En el ecosistema de startups y venture capital, la velocidad de ejecución es un activo. Pero esa misma velocidad convierte cada decisión del consejo de administración en un punto de riesgo si no existe un marco de gobierno claro desde el principio. Las operaciones de inversión se cierran, los inversores entran en el capital y, con ellos, llegan derechos de veto, mayorías reforzadas y cláusulas de protección que ningún estatuto estándar recoge por defecto. El consejo que no regula estos mecanismos desde el primer día opera en un vacío que, tarde o temprano, paraliza la toma de decisiones.
La Ley de Sociedades de Capital constituye la base sobre la que se construye cualquier estructura de gobierno. Establece las reglas por defecto del consejo de administración: convocatoria, quórum, mayorías, delegación de facultades y registro de acuerdos. Estas reglas son, en su mayor parte, dispositivas. Es decir, la sociedad puede modificarlas en los estatutos o complementarlas en el pacto de socios.
El problema de las startups en fase temprana es que operan con estatutos estandarizados pensados para una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal o de dos socios fundadores. Esos estatutos no contemplan la entrada de un fondo de capital riesgo con acciones de clase B, ni los derechos de arrastre o acompañamiento, ni los quórums especiales para operaciones corporativas relevantes.
Cuando llega la primera ronda significativa – una Serie Seed o una Serie A –, el inversor aporta su propio modelo de pacto de socios. Si los fundadores no han preparado con antelación su posición negociadora, firman un documento cuyas cláusulas de gobierno habrán sido diseñadas exclusivamente para proteger al inversor.
En nuestra práctica hemos observado que las startups que llegan a la negociación de una ronda sin asesoramiento societario previo ceden en dos puntos críticos: la composición del consejo y la lista de materias reservadas. Ambos determinan quién controla la compañía en la práctica, con independencia de quién tenga la mayoría del capital.
No todas las decisiones corporativas tienen el mismo peso. La regulación efectiva del consejo de administración en una startup pasa por identificar tres categorías distintas:
Esta clasificación no se improvisa en el momento de la operación. Debe estar incorporada al pacto de socios y, en la medida en que la Ley de Sociedades de Capital lo permita, también a los estatutos. La razón es práctica: los estatutos son oponibles frente a terceros y se inscriben en el Registro Mercantil; el pacto de socios obliga solo a quienes lo firman y no es público.
¿Qué ocurre cuando hay una decisión urgente y el pacto de socios no la regula? En nuestra experiencia, sucede exactamente lo que los fundadores querían evitar: el bloqueo. Un consejero nombrado por el fondo inversor puede paralizar una contratación crítica, un cierre de operación o una refinanciación si las mayorías no están bien definidas.
El pacto de socios es, en el ecosistema de venture capital, el documento central de gobierno. Va más allá de la regulación estatutaria y permite establecer un régimen específico para la relación entre fundadores e inversores. Un abogado societario con experiencia en operaciones de capital riesgo conoce las cláusulas que deben estar y las que conviene resistir.
Las cláusulas de gobierno más relevantes en un pacto de socios de startup son las siguientes:
Cada una de estas cláusulas afecta directamente a cómo se toman las decisiones en el consejo. Una cláusula de materias reservadas mal redactada puede incluir, sin quererlo, decisiones operativas del día a día. Una cláusula de vesting sin un buen régimen de aceleración puede dejar a un fundador que sale de forma involuntaria sin la participación que le corresponde.
Para explorar en detalle cómo se estructuran estos instrumentos en el contexto de empresas tecnológicas, puede resultar útil la guía sobre cómo estructurar una operación en el sector tecnológico y de software que publicamos en nuestro repositorio de recursos.
La sociedad de responsabilidad limitada española no permite técnicamente la emisión de acciones de distintas clases con derechos económicos diferenciados de la misma forma que lo hace la sociedad anónima. Sin embargo, las participaciones sociales pueden tener derechos políticos y económicos distintos si así se establece en los estatutos. Esta diferencia de régimen condiciona la elección del tipo societario en función de la ronda de inversión.
Muchas startups nacen como sociedades de responsabilidad limitada. Esta forma es adecuada en fases tempranas por su capital mínimo reducido – desde un euro con las reformas introducidas por la Ley Crea y Crece, con obligación de reservar hasta alcanzar los tres mil euros – y su menor carga administrativa. Pero cuando el volumen de inversión crece y los fondos exigen una estructura accionarial con múltiples clases, la conversión a sociedad anónima se convierte en una necesidad operativa.
La sociedad anónima permite emitir acciones ordinarias y privilegiadas, con derechos de liquidación preferente, dividendos preferentes acumulativos o no acumulativos, y derechos de conversión. Estos instrumentos son los que los fondos de venture capital utilizan para calibrar su riesgo y definir su posición en el consejo. La arquitectura de clases de acciones determina, en la práctica, la distribución del poder de decisión.
La transformación de una sociedad limitada en anónima es un proceso que exige la aprobación de la junta general con las mayorías que establezca la normativa societaria, la adaptación de los estatutos, la actualización del pacto de socios y el cumplimiento de los requisitos de capital mínimo: sesenta mil euros, con al menos el veinticinco por ciento desembolsado en el momento de la constitución.
Antes de que un fondo de venture capital firme una hoja de términos (term sheet) vinculante, realiza un proceso de diligencia debida (due diligence) sobre la sociedad. Este proceso no es exclusivamente financiero: la diligencia jurídica es la que determina si los documentos de gobierno son suficientemente sólidos para soportar el crecimiento planificado y si existen contingencias que justifiquen un ajuste en la valoración.
Los puntos que cualquier equipo de diligencia revisa con mayor atención en una startup son los siguientes:
Hemos asesorado operaciones societarias y de M&A en sectores tecnológico, industrial y de servicios. En todas ellas, los problemas de gobierno que no se resolvieron en el momento de constitución o de la primera ronda reaparecen, multiplicados, en los procesos de due diligence de rondas posteriores o de desinversión.
¿Puede una startup acelerar la due diligence del inversor si tiene bien preparada su documentación de gobierno? La respuesta es categóricamente afirmativa. Un data room bien organizado y documentos de gobierno robustos reducen el período de due diligence y transmiten al inversor una señal inequívoca de madurez organizativa.
El gobierno del consejo en una startup no solo es una cuestión estructural: también es una cuestión de calendario. Existen momentos en los que la ausencia de un marco de decisión claro genera consecuencias jurídicas directas.
Las cuentas anuales ilustran bien este punto. El órgano de administración debe formularlas dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. La junta general debe aprobarlas dentro de los seis primeros meses del ejercicio. El depósito en el Registro Mercantil debe realizarse dentro del mes siguiente a su aprobación. El incumplimiento de estos plazos cierra el acceso al Registro para la inscripción de otros actos societarios y puede generar responsabilidad para los administradores.
En el contexto de venture capital, la dilación en el cierre de cuentas afecta directamente a la capacidad de la startup para acreditar su situación financiera ante nuevos inversores o ante entidades de crédito. Un fondo que evalúa una ronda y encuentra cuentas sin depositar o actas del consejo sin redactar interpretará esta situación como una señal de riesgo de gobierno.
Otros momentos de decisión crítica que conviene regular con antelación son los siguientes:
Cada uno de estos momentos requiere que el consejo tenga un procedimiento claro: quién convoca, con qué antelación, qué mayorías son necesarias y cómo se documenta el acuerdo. La ausencia de ese procedimiento convierte cada decisión urgente en una negociación entre socios que consume tiempo, genera fricciones y, en los peores casos, paraliza la compañía.
La creencia de que los estatutos estándar bastan para regular la relación entre socios es uno de los errores más costosos que cometen los fundadores. Es comprensible: en el momento de constitución, la prioridad es el producto, el equipo y el primer cliente. La gobernanza parece un lujo prematuro.
La realidad es que el coste de construir una arquitectura de gobierno adecuada en el momento de la constitución o de la primera ronda es significativamente inferior al coste de reparar los problemas de gobierno que aparecen en rondas posteriores. Un pacto de socios bien redactado en la Seed evita tener que renegociar cláusulas de control en la Serie A bajo la presión del inversor nuevo.
El asesoramiento temprano también permite a los fundadores conocer su posición real antes de sentarse a negociar. Saber qué mayorías pueden mantener, qué materias son esenciales reservar y qué cláusulas de protección son razonables en el mercado es información que convierte al fundador en un negociador informado. Sin ese conocimiento, la negociación es asimétrica desde el principio.
En nuestra práctica asesorando a empresas en España, hemos comprobado que los fundadores que entienden la arquitectura de gobierno antes de abrir un proceso de inversión obtienen mejores condiciones no solo en términos de valoración, sino también en términos de control. El pacto de socios y la diligencia debida determinan quién controla la sociedad y a qué precio se cierra la operación: esa es la realidad que conviene conocer antes de firmar cualquier document.
Si la startup opera en el sector tecnológico o si su modelo de negocio incluye activos de propiedad intelectual relevantes, el asesoramiento en gobierno societario debe complementarse con una revisión de la estructura de contratos mercantiles complejos. Puede obtener más información sobre este enfoque en nuestra práctica de contratos mercantiles complejos.
Antes de iniciar un proceso de ronda o de desinversión, el equipo directivo y los asesores jurídicos deben verificar los siguientes puntos. No es una lista exhaustiva, pero sí un indicador fiable del nivel de preparación de la compañía.
Una startup que puede responder afirmativamente a todos estos puntos está en condiciones de iniciar un proceso de inversión o de desinversión con una posición negociadora sólida. La debilidad en cualquiera de ellos no es un obstáculo insalvable, pero sí un argumento que el inversor utilizará para ajustar las condiciones.
La regulación del consejo de administración en una startup conecta directamente con otras áreas de práctica que intervienen en el ciclo de vida de la compañía. El asesoramiento en Derecho societario y operaciones de M&A cubre desde la constitución y la estructuración accionarial hasta el cierre de operaciones de compraventa de empresa. Cuando la startup opera con tecnología o datos como activo principal, la práctica de propiedad intelectual y tecnología ofrece el complemento necesario para proteger esos activos en cada ronda. Y en operaciones con inversores extranjeros, la práctica de inversión extranjera y la revisión de la normativa sobre control de inversiones directas resultan imprescindibles.
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