Tecnología y software: cómo afrontar la insolvencia de un cliente

Cuando uno de los principales clientes de una empresa tecnológica entra en crisis de liquidez, el impacto no es abstracto. Se materializa de inmediato en facturas sin cobrar, contratos en ejecución que nadie confirma, licencias suspendidas y, en los casos más graves, en una amenaza directa a la continuidad del proveedor. La inacción en las primeras semanas define la diferencia entre recuperar una parte sustancial del crédito o quedar relegado a acreedor ordinario sin perspectiva real de cobro.

El marco concursal aplicable: qué exige al proveedor de tecnología

La Ley Concursal, en su texto refundido reformado para transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, configura un sistema en el que el proveedor de tecnología ocupa, casi siempre, la posición de acreedor ordinario. Eso significa que su crédito se abona, si se abona, después de satisfacer los créditos con privilegio especial, los privilegios generales y los créditos contra la masa.

Esta jerarquía no es negociable una vez declarado el concurso. Lo que sí es negociable es la estrategia previa a esa declaración.

La normativa concursal distingue entre el acreedor que actúa antes de que el deudor solicite el concurso y el que llega tarde. El que llega tarde firma formularios. El que llegó antes ya negoció. En nuestra práctica hemos observado que las empresas tecnológicas son, con frecuencia, las últimas en activar su estrategia concursal, en parte porque la relación contractual continúa durante semanas después de que el impago es evidente, y en parte porque existe la creencia –errónea– de que solicitar la comunicación de negociaciones por parte del deudor supone el fin de la empresa.

Conviene disipar ese mito desde el principio. Los instrumentos preconcursales y los planes de reestructuración introducidos por la reforma de 2022 permiten salvar la empresa deudora y garantizar la continuidad de los contratos de prestación de servicios tecnológicos, siempre que el proceso se active con suficiente antelación. La clave es que el proveedor de software o de servicios cloud entienda que su interés no es necesariamente la liquidación del cliente, sino el cobro de su crédito y la preservación del contrato, cuando este sea fuente de ingresos recurrentes.

¿Qué señales de alerta debe vigilar una empresa tecnológica antes de que llegue el concurso?

La detección temprana es el primer servicio que un equipo jurídico especializado presta a una empresa proveedora. Las señales no siempre son explícitas. En el sector tecnológico, la insolvencia del cliente suele manifestarse de forma gradual y, en ocasiones, camuflada bajo argumentos operativos.

Las señales más frecuentes que hemos identificado en nuestra experiencia asesorando a empresas del sector son las siguientes:

• Retrasos sistemáticos en el pago de facturas que superan el plazo contractual pactado y el plazo legal de treinta días como referencia normativa en operaciones entre empresas.
• Peticiones de prórroga o aplazamiento formuladas directamente por el director financiero o el consejero delegado del cliente, sin el canal habitual de compras.
• Solicitudes de renegociación del alcance del contrato o reducción del volumen de licencias sin justificación técnica aparente.
• Cambios repentinos en los responsables de cuenta del cliente, especialmente si van acompañados de silencios institucionales.
• Aparición de reclamaciones cruzadas o retenciones de pago basadas en supuestos incumplimientos que antes nunca se mencionaron.
• Información pública o de mercado que apunta a tensiones de refinanciación, cambios en el accionariado o alertas en el Registro Mercantil.

Cada una de estas señales, en solitario, no es definitiva. Combinadas, configuran un perfil de riesgo que justifica activar inmediatamente el protocolo jurídico de protección del crédito.

Fase previa al concurso: cómo posicionarse como acreedor estratégico

Antes de que el cliente presente la solicitud de concurso o comunique el inicio de negociaciones preconcursales, el proveedor tecnológico tiene un margen de actuación relevante. Ese margen se reduce drásticamente a partir del momento en que el deudor comunica al juzgado el inicio de negociaciones con sus acreedores.

Las acciones prioritarias en esta fase son de tres tipos.

Documentación y cuantificación del crédito. Parece obvio, pero en nuestra práctica observamos con frecuencia que las empresas tecnológicas no tienen preparada una carpeta concursal mínima cuando la necesitan. Esa carpeta debe incluir los contratos firmados, las facturas emitidas y no cobradas, los acuses de recibo o los registros de entrega, los correos electrónicos que acrediten el reconocimiento de la deuda por parte del cliente, y cualquier garantía pactada (avales, fianzas, depósitos, derechos de retención sobre licencias o datos).

Revisión del contrato bajo el prisma concursal. Los contratos de prestación de servicios tecnológicos contienen habitualmente cláusulas cuya eficacia en un escenario de insolvencia es limitada o nula. Las cláusulas de resolución automática vinculadas a la insolvencia del cliente, por ejemplo, tienen una eficacia muy restringida en el marco de la legislación concursal española, que protege la continuidad de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. El equipo jurídico debe evaluar qué cláusulas son ejecutables, cuáles no, y cuáles pueden generar créditos contra la masa si la ejecución se producen durante el concurso.

Decisión sobre la continuidad de la prestación del servicio. Esta es, probablemente, la decisión táctica más delicada. Si el proveedor sigue prestando el servicio sin cobrar, puede acumular créditos contra la masa –que tienen preferencia en el cobro–, pero también puede estar asumiendo riesgos operativos y reputacionales. Si interrumpe la prestación, puede incurrir en responsabilidad contractual. La decisión debe tomarse con asesoramiento específico y considerando el tipo de servicio: no es lo mismo un contrato de mantenimiento que un acuerdo de alojamiento en la nube con datos sensibles del cliente o de terceros.

¿Qué papel juegan los planes de reestructuración y el preconcurso en la posición del proveedor?

La reforma concursal de 2022 introdujo los planes de reestructuración como instrumento central del sistema preconcursal. Este mecanismo permite al deudor negociar con sus acreedores condiciones de pago o quitas antes de declarar formalmente el concurso, con efectos vinculantes sobre acreedores disidentes si se alcanzan las mayorías necesarias.

Para el proveedor de tecnología, esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si el cliente activa un plan de reestructuración, el acreedor puede verse vinculado por un acuerdo que incluya una quita o una espera, incluso si voto en contra. La posibilidad de quedar arrastrado por la mayoría –el denominado arrastre de acreedores disidentes– hace que la participación activa en las negociaciones sea esencial. Un análisis detallado de los mecanismos de arrastre en los planes de reestructuración puede consultarse en nuestro análisis sobre el arrastre de acreedores disidentes.

El proveedor de software que entra en las negociaciones con un crédito documentado, una posición clara sobre la continuidad del contrato y el apoyo de un asesor especializado tiene un poder de negociación real. El que llega sin preparación, o directamente no participa, acepta implícitamente las condiciones que otros han pactado.

Existe también el supuesto del preconcurso: la comunicación del deudor al juzgado de lo mercantil de que ha iniciado negociaciones con sus acreedores. Desde ese momento, el deudor queda protegido frente a ejecuciones individuales durante un período fijado por la normativa. El proveedor debe conocer esta protección y evitar iniciar acciones de cobro que podrían resultar infructuosas o incluso contraproducentes.

Declaración del concurso: cómo actuar en los juzgados de lo mercantil

Cuando el cliente declara el concurso de acreedores, la posición del acreedor se formaliza mediante la comunicación de créditos a la administración concursal. Este trámite es esencial. Un crédito no comunicado, o comunicado de forma incompleta, puede quedar excluido de la masa pasiva o reconocido en condiciones menos favorables de las que correspondería.

La competencia para los procedimientos concursales corresponde a los juzgados de lo mercantil. En los grandes centros empresariales, la experiencia de estos juzgados con procedimientos complejos en el sector tecnológico es creciente, lo que no reduce la necesidad de un planteamiento técnico riguroso por parte del acreedor.

En la comunicación de créditos, el proveedor debe distinguir con precisión entre:

• Créditos concursales: los que existían antes de la declaración del concurso.
• Créditos contra la masa: los que nacen con posterioridad a la declaración, incluyendo los derivados de la continuación de la prestación del servicio durante el concurso si la administración concursal así lo decide.
• Créditos con privilegio: si el proveedor dispone de alguna garantía pactada que pueda configurar privilegio especial (lo que es infrecuente en contratos tecnológicos estándar, pero no imposible si existen avales o garantías reales sobre equipamiento).

La calificación del crédito y su cuantía exacta son objeto habitual de controversia con la administración concursal. Un proveedor bien representado puede defender activamente la calificación que le corresponde.

¿Qué ocurre con los contratos de prestación de servicios tecnológicos en el concurso?

Esta es una de las cuestiones más relevantes para el sector. La normativa concursal española protege, con carácter general, los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Esto significa que el administrador concursal puede optar por mantener el contrato y exigir su cumplimiento, lo que convierte las obligaciones del concursado en créditos contra la masa.

Sin embargo, el administrador concursal también puede resolver el contrato si lo considera conveniente para el interés del concurso. En ese caso, el proveedor tiene derecho a ser indemnizado, aunque esa indemnización queda sujeta a la jerarquía concursal.

En el sector tecnológico se producen situaciones específicas que merecen atención particular:

• Contratos de licencia de software: la insolvencia del licenciatario no extingue automáticamente la licencia, pero el proveedor debe analizar si tiene derecho a revocar la licencia y en qué condiciones.
• Contratos de servicio gestionado o cloud: la continuidad del servicio durante el concurso puede ser imprescindible para el negocio del cliente, lo que da al proveedor una posición negociadora relevante, pero también genera tensiones sobre la acumulación de deuda nueva.
• Contratos de desarrollo a medida o proyecto en curso: si el proyecto estaba en ejecución en el momento de la declaración del concurso, el proveedor puede tener derechos sobre la propiedad intelectual del trabajo realizado, lo que debe protegerse expresamente.
• Propiedad intelectual: los derechos de propiedad intelectual sobre el software desarrollado son activos del proveedor, no del cliente concursado, salvo cesión expresa. La defensa de esa titularidad en el concurso es una acción a ejercitar con rapidez.

La transmisión de la unidad productiva del cliente concursado –o de parte de ella– es otro escenario que afecta directamente a los proveedores tecnológicos. Si la unidad productiva incluye contratos de servicio con el proveedor, la subrogación del adquirente puede producirse en condiciones que conviene evaluar. Para un análisis de este mecanismo aplicado al sector logístico, con implicaciones extrapolables a tecnología, puede consultarse nuestro dosier sobre la venta de unidad productiva en logística.

La responsabilidad de los administradores: un riesgo que el director jurídico no puede ignorar

Si la empresa proveedora es también, en algún sentido, la parte que experimenta tensiones de tesorería como consecuencia del impago del cliente insolvente, la dirección debe conocer el riesgo de responsabilidad de los administradores.

La normativa societaria española exige al órgano de administración actuar con diligencia ante una situación de insolvencia o de riesgo de insolvencia. El deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses desde que se conoció o debió conocer la insolvencia es uno de los imperativos más claros del sistema concursal. Su incumplimiento puede derivar en responsabilidad personal del administrador.

En nuestra práctica, hemos observado una pauta recurrente: el administrador de la empresa proveedora que absorbe el impacto del impago del cliente insolvente –diluyendo el problema en la cuenta de resultados trimestre a trimestre– puede estar incurriendo en una pasividad que, si la situación de la propia empresa se deteriora, generará responsabilidad personal. No actuar a tiempo no es una opción neutral. Es una decisión con consecuencias jurídicas.

¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el director financiero o el consejero delegado de la empresa tecnológica debe, ante la materialización de un impago significativo, evaluar no solo la acción de cobro frente al cliente insolvente, sino también el impacto de ese impago en la situación patrimonial de su propia empresa. Si ese impacto compromete la viabilidad, el reloj del plazo de dos meses empieza a correr.

Hoja de ruta: las decisiones críticas ordenadas por fase

A modo de síntesis operativa, las decisiones que debe gestionar la dirección de una empresa tecnológica ante la insolvencia de un cliente se articulan en cuatro fases:

1. Fase de alerta temprana. Activar el protocolo interno de crédito. Identificar y documentar la posición del crédito. Revisar los contratos bajo prisma concursal. Evaluar la conveniencia de continuar la prestación del servicio. Consultar con un abogado concursal especializado antes de tomar ninguna decisión sobre el contrato.
2. Fase preconcursal. Participar activamente en las negociaciones si el deudor activa un plan de reestructuración. Evaluar la posición relativa del crédito y las posibilidades de arrastre. Decidir si se vota a favor o en contra del plan y qué argumentos jurídicos sustentan esa posición. Paralelamente, analizar el impacto del impago en la propia empresa.
3. Fase concursal. Comunicar el crédito en tiempo y forma a la administración concursal, con toda la documentación soporte. Defender la calificación del crédito y su cuantía. Supervisar las decisiones de la administración concursal sobre los contratos en vigor. Evaluar si la empresa tiene interés en participar como postor en la adquisición de la unidad productiva del cliente.
4. Fase de resolución. Dependiendo del resultado del procedimiento –convenio, liquidación o transmisión de unidad productiva–, ejecutar la estrategia de cobro y gestionar la transición comercial. Si el cliente cierra, iniciar cuanto antes la sustitución del ingreso recurrente perdido y las gestiones fiscales correspondientes al crédito incobrable.

Esta hoja de ruta no es exhaustiva. Cada procedimiento tiene sus particularidades, pero la secuencia lógica es invariable: detección, posicionamiento, participación activa y resolución. El error más costoso en el sector tecnológico es llegar a la fase tres sin haber completado las fases uno y dos.

Cómo el asesoramiento temprano reduce el coste y el riesgo en el sector tecnológico

Las empresas de software y servicios tecnológicos tienen una particularidad que las distingue de otros acreedores: su crédito frente al cliente insolvente no se limita a facturas pendientes. Incluye el valor residual de los contratos en vigor, los derechos de propiedad intelectual, los datos almacenados, las posiciones de acceso a sistemas y, en muchos casos, una dependencia operativa mutua que genera poder de negociación real.

Ese poder de negociación solo es utilizable si se activa a tiempo. Un acreedor que entra en el procedimiento concursal en la fase de comunicación de créditos, sin haber participado en las negociaciones previas, ha cedido ya la mayor parte de su capacidad de influencia.

Hemos dirigido reestructuraciones y procesos concursales en empresas industriales y de servicios en los que la diferencia entre la recuperación del crédito y su pérdida total dependió de la oportunidad en la que se buscó asesoramiento especializado. No es una cuestión de presupuesto jurídico. Es una cuestión de coste-oportunidad: el coste del asesoramiento temprano es sistemáticamente inferior al coste de gestionar un crédito mal posicionado en la masa pasiva de un concurso.

¿Merece la pena esperar? La experiencia indica que no. El momento óptimo para buscar asesoramiento es cuando las señales de alerta son todavía señales, no hechos consumados.

Si desea comprender cómo gestionar este proceso en su empresa, puede encontrar información adicional sobre nuestra práctica en el área de reestructuración e insolvencia de Velarde & Vidal.

Servicios relacionados y prácticas adyacentes

La insolvencia de un cliente relevante genera con frecuencia implicaciones que trascienden el plano concursal. En el ámbito fiscal, las facturas incobrables derivadas de un concurso pueden dar lugar a ajustes en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y en la provisión contable del Impuesto sobre Sociedades, materias en las que nuestros equipos de Derecho fiscal colaboran estrechamente con los especialistas en insolvencia. En el plano societario, si el impacto del impago compromete la posición patrimonial de la propia empresa, puede activarse el deber de adoptar medidas de reorganización previstas en la normativa de sociedades de capital. Para estas cuestiones adyacentes, los equipos de reestructuración e insolvencia, fiscal y tributario y derecho societario y operaciones de Velarde & Vidal trabajan de forma coordinada.