Un conflicto de interés no resuelto en el seno del órgano de administración puede destruir valor en cuestión de semanas. La oportunidad de corregirlo existe, pero tiene un coste que crece exponencialmente cuanto más tarde se actúa. Las empresas que regulan preventivamente esta materia reducen la litigiosidad interna, protegen las operaciones en curso y blindan su posición ante inversores y compradores en cualquier proceso de diligencia debida (due diligence).
La Ley de Sociedades de Capital articula el gobierno del órgano de administración sobre dos pilares: el deber de diligencia y el deber de lealtad. El primero exige actuación informada y ordenada. El segundo – el que nos ocupa aquí – va más allá: prohíbe que el administrador anteponga sus intereses propios o los de partes vinculadas a los de la sociedad.
En nuestra práctica hemos observado que la mayoría de las empresas medianas conocen la existencia de estos deberes, pero no han trasladado sus consecuencias prácticas a ningún documento operativo. El reglamento del consejo, si existe, reproduce el lenguaje de la ley sin añadir procedimientos. Ese vacío es el origen de la mayor parte de los conflictos que llegan a sede judicial.
Los supuestos típicos de conflicto de interés en el consejo incluyen varios escenarios diferenciados. El primero es la situación de competencia directa: el administrador desarrolla, por cuenta propia o ajena, una actividad que compite con el objeto social. El segundo es la contratación con la sociedad: el administrador o sus vinculados celebran contratos con la empresa que administra. El tercero es el uso de activos sociales: el administrador aprovecha bienes, información o posición negociadora de la sociedad para beneficio propio. El cuarto es la captación de oportunidades de negocio: el administrador intercepta una oportunidad que, por su origen o naturaleza, debería ofrecerse primero a la sociedad.
La normativa societaria vigente no prohíbe de forma automática todas estas situaciones. Lo que exige es un procedimiento: revelación al órgano, abstención en la deliberación y en el voto, y autorización previa del órgano competente cuando la operación supera determinados umbrales cualitativos. La ausencia de ese procedimiento convierte la situación en potencialmente ilícita, con independencia del resultado económico de la operación.
¿Tiene su empresa documentado ese procedimiento? La respuesta, en la gran mayoría de las pymes y empresas familiares con las que trabajamos, es negativa.
Uno de los errores más frecuentes que encontramos al revisar la documentación corporativa de empresas en procesos de compraventa de empresa o de entrada de inversores es la confianza excesiva en los estatutos sociales estándar. Esos estatutos, habitualmente adaptados de un modelo notarial, cumplen su función constitutiva: crean la sociedad, fijan el capital, establecen el órgano de gobierno. No están pensados para regular las tensiones que emergen cuando los socios tienen intereses divergentes o cuando un consejero ocupa posiciones cruzadas en varias empresas del mismo sector.
El pacto de socios es el instrumento que complementa esa laguna. A diferencia de los estatutos, el pacto de socios opera en el plano contractual y permite establecer:
El pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Un inversor que entra sin revisar la estructura de gobierno interno de la empresa adquirida asume un riesgo que, cuando se materializa, supera con frecuencia el valor total de la operación.
Conviene recordar, además, que la acción de impugnación de acuerdos sociales adoptados en situación de conflicto no revelado tiene un plazo de caducidad de un año con carácter general. Ese plazo puede parecer largo, pero en la práctica transcurre mientras la empresa no advierte el problema. Cuando lo advierte, la ventana para actuar ya está parcialmente cerrada.
Una política de conflictos de interés eficaz no es un documento de cumplimiento archivado. Es un procedimiento vivo, integrado en el funcionamiento ordinario del consejo. Su diseño sigue una secuencia lógica que, en nuestra experiencia asesorando a empresas en España, consta de las siguientes fases:
Antes de redactar ningún documento, es necesario identificar las situaciones de conflicto potencial que son específicas de esa empresa. Las posiciones cruzadas de los consejeros en otras sociedades, sus participaciones en empresas del mismo sector, sus relaciones contractuales previas con proveedores o clientes de la sociedad: todo ello debe quedar cartografiado.
En una sociedad holding con filiales operativas, este inventario es especialmente crítico. Un consejero que sienta en el consejo de la matriz y en el de una filial se encuentra, de forma estructural, en una situación de conflicto latente cada vez que ambas entidades contratan entre sí.
El procedimiento establece la obligación de que cualquier consejero que tenga un interés directo o indirecto en un asunto sometido al consejo lo revele antes de que comience la deliberación. La revelación debe ser escrita, incorporarse al acta y quedar archivada. El consejero afectado se abstiene de deliberar y votar.
Este mecanismo tiene una doble función. Por un lado, protege a la sociedad frente a decisiones contaminadas. Por otro, protege al propio consejero: si ha revelado su interés y se ha abstenido conforme al procedimiento, difícilmente podrá ser declarado responsable por el resultado de la operación.
La normativa societaria distingue entre los conflictos que el propio consejo puede gestionar y aquellos que, por su magnitud o por la posición del administrador afectado, requieren autorización de la junta general. Determinar el umbral de esa distinción es una decisión que debe tomarse con criterio jurídico, no por defecto estatutario.
En las empresas con consejo de administración consolidado, es habitual establecer una comisión de auditoría o un comité ad hoc con competencia para valorar las operaciones vinculadas y emitir un informe previo. Ese informe no vincula al consejo, pero documenta el proceso de decisión y reduce la exposición ante una eventual impugnación.
Las reglas diseñadas deben tener anclaje jurídico. El reglamento del consejo las incorpora como norma interna de funcionamiento. El pacto de socios las refuerza en el plano contractual, añadiendo consecuencias específicas para el incumplimiento que van más allá de lo que la ley prevé como régimen supletorio.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios en los que la existencia de un pacto de socios con cláusula de conflictos de interés bien diseñada fue determinante para cerrar la operación en los plazos previstos. Sin ese instrumento, la negociación se prolongó y el precio de la operación se ajustó a la baja para compensar la incertidumbre de gobierno.
La gestión de los conflictos de interés no es un asunto que se resuelva una sola vez. Es un proceso continuo con momentos de especial intensidad que la dirección debe anticipar.
El primer momento crítico es la incorporación de un nuevo consejero. En ese momento deben obtenerse las declaraciones de intereses, revisarse las posiciones cruzadas y, si existen, documentarse desde el inicio. Un consejero independiente que no ha revelado una participación en una empresa competidora genera, desde el primer día, un conflicto estructural que tarde o temprano aflorará.
El segundo momento es la negociación de una operación de M&A. En toda compraventa de empresa, la diligencia debida del comprador examina el gobierno corporativo de la empresa adquirida. Si se detectan conflictos de interés no gestionados, el impacto en el precio es inmediato. El comprador exige garantías adicionales o reduce la valoración para cubrir el riesgo de impugnación futura de acuerdos adoptados bajo esa situación.
El tercer momento es la entrada de un inversor institucional o de capital riesgo. Estos inversores cuentan con protocolos de gobierno corporativo propios y exigirán, como condición para cerrar la operación, que la empresa adquirida adopte una política de conflictos de interés homologable con sus estándares. Negociar esa condición sin haber trabajado previamente el tema cuesta tiempo y capital de negociación.
El cuarto momento crítico es el conflicto activo: cuando un consejero ha actuado en situación de conflicto sin revelar su interés y sin obtener la autorización correspondiente. En ese punto, los plazos se vuelven determinantes. La impugnación de acuerdos sociales, la acción de responsabilidad contra el administrador y las medidas cautelares para suspender los efectos del acuerdo tienen plazos propios que la normativa fija y que no son prorrogables. Actuar con asesoramiento jurídico desde el primer momento es la diferencia entre recuperar la posición y asumir el daño.
¿Sabe su empresa cuánto tiempo tiene para impugnar un acuerdo adoptado con voto de un consejero en conflicto? La acción caduca, con carácter general, en el plazo de un año desde la adopción del acuerdo. Pasado ese plazo, el vicio queda sanado y el acuerdo deviene inatacable.
Existe una percepción extendida entre empresas medianas de que el asesoramiento jurídico preventivo en materia de gobierno corporativo es un coste discrecional, reservado para grandes grupos o sociedades cotizadas. Esa percepción es, en nuestra experiencia, el error más caro que cometen las empresas en crecimiento.
El coste de diseñar una política de conflictos de interés, negociar un pacto de socios que la incorpore y actualizar el reglamento del consejo es invariablemente inferior al coste de litigar una impugnación de acuerdos, instrumentar una acción de responsabilidad contra un administrador o renegociar el precio de una operación de M&A por deficiencias de gobierno detectadas en la due diligence.
El asesoramiento temprano actúa en tres planos simultáneamente. Primero, previene el conflicto: al mapear los riesgos y establecer procedimientos, reduce la probabilidad de que la situación de tensión llegue a materializarse. Segundo, gestiona el conflicto cuando ya existe: proporciona los instrumentos para resolverlo internamente, sin necesidad de acudir a la vía judicial. Tercero, protege la posición de la empresa frente a terceros: documentar adecuadamente el proceso de gobierno corporativo es, en operaciones de M&A y en procesos de inversión, un activo que se traduce en mejores condiciones de cierre.
La legislación societaria española establece un régimen de responsabilidad personal de los administradores por los daños causados a la sociedad, a los socios y a terceros como consecuencia del incumplimiento de sus deberes. Esa responsabilidad no se limita a los administradores que actúan en conflicto: alcanza también a los que, conociendo el conflicto de un compañero, no adoptan las medidas necesarias para corregirlo. El consejo, como órgano colegiado, tiene una responsabilidad colectiva que el Tribunal Supremo ha interpretado de forma expansiva en los últimos años.
Un abogado societario con experiencia en operaciones de M&A puede, en una fase temprana, identificar los puntos de tensión, proponer una estructura de gobierno que los gestione y negociar su incorporación en los documentos contractuales de la sociedad. Esa intervención temprana es, en definitiva, la única forma eficaz de convertir un riesgo en una posición gestionada.
Si su empresa está en proceso de reorganización de su estructura de administración, le recomendamos consultar también nuestra guía sobre cómo reorganizar un grupo de empresas, donde abordamos la gestión del órgano de gobierno en estructuras con varias filiales y participadas.
Las operaciones de M&A y la entrada de inversores son los contextos en que los conflictos de interés en el consejo generan mayor exposición. Hay razones estructurales para ello.
En una compraventa de empresa, el vendedor – que con frecuencia es también administrador – tiene un interés personal directo en maximizar el precio. Simultáneamente, como administrador, tiene el deber de actuar en interés de la sociedad y de todos los socios. Cuando esos intereses no coinciden, el conflicto es evidente. Si el vendedor-administrador ha negociado condiciones del contrato de compraventa que benefician su posición personal a costa de la sociedad o de los socios minoritarios, la operación puede ser impugnable.
La diligencia debida (due diligence) es el mecanismo por el que el comprador examina esta situación. Un comprador experimentado, asesorado por un equipo con experiencia en operaciones societarias, revisará las actas del consejo de los últimos ejercicios, los contratos entre la sociedad y sus administradores o vinculados, y cualquier operación realizada con partes relacionadas. Si encuentra conflictos no gestionados, negocia desde esa posición de ventaja.
En la entrada de un inversor de capital riesgo o de un fondo de inversión, el esquema es análogo pero con una capa adicional: el inversor exigirá, como condición precedente al cierre, que se adopte un código de buen gobierno que incluya una política de conflictos de interés, un comité de auditoría funcional y un protocolo de operaciones vinculadas. Negociar esas condiciones desde cero, en el momento de la due diligence, es sustancialmente más costoso que haberlas implementado con anterioridad.
Nuestra área de Derecho societario y operaciones (M&A) asesora a empresas en la estructuración de su gobierno corporativo antes, durante y después de procesos de inversión y desinversión. La anticipación en esta materia tiene un impacto directo y cuantificable en el resultado de la operación.
Para empresas activas en sectores regulados – fintech, servicios financieros, tecnología – la gestión de conflictos de interés en el consejo tiene además una dimensión regulatoria adicional. Los organismos supervisores exigen marcos de gestión de conflictos documentados y auditables. Puede ampliar esta perspectiva en nuestra sección de preguntas frecuentes sobre fintech y servicios financieros.
El siguiente checklist recoge los elementos mínimos que, en nuestra experiencia, debe cubrir una política de conflictos de interés para ser operativa y resistente ante una eventual revisión judicial o regulatoria.
Este checklist no sustituye el asesoramiento jurídico específico. Cada empresa tiene una estructura de gobierno, una composición de consejo y unos riesgos propios que exigen una solución a medida.
La regulación de los conflictos de interés en el consejo es parte de un análisis más amplio de la estructura de gobierno de la empresa. En Velarde & Vidal asesoramos en la negociación de pactos de socios, en la estructuración de operaciones de M&A y en la planificación de la reorganización de grupos empresariales. Si su empresa afronta una operación de entrada de capital, una reestructuración accionarial o una revisión de su gobierno interno, nuestro equipo de Derecho societario puede acompañarle desde la fase de análisis hasta el cierre.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
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