Startups y venture capital: cómo formar clases de acreedores

El ecosistema de startups financiadas con capital riesgo genera estructuras de pasivo que difieren radicalmente de las de una empresa industrial convencional. Cuando una compañía emergente entra en situación de insolvencia o de estrés financiero severo, la formación de clases de acreedores dentro de un plan de reestructuración es, con frecuencia, la pieza técnica más determinante del proceso. Un error en esa clasificación puede invalidar el plan, disparar la responsabilidad personal del administrador o destruir el valor que aún queda en el negocio.

Por qué la estructura de capital de una startup complica la formación de clases

Una startup financiada en rondas sucesivas acumula capas de deuda y de cuasi-capital que no siempre encajan en las categorías clásicas del Derecho concursal. Los instrumentos más habituales – préstamos participativos, notas convertibles, cláusulas de liquidación preferente, deuda de venture debt, créditos sindicados con tramos – tienen tratamientos distintos según la legislación concursal española.

La primera dificultad práctica es decidir si un instrumento es deuda o capital. Un préstamo participativo cuyo reembolso depende de los resultados del prestatario puede quedar subordinado en el orden de prelación. Una nota convertible con precio de conversión pendiente de fijar puede generar controversia sobre si el titular vota como acreedor o como socio potencial.

En nuestra práctica hemos observado que los fondos de venture capital suelen negociar cláusulas de liquidación preferente que, en el contexto de una reestructuración, pueden colisionar con los derechos de otros acreedores. La interacción entre esas cláusulas y la normativa concursal no siempre es pacífica, y la resolución de esa tensión condiciona cómo se forman las clases.

¿Por qué importa tanto la clasificación? Porque el régimen de votación del plan de reestructuración exige mayorías cualificadas dentro de cada clase. Si una clase vota en contra pero el plan cumple los requisitos de homologación forzosa, el juez puede imponer el plan a esa clase disidente. Esa herramienta – el cross-class cram-down – solo funciona si las clases están bien formadas desde el origen.

El marco legal aplicable: qué exige la reforma concursal de 2022 a las empresas

El texto refundido de la Ley Concursal, reformado en 2022 para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introdujo los planes de reestructuración como instrumento preconcursal con fuerza vinculante. Ese instrumento convive con el concurso de acreedores clásico, pero tiene una lógica distinta.

La reforma establece que los créditos deben agruparse en clases según la comunidad de interés económico que existe entre sus titulares. No es una mera clasificación contable: la clase define quién vota junto a quién y, por tanto, qué mayorías son alcanzables. La legislación concursal distingue, como mínimo, entre acreedores garantizados y no garantizados, y exige que los socios – si participan en el plan – formen su propia clase o clases separadas.

El procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023, simplifica algunos trámites, pero no elimina la necesidad de clasificar correctamente. Para startups que no alcanzan los umbrales de ese procedimiento especial, el régimen general de planes de reestructuración es el aplicable, con toda su exigencia técnica.

Un dato relevante: el deber de solicitar el concurso de acreedores nace dentro de los dos meses desde que el administrador conoció o debió conocer la insolvencia. Si en ese plazo se activa un preconcurso o un plan de reestructuración, el deber de solicitar el concurso queda suspendido mientras el proceso está en marcha. Esa ventana temporal es el espacio donde los planes de reestructuración despliegan todo su potencial.

La responsabilidad de los administradores en este punto es un riesgo que con frecuencia se subestima. Si el administrador de la startup conocía la situación de insolvencia y no actuó en plazo – ni solicitando el concurso ni activando un instrumento preconcursal – puede incurrir en responsabilidad personal. Ese riesgo es independiente de que los fondos inversores sean los que presionan para retrasar la decisión.

¿Cómo se determinan las clases en una startup financiada con venture capital?

El punto de partida es un mapa completo del pasivo. Hay que identificar cada crédito, su naturaleza jurídica, su posición en el orden de prelación y la identidad del acreedor. En una startup típica, ese mapa incluye al menos los siguientes estratos:

• Deuda financiera garantizada: venture debt con garantía real o con prenda sobre activos tecnológicos o sobre las propias participaciones de la compañía.
• Préstamos participativos: subordinados por naturaleza en el orden concursal, lo que los aproxima al capital en el contexto de la distribución de valor.
• Notas convertibles y préstamos convertibles: su posición varía según el momento de conversión y los términos pactados.
• Créditos ordinarios: proveedores de tecnología, arrendadores, prestadores de servicios profesionales.
• Créditos de derecho público: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y Seguridad Social, que tienen un tratamiento privilegiado propio y no pueden incluirse en el plan sin cumplir condiciones específicas.
• Socios y fondos inversores: en la medida en que sean acreedores, no solo accionistas.

La legislación concursal impone que los créditos con garantía real formen su propia clase o clases, separados de los créditos ordinarios. Dentro de los garantizados, puede haber subclases si los grados de garantía difieren significativamente. La comunidad de interés económico entre acreedores es el criterio rector: si dos acreedores tienen intereses opuestos en la resolución del plan, no deben estar en la misma clase.

¿Qué ocurre con los fondos de venture capital que son simultáneamente socios y acreedores? Esa posición dual es frecuente y genera conflictos de interés que el plan debe gestionar explícitamente. La normativa exige que los créditos de las partes vinculadas queden debidamente identificados y, en algunos casos, en clases separadas.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, la falta de distinción entre la posición accionarial y la posición crediticia de los fondos es uno de los errores más habituales en los primeros borradores de plan. Corregirlo a tiempo es mucho menos costoso que enfrentar una impugnación del plan ante el juzgado de lo mercantil.

Decisiones críticas y plazos que debe gestionar la dirección

El proceso tiene hitos temporales que no admiten dilación. La dirección de la startup – y su consejo, cuando existe – debe tomar decisiones en un orden lógico y con la información necesaria. Retrasar cualquiera de ellas reduce el margen de maniobra y puede convertir una situación de insolvencia inminente en una insolvencia actual irreversible.

La secuencia de decisiones clave es la siguiente:

1. Diagnóstico financiero y jurídico simultáneo. No basta con el análisis del CFO. El asesoramiento de un abogado concursal en esta fase permite identificar qué instrumentos del pasivo tienen calificación dudosa y qué riesgos de responsabilidad ya están latentes.
2. Decisión sobre el instrumento: preconcurso, plan de reestructuración o concurso. El preconcurso – la comunicación al juzgado de negociaciones en curso – genera una protección temporal frente a ejecuciones individuales. Es una herramienta de tiempo, no de solución. El plan de reestructuración es la solución; el concurso, el último recurso.
3. Elaboración del mapa de pasivo y propuesta de clases. Esta fase requiere acceso a toda la documentación contractual y, en muchos casos, negociación con los acreedores principales para confirmar las posiciones.
4. Negociación del contenido del plan con las clases relevantes. El plan debe obtener las mayorías requeridas por clase antes de su presentación al juzgado. La negociación previa reduce el riesgo de impugnación.
5. Homologación judicial. El juzgado de lo mercantil homologa el plan si se cumplen los requisitos de forma y fondo. Si alguna clase disidente cumple los presupuestos legales, el juez puede aplicar el cram-down y extender los efectos del plan a esa clase.

El error más costoso que hemos observado en empresas participadas por venture capital es posponer el diagnóstico mientras se negocia una nueva ronda de financiación. Si la ronda no cierra y la insolvencia ya es actual, la empresa ha perdido el tiempo en que los instrumentos preconcursales eran operativos.

¿Qué riesgos específicos enfrenta una startup en el proceso de clasificación?

El mito más extendido en el ecosistema emprendedor es que el concurso de acreedores significa automáticamente el fin de la empresa. No es así. Los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración permiten salvar el negocio si se activan a tiempo. Pero hay riesgos reales que una clasificación deficiente puede provocar.

Riesgo 1: Impugnación del plan por clasificación incorrecta. Si un acreedor demuestra que fue incluido en una clase que no refleja su comunidad de interés real, el plan puede ser impugnado ante el juzgado. La impugnación paraliza los efectos del plan y puede agotar el tiempo disponible.

Riesgo 2: Pérdida de la herramienta del cram-down. El cram-down solo es aplicable si las clases están bien formadas. Una clasificación que mezcle créditos con comunidades de interés distintas puede privar al plan de esa herramienta y hacer imposible superar la oposición de una clase disidente.

Riesgo 3: activación de cláusulas de aceleración. Algunos contratos de deuda financiera de startups incluyen cláusulas que se activan con la presentación de un concurso o incluso con la comunicación del preconcurso. Identificar esas cláusulas antes de actuar es imprescindible para evitar que el remedio precipite el problema.

Riesgo 4: responsabilidad personal del administrador. Si el administrador de la startup retrasa la actuación más allá de los plazos legales, puede quedar expuesto a acciones de responsabilidad por las deudas sociales generadas tras el momento en que debió actuar. Ese riesgo no desaparece porque los fondos inversores aconsejen esperar.

Riesgo 5: tratamiento de la unidad productiva. En algunas startups, la mejor solución no es un plan de reestructuración sino la transmisión de la unidad productiva – los activos tecnológicos, la plantilla, los contratos de clientes – a un vehículo libre de deuda. Esa operación, posible dentro o fuera del concurso, tiene sus propias exigencias de clasificación y de información a los acreedores.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo: nuestra aproximación

Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios. La conclusión más consistente de esa experiencia es sencilla: cada semana que se gana en la fase de diagnóstico se traduce directamente en opciones disponibles y en valor preservado.

En el contexto de una startup o de una empresa participada por fondos de venture capital, el asesoramiento temprano tiene además una dimensión de gobierno corporativo. El consejo de administración necesita información jurídica precisa para adoptar sus decisiones con el respaldo del estándar de diligencia exigible. Un administrador bien asesorado que actúa a tiempo está en una posición defensiva radicalmente mejor que uno que tarda.

Nuestra forma de trabajar en estas situaciones parte siempre de tres ejes simultáneos. Primero, el diagnóstico del pasivo: clasificación provisional de cada crédito, identificación de instrumentos de posición dudosa y mapa de prelación. Segundo, el análisis del perímetro del negocio: qué activos y contratos tienen valor real, si hay una unidad productiva transmisible y qué estructura permite preservarla. Tercero, la estrategia procesal: qué instrumento es más adecuado, en qué plazo y con qué secuencia de negociación.

Ese diagnóstico integrado – jurídico y de negocio al mismo tiempo – es el que permite proponer una formación de clases que sea técnicamente sólida y también negociable con los acreedores. Una propuesta que los acreedores rechacen antes de llegar al juzgado es una propuesta fallida, aunque sea jurídicamente correcta.

Para empresas que evalúan su situación antes de que la presión sea extrema, el primer paso es una consulta de orientación. Le ayudamos a entender qué instrumentos son aplicables a su caso y qué decisiones deben tomarse primero. Escríbanos a info@velardevidal.com y le explicamos cómo podemos acompañarle en esa evaluación.

Aspectos de gobierno corporativo y relación con los inversores durante la reestructuración

La relación entre la dirección de la startup y sus inversores de capital riesgo durante un proceso de reestructuración es una fuente frecuente de bloqueos. Los fondos de venture capital tienen compromisos fiduciarios propios ante sus limited partners que pueden generar incentivos distintos a los de la compañía. Entender esa dinámica es parte del asesoramiento.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en España, los bloqueos más frecuentes se producen cuando un fondo inversor, que es simultáneamente acreedor de la compañía, intenta maximizar su posición como acreedor a costa de los demás. La normativa concursal tiene herramientas para gestionar esa posición: los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor tienen un tratamiento específico que limita su capacidad de bloquear el plan.

El consejo de administración, mientras tanto, debe actuar conforme al estándar de diligencia que exige la legislación societaria. Eso significa adoptar decisiones fundadas en información completa y en asesoramiento adecuado. Un administrador que delega en los fondos la decisión de si activar o no el preconcurso puede estar incurriendo en una omisión de su deber de diligencia.

La documentación de las decisiones del consejo durante la fase de estrés financiero es también un elemento de protección jurídica relevante. Las actas del consejo, los informes de asesores, las comunicaciones con los acreedores – toda esa documentación puede ser determinante en una eventual acción de responsabilidad posterior.

Puede ampliar la perspectiva sobre las opciones de financiación y reestructuración disponibles en nuestra comparativa sobre instrumentos de financiación y reestructuración, donde analizamos los criterios de decisión entre distintas vías.

Checklist de actuación para la dirección de una startup en situación de estrés financiero

Antes de cerrar este análisis, sistematizamos los pasos que, en nuestra práctica, configuran una actuación ordenada y defensivamente sólida para la dirección de una startup o empresa participada por venture capital que afronta dificultades financieras.

• Verificar la situación real de tesorería y proyecciones a doce meses, con y sin financiación adicional. No actuar sobre hipótesis de cierre de ronda.
• Obtener asesoramiento jurídico especializado en Derecho concursal antes de que la insolvencia sea actual. El preconcurso y los planes de reestructuración solo son instrumentos eficaces si se activan en la fase de insolvencia inminente o probable.
• Elaborar el mapa completo del pasivo: naturaleza de cada crédito, titular, importe, garantías, cláusulas relevantes (aceleración, vencimiento anticipado, covenants).
• Identificar los créditos de derecho público (AEAT, Seguridad Social) y su estado. Esos créditos tienen tratamiento privilegiado y afectan al diseño del plan.
• Analizar los contratos de deuda financiera para identificar cláusulas que se activen con la comunicación del preconcurso o con el concurso.
• Documentar las decisiones del consejo desde el momento en que se detecta el estrés financiero. La calidad de la documentación es un factor de protección frente a acciones de responsabilidad.
• Evaluar si existe una unidad productiva transmisible y si su transmisión puede preservar más valor que una reestructuración del pasivo.
• Diseñar la propuesta de clases con criterio jurídico estricto y someterla a revisión antes de la negociación con los acreedores.
• Negociar el contenido del plan con las clases relevantes antes de la presentación judicial, para reducir el riesgo de impugnación.
• Comunicar con transparencia a empleados, clientes y proveedores estratégicos en los términos y con el calendario que el proceso permite, para preservar la continuidad operativa.

Si su empresa se encuentra en alguna de estas fases y necesita orientación sobre qué instrumento es el más adecuado, el equipo de Velarde & Vidal puede ayudarle a clarificar las opciones. Puede encontrar información adicional sobre preguntas frecuentes en materia concursal en nuestra página de preguntas frecuentes sobre concurso de acreedores.

Servicios relacionados

La formación de clases de acreedores en un plan de reestructuración se enmarca dentro del área de reestructuración e insolvencia de Velarde & Vidal, que comprende también el asesoramiento en concurso de acreedores, la defensa de administradores frente a acciones de responsabilidad y la transmisión de unidades productivas. Para empresas participadas por fondos de venture capital, ese servicio se complementa habitualmente con el asesoramiento en Derecho societario y en Derecho fiscal, dada la interacción entre la estructura de capital y las consecuencias tributarias del plan. Puede conocer el alcance completo de nuestra práctica en reestructuración e insolvencia.