MadridBarcelonainfo@velardevidal.com
Firma Legal & Tax
España · desde 2023
V&V Velarde & VidalLegal & Tax
Inicio · Recursos · Guías · Industria y manufactura: cómo diseñar el gobierno corporativo de una pyme
Derecho societario y operaciones (M&A)

Industria y manufactura: cómo diseñar el gobierno corporativo de una pyme

Por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societarioActualizado:

Las empresas industriales y manufactureras españolas se enfrentan hoy a una paradoja frecuente: han construido activos productivos sólidos, cadenas de suministro consolidadas y equipos técnicos de valor, pero su estructura de gobierno corporativo sigue siendo la del día de la constitución. Cuando llega el momento de incorporar un inversor, escalar mediante una adquisición o preparar la sucesión, esa brecha entre lo operativo y lo societario se convierte en un coste real y, a veces, en un bloqueo definitivo.

En breve: Diseñar el gobierno corporativo de una pyme industrial exige revisar tres planos simultáneamente: la estructura orgánica de la sociedad conforme a la normativa societaria vigente, la distribución contractual del control mediante un pacto de socios bien redactado y la trazabilidad de la información que exige cualquier proceso de diligencia debida (due diligence). Quien lo hace antes de que llegue la oportunidad llega a la mesa con ventaja.

Por qué el sector industrial tiene exigencias de gobierno propias

La industria y la manufactura presentan una estructura de riesgo diferente a la de los sectores servicios o tecnológico. Los activos son más intensivos en capital – maquinaria, naves, licencias de actividad, certificaciones sectoriales –, los ciclos de inversión son más largos y las relaciones con clientes y proveedores suelen estar reguladas por contratos plurianuales.

En nuestra experiencia asesorando a empresas industriales, detectamos con frecuencia que los conflictos de gobierno no nacen de un desacuerdo ideológico entre socios. Nacen de que los estatutos no regulan quién puede firmar determinados contratos, qué mayorías se exigen para comprometer inversiones de cierta envergadura o cómo se gestiona la entrada de un socio financiero sin diluir el control de la familia fundadora.

¿Qué significa esto en la práctica? Que una fábrica con cincuenta empleados y tres millones de euros de facturación puede ver paralizada una operación de crecimiento porque dos socios discrepan sobre quién tiene derecho a vetar la decisión, y los estatutos no dicen nada al respecto.

El sector también está expuesto a exigencias regulatorias sectoriales – normativa de seguridad industrial, medioambiental, de prevención de riesgos – que condicionan la transmisibilidad de las licencias y, por tanto, el valor real de la sociedad en una operación de compraventa de empresa. Un gobierno corporativo bien diseñado documenta esas licencias, acredita su vigencia y anticipa las autorizaciones administrativas que pueden retrasar el cierre.

¿Qué estructura orgánica necesita realmente una pyme industrial?

La respuesta depende del número de socios, del grado de concentración del capital y de las perspectivas de la sociedad en los próximos tres a cinco años. No es la misma estructura la que necesita una SL familiar de primer nivel que la que requiere un grupo industrial con filiales productivas y una sociedad holding de cabecera.

La Ley de Sociedades de Capital ofrece flexibilidad suficiente para configurar el órgano de administración de formas muy distintas: administrador único, administradores mancomunados, administradores solidarios o consejo de administración. Cada opción implica un régimen de responsabilidad diferente y una velocidad de decisión diferente.

En una pyme industrial con varios socios activos, el consejo de administración suele ser el instrumento más adecuado para dos razones concretas. Primera: permite distribuir las responsabilidades de supervisión entre consejeros con perfiles complementarios – operativo, financiero, independiente –. Segunda: facilita la incorporación de consejeros externos que aporten perspectiva sectorial sin necesidad de que sean socios.

Dicho esto, el consejo añade coste de funcionamiento y exige un mínimo de formalidad – actas, convocatorias, quórums – que muchas pymes desatienden. Cuando el consejo no funciona con regularidad, pierde eficacia como instrumento de control y puede generar responsabilidad para los administradores por ausencia de supervisión activa.

La alternativa más habitual en empresas de tamaño medio es la figura del consejo asesor o advisory board: no tiene reconocimiento legal como órgano societario, pero permite incorporar criterio externo sin los requisitos formales del consejo de administración. Esta figura se regula íntegramente en el pacto de socios.

El pacto de socios como núcleo del gobierno corporativo

Con los estatutos estándar basta para regular la relación entre socios. Esta es la creencia más extendida – y más costosa – que encontramos en las pymes industriales cuando llegan a nuestra firma después de un conflicto.

Los estatutos son un documento público, inscrito en el Registro Mercantil, accesible a cualquier persona. Eso los convierte en un instrumento inadecuado para regular aspectos sensibles del gobierno: cómo se valora la participación de un socio que quiere salir, qué ocurre si un socio entra en concurso de acreedores, en qué condiciones puede un inversor financiero convertir su participación o en qué momento el fundador pierde el control de la operativa diaria.

El pacto de socios es el instrumento que cubre ese espacio. Es un contrato privado entre todos o parte de los socios que puede regular aspectos de gobierno que los estatutos no contemplan o que no conviene hacer públicos. En nuestra práctica hemos observado que los pactos de socios mejor diseñados para empresas industriales incluyen, al menos, los siguientes elementos:

  • Derechos de arrastre y acompañamiento: quién puede forzar la venta de toda la sociedad y en qué condiciones los socios minoritarios pueden exigir vender junto al mayoritario o, al contrario, ser arrastrados en una venta.
  • Derechos de adquisición preferente: mecanismos para evitar la entrada de terceros no deseados en el capital de la sociedad.
  • Cláusulas de valoración: fórmulas para determinar el precio de la participación en los supuestos de salida, tanto voluntaria como forzosa, sin necesidad de litigar para llegar a un acuerdo.
  • Asuntos reservados: lista de decisiones que requieren unanimidad o mayorías reforzadas, independientemente de lo que digan los estatutos: enajenación de activos esenciales, endeudamiento financiero por encima de un umbral, entrada en nuevas líneas de negocio.
  • Régimen de no competencia: obligaciones de los socios activos de no desarrollar actividades competidoras durante su permanencia en la sociedad y por un período razonable tras la salida.

El pacto de socios bien redactado no anticipa todos los conflictos. Pero crea un marco de referencia que reduce drásticamente el coste de resolverlos, ya sea mediante negociación o mediante el mecanismo de arbitraje que suele incluirse como cláusula de resolución de disputas.

Puede ampliar la perspectiva sobre nuestro enfoque en operaciones societarias de empresa en nuestra página de práctica de Derecho societario y operaciones.

¿Cómo afecta la estructura holding a una pyme industrial?

La sociedad holding es una de las decisiones de diseño societario con mayor impacto en el largo plazo, y también una de las más frecuentemente mal ejecutadas. Muchas empresas industriales llegan a ella no por planificación, sino porque un asesor fiscal la recomienda puntualmente para optimizar la tributación de un dividendo o la transmisión de participaciones.

Una estructura de tipo holding – una sociedad de cabecera que ostenta las participaciones de las filiales operativas – ofrece ventajas reales en cuatro planos:

  1. Separación de riesgos: el patrimonio de la sociedad de cabecera queda protegido de las contingencias de las filiales operativas, y viceversa.
  2. Planificación de la transmisión: la transmisión de participaciones de la holding puede resultar fiscalmente más eficiente que la de las filiales directas, con sujeción siempre a la normativa tributaria vigente.
  3. Flexibilidad para operaciones de M&A: la holding facilita la entrada de inversores en el capital del grupo sin necesidad de tocar la estructura operativa, y simplifica las operaciones de compraventa de empresa al centralizar el objeto de la transacción.
  4. Gobierno del grupo: el consejo de la holding puede actuar como órgano de supervisión estratégica del grupo sin interferir en la gestión operativa de cada filial.

Sin embargo, la estructura holding introduce complejidad: multiplicación de órganos de administración, obligación de consolidación contable cuando se superan los umbrales legales, necesidad de intercompany agreements para regular los servicios que se prestan entre empresas del grupo y mayor exigencia documental en cualquier proceso de diligencia debida.

Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios donde la ausencia de una estructura holding bien diseñada ha retrasado el cierre de una transacción varios meses y ha generado costes de reestructuración evitables con una planificación previa.

Decisiones y plazos críticos que la dirección debe conocer

El gobierno corporativo no es solo estructura. Es también calendario. Las empresas industriales que no gestionan los plazos societarios incurren en sanciones, pierden protecciones legales o llegan a los momentos de decisión sin los instrumentos necesarios.

La normativa societaria fija que el órgano de administración dispone de tres meses desde el cierre del ejercicio para formular las cuentas anuales. La junta general ordinaria debe celebrarse dentro de los seis primeros meses del ejercicio para aprobarlas. Y el depósito en el Registro Mercantil debe producirse dentro del mes siguiente a la aprobación.

¿Por qué importa esto para una operación de M&A? Porque un comprador que realiza una diligencia debida sobre una empresa que lleva dos ejercicios sin depositar cuentas va a exigir una reducción del precio o garantías adicionales. Y va a tener razón: la ausencia de depósito es un indicador de desorden documental que puede esconder contingencias mayores.

Hay otros plazos que con frecuencia se ignoran hasta que es tarde. La normativa societaria establece que los acuerdos sociales pueden impugnarse – con caducidad de la acción en el plazo general de un año desde la adopción del acuerdo –, salvo que sean contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caduca. Esta regla tiene consecuencias directas para las empresas que han adoptado acuerdos sin cumplir los requisitos formales de convocatoria o quórum: el riesgo de impugnación permanece vivo durante ese período.

En el plano laboral, conviene recordar que el plazo para impugnar un despido es de veinte días hábiles. Esta regla, aparentemente ajena al gobierno corporativo, adquiere relevancia cuando la operación de M&A conlleva una reestructuración de plantilla: el calendario de la transacción debe coordinarse con los plazos laborales para evitar que las impugnaciones en curso afecten al precio o a las declaraciones y garantías del contrato de compraventa.

La planificación del gobierno corporativo debe también anticipar los hitos regulatorios sectoriales: renovaciones de licencias de actividad, inspecciones periódicas de instalaciones, certificaciones de calidad y auditorías medioambientales. Una sociedad que acredita documentalmente el cumplimiento de estas obligaciones vale más en un proceso de venta que una que tiene que reconstruir el expediente a posteriori.

¿Qué cubre una diligencia debida en una empresa industrial y por qué es imprescindible antes de cualquier operación?

La diligencia debida (due diligence) es el proceso de revisión sistemática de la sociedad que precede a cualquier operación de adquisición, fusión, entrada de inversor o desinversión. En el sector industrial, esta revisión tiene especificidades que la distinguen de una due diligence estándar.

En nuestra práctica, una diligencia debida sobre una empresa manufacturera abarca siete planos de análisis:

  1. Societario y documental: estatutos, libros de socios, actas de junta y de consejo, pactos de socios, poderes vigentes. Es frecuente que las pymes industriales tengan poderes otorgados hace años a personas que ya no están vinculadas a la empresa.
  2. Contractual y comercial: contratos con clientes y proveedores clave, cláusulas de cambio de control, exclusividades, penalizaciones por incumplimiento. Los contratos con clientes relevantes que incluyen cláusulas de change of control pueden condicionar estructuralmente el cierre de la operación.
  3. Laboral: plantilla, convenio colectivo aplicable, acuerdos individuales fuera de convenio, litigios laborales en curso, planes de incentivos para directivos. La reforma laboral vigente y el peso del fijo-discontinuo en determinados sectores industriales añaden complejidad.
  4. Fiscal: inspecciones abiertas o cerradas en los últimos cuatro años –período de prescripción tributaria general–, créditos fiscales activados, aplazamientos concedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), estructuras de precios de transferencia entre empresas del grupo.
  5. Activos y propiedad industrial: titularidad de inmuebles, maquinaria en propiedad o en régimen de arrendamiento financiero, marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), patentes de proceso o producto, licencias de software.
  6. Regulatorio y medioambiental: licencias de actividad, autorizaciones ambientales integradas, expedientes sancionadores, obligaciones de decontaminación de suelos.
  7. Litigioso y contingencias: procedimientos judiciales en curso, reclamaciones extrajudiciales, garantías emitidas, avales prestados.

El resultado de la due diligence se materializa en un informe de hallazgos que identifica los riesgos, los cuantifica cualitativamente y propone los mecanismos contractuales para asignarlos: representaciones y garantías del vendedor, mecanismos de precio ajustable, cuentas de depósito en garantía (escrow), cartas de indemnización.

El pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación. No son instrumentos de lujo reservados a grandes empresas. Son la diferencia entre cerrar una operación en plazo y a precio justo, o no cerrarla.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo

Existe una creencia extendida en el tejido industrial español: el asesoramiento jurídico societario se contrata cuando hay un problema, no antes. La consecuencia práctica es que el asesor llega cuando la estructura ya está fijada, el conflicto ya ha aflorado o la operación ya tiene un calendario comprometido que no admite esperas.

El coste del asesoramiento temprano es siempre inferior al coste de remediar una estructura mal diseñada. Esta afirmación no es un argumento comercial: es la conclusión que extraemos de nuestra experiencia asesorando a empresas industriales en fases de crecimiento, internacionalización y transmisión.

Hay tres momentos en la vida de una pyme industrial en los que el asesoramiento societario tiene mayor impacto preventivo:

  • En la fase de crecimiento con entrada de nuevos socios: ya sea un socio industrial, un fondo de capital privado o un coinversor familiar, la entrada de un nuevo socio sin un pacto actualizado es la fuente más frecuente de conflictos societarios que hemos gestionado. El pacto debe negociarse antes de la entrada, no después.
  • Antes de acometer una adquisición: las operaciones de compraventa de empresa en el sector industrial tienen una complejidad documental y regulatoria que requiere preparación previa. Una empresa compradora que no ha realizado una revisión mínima de su propia estructura antes de sentarse a negociar llega en posición de desventaja.
  • En el proceso de planificación de la sucesión: la transmisión generacional de una empresa industrial es una de las operaciones societarias más complejas, y una de las que más tiempo requiere. Comenzarla con cinco años de anticipación permite diseñar una estructura fiscal y societaria eficiente; comenzarla con seis meses obliga a soluciones de emergencia que raramente son las óptimas.

El asesoramiento en estas fases no se limita a la redacción de documentos. Incluye el diagnóstico de la estructura vigente, la identificación de las contingencias existentes, la propuesta de alternativas y la coordinación con los asesores fiscales, auditores y, cuando la operación lo requiere, con abogados locales de confianza en la jurisdicción correspondiente para los aspectos transfronterizos.

Si su empresa opera en entornos insulares o con especificidades de inversión extranjera, puede consultar también nuestro servicio de Derecho societario en Palma de Mallorca, donde gestionamos operaciones con impacto en mercados mediterráneos y de inversión internacional.

Checklist de gobierno corporativo para una pyme industrial

El siguiente inventario no es exhaustivo, pero cubre los elementos que, en nuestra experiencia, presentan mayor frecuencia de incidencia en los procesos de revisión que llevamos a cabo:

  • Estatutos actualizados y coherentes con la práctica real de la sociedad.
  • Libro de socios al día, con todas las transmisiones de participaciones correctamente inscritas.
  • Actas de junta general y de consejo de administración elaboradas y firmadas en los últimos tres ejercicios.
  • Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil sin lagunas.
  • Pacto de socios vigente que regule los supuestos de entrada, salida, valoración y bloqueo.
  • Poderes notariales actualizados, con revocación expresa de los otorgados a personas que ya no están vinculadas.
  • Contratos con clientes y proveedores clave revisados en cuanto a cláusulas de cambio de control.
  • Licencias de actividad y autorizaciones ambientales en vigor y correctamente documentadas.
  • Registro de marcas y patentes verificado ante la OEPM; alarmas de renovación activas.
  • Inventario de contingencias laborales y fiscales, con cuantificación cualitativa.
  • Protocolo de resolución de conflictos entre socios definido en el pacto o en los estatutos.

Este checklist sirve como punto de partida para una conversación con el equipo societario. No reemplaza la revisión jurídica individualizada, que debe tener en cuenta las particularidades de cada sociedad, sector y estructura accionarial.

Servicios relacionados

El gobierno corporativo de una empresa industrial está estrechamente vinculado con la planificación fiscal del grupo – especialmente en lo que respecta al régimen de consolidación y a las operaciones vinculadas entre sociedades – y con la normativa de protección de datos cuando la empresa gestiona información sensible de clientes o empleados. En ambos casos, el diseño de la estructura societaria tiene consecuencias directas sobre el cumplimiento normativo.

Si su empresa afronta una reestructuración más profunda, con riesgo de insolvencia o necesidad de renegociar su pasivo financiero, nuestra práctica de reestructuración e insolvencia puede complementar el trabajo societario con los instrumentos preconcursales que la legislación concursal pone hoy a disposición de las empresas en dificultad.

Para cuestiones energéticas o de regulación sectorial vinculadas al gobierno corporativo, puede encontrar perspectivas útiles en nuestro centro de preguntas sobre deberes en el sector energía y renovables, donde abordamos las obligaciones de gobierno aplicables a empresas de este ámbito.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica cómo diseñar el gobierno corporativo de una pyme para una empresa?
Diseñar el gobierno corporativo de una pyme industrial implica tomar decisiones sobre tres planos que deben ser coherentes entre sí. El primero es la estructura orgánica: qué forma de administración es la más adecuada y qué régimen de responsabilidad conlleva. El segundo es la distribución contractual del control: qué dice el pacto de socios sobre las decisiones que requieren mayorías reforzadas, sobre los supuestos de salida y sobre los mecanismos de valoración. El tercero es la gestión documental: que la sociedad mantenga sus libros, actas y contratos en un estado que soporte cualquier proceso de revisión exterior. Sin los tres planos alineados, el gobierno corporativo es incompleto.
¿Qué plazos y costes conlleva cómo diseñar el gobierno corporativo de una pyme?
Los plazos que no admiten flexibilidad son los que fija la normativa societaria: tres meses para formular cuentas, seis meses para aprobarlas en junta, un mes adicional para el depósito registral. El plazo de caducidad de la acción de impugnación de acuerdos sociales es de un año con carácter general. El diseño o la revisión de un pacto de socios puede completarse en semanas si la estructura accionarial es sencilla, o en varios meses si hay múltiples socios con posiciones divergentes. En cuanto al coste, depende de la complejidad de la estructura y del alcance del trabajo; lo relevante es que el coste de diseñar bien es siempre inferior al de remediar una estructura mal diseñada cuando ya hay un conflicto o una operación en curso.
¿Qué riesgos hay que evitar en cómo diseñar el gobierno corporativo de una pyme?
Los riesgos más frecuentes que observamos en empresas industriales son cuatro. Primero, confiar exclusivamente en los estatutos sin un pacto de socios que regule los aspectos privados del gobierno. Segundo, no actualizar los poderes notariales cuando cambia el equipo directivo. Tercero, desatender el depósito de cuentas, que es el indicador más visible de desorden documental para cualquier comprador o inversor. Y cuarto, no anticipar las cláusulas de cambio de control en los contratos con clientes relevantes, lo que puede hacer que una operación de M&A quede condicionada a consentimientos de terceros no previstos en el calendario de cierre.
¿Cuándo conviene contar con asesoramiento en cómo diseñar el gobierno corporativo de una pyme?
El momento óptimo es siempre antes de que la necesidad sea urgente. En términos concretos, conviene revisar el gobierno corporativo cuando la sociedad va a incorporar un nuevo socio – industrial o financiero –, cuando se contempla una adquisición o desinversión, cuando el fundador empieza a planificar la sucesión o cuando la empresa va a afrontar un proceso de financiación relevante. También es recomendable una revisión periódica cada tres o cuatro años, aunque no haya una operación inminente, para detectar desajustes entre la práctica real y los instrumentos de gobierno formales. El asesoramiento temprano reduce el coste y amplía el margen de decisión.

Análisis elaborado por Marta Vidal, Socia · M&A y Derecho societario, Velarde & Vidal.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para un análisis de su situación, contacte con info@velardevidal.com.

Cuéntenos su asunto.
Le responde un socio.

Sin formularios eternos ni respuestas automáticas. Lee su mensaje un socio y le contesta en menos de dos horas en horario laboral.

  • Primera valoración orientativa sin compromiso
  • Confidencialidad desde el primer correo
  • Asesoramiento en español o en inglés
Plantear mi caso
Sus datos se tratan conforme al RGPD y la LOPDGDD y se remiten únicamente a info@velardevidal.com. No los compartimos con terceros.