El sector fintech y de servicios financieros opera en un entorno de supervisión reforzada, cambio regulatorio constante y estructuras societarias de alta complejidad. En ese contexto, el deber de lealtad de los administradores no es una cláusula estatutaria de segundo orden: es el eje sobre el que pivotan la responsabilidad personal del gestor, la estabilidad del gobierno corporativo y la viabilidad de cualquier operación de entrada o salida de capital. Ignorarlo, o gestionarlo con los instrumentos equivocados, deja a la empresa expuesta a disputas internas, reclamaciones de daños y pérdida de oportunidades de financiación o desinversión en el momento más inoportuno.
La pregunta tiene una respuesta directa: en fintech, los administradores gestionan información privilegiada, acceso a datos financieros de terceros y relaciones con supervisores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esa posición eleva exponencialmente el riesgo de conflicto de interés.
En nuestra experiencia asesorando a empresas del sector, los conflictos más habituales emergen en tres momentos concretos. Primero, cuando un consejero promueve una operación en la que él o su grupo familiar tienen un interés económico directo no revelado. Segundo, cuando un administrador en proceso de salida aprovecha el período de transición para captar clientes o talento hacia un proyecto competidor. Tercero, cuando la estructura de una sociedad holding creada para canalizar la inversión fintech no establece con claridad las reglas de lealtad aplicables a quienes sientan en varios consejos simultáneamente.
¿Bastará con una cláusula estándar en los estatutos? No. Los estatutos tipo recogen el marco mínimo legal, pero no diseñan los mecanismos de detección, abstención y remediación que una empresa de servicios financieros necesita en la práctica.
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios, y la conclusión es consistente: las empresas que desarrollan protocolos específicos de gobierno corporativo antes de una ronda de inversión o de una operación de compraventa resuelven las dudas en la fase de diligencia debida (due diligence) y no durante la negociación final, cuando los costes de corrección son mayores.
La Ley de Sociedades de Capital articula el deber de lealtad en torno a un núcleo de obligaciones que el administrador no puede relajar por vía estatutaria ni contractual. La norma es imperativa en su contenido mínimo.
Las obligaciones centrales incluyen, de forma no exhaustiva, las siguientes conductas exigidas. El administrador debe actuar con independencia de criterio y sin dejarse influir por instrucciones de terceros cuando estas contradigan el interés social. Debe evitar situaciones en las que sus intereses personales – directos o indirectos – entren en conflicto con los de la sociedad. Debe comunicar cualquier situación de conflicto al órgano de administración y abstenerse de participar en la deliberación y votación del asunto afectado. Y debe mantener la confidencialidad sobre la información a la que accede por razón de su cargo, obligación que se proyecta incluso una vez extinguida su relación con la sociedad.
En el sector fintech, la obligación de confidencialidad adquiere una dimensión regulatoria adicional. La normativa de protección de datos – el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) – impone al administrador que gestiona datos de usuarios financieros una capa de responsabilidad que se superpone a la puramente societaria.
La distinción entre deber de diligencia y deber de lealtad es relevante para la acción de responsabilidad. El deber de lealtad permite una acción de responsabilidad contra el administrador por el daño causado al patrimonio social cuando la infracción es dolosa o gravemente negligente. En los supuestos de enriquecimiento injusto a costa de la sociedad, la acción puede dirigirse también contra el tercero beneficiado.
Toda operación de compraventa de empresa o de entrada de capital en una fintech activa de forma inmediata el deber de lealtad de los administradores en al menos tres dimensiones distintas.
La primera es la dimensión informativa. El administrador vendedor debe garantizar que la información facilitada al comprador durante la diligencia debida es completa, veraz y no omite hechos relevantes que podrían afectar al precio o a la viabilidad de la operación. Una estrategia de M&A en la que el equipo directivo retiene información material sobre contingencias regulatorias o sobre litigios pendientes expone a los administradores a una responsabilidad personal que no queda cubierta por la transmisión de acciones o participaciones.
La segunda es la dimensión de conflicto de interés. Cuando un administrador actúa simultáneamente como vendedor y como gestor de la sociedad durante el período de negociación, debe gestionar con especial cuidado las decisiones que adopta en ejercicio del cargo y que pueden influir en el valor del negocio. La legislación societaria permite que la junta general autorice determinadas situaciones de conflicto, pero esa autorización debe ser explícita, documentada y anterior a la decisión concreta.
La tercera es la dimensión post-cierre. Los administradores de una fintech adquirida que permanecen en el cargo durante el período de integración (earn-out) están sujetos al deber de lealtad frente a la nueva estructura de accionariado. El pacto de socios bien redactado anticipa estas situaciones y establece mecanismos de resolución de conflicto que evitan litigios costosos.
Un empresario que vende, compra o da entrada a un inversor sin un pacto de socios ni una diligencia debida que protejan su posición asume riesgos que, en nuestra práctica, aparecen a los dieciocho o veinticuatro meses de cerrada la operación, cuando los incentivos de las partes han divergido y no existe un documento contractual que los regule.
El pacto de socios es el instrumento contractual por excelencia para articular obligaciones de lealtad adicionales a las que impone la ley. En el sector fintech, donde las estructuras accionariales suelen ser complejas – con fondos de capital riesgo, business angels, coinversores estratégicos y fundadores con roles ejecutivos y societarios superpuestos – el pacto de socios cumple funciones que los estatutos sociales no pueden cubrir.
Entre los contenidos relevantes para la gestión del deber de lealtad en un pacto de socios bien estructurado destacan los siguientes. Las cláusulas de no competencia (non-compete) y de no captación (non-solicitation), que restringen la capacidad del administrador saliente de competir con la sociedad o captar a sus empleados y clientes durante un período razonable. Las cláusulas de confidencialidad reforzadas, que van más allá del deber legal y especifican el perímetro exacto de la información protegida. Los mecanismos de comunicación y abstención ante conflictos de interés, incluyendo comités de auditoría o de cumplimiento que resuelven las situaciones antes de que escalen. Y los procedimientos de drag-along y tag-along, que condicionan el ejercicio del derecho de arrastre o de acompañamiento a la observancia de los deberes fiduciarios por parte del socio impulsor.
La creencia de que con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios es uno de los errores más costosos que observamos en empresas del sector tecnológico y financiero. El pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. Los estatutos, por sí solos, no resuelven los conflictos de interés que emergen en una ronda de financiación o en un proceso de desinversión.
La pregunta es práctica y merece una respuesta igualmente práctica. No existe un modelo único, pero sí un conjunto de elementos cuya ausencia genera fragilidad.
El primero es el reglamento del consejo de administración, que regula los procedimientos de deliberación, votación y abstención ante conflictos de interés. En las sociedades limitadas de menor tamaño, un documento equivalente – aunque menos formal – cumple la misma función. El segundo es el registro de conflictos de interés, en el que cada consejero declara periódicamente sus vinculaciones con terceros que puedan generar un conflicto con la sociedad. El tercero es el protocolo de comunicación de información confidencial, que fija quién puede acceder a qué información y bajo qué condiciones, con especial relevancia en entidades que manejan datos financieros de terceros.
En las fintechs en fase de expansión o en proceso de preparación para una ronda de inversión, conviene auditar estos mecanismos antes de iniciar la diligencia debida. Los inversores institucionales – especialmente los fondos de capital riesgo con experiencia en el sector – analizan con detalle la calidad del gobierno corporativo como indicador de riesgo operacional y reputacional. Una empresa que no puede demostrar que sus administradores operan bajo protocolos claros de lealtad generará dudas que se traducirán en ajustes a la valoración o en condiciones contractuales más restrictivas.
Una sociedad holding que centraliza la participación en varias fintechs del grupo presenta una complejidad adicional: el consejero que sienta en los consejos de varias sociedades del grupo debe identificar y gestionar los conflictos de interés que emergen entre sociedades hermanas, no solo entre él y la sociedad que administra.
Las consecuencias operan en dos planos: el civil-mercantil y, en determinados supuestos, el regulatorio-administrativo.
En el plano civil-mercantil, la infracción del deber de lealtad puede dar lugar a la acción social de responsabilidad promovida por la propia sociedad, a la acción individual de responsabilidad ejercida por socios o terceros que hayan sufrido un daño directo, y a la obligación de reintegrar a la sociedad el beneficio obtenido por el administrador como consecuencia del conflicto de interés no declarado. La impugnación de acuerdos sociales adoptados en situación de conflicto de interés no autorizado es otro instrumento de corrección disponible: la acción para impugnar acuerdos sociales caduca en el plazo general de un año, salvo que el acuerdo sea contrario al orden público, en cuyo caso la acción no caduca.
En el plano regulatorio, las entidades supervisadas por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores están sujetas a exigencias de idoneidad y honorabilidad de sus administradores. Un expediente de responsabilidad societaria abierto contra un consejero puede proyectar consecuencias sobre su capacidad para ejercer el cargo en otras entidades supervisadas. La supervisión regulatoria del sector financiero no es indiferente a los conflictos de interés detectados en el ámbito societario.
¿Cuándo se activa el riesgo con mayor probabilidad? En nuestra experiencia, los tres momentos de mayor exposición son: la preparación de una ronda de financiación, la negociación de una operación de compraventa de empresa, y los doce meses posteriores a la salida de un administrador fundador. En esos tres momentos, la ausencia de protocolos de lealtad documentados convierte un conflicto gestionable en un litigio de alta intensidad.
La diligencia debida en una operación de M&A sobre una fintech incluye, de forma estándar, una revisión del gobierno corporativo que abarca el análisis del historial de acuerdos del órgano de administración, la verificación de los conflictos de interés declarados y su tratamiento, y el examen de los contratos suscritos entre la sociedad y sus administradores o personas vinculadas a estos.
En nuestra práctica de M&A, hemos observado que las fintechs con menor madurez de gobierno corporativo presentan, con frecuencia, dos deficiencias recurrentes. La primera es la ausencia de documentación de las situaciones de conflicto de interés que los fundadores-administradores han gestionado en los primeros años de vida de la empresa, cuando las líneas entre el patrimonio personal y el societario no siempre se trazaron con precisión. La segunda es la existencia de contratos de prestación de servicios entre la sociedad y empresas vinculadas a los administradores que no fueron autorizados con los requisitos formales que exige la legislación societaria.
Ambas deficiencias no impiden necesariamente el cierre de la operación, pero generan incertidumbre sobre el pasivo contingente y, en consecuencia, se traducen en retenciones del precio (escrow), garantías adicionales o ajustes a la valoración. El coste de la corrección preventiva – antes de iniciar el proceso de venta – es sistemáticamente inferior al coste de la corrección negociada en la mesa de cierre.
Si quiere entender cómo le afecta la estructura de gobierno corporativo de su empresa antes de iniciar una operación, escríbanos a info@velardevidal.com.
La gestión del deber de lealtad no es una obligación puntual. Es un proceso continuo que se articula en torno a decisiones y plazos concretos que el órgano de administración debe gestionar con rigor.
El primer hito es la constitución o la reestructuración de la sociedad: en ese momento se diseñan los instrumentos (estatutos, pacto de socios, reglamento del consejo) que van a regular la lealtad durante toda la vida del proyecto. Actuar con diligencia en esta fase ahorra costes significativos en las fases posteriores.
El segundo hito son las reuniones periódicas del órgano de administración, en las que cada consejero debe verificar si existe alguna situación de conflicto de interés que deba comunicar y que le obligue a abstenerse en determinados puntos del orden del día. La ausencia de esta práctica – frecuente en startups fintech de pequeño tamaño – genera una acumulación de situaciones no documentadas que aflora en el momento de la diligencia debida.
El tercer hito es el inicio de cualquier negociación que afecte a la composición del accionariado o a la estructura de control: rondas de financiación, operaciones de compraventa de empresa, joint ventures o alianzas estratégicas. En ese momento, los administradores deben revisar sus posiciones de conflicto y asegurarse de que los mecanismos de autorización previstos en la legislación societaria se activan correctamente.
El cuarto hito es la salida de un administrador: el deber de lealtad – en particular las obligaciones de confidencialidad y de no competencia contractualmente pactadas – se proyecta más allá de la extinción del cargo. La duración de esas obligaciones y su alcance deben quedar definidos con precisión en el pacto de socios o en el contrato de administración.
Desde el punto de vista del abogado societario que acompaña a la empresa, el asesoramiento temprano en estas cuatro fases no solo reduce el riesgo de responsabilidad personal de los administradores, sino que mejora la posición negociadora de la empresa en cualquier operación de inversión o de desinversión futura. Una empresa que puede presentar un historial documentado de cumplimiento del deber de lealtad genera confianza en los inversores y en los supervisores.
La creación de una sociedad holding para canalizar la inversión en una fintech es una decisión frecuente en el sector, motivada por razones fiscales, de planificación patrimonial o de optimización de la estructura corporativa para atraer capital internacional. Pero esa estructura crea una complejidad adicional en la gestión del deber de lealtad.
El administrador que actúa simultáneamente en el consejo de la holding y en el consejo de la filial operativa fintech tiene que gestionar, de forma permanente, posibles tensiones entre los intereses de ambas entidades. La legislación societaria no presume que los intereses de la holding y de la filial son siempre coincidentes: cuando divergen, el administrador que actúa en las dos sociedades tiene que ser capaz de demostrar que ha antepuesto en cada caso el interés de la sociedad en cuyo consejo delibera y vota.
En las estructuras de grupo, el pacto de socios de la holding debe establecer con claridad las reglas de gobierno aplicables a las filiales, incluidos los protocolos de conflicto de interés y los procedimientos de autorización de operaciones vinculadas entre empresas del grupo. La ausencia de esa regulación es una fuente recurrente de conflictos internos cuando la estructura de accionariado de la holding es plural y los socios tienen intereses divergentes.
Las operaciones de M&A sobre grupos fintech con estructura de holding presentan, además, un elemento adicional de complejidad: el comprador debe verificar no solo el cumplimiento del deber de lealtad en la sociedad objetivo, sino también en la holding y en las filiales que forman parte del perímetro de la operación. Una revisión de gobierno corporativo rigurosa en la fase de diligencia debida es, en estos casos, imprescindible.
Puede ampliar la información sobre la estructuración de este tipo de operaciones en nuestra práctica de Derecho societario y operaciones (M&A).
La legislación societaria española establece el mismo estándar de deber de lealtad para los administradores tanto de la sociedad de responsabilidad limitada como de la sociedad anónima. Sin embargo, las diferencias en la estructura de gobierno y en los mecanismos de control generan implicaciones prácticas distintas.
En la sociedad limitada – la forma habitual de las fintechs en sus primeras etapas – el órgano de administración es frecuentemente unipersonal o está integrado por los propios fundadores. Esa coincidencia entre administradores y socios mayoritarios reduce la presión de control externo, pero no elimina el deber de lealtad frente a los socios minoritarios, que conservan el derecho a ejercer la acción de responsabilidad. En nuestra experiencia, los conflictos de interés en sociedades limitadas fintech no documentados suelen emerger precisamente cuando un socio minoritario – un business angel o un fondo de capital riesgo de entrada temprana – decide ejercer sus derechos de información o de impugnación.
En la sociedad anónima – que puede ser la forma elegida para fintechs de mayor tamaño o cotizadas – la existencia de un consejo de administración plural, con consejeros independientes, genera mecanismos de control interno más robustos. La sociedad anónima requiere un capital social mínimo de 60.000 euros, desembolsado al menos en un veinticinco por ciento en el momento de la constitución. Esa mayor exigencia de formalización va acompañada de una mayor sofisticación en los protocolos de gobierno corporativo esperados por los supervisores y por los inversores institucionales.
La elección de la forma societaria para una fintech no debe basarse exclusivamente en el capital mínimo requerido ni en la simplicidad de gestión. Debe contemplar también las implicaciones que la forma elegida tendrá en la gestión del deber de lealtad y en la capacidad de la empresa para acceder a financiación institucional en fases de crecimiento.
La gestión del deber de lealtad de administradores en el sector fintech se vincula de forma natural con otras áreas de práctica. El diseño de la estructura de gobierno corporativo y el pacto de socios forman parte de nuestra práctica de joint ventures y alianzas estratégicas, donde la alineación de intereses entre socios es un elemento central. Las operaciones de entrada y salida de capital – y la verificación del cumplimiento del deber de lealtad en el proceso de diligencia debida – son el núcleo de nuestra práctica de M&A. Y cuando el conflicto de interés no se resolvió de forma preventiva, la vía de la impugnación de acuerdos o de la acción de responsabilidad nos lleva al territorio de la resolución de disputas en materia de gobierno corporativo, donde el coste procesal y reputacional es siempre superior al del asesoramiento previo.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.
Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.