multiplica.
Una herramienta práctica que recomendamos es el protocolo de insolvencia transfronteriza: un documento acordado entre los representantes de los distintos procedimientos que fija las reglas de comunicación, la jerarquía de decisiones y los mecanismos de resolución de conflictos entre jurisdicciones. Su uso no es obligatorio, pero en procesos complejos puede ser la diferencia entre una reestructuración ordenada y un litigio multijurisdiccional de años.
La responsabilidad personal de los administradores de hecho y de derecho es el elemento que, con más frecuencia, acelera la decisión de actuar. Y, sin embargo, sigue siendo el gran punto ciego en muchas empresas con dificultades.
La normativa societaria española impone a los administradores el deber de convocar junta general cuando las pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de determinados umbrales, y de solicitar el concurso cuando la insolvencia es inminente o actual. El incumplimiento de esos deberes puede generar responsabilidad patrimonial personal. En un grupo transfronterizo, esa responsabilidad puede extenderse a los administradores de las filiales extranjeras conforme a las normas de cada jurisdicción, lo que convierte un problema operativo en una amenaza directa para el patrimonio personal de quienes dirigen la empresa.
En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, el factor común en los casos con peor resultado no fue la magnitud de la crisis sino el retraso en la actuación. Un administrador que detecta las señales de insolvencia y las documentó internamente pero no actuó difícilmente podrá argumentar que no conocía la situación. La documentación interna de la toma de decisiones es, en sí misma, un elemento de defensa ante una eventual acción de responsabilidad.
¿Qué debe hacer el administrador de una empresa con exposición transfronteriza ante los primeros signos de insolvencia? Obtener un dictamen jurídico que analice su situación en cada jurisdicción relevante, documentar ese análisis y actuar conforme a sus conclusiones. El coste de esa diligencia es marginal en comparación con la responsabilidad que puede derivarse de la inacción.
Una guía operativa para la dirección de una empresa en situación de insolvencia transfronteriza no puede reducirse a principios generales. Lo que sigue es la secuencia de actuaciones que, en nuestra experiencia, produce los mejores resultados.
Este esquema no es exhaustivo. Cada insolvencia transfronteriza tiene su propia arquitectura de complejidad, y la secuencia puede variar en función de las circunstancias del grupo. Pero el principio fundamental es invariable: la coordinación temprana reduce el coste, preserva más valor y protege a los administradores.
En el contexto de un proceso concursal, la transmisión de la unidad productiva es uno de los mecanismos más eficaces para preservar el negocio viable y el empleo cuando la reestructuración de la deuda no es posible. La Ley Concursal española regula esta figura con detalle, y su versión transfronteriza plantea desafíos adicionales.
Cuando la unidad productiva incluye activos situados en varias jurisdicciones, la transmisión debe coordinarse en cada una de ellas. Un comprador interesado en adquirir la actividad de un grupo en insolvencia necesita certeza sobre qué activos transmite el proceso español y cuáles quedan sujetos a los procedimientos secundarios en otros países. La falta de esa certeza puede hacer fracasar operaciones que, en términos puramente empresariales, tenían todo el sentido.
Para el adquirente, la diligencia debida (due diligence) previa a la compra de una unidad productiva en concurso tiene particularidades importantes. La normativa concursal española limita la subrogación del adquirente en ciertos pasivos laborales y tributarios, pero esa limitación no opera automáticamente en todas las jurisdicciones. Un error de diagnóstico en este punto puede convertir una operación atractiva en una fuente de pasivos inesperados.
En estos procesos, el asesoramiento de un abogado concursal con experiencia transfronteriza no es un coste: es la condición para que la operación pueda cerrarse con seguridad jurídica suficiente. Puede consultar más detalles sobre nuestra práctica en este ámbito en nuestra área de reestructuración e insolvencia.
La experiencia en procesos transfronterizos permite identificar un conjunto de errores recurrentes que, de forma sistemática, agravan la situación de las empresas que los cometen.
Esperar a que la caja sea cero antes de actuar. La insolvencia inminente – la situación en que la empresa prevé que no podrá cumplir regularmente sus obligaciones – ya activa los deberes legales. Actuar solo cuando la insolvencia es actual y la caja está agotada elimina casi todas las opciones de reestructuración y expone a los administradores a la responsabilidad más grave.
Tratar la insolvencia como un problema exclusivamente financiero. Una crisis de deuda tiene siempre una dimensión jurídica, laboral, fiscal y reputacional. Delegar la gestión únicamente en el director financiero, sin involucrar al asesor jurídico desde el primer momento, es una decisión que en nuestra práctica hemos visto lamentar con frecuencia.
Ignorar a los acreedores extranjeros durante las negociaciones domésticas. Un acuerdo de reestructuración alcanzado en España con los acreedores locales puede ser boicoteado por un solo acreedor extranjero con garantías sobre activos fuera de España. La coordinación global desde el inicio no es un lujo: es una necesidad operativa.
No distinguir entre el concurso necesario y el voluntario. En muchos casos, el deudor que actúa con diligencia puede presentar la solicitud de concurso antes de que lo haga un acreedor, lo que le otorga una posición procesal más favorable y la posibilidad de designar al administrador concursal propuesto. Perder esa ventana es un error con consecuencias directas sobre el resultado del procedimiento.
Para profundizar en la negociación con acreedores dentro del marco preconcursal, puede consultar nuestra guía sobre acuerdos con acreedores.
Antes de cerrar esta guía, recogemos los puntos de control que todo órgano de administración debe verificar cuando la empresa enfrenta una situación de insolvencia con dimensión transfronteriza.
Si alguna de estas preguntas no tiene respuesta clara, conviene obtenerla antes de que el tiempo disponible se agote. Los procedimientos concursales ofrecen más opciones cuanto más temprano se activa el asesoramiento.
¿Evalúa opciones ante una crisis de insolvencia con implicaciones en más de una jurisdicción? Le ayudamos a comparar la vía adecuada para cada situación. Escriba a info@velardevidal.com y un miembro de nuestro equipo analizará su caso sin compromiso.
La reestructuración transfronteriza conecta con frecuencia con otras áreas de práctica: la negociación de acuerdos de refinanciación tiene implicaciones fiscales que conviene analizar con antelación, y la transmisión de unidades productivas exige una perspectiva laboral desde el primer momento. Nuestro equipo integra las tres dimensiones en un asesoramiento coordinado.
Si su empresa opera en Galicia o el noroeste peninsular y afronta dificultades con exposición en mercados exteriores, puede contactar con nuestro equipo a través de nuestra oficina de referencia en A Coruña.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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